En una tierra antiguamente llamada Palestina, que hoy en día «tiene más nombres que un corral de vacas» como dirían en Venezuela, el ocupante insaciable se está corriendo una borrachera inédita de violaciones del derecho internacional, ante la mirada estupefacta del resto del mundo. Frente al descrédito que por sus propias fechorías se está ganando […]
En una tierra antiguamente llamada Palestina, que hoy en día «tiene más nombres que un corral de vacas» como dirían en Venezuela, el ocupante insaciable se está corriendo una borrachera inédita de violaciones del derecho internacional, ante la mirada estupefacta del resto del mundo. Frente al descrédito que por sus propias fechorías se está ganando a nivel mundial, en vez de aflojar sus políticas de colonización y judeización, el gobierno de Israel opta por deshacerse de las voces disidentes palestinas, israelíes e internacionales. Quizás convencidos que no hay nada tan efectivo para acallar las críticas, como matar a un puñado de pacifistas internacionales en una flotilla de solidaridad y perseguir a los activistas israelíes acusándoles de traición.
Así es como a lo largo de los últimos meses, en el mismísimo territorio de este «socio preferencial» de la Unión Europea que no se sabe por qué excepción comunitaria hasta se beneficia de ayudas destinadas a las PYMES de los países miembros, las libertades democráticas y garantías jurídicas elementales fueron constante y crecientemente vulneradas. Así lo denuncia en su nota del 21 de junio 2010, la plataforma israelí Coalition of Women for Peace. Además de la persecución de reconocidos representantes de la sociedad árabe israelí (o palestina del 48) como son Ameer Makhoul, Omar Said y la parlamentaria Haneen Zoabi, la Coalición de Mujeres por la Paz alerta contra tres nuevos proyectos de ley que de ser adoptados por la Knesset, constituirían graves violaciones de la libertad de asociación y de expresión1.
El primer exigiría el registro como partido político de toda asociación que recibiera fondos de cooperación al desarrollo para influir en la opinión pública israelí, como son las organizaciones que realizan campañas contra el racismo o educación para la paz. El segundo proyecto de ley habilitaría a las autoridades israelíes para cerrar una organización que suministrara a entidades extranjeras información relativa a la persecución legal de oficiales del Ejército o miembros del gobierno israelíes. El tercero criminaliza las campañas de Boicot a Israel tanto si las apoyan organizaciones israelíes como si lo hacen ciudadanos extranjeros que al adherirse a la campaña mundial de Boicot Desinversiones y Sanciones verían prohibido durante 10 años su acceso a Israel y por ende a Palestina. Tampoco eximirían de culpa a las instituciones gubernamentales que verían impedidas sus actividades en bancos israelíes, así como en el mercado de valores y de bienes y propiedades israelíes.
La maquinaria jurídico militar israelí también ha intensificado su trabajo en Territorio Palestino Ocupado, al lanzar elaboradas «operaciones de limpieza». La orden de expulsión a Cisjordania de tres diputados del Parlamento palestino residentes en Jerusalén hace temer posteriores expulsiones al otro lado del Muro de Anexión, de defensores y defensoras de los derechos de la población palestina de Jerusalén. La organización de derechos humanos Al Haq, con estatuto consultivo en Ginebra, condena también la intensificación de las deportaciones a Gaza o al extranjero, de población palestina e internacional residente en Cisjordania. También recuerda que en el derecho internacional, el artículo 49 de la IV Convención de Ginebra prohibe las deportaciones individuales y masivas en territorio ocupado, independientemente del motivo alegado por el gobierno del Estado ocupante2.
Más al sur, Israel controla toda la Franja de Gaza por tierra, agua, aire. Si bien es verdad que sus ataques a Gaza le han valido múltiples resoluciones de condena de Naciones Unidas, el informe Goldstone sobre la investigación de los crímenes de guerra cometidos durante la operación llamada Plomo Fundido en la que murieron 1444 palestinos y palestinas (27 diciembre 2008 – 18 enero 2009), supuso un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad israelí. Por primera vez una comisión de investigación internacional examinaba in situ las pruebas de los crímenes de guerra cometidos durante un ataque israelí y exigía la constitución de un comité de seguimiento para garantizar el esclarecimiento de los crímenes y responsabilidades correspondientes. Las represalias que se podía esperar de las autoridades israelíes en respuesta a la cobertura mediática y diplomática que tuvo el informe Goldstone, no tardaron mucho. Como señala acertadamente Al Haq, «desde la aprobación del Informe Goldstone, Israel no ha cesado de intensificar la represión contra los defensores y defensoras de derechos humanos y de adoptar medidas más duras en contra de los activistas políticos«.
La escalada ha continudado con el ataque en la madrugada del lunes 31 de mayo a la flotilla Libertad para Gaza. La masacre de civiles turcos en aguas internacionales ha levantado una oleada de reacciones de condena, repulsa e indignación en el mundo entero, evidenciando para Israel la urgencia de darse un lavado de imagen y satisfacer aunque sea con cortina de humo, algunas de las demandas de la comunidad internacional. Fundamentalmente por estas razones y no porque se preocupara de las necesidades básicas de la población civil en Gaza contra la cuál no le importó en otras ocasiones usar armas de fósforo blanco y metal denso inerte, Israel acaba de anunciar que iba a levantar el bloqueo a Gaza. En respuesta a estas declaraciones rimbumbantes, la comunidad internacional tiene que rechazar un levantamiento parcial, condicionado y circunstancial, como es el levantamiento anunciado por Israel, y exigir el levantamiento total, incondicional y permanente del bloqueo a Gaza, en la línea de lo exigido por Amnistía Internacional.
Porque para llevar una vida digna, no vale una avalancha de patatas y arroz cuando mueren nueve activistas en aguas internacionales; porque la población civil de Gaza necesita cemento, hierros y ventanas para reconstruir las miles de casas demolidas en diciembre 2008 y enero 2009; porque los niños y niñas necesitan papel, lápices y libros para estudiar; porque los coches y generadores de electricidad necesitan gasolina; porque los campesinos y campesinas necesitan herramientas y agua utilizable para riego; porque el sistema de alcantarillado y evacuación de aguas usadas necesita ser reparado y la costa rehabilitada; y porque nos tiene que avergonzar a todos y todas que los palestinos tengan que construir artesanalmente túneles entre Gaza y Egipto para introducir pescado, gas de cocina o zapatillas de deporte; y sobre todo porque ante la legalidad internacional, este bloqueo es y seguirá siendo ilegal, el levantamiento del bloqueo a Gaza tiene que ser total, incondicional y permanente.
De la misma manera que la comunidad internacional no acordó el menor crédito a la comisión de investigación israelí del ataque a la flotilla y a solicitud del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, establecerá una comisión internacional independiente, tampoco puede ahora conformarse con que Israel elabore su lista de productos de acceso prohibido a Gaza sobre la base de su posible uso como material bélico, y sea quien controle -y por lo tanto obstruya- el acceso por tierra o por mar, de mercancías a Gaza. Porque en el ataque a la flotilla, se vio que para las autoridades israelíes,¡ hasta una silla de plástico es susceptible de ser considerada como armamento peligroso!
Pacifistas del mundo entero siguen fletando nuevas embarcaciones de solidaridad con el fin de romper el bloqueo a Gaza. No se conformarán con promesas engañosas ni medias tintas. La campaña de boicot, desinversiones y sanciones no cesa de ganar adeptos de renombre en todo el mundo, incluso entre las comunidades israelíes y judías. Sindicatos han empezado a bloquear el acceso de barcos israelíes a puertos internacionales. Un creciente número de empresas renuncian a firmar contratos en Israel y a invertir en actividades que apoyen la ocupación sionista. Cantantes y músicos cancelan sus conciertos en Israel. Universidades de todos los continentes rechazan colaborar con la universidad israelí de Ariel construida ilegalmente en Cisjordania. Todos estos logros nos muestran que la ciudadanía mundial, saturada de la complicidad de sus gobiernos con el Estado de Israel, está cada vez más decidida a aunar fuerzas para forzar el fin de las exacciones sionistas.
Mientras cabe preguntarse si con tanta borrachera, Israel no se acabará pronto ahogando en su propio vómito, la sociedad civil sigue trabajando, incidiendo y movilizándose en defensa de los derechos del pueblo palestino, siendo uno de ellos el derecho a una vida digna, libre de ocupación, de Apartheid y de violencia de Estado.
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