El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que las principales violaciones a los derechos humanos en el enclave extraterritorial son la detención indefinida, la práctica de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el acceso limitado o nulo a la protección judicial, la falta de debido proceso, el régimen discriminatorio y la falta de defensa adecuada.
La CIDH, que vela por el respeto a los derechos humanos en el continente americano, se convirtió en 2006 en el primer organismo internacional en pedir el cierre de la prisión situada en la base naval de Guantánamo -un enclave estadounidense en territorio cubano-, y hoy reiteró esa solicitud.
En su informe «Hacia el cierre de Guantánamo», la Comisión reitera la misma petición que lleva años haciendo al Gobierno estadounidense: la de visitar la prisión para sospechosos de terrorismo y tener acceso a los 116 detenidos que siguen allí.
El documento concluye que las principales violaciones a los derechos humanos en el enclave extraterritorial son la detención indefinida, la práctica de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el acceso limitado o nulo a la protección judicial, la falta de debido proceso, el régimen discriminatorio y la falta de defensa adecuada, según detalló a través de un comunicado.
En ese sentido, la Comisión reiteró «una vez más, que la detención continua e indefinida de personas, como ocurre en Guantánamo, sin derecho al debido proceso, es arbitraria y constituye una clara violación del derecho internacional», afirmó la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine.
El órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), renovó asimismo el llamado a «redoblar los esfuerzos para alcanzar el objetivo de cerrar (el centro de detención) de manera definitiva» y formuló en ese sentido, una serie de recomendaciones orientadas a que Estados Unidos cumpla con con «sus compromisos de derecho internacional de los derechos humanos».
El cierre de la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, que llegó a tener 779 detenidos, es una de las promesas realizadas por el presidente estadounidense, Barack Obama, desde que llegó a la Casa Blanca en 2009.
Si bien su administración retomó poco tiempo atrás la intención de volver a poner el tema sobre la mesa con un nuevo plan, la decisión encuentra oposición en el congreso en cuanto al destino de ciertos detenidos considerados como peligrosos, ya sea en cárceles en Estados Unidos o en otros países.
Por otro lado, está la cuestión de otros presos que de regresar a sus países de origen no tendrían garantizada su seguridad dada la inestabilidad en sus territorios.
La Casa Blanca adelantó a finales de julio que está ultimando un plan para cerrar de forma «segura y responsable» la prisión.
Para el relator de la CIDH para Estados Unidos, Felipe González, «las razones de seguridad pública no pueden servir como pretexto para la detención indefinida de personas sin presentar cargos en su contra o someterlas a juicio».
Las conclusiones del informe «son contundentes en cuanto a que las presunciones y la carga de la prueba han sido utilizadas de tal manera que generaron un impacto negativo en el acceso a recursos efectivos, resultando en una violación al derecho a un juicio justo y a la protección judicial», agregó el funcionario.
De acuerdo a información desclasificada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, de los 779 detenidos que hubo en Guantánamo, todos hombres y de religión musulmana, sólo el 8% fueron identificados como «combatientes» de Al-Qaeda o Talibanes, mientras que el 93% no fueron capturados por fuerzas estadounidenses y la mayoría fueron entregados en un momento en que Estados Unidos ofrecía recompensas por la captura de supuestos terroristas.
Hasta ahora, solo el 1% de la totalidad de los prisioneros recluidos en Guantánamo fueron condenados por una comisión militar; en dos de los ocho casos la condena por apoyo material fue anulada en apelación por las cortes federales siendo que los pocos procesos en curso ante comisiones militares se encuentran estancados en etapa preliminar desde hace varios años, detalló el informe de la CIDH.
Asimismo, la CIDH analizó el hecho de que el gobierno de Estados Unidos decidiera abrir un centro de detención fuera del territorio estadounidense, luego de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, con el único propósito de detener a extranjeros sospechosos de terrorismo, los cuales son todos musulmanes.
Además, diseñó un sistema especial de comisiones militares para juzgarlos, en ausencia de las garantías procesales disponibles ante las cortes federales, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Invocando las exigencias de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos justificó la creación de este régimen particular, caracterizado por la detención indefinida, el acceso limitado o la falta de acceso a la protección judicial, y el juicio en ausencia de elementos básicos de debido proceso», indicó Rose-Marie Belle Antoine.
«Estados Unidos no ha proporcionado una justificación clara respecto de este régimen aplicado exclusivamente a hombres extranjeros musulmanes, lo que genera la apariencia de que está dirigido a ciertas personas en razón de su nacionalidad, etnia y religión», concluyó la funcionaria.
Por último, la CIDH volvió a convocar a los Estados miembros de la OEA para que consideren recibir a los detenidos de Guantánamo en un esfuerzo para lograr el objetivo de cerrar este centro de detención y reafirmar la larga tradición de asilo y protección de refugiados en la región.