Los Derechos Humanos y las libertades están en peligro en un mundo globalizado donde las actuaciones de los estados para hacer frente a la pandemia de la Covid-19 los están haciendo retroceder todavía más.
La batalla por la justicia social y la defensa de estos valores es global. La lucha feminista y de los colectivos LGTBI, la defensa del territorio contra el extractivismo, la contestación medioambiental, los procesos de autodeterminación de los pueblos, las protestas por un trabajo digno, las reivindicaciones por unos servicios públicos y de calidad, las campañas contra los tratados de libre comercio e inversión; son solo algunos ejemplos de luchas sociales, laborales, nacionales o medioambientales de todo el planeta que, mediante el ejercicio del derecho de reunión y asociación pacífica, reivindican una vida digna.
Las conquistas en materia de derechos y libertades se han conseguido a través del ejercicio de un derecho de reunión intrínsecamente ligado al de manifestación y protesta pacífica. Los gobiernos lo saben y, por eso, muchos de ellos, lo limitan priorizando una supuesta seguridad ciudadana –como bien jurídico– restringiendo y vulnerando el ejercicio de derechos civiles y políticos. La criminalización de las movilizaciones pacíficas, el uso excesivo de la fuerza, las prácticas de vigilancia, así como las reformas legales restrictivas amenazan el derecho de reunión, el cual incluye la libertad de cuestionar la forma en que se organiza un estado o las políticas que aplica un gobierno para hacer frente a una crisis sanitaria como la de la covid.
El señalamiento, la estigmatización, la persecución y la criminalización de la protesta de naturaleza pacífica, y la discrecionalidad policial y judicial contra activistas, periodistas, artistas y movimientos sociales produce una indefensión de la ciudadanía. Una estrategia del miedo para producir un efecto de desmovilización, de silenciar a la sociedad y de amordazar a las voces críticas defensoras de los DDHH. Estas políticas de limitación de derechos y libertades recorren el mundo y las prácticas de los estados son múltiples. En este sentido, la pandemia global es una situación muy tentadora para que los gobiernos se extralimitan en la aplicación de unas políticas restrictivas que poco tienen que ver con “la lucha contra el virus”. El fuerte descontento por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia va en aumento y conlleva la aplicación indiscriminada de leyes de seguridad ciudadana arbitrarías para restringir la protesta legitima de la ciudadanía, así como para limitar derechos como los de reunión, de expresión y de información. Unos abusos contra los DDHH que amenazan el Estado de derecho.
Es esencial reivindicar mecanismos de rendición de cuentas de los gobiernos y garantizar la supervisión de las actuaciones realizadas durante la pandemia. La covid-19 no tiene que servir como excusa para una mayor restricción de las libertades individuales y colectivas ya amenazadas.
Jesús Gellida, politólogo, investigador social y escritor