El cambio climático ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una crisis actual que ya está cobrando vidas en Europa.
El continente se calienta a un ritmo casi doble que la media mundial, provocando olas de calor mortales, la expansión de enfermedades transmitidas por vectores, riesgos en la seguridad alimentaria y una creciente inestabilidad social y económica. Ante esta evidencia, la OMS promovió una Comisión Paneuropea sobre Clima y Salud elaborando un informe “CalltoAction” que propone una narrativa clara y urgente: el cambio climático debe ser declarado una emergencia de salud pública. Este informe se une al informe «Lancet Countdown Europe», cuya tesis principal es que la trayectoria actual de emisiones de gases de efecto invernadero es incompatible con la protección de la salud y la equidad, advirtiendo de que no estamos avanzando a la velocidad necesaria para evitar las peores consecuencias sanitarias de la crisis climática.
Plantea que Europa se está calentando aproximadamente al doble de la media global. Esta no es una mera estadística, sino que se traduce en un impacto directo y desigual sobre la población europea, afectando especialmente a los cuerpos de quienes ya viven en condiciones precarias, a los trabajadores expuestos y a quienes no pueden escapar de viviendas inadecuadas o del alto coste energético; y cristaliza un relato claro: el cambio climático ya está costando vidas y amenazando la salud de millones de personas en Europa, lo que está documentado por el incremento de la mortalidad por calor debido a olas de calor cada vez más extremas y prolongadas, la expansión de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores (como mosquitos o garrapatas) que encuentran nuevas rutas gracias a los veranos más largos y los ecosistemas desordenados, los riesgos crecientes para la seguridad alimentaria y el deterioro de las condiciones de trabajo.
Tanto la OMS como el Lancet Countdown insisten en que la adaptación por sí sola no basta y plantean que las políticas de mitigación (reducir emisiones) deben aprovecharse para generar «cobeneficios» sanitarios: si recortamos emisiones, simultáneamente reducimos la contaminación del aire, lo que mejora la salud respiratoria, y fomentamos mejores hábitos de movilidad y alimentación.
Esta estrategia de utilizar la salud como marco central tiene una lógica indiscutible. Al hablar de vidas humanas y del derecho a estar a salvo, el debate deja de ser una disputa ideológica abstracta sobre partes por millón de CO₂ y se convierte en una exigencia moral innegable. Obliga a los gobiernos y sistemas sanitarios a actuar de manera multisectorial, implementando políticas que, además de frenar las emisiones, generen beneficios directos como menos contaminación del aire y mejores hábitos de movilidad.
Sin embargo, bajo esta narrativa de urgencia sanitaria se esconde un riesgo profundo: la despolitización de la transición energética. Al elevar la salud a la categoría de «bien moral supremo», los informes construyen un consenso transversal que actúa como una cortina de humo. La crisis climática se presenta como un problema técnico de adaptación y mitigación, ocultando el verdadero nudo del conflicto: la lucha por el poder económico y político sobre quién controla la nueva arquitectura energética.
En este punto emergen las grandes ausencias de los informes: el debate sobre qué modelo energético queremos. La transición no es solo sustituir fósiles por tecnologías limpias; es una disputa entre dos bloques. Por un lado, están las infraestructuras centralizadas, intensivas en capital y controladas por grandes corporaciones y Estados, que defienden la energía nuclear y el gas como «esenciales» para la estabilidad. Por otro, están las energías renovables descentralizadas, más baratas, rápidas de implementar y con un mayor potencial democratizador. Al ignorar este choque, los informes permiten que los grandes actores económicos capturen los miles de millones en subsidios y fondos de transición, decidiendo «desde arriba hacia abajo» el destino energético sin debate ciudadano.
Este enfoque se agrava con la «securitización» 1 del clima. Al declarar el cambio climático una amenaza a la seguridad nacional, se abre la puerta a la lógica de la excepción. Bajo el pretexto de la urgencia, los gobiernos pueden centralizar decisiones, acelerar licencias, reducir la transparencia y marginar el desacuerdo democrático. La ciudadanía pasa de ser protagonista de un cambio que reordena su futuro a ser un mero sujeto pasivo que debe ser «protegido». Aplicado a la energía, el clima securitizado abre espacios para que ejecutivos nacionales y europeos adopten rápidamente decisiones sobre el mix energético, infraestructuras y subsidios, privilegiando tecnologías consideradas “firmes”, “estratégicas” y controlables institucionalmente. Las disputas energéticas se vuelven secundarias frente a la retórica de la estabilidad, favoreciendo tecnologías controlables institucionalmente frente a modelos participativos.
En ese contexto, el debate sobre nuclear, gas “de transición”, renovables masivas y captura de carbono se desplaza del campo político hacia el campo experto y tecnocrático, donde los criterios de seguridad de suministro, estabilidad de red y autonomía estratégica pesan tanto o más que los criterios de salud y justicia social. El marco salud–clima pone el foco en los efectos (contaminación, olas de calor, enfermedades) pero suele dejar menos espacio a la discusión abierta de las causas estructurales (estructuras de propiedad, poder de los incumbentes fósiles y nucleares, modelo productivo que demanda energía creciente).
Además, el relato dominante peca de una ceguera moral y política. Se centra en la oferta energética (qué tecnología produce electricidad) pero ignora la necesidad urgente de reducir la demanda energética estructural, cambiar los modelos de consumo y confrontar los intereses empresariales. Tampoco aborda el coste sanitario y ecológico oculto en el Sur Global, de donde provienen los minerales necesarios tanto para las renovables como para la nuclear.
En definitiva, el informe de la OMS acierta al visibilizar la gravedad de la crisis, pero se queda corto al no confrontar sus raíces. No basta con adaptar hospitales a las olas de calor mientras se mantiene intacto el modelo de acumulación que las provoca. La verdadera salud pública exige democratizar la energía, subordinar la economía a los límites del planeta y entender la transición no solo como una reducción de emisiones, sino como un profundo proceso de reparto de poder. El cambio climático es, sin duda, una amenaza sanitaria, pero precisamente por eso la respuesta no puede limitarse a una narrativa de seguridad que maquille quién manda en el sistema energético.
Como indica la ONG “ClimateAction Network (CAN) Europe”, un informe crítico sobre el consenso «salud-clima» debe plantear tres reformulaciones:
-Visibilizar el conflicto energético: Reconocer que la transición enfrenta proyectos de sociedad opuestos: nuclear centralizada y securitizada frente a renovables descentralizadas y democratizadoras; y mantenimiento del modelo productivista frente a la reducción de la demanda.
-Exigir transparencia en los subsidios: Pasar de las vagas promesas de «inversión responsable» a auditar concretamente quién recibe los fondos, bajo qué control ciudadano y con qué impacto real en salud y equidad.
-Incorporar la democracia energética: Debatir abiertamente quién decide y controla el mix energético y la infraestructura, evitando que la urgencia climática justifique decisiones tecnocráticas que excluyan a la ciudadanía.
Nota:
1 El concepto de securitización hace referencia a los actos de una autoridad considerada como legítima, que designa una amenaza a la que hay que responder con una actuación de emergencia, la opinión pública al aceptar y juzgar como válida la actuación, también aceptan implícitamente la imposibilidad de resolver el asunto con las políticas públicas
Referencias:
-Romanello, M., et al. (2024). The 2024 report of the Lancet Countdown on health and climate change: Facing record-breaking threats from delayed action. The Lancet.
-CalltoAction» 2026 “Marco de políticas para desarrollar resiliencia al cambio climático en los sistemas de salud en la Región Europea de la OMS”
Petri Rogero Anaya / J Luis Carpintero Avellaneda. Profesionales sanitarios jubilados y exprofesores de la UMA.
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