Sobre Cuba hay mucho silencio y sesgo en la «gran prensa». No es el monolito que se presenta, donde todos piensan, opinan, viven de la misma forma. También va quedando atrás -aunque sus representantes persisten- una polarización que presenta el proyecto revolucionario que triunfó en enero de 1959, por un lado, como un remanso sin […]
Sobre Cuba hay mucho silencio y sesgo en la «gran prensa». No es el monolito que se presenta, donde todos piensan, opinan, viven de la misma forma. También va quedando atrás -aunque sus representantes persisten- una polarización que presenta el proyecto revolucionario que triunfó en enero de 1959, por un lado, como un remanso sin manchas ni errores y, por el otro, como otra experiencia fallida ante el capitalismo.
El actual proceso de reformas que se lleva a cabo en la isla desde 2010, divulgado como «actualización del modelo económico», no puede mirarse separado de las transformaciones y contradicciones de la historia reciente del país, tomando como referencia el inicio de la década del 90 del pasado siglo, el llamado «período especial», las reformas de 1992-1994 y la etapa conocida como «batalla de ideas» (1999-2005), que impulsó cambios en otros ámbitos como el social y el cultural.
Además, una «reforma económica», como se ha presentado esencialmente lo que ocurre en Cuba, no puede separarse de sus correlatos políticos, sociales y culturales.
Desde sus planteamientos iniciales, una de las principales direcciones del proceso de reformas fue el fortalecimiento del sector no estatal de la economía. Ciertamente, se ha producido una diversificación ampliada de los espacios económicos que comienza a cuestionar -al menos discursivamente- la hegemonía de la empresa estatal y el sector presupuestado. Sin embargo, las instituciones que implementan las transformaciones han tenido hasta el momento una predisposición más favorable al denominado «trabajo por cuenta propia» que a la aprobación de cooperativas urbanas y de servicios profesionales.(1)
Un término, tres actores
Es necesario apuntar que, en rigor, el término «trabajador por cuenta propia» constituye un eufemismo, una «sombrilla» que se utiliza para definir y regular al menos a tres actores económicos de diferente naturaleza jurídica: 1) el trabajador por cuenta propia en sentido estricto (autoempleado); 2) el trabajador de empresas privadas (contratado); y 3) el empresario individual, propietario y gestor de las pequeñas y medianas empresas.(2) Para apreciar el crecimiento que ha tenido el llamado trabajo por cuenta propia basta decir que entre 2010 y 2017 los cuentapropistas pasaron de 157.300 a más de medio millón.
Las transformaciones económicas implican un correlato con otras problemáticas de carácter social, político y/o asociativo. En el caso particular del estímulo a nuevas formas de propiedad y gestión, éste influye por ejemplo en la recomposición de la estructura socioclasista, en la problemática del empleo y en la actividad de los sindicatos (el análisis se centrará en este último aspecto).
En Cuba existe una sola organización sindical reconocida oficialmente: la Central de Trabajadores de Cuba (Ctc), que proviene de una experiencia histórica en la que la agrupación de sindicatos de diferentes actividades, oficios y empresas, con el fin de constituir una fuerza nacional, se apreció como un paso de avance en la lucha.
Si reconocemos el peso que hoy tiene el empleo no estatal en el país, vemos que, con casi 80 años de existencia, la Ctc se enfrenta hoy a una coyuntura inédita -en magnitud- desde 1961, y especialmente después de 1968.
Varios factores dificultan la influencia de la organización de trabajadores en el sector privado. El primero tiene que ver con un problema estructural: el verticalismo que define la relación entre la central y los sindicatos nacionales. Esto se ve agravado por el hecho de que los sindicatos se organizan en función de los organismos e instituciones de la economía nacional. Esta funesta verticalidad se visibiliza en el contexto de las reformas, pues la consolidación del trabajador vinculado al sector privado y el surgimiento de las cooperativas no agropecuarias proponen nuevos temas a la agenda sindical y reclaman un grupo de acciones a corto plazo que no han sido asumidas aún por la Ctc.
Uno de los asuntos de interés se encuentra en la inexistencia de un sindicato que agrupe de manera particular a los trabajadores por cuenta propia. En medio de las actuales circunstancias del país y la vitalidad que alcanzan los negocios privados, crecen las contradicciones entre los propietarios y los trabajadores. La Ctc debe superar su pasividad y transitar a una práctica que reivindique disposiciones jurídicas aplicables a estos espacios, y volcarse a un intercambio permanente con los trabajadores.
Para ello debe comenzarse por construir la agenda constitutiva del sindicato nacional que agruparía a estos empleados. Esto no es un proceso sencillo, en primer lugar porque la Ctc carece de liderazgo y reconocimiento en estos escenarios «privados»; en segundo término, porque el nivel de los ingresos de los trabajadores del sector privado es muy superior al recibido por quienes laboran en instituciones del Estado, y ello puede difundir el criterio de que no es necesaria la mediación de la organización, además del temor al despido; y finalmente -no menos importante-, la resistencia de los propietarios a la organización sindical de «sus» trabajadores.
Dueños localizados
Otro asunto cobra fuerza en el sector privado: ¿qué hacer con los propietarios? La creación de una asociación (empresario individual, propietario y gestor de las pequeñas y medianas empresas) también pudiera asumirse como una necesidad. Ahora bien, es incomprensible que coexistan en la misma sección sindical -bajo el homogeneizador calificativo de «trabajador por cuenta propia»- el empleado y el propietario que contrata su fuerza de trabajo. En rigor, aunque pueda ser vista como una «necesidad del país», la Ctc no cometería ningún agravio si se manifestara en contra de la sindicalización de los propietarios, o de la creación de una asociación de éstos.
Un terreno de conflictividad se encuentra en las formas de lucha sindical. Este es un asunto polémico en cualquier contexto, que alcanza una especial dimensión en Cuba. La Ctc renunció en 1961 a dos métodos tradicionales de lucha sindical: la ocupación de fábricas y las huelgas, con el argumento de que, en las nuevas condiciones, toda paralización de la producción dañaría a la revolución. La ocupación de fábricas fue criticada desde una nueva realidad: «la empresa nacionalizada es de todo el pueblo y no de una parte o sector de éste».
Resulta sintomático que en los actuales estatutos no se hace alusión alguna a los métodos de lucha sindical, aunque en el informe central de su último congreso parece que se opta por la negociación colectiva.
El análisis de las formas de lucha debería ser fundamental para la Ctc y ajustarse a la actual coyuntura de Cuba, en medio de todo el proceso de reformas que se produce. Sería oportuno discutir, por ejemplo, si en sectores como las empresas extranjeras y las pequeñas y medianas empresas de propietarios (nominales o no) nacionales tienen cabida formas como el paro, la huelga y hasta la ocupación por los trabajadores. No se trata de si el Estado favorece estas formas de gestión, la Ctc podría ofrecer un punto de vista diferente. Un proceso así daría a la organización la oportunidad de llegar a un amplio número de trabajadores que hasta el momento permanecen ajenos a su influencia real; y al mismo tiempo contrarrestar la explotación del trabajo que se da en esos espacios, en el sentido que lo vieron los fundadores del marxismo.
Construir la clase para si
No es una tarea fácil. Muchos trabajadores del sector privado en Cuba han emergido con un «pecado original»: la complacencia con su condición. Ante la depresión que tiene el empleo estatal en materia de salarios y la distancia entre éstos y las necesidades de la población, no existe conciencia de cómo -en muchos casos- el propietario explota el trabajo ajeno para su enriquecimiento en su calidad de inversor; y si existe esa conciencia, ocupa un lugar subordinado estratégicamente a las urgencias materiales.
En el caso de los inversores extranjeros, la «paz social» que defiende la Ctc le otorga una oportunidad única a los empresarios capitalistas: preocuparse exclusivamente por los términos establecidos con el gobierno cubano. La tranquilidad y seguridad que ha defendido la revolución cubana como conquistas, también podrán disfrutarlas dentro de sus empresas si son capaces de «negociar» adecuadamente con los trabajadores.
Debe entenderse que los límites de este espacio dejan en el tintero otros asuntos: el vacío regulatorio en cuanto a las relaciones entre propietario y trabajador contratado; las insuficiencias del Código de Trabajo aprobado en 2014; el funcionamiento de las estructuras territoriales y de base de la Ctc, entre otros.
Limitar o encuadrar las alusiones a las reformas actuales dentro de lo estrictamente económico es ver la realidad de una manera simplista e incompleta. En el tema pueden apreciarse los grandes retos que enfrentan la sociedad civil y una institucionalidad que emergió -en sus rasgos actuales- como resultado de la transformación radical que sobrevino después de 1959. Es necesario que esas instituciones y organizaciones se piensen más con los espejuelos de la contemporaneidad: sería su mejor servicio a la revolución de la que emergieron.
Notas
1) Este verano de 2017 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dio a conocer una resolución (la número 22/2017) con nuevas disposiciones sobre la actividad no estatal que generaron preocupaciones en este sector y la población cubana en general.
2.Véase Norma Tania Rivero y José Luis Fernández de Cossío, «¿Por qué no reconocer la existencia del empresario individual?», en http://progresosemanal.us (15-VII-15).
Fernando Luis Rojas (Moscú, 1982). Especialista del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello (La Habana, Cuba). Autor de Más que una isla (Sed de Belleza, 2015) y Ahora es tu turno, Miguel. Un homenaje cubano a Miguel Enríquez (Icic Juan Marinello, 2015).