La guerra «contra el comunismo» ahora es «contra las drogas»

[Los hechos de Guatemala] muestran el malvado propósito del Kremlin de destruir el sistema interamericano. […] El régimen guatemalteco contaba con el apoyo total de la Rusia Soviética: así justificó el entonces director de la CIA Allen Dulles el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz. Bajo la ambigua, pero casi siempre efectiva cobertura de la amenaza «comunista» más de 60 mil guatemaltecos fueron asesinados durante más de 30 años de permanente guerra para sostener a las sucesivas dictaduras y reprimir a los movimientos revolucionarios. Cincuenta años después la historia sigue siendo la misma, simplemente los enemigos, al menos los declarados, son otros.

Un compromiso al «cash»

Acaba de terminar una visita de cuatro días a Washington D.C el Ministro de Defensa de Guatemala, General Francisco Bermúdez. Durante su paseo por las orillas del río Potomac, el militar incluyó en su agenda además de la reunión con el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, intercambios con el director del Colegio Interamericano de Defensa, Keith Huber, el jefe de Planes Estratégicos del Mando Sur de EE.UU., Víctor Renuart, y el secretario del Ejército, Francis Harvey.

De «muy productivo» calificó Bermúdez su diálogo con su homólogo estadounidense, de quien también obtuvo apoyo para que el Senado estadounidense elimine las restricciones a la ayuda militar específica, o donaciones, impuestas a Guatemala desde principios de la década de 1990.

Junto a los muy publicitados objetivos de la lucha contra las drogas, el terrorismo, las pandillas o «maras» y el contrabando humano también trascendieron las discusiones para la probable construcción de una base de la DEA en las selvas guatemaltecas.

El levantamiento de dicho enclave militar sería la materialización de un Centro Regional para la Coordinación de las Operaciones contra el narcotráfico en Centroamérica, «al que Rumsfeld dio su apoyo incondicional», declaró el propio General Bermúdez.

La visita del número uno entre la casta militar de Guatemala no puede separarse de la realizada por su predecesor, el General Carlos Aldana en octubre pasado. En esa ocasión se produjo una reunión entre los diferentes representantes de las instituciones armadas de la región, como siempre, convocados por su principal benefactor: el Pentágono.

«Seguridad y oportunidades económicas» fue el título del convite en el cual Guatemala fue la abanderada de crear una fuerza armada multinacional de mantenimiento de la paz para, argumentan, «promover la estabilidad política y prestar ayuda de emergencia a la población civil ante desastres naturales como los huracanes».

«Este es un momento único para América», declaró emocionado durante la reunión Rumsfeld, en lo que algunos analistas como Larry Birns del Council on Hemispheric Affairs (COHA), han calificado como una reactivación de la ayuda militar de Estados Unidos a los países centroamericanos y particular a Guatemala.

Hasta la fecha el Ejército de Estados Unidos ha levantado en el área centroamericana varias bases militares. En Honduras se establecieron en Soto Cano; en Liberia, Costa Rica y en El Salvador lo hicieron en Comalapa. De concretarse la nueva base en la selva guatemalteca los uniformados abrían completado su red enclaves fijos en la zona.

Supuestamente los Estados Unidos habían cortado toda ayuda al ejército guatemalteco a comienzos de los noventa cuando quedó al descubierto la participación de los militares de ese país en el asesinato del ciudadano norteamericano Michael Devine y en la tortura y posterior muerte de Efraín Bamaca. Este último hubiera sido uno más si no fuera porque, para desgracia de Washington, resultó estar casado con una fiscal estadounidense.

Jennifer Harbury denunció de mil maneras, incluyendo la huelga de hambre, el crimen contra su cónyuge. El escándalo fue tal que el Congreso ordenó el corte de toda la ayuda militar a Guatemala.

Sin embargo tal declaración no fue más allá de eso. Según afirma William Blum, mientras el gobierno de George Bush (padre) aparentaba indignación por la muerte de uno de sus nacionales, por otro lado ordenaba a la CIA entregar al gobierno de Guatemala un millón de dólares para «resarcir los daños causados». [i]

Cuando en marzo del 2005 Washington transfirió 3,2 millones de dólares para la modernización de las fuerzas de seguridad guatemaltecas la prensa lo reflejó como una supuesta reactivación de la colaboración militar bilateral. No obstante en 1996 la historia de la monja Diana Ortiz fue publicada por dos de los más importantes diarios de Estados Unidos: The New Cork Times y Los Angeles Times.

La religiosa relató cómo en 1989 fue quemada con cigarrillos, violada varias veces y hundida en un fosa llena de cadáveres. «Un hombre de piel clara que hablaba con acento norteamericano parecía estar al mando», dijo. Por esos tiempos el Comité de Inteligencia de la Cámara reveló que la orden para asesinar a William Blue y Efraín Bamaca había partido del coronel Julio Roberto Alpírez quien figuraba en la nómina de la CIA desde el tiempo suficiente para saber que la agencia conoció con antelación de su decisión de eliminar al exdueño de un hotel en el norte guatemalteco y al dirigente guerrillero.

Aprovechando las brechas en la legislación federal, las administraciones de Bush Sr y Clinton suministraron entre cinco y siete millones de dólares anuales para las instituciones armadas de Guatemala. Uno de los vehículos más utilizados fue la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) a través de la cual los fondos fluyeron como «ayuda para el desarrollo» o para etéreos proyectos de promoción de los derechos humanos patrocinados por el Ministerio de la Defensa Nacional Ejercito de Guatemala y su Departamento de Derechos Humanos.

En ningún momento el Pentágono dejó de estar informado de las estratagemas de los diferentes gobiernos de Guatemala para mejorar su imagen. De ello dan fe los documentos desclasificados en el 2000 al amparo de la Ley de la Libertad de la Información.

En un cable secreto remitido por la Agencia de Inteligencia de Defensa desde Ciudad Guatemala al Comando Sur de los Estados Unidos el 14 de Septiembre de 1995 [ii] , se afirma que en un esfuerzo por mejorar la imagen de derechos humanos de Guatemala, el Presidente Ramiro De León Carpio había anunciado que desmantelaría el sistema de 35 años de comisionados militares. Una estructura muy eficiente para garantizar «un flujo regular« de información de inteligencia sobre «insurgentes, sospechosos de ser simpatizantes de insurgentes, y actividades criminales».

En el propio documento, se informaba también que el ejército mantendría de manera secreta a los comisionados y sus funciones de apoyo bajo un nombre y estructura diferentes. De esta manera, la Dirección de Inteligencia (D-2) mantuvo en su nómina a los 25 mil «colaboradores» más importantes.

El nuevo sistema preservó la valiosa red de recolección codificada por los asesores norteamericanos como HUMINT [human source intelligence – inteligencia de fuente humana]. Una estructura clave para dar seguimiento a las actividades insurgentes», y al mismo tiempo permitió como afirmaba el texto «poder negar [su existencia] si surgieran denuncias de que se está manteniendo a los comisionados».

Con esta y otras triquiñuelas Estados Unidos se las arregló para garantizar el compromiso de las fuerzas armadas guatemaltecas con su estrategia de seguridad nacional, cuando a la opinión pública se le inundaban de condenas a los militares y gobiernos guatemaltecos por «violaciones de los derechos humanos» y estar «vinculados con el tráfico de drogas».

Solo un nuevo capítulo

Como denunció el año pasado el no gubernamental Centro de Estudios de Guatemala: «el Departamento de Defensa, para imponer la estrategia de la «Seguridad Continental» en toda América Latina, para enfrentar las amenazas del narcotráfico, el terrorismo y los delitos de carácter financiero, exige la transformación de los ejércitos en guardias nacionales». [iii]

Asistimos entonces no a un renacer de la ayuda militar de Estados Unidos a Guatemala. Simplemente ahora se hace de una manera pública. Ayer los fondos para la reparación de helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea, de buques guardacostas y de vehículos de movilización terrestre llegaban como dinero en efectivo. A partir de ahora se podrán emplear vías más cómodas siempre bajo el pretexto de usar al ejército en el combate del narcotráfico y el terrorismo.

En detrimento de las libertades individuales y de manera particular de la integridad de los movimientos sociales de izquierda se confirma la tendencia hacia la militarización y transnacionalización de los esfuerzos antidrogas.

Así, hoy la «guerra contra las drogas», como otrora lo hizo la «guerra contra el comunismo» facilita la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna, al amparo de una redefinición dudosa de la «seguridad continental», supuestamente amenazada por el narcotráfico y el terrorismo.