La destrucción de Jerusalén a través de sus instituciones

Introducción

El 22 de julio de 2020 la policía israelí llevó a cabo una redada y desvalijó el Conservatorio Nacional de Música Edward Said, el Centro Cultural Yabus y la Red Cultural Shafaq, en Jerusalén Oriental. Saquearon sus oficinas, se llevaron documentos y archivos y confiscaron ordenadores, portátiles y teléfonos. Detuvieron a los tres directores respectivos, Suhail Jury, Rania Elias y Daud Ghul, y allanaron sus viviendas. Jury y Elías estuvieron un día bajo arresto israelí y Ghul pasó dos semanas encarcelado en la prisión de Moskobiye, donde fue sometido a interrogatorio. Gran parte de los medios de comunicación locales e internacionales informaron de que los detuvieron por ser sospechosos de financiar el terrorismo, cargo que el régimen israelí suele imputar a todo activista palestino. 1

Este ataque a las instituciones culturales de Jerusalén Oriental no es un fenómeno nuevo. En realidad sigue un patrón de ofensiva permanente contra la presencia palestina en la ciudad que se ha practicado durante décadas. El traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén en mayo de 2018 apuntaló aún más el control israelí de la ciudad y puso de relieve el deterioro de la presencia permanente palestina en ella. Igualmente, la reactivación de iniciativas por parte de agentes estatales y cuasi estatales israelíes para atacar a la sociedad civil palestina, sea en Cisjordania y Gaza o al otro lado de la Línea Verde, forma parte de la misma estrategia. En este artículo se examinan los últimos ataques contra instituciones palestinas en Jerusalén Oriental en el contexto general de la represión israelí de la sociedad civil palestina, y se ofrecen recomendaciones para revertir la destrucción de la Jerusalén palestina.

Destrucción de la Jerusalén palestina

Jerusalén siempre ha desempeñado un papel vital en la conformación de la identidad palestina a lo largo de la historia de Palestina. Aunque antes de 1948 no tenía la importancia estratégica y económica de las ciudades costeras palestinas como Yafa y Haifa, siempre tuvo relevancia social, política y cultural para los palestinos. Como explica Rashid Jalidi, “las escuelas, los periódicos, los clubes y las figuras políticas de Jerusalén tenían repercusión en toda Palestina incluso antes de que se establecieran las fronteras del Mandato Británico tras la Primera Guerra Mundial”. 2

Tras la ocupación británica de Palestina en 1917 y el establecimiento oficial del mandato en 1922, Jerusalén pasó a ser el centro de la organización política contra la dominación colonial británica y contra el colonialismo sionista. Concretamente, el cumplimiento por parte de Gran Bretaña de la Declaración Balfour de 1917, que prometía la facilitación británica del establecimiento de un “hogar nacional” judío en Palestina, con apropiaciones de tierras y la continua inmigración judía a Palestina, movilizó a los palestinos en protestas populares en todo Jerusalén. Durante estos primeros años de dominación británica, la ciudad también se convirtió en centro de organización política de las mujeres. En 1929 se celebró allí el primer Congreso de Mujeres Árabes, del que surgió el primer Comité Ejecutivo de Mujeres Árabes que marcó el comienzo de un movimiento palestino de mujeres organizado y político.

Jerusalén fue la capital política y administrativa del Gobierno británico de Palestina durante las tres décadas de dominación británica y mantuvo una designación única en el período previo a la guerra árabe-israelí de 1948. De hecho, el Plan de Partición de Naciones Unidas de 1947, que se enmarcaba en la tendencia colonial de dividir la tierra, proponía la partición de Palestina en un Estado judío y un Estado árabe, quedando Jerusalén (y Belén) como corpus separatum; una ciudad internacional que no estaría bajo soberanía judía ni árabe. Los palestinos rechazaron este intento colonial de dividir la Palestina histórica porque ratificaba la dominación extranjera en Jerusalén.

Así pues, la limpieza étnica de Palestina ya se había iniciado cuando se creó el Estado de Israel en 1948. En ese año las fuerzas sionistas conquistaron lo que se convertiría en Jerusalén Occidental, incluyendo los prósperos barrios palestinos de Talbiyya, Qatamun y Baq’a, donde vivían 60.000 palestinos. La mayoría fueron expulsados de la zona; algunos huyeron a las áreas orientales de la ciudad. A ninguno se le ha permitido regresar. Después de que se trazaran las líneas del armisticio en 1949, Jerusalén quedó dividida en dos partes, Jerusalén Occidental controlada por Israel, y Jerusalén Oriental controlada por Jordania, encubriendo eficazmente la identidad palestina de la ciudad.

Desde la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel ha ocupado ilegalmente Jerusalén Oriental, Cisjordania, la Franja de Gaza y el Golán sirio. Como resultado de la guerra, Israel también se anexionó de facto y de jure todo Jerusalén. La Ordenanza sobre Legislación y Administración de 1967 amplió la legislación y la administración israelíes a Jerusalén Oriental. Israel volvió a confirmar la condición de jure de la ciudad en 1980, cuando el régimen israelí aprobó la Ley sobre Jerusalén. Casi inmediatamente, el régimen israelí cerró el municipio palestino de Jerusalén Oriental y lo fusionó con el municipio israelí de Jerusalén Occidental. Además, se impusieron regulaciones de emergencia en todas las zonas ocupadas, con lo que la mayoría de las organizaciones políticas palestinas y sus afiliados pasaron a ser ilegales.

Los palestinos de Jerusalén recibieron del gobierno israelí la condición de “residentes permanentes” en lugar del estatuto de ciudadanía, lo que los convirtió directamente en apátridas. Ello ha permitido al régimen israelí negarles plenos derechos, entre ellos el de voto, pero obligarles a pagar impuestos. Además, el régimen israelí revoca arbitrariamente la ya precaria condición de “residencia permanente” a los palestinos que deciden vivir fuera de la ciudad y, en algunos casos, a quienes militan en la actividad política. Desde 1967 el régimen israelí ha revocado unos 14.000 permisos de residencia a palestinos que se han convertido en apátridas y han perdido sus viviendas.

Igualmente, las autoridades israelíes se han servido de la planificación urbanística como mecanismo clave para eliminar la presencia palestina de Jerusalén, concretamente por la determinación explícita de mantener una mayoría demográfica judía en la ciudad. Ello incluye restringir la presencia palestina a ciertos vecindarios, negarles los permisos de construcción, demoler sus casas y no proporcionar recursos ni servicios adecuados a los barrios palestinos. La construcción del muro de separación desde 2002 forma parte también de este objetivo concreto de hacer insoportable la vida de los palestinos en la ciudad. El muro se construyó bajo el pretexto de la seguridad israelí y discurre a través de toda Cisjordania. En Jerusalén atraviesa barrios palestinos que antes eran contiguos y en algunos casos los ha dividido completamente. Separa buena parte de Jerusalén Oriental de Cisjordania, lo que obliga a que los palestinos que quieran cruzar el muro deban hacer un arduo viaje a través de puestos de control israelíes. Todo ello y mucho más es el resultado de una política planificada y sistemática para forzar el éxodo del mayor número posible de palestinos de Jerusalén y para mantener a los que permanecen en enclaves urbanos estrechamente vigilados.

Desnaturalizar la vida cultural y política palestina de Jerusalén

Sumado a las políticas sistémicas que hacen la vida increíblemente difícil a los palestinos en Jerusalén, Israel también ha alterado tácticamente la vida cultural y política palestina de la ciudad. Tras la ocupación de Jerusalén Oriental en 1967 y su posterior anexión, la actividad cultural y política palestina fue objeto de una intensa represión por parte del régimen israelí. La aplicación de las Regulaciones de Excepción en materia de Defensa, introducidas por primera vez durante el Mandato Británico en 1945, permitió al régimen israelí aplicar la censura y la represión de manera generalizada. Se prohibieron libros, y las palabras consideradas de fuerte carga, como filastin (Palestina), sumud (firmeza), o ‘awda (retorno) se eliminaron de los planes de estudio, de los libros, de los programas de radio y de las obras de teatro. Sliman Mansur, uno de los fundadores de la Liga de Artistas Palestinos, señala sobre los años posteriores a la ocupación de 1967 que “[…] vivíamos en una especie de gueto cultural, aislados de los acontecimientos culturales”. El movimiento era difícil. Muchos artistas tenían prohibido viajar. Se detenía a los artistas y se confiscaban sus obras […]. Era un empeño por matar cualquier espíritu creativo y artístico palestino”.

Para muchos y muchas palestinas la cultura estaba ineludiblemente ligada a la política, sobretodo porque el régimen israelí consideraba su propia existencia como un acto político. En consecuencia, muchos espacios culturales se desdoblaron como espacios de organización política habida cuenta de la prohibición israelí impuesta militarmente a las instituciones políticas palestinas. La única excepción fue la Casa de Oriente en el barrio de Sheij Yarrah de Jerusalén, institución que sirvió como única representación política palestina en la ciudad y como centro de investigación y archivo de la historia palestina.

La Casa de Oriente, construida en 1897, era una mansión de la reconocida familia Huseini. Después de 1948, el edificio cumplió una función más pública que albergaba una casa de huéspedes y oficinas. A partir de 1967, los pisos superiores se convirtieron en oficinas del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). En 1983, la Asociación de Estudios Árabes, financiada por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), alquiló todo el edificio para llevar a cabo investigaciones y labores de archivo, y se creó una biblioteca. Durante este período desempeñó un papel importante para la revitalización de la conciencia nacional palestina; tanto es así que durante la primera Intifada estuvo cerrada durante tres años. Años más tarde, durante la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, la delegación palestina se ubicó en la Casa de Oriente, y a lo largo de los años 90, se solía recibir allí a los diplomáticos internacionales. Para entonces, el edificio se convirtió en un símbolo del sumud palestino dentro de la ciudad.

El 10 de agosto de 2001 las fuerzas israelíes llevaron a cabo una incursión en la Casa de Oriente y la saquearon. Robaron documentos y materiales de archivo, y cerraron las oficinas de la institución. No era una práctica nueva ni en Jerusalén ni en ningún otro lugar. De hecho, las fuerzas armadas israelíes han llevado a cabo numerosas incursiones y saqueos de instituciones palestinas, desde bibliotecas privadas y públicas de Jerusalén occidental en 1948, hasta el Centro de Investigaciones Palestinas de Beirut en 1982. Sin embargo, el cierre de la Casa de Oriente en 2001 tuvo un alcance especialmente significativo porque todas las partes la habían reconocido durante el proceso de los Acuerdos de Oslo como sede de la OLP, al igual que Jerusalén Oriental como capital legítima de un futuro Estado palestino. El cierre anunció una nueva era de disminución de la presencia política palestina en la ciudad. Desde entonces, el régimen israelí no permite que las instituciones políticas palestinas operen en Jerusalén.

Otras instituciones culturales palestinas han padecido también ataques y cierres frecuentes. Por ejemplo, el Teatro Nacional Palestino Al Hakawati establecido en Jerusalén en 1984, ha luchado constantemente contra la censura y las amenazas de cierre. Sus actividades se han clausurado no menos de 35 veces desde que se inauguró, incluso en 2008, cuando el teatro intentó acoger un festival antes de que Jerusalén fuera elegida Capital Árabe de la Cultura para 2009. En 2015 el teatro  hizo un llamamiento público a raíz de las amenazas de la Autoridad de Aplicación de la Ley y de Recaudación de Impuestos de Israel, que no sólo congeló la cuenta bancaria del teatro sino que amenazó con embargar el edificio. Las autoridades israelíes utilizaron el pretexto de que el teatro había acumulado deudas con el ayuntamiento, la compañía eléctrica y la agencia nacional de seguros, obviando la ilegalidad de la presencia de estas entidades israelíes en Jerusalén Oriental. El teatro sigue amenazado de cierre en la actualidad.

Desde el año 2000 el régimen israelí ha cerrado más de 42 instituciones palestinas en Jerusalén Oriental con diversos pretextos que van desde la afiliación política “ilegal” hasta facturas impagadas. La ley “antiterrorista” que aprobó el Knesset en 2016 ha provocado aún mayor represión contra las instituciones y organizaciones de la sociedad civil palestina. La ley incorpora disposiciones a las regulaciones de emergencia y, como describe la ONG palestina de derechos humanos Adalah, está “destinada a reprimir aún más la lucha de la ciudadanía palestina de Israel (y de Jerusalén Oriental) así como sus actividades políticas de apoyo a los y las palestinas que viven bajo ocupación en Cisjordania y la Franja de Gaza”. La ley permite al Estado israelí utilizar de manera indiscriminada “pruebas secretas” en los procedimientos judiciales contra palestinos y palestinas, lo que les dificulta hacer frente adecuadamente a los cargos. Además la ley amplía el alcance de la “actividad terrorista” al incluir “expresiones públicas de apoyo o empatía con organizaciones terroristas”. En otras palabras, si el régimen israelí considera a los partidos políticos palestinos como organizaciones terroristas, la expresión política palestina se censura.

Un nuevo ataque coordinado

Por una parte, los ataques referidos contra el Conservatorio Nacional de Música Edward Said, el Centro Cultural Yabus y la Red Cultural Shafaq  se encuadran en la  supresión sostenida de la vida cultural y política palestina en Jerusalén que ejerce el régimen israelí. Por otra, constituyen un intento nuevo y coordinado de difamar y destruir la sociedad civil palestina y sus organizaciones de derechos humanos, en particular las que cuentan con financiación internacional. Esta labor la dirige principalmente la ONG Monitor, organización israelí que, aunque se declara no gubernamental está afiliada al Gobierno y coordina su labor de difamación con el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel. Desde 2015, este ministerio está dirigido por Gilad Erdan, un político que lleva mucho tiempo intentando limitar la libertad de expresión de palestinos y palestinas. Además, ha lanzado una guerra total contra la Campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y sus partidarios que cuenta con millones de dólares en recursos y coordinación con el Mossad, los servicios secretos israelíes.

NGO Monitor comenzó siendo una organización marginal cuyos informes no investigados y erróneos no se tomaban en serio. Buena parte de su interés radicaba en calumniar a los defensores de los derechos humanos, como en el caso de Omar Shakir, director de Human Rights Watch en Palestina, expulsado finalmente del país en 2019 tras una prolongada batalla judicial que atrajo la atención internacional. Sin embargo, al menos desde 2015, su labor se ha vuelto más agresiva y coordinada con el objetivo principal de que se retiren los fondos internacionales a las organizaciones palestinas para forzar su cierre. NGO Monitor cumple este objetivo centrándose en dos tácticas principales para atacar a las organizaciones e individuos palestinos:

La primera es acusarlos de apoyar o trabajar con BDS. Se trata de promover la criminalización del BDS tanto en Europa como en Estados Unidos, a pesar de que varios organismos legales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reafirman continuamente la legalidad de los boicots como forma de expresión política. La segunda táctica es acusar a las organizaciones o individuos palestinos de ser “filiaciones terroristas” o de “financiar el terrorismo”. Y sin embargo, según un informe del Grupo de Trabajo de Políticas de Israel (un grupo de académicos, periodistas y ex diplomáticos israelíes que trabajan a favor de la solución de dos Estados), a pesar de que NGO Monitor nivela estas afirmaciones de manera constante y riterada contra las organizaciones palestinas, todavía no ha aportado pruebas de ninguna organización que participe en actividades terroristas o en actos de violencia. De hecho, en el mismo informe del Grupo de Trabajo de Políticas de Israel [Policy Working Group]–subtitulado “Difamación de las organizaciones de derechos humanos que critican la ocupación israelí”– al evaluar las publicaciones de NGO Monitor se declara que:

Los métodos que emplea están muy lejos de las investigaciones exhaustivas que llevan a cabo las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil a las que ataca. Las publicaciones parecen fundarse sobretodo en investigaciones selectivas en Internet y en la repetición de afirmaciones realizadas por fuentes oficiales israelíes. Además, centra sus publicaciones en refutar selectivamente las observaciones y conclusiones publicadas por las organizaciones atacadas.

En otras palabras, las acusaciones de la ONG Monitor son infundadas, se sustentan en una investigación escasa y vacua, y son calumniosas. Sin embargo, resulta muy sorprendente que la comunidad internacional preste atención a las acusaciones de esta organización, lo que ha tenido un efecto pernicioso para la sociedad civil palestina. De hecho, el clima creado por esta intensa campaña de difamación ha provocado que se restrinjan fondos y, en algunos casos, que se recorten o se retiren por completo. Recientemente, por ejemplo, la UE notificó a la red de ONG palestinas (PNGO) que aplicaría una cláusula que obliga a todos los socios a no tratar con nadie que esté incluido la lista de sanciones de la UE. Algunos temen que esto obligue a tener que investigar al personal, a los contratistas y a los beneficiarios de la ayuda como condición para recibir los fondos. Esta lista de sanciones está integrada por los sancionados y por organizaciones y personas consideradas terroristas. La mayoría de los partidos políticos palestinos, incluidos Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), figuran en la lista. Aunque no incluye a personas palestinas, esto puede cambiar en el futuro por la intensa presión de Israel y de organizaciones como ONG Monitor.

No sólo es inquietante que buena parte de la comunidad internacional considere a la mayoría de partidos políticos palestinos, con excepción de Fatah, organizaciones terroristas, sino que además suele ceder a la extensa y vaga definición de “afiliación” del régimen israelí. Desde 1967, 800.000 palestinos han sido encarcelados por el régimen militar israelí en Cisjordania y Gaza, lo que representa el 20% de la población total de ese territorio ocupado. A muchos de estos palestinos y palestinas se les acusa y juzga en tribunales militares israelíes que muestran una tasa de condenas del 99% sustentadas en la cuestión de la “afiliación”. Israel puede castigar a los palestinos por cualquier actividad política mediante sus órdenes militares que justifica por razones de seguridad. En virtud de esas órdenes, Israel ha prohibido las protestas o las reuniones políticas de más de diez personas y ha prohibido la distribución de artículos o imágenes políticas. Asimismo Israel acusa y procesa a los palestinos por “afiliación” a organizaciones políticas que consideran terroristas. Como consecuencia, compartir un post en redes sociales y hasta servir un café a un miembro de una organización declarada ilegal puede ser considerado “afiliación”.

La acusación inicial contra las tres instituciones culturales de Jerusalén Oriental fue de “evasión y fraude fiscal”, aunque posteriormente quedó claro que -`sus directores] fueron detenidos por cargos de financiación de organizaciones terroristas. Al respecto de estos cargos, es evidente que NGO Monitor desempeñó un papel con sus informes y sus constantes calumnias contra estas entidades. Aunque los tres directores han quedado en libertad, aún se enfrentan a esos cargos.Se enfrentan además al estigma de ser acusados de apoyar a organizaciones terroristas, lo que puede tener repercusiones perjudiciales en un contexto de financiación internacional ya decreciente y condicionada, y de mayores restricciones por parte del régimen israelí.

Recomendaciones

A la luz de esta difícil y preocupante situación, presentamos a continuación algunas sugerencias para hacer retroceder la destrucción de las instituciones culturales y políticas palestinas en Jerusalén:

• Los y las palestinas, tanto en la diáspora como en la Palestina histórica, deben insistir en la importancia de mantener las instituciones y organizaciones palestinas de la ciudad. Esto debería incluir tanto apoyo financiero como iniciativas de solidaridad sustanciales y continuas.

• Los y las palestinas de Cisjordania deben oponerse a que la Autoridad Palestina menoscabe Jerusalén como capital palestina al priorizar las inversiones en Ramala como centro administrativo de Palestina. De hecho, deben rechazar activamente el discurso que hace de Ramala la pseudo-capital de Palestina.

• Los actores de terceros Estados deben prestar un apoyo público e incondicional a las instituciones y organizaciones palestinas de Jerusalén, en particular a las que están siendo atacadas por el régimen israelí. Ello debería plantearse como una contrapartida frente a la impotencia, y en algunos casos, complicidad, de la comunidad internacional con respecto a la intensificación del control israelí sobre Jerusalén.

• Los actores de terceros Estados deberían asimismo reconocer y subrayar la importancia de contar con una representación política palestina en la ciudad. A este respecto, deberían respaldar el restablecimiento de la Casa de Oriente como sede de esa representación, como hizo la UE en 2014, y ejercer presión política para ello.

• Los actores de terceros Estados y las organizaciones internacionales no deberían utilizar a NGO Monitor ni al Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel como fuentes legítimas de información sobre los y las palestinas ni sobre sus organizaciones. Igualmente, deben reconocer públicamente que NGO Monitor es un brazo del Estado israelí y que tiene su propia agenda para demonizar y criminalizar a la sociedad civil palestina.

• La comunidad internacional debe rechazar las acusaciones del régimen israelí de actividades terroristas y de “afiliación” política por ilegítimas e infundadas, y especialmente porque se dota a la definición de “afiliación” un contenido intencionadamente extenso que se utiliza para ir contra cualquier palestino.

Notas:

1.- Léase en francés. Al Shabaka agradece el interés de los defensores de los derechos humanos en traducir sus piezas pero no se responsabiliza de ningún cambio en el contenido.

2.- Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness (Nueva York, Columbia University Press, 2009), 33.

Fuente: https://al-shabaka.org/briefs/destroying-palestinian-jerusalem-one-institution-at-a-time/

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y a Rebelión como fuente de la traducción.