Hace poco más de un año esperaba la llegada del tren en la estación central de Copenhague, la capital de Dinamarca, para viajar a una ciudad cercana. En las paredes del enorme vestíbulo del edificio ondeaban al menos una veintena de grandes banderas ucranianas, alternando con las del país. La solidaridad con el pueblo y el gobierno que sufrían la grave agresión militar rusa, Hoy todavía en curso, era evidente. Una solidaridad que no estamos viendo ahora con el pueblo palestino, ni en las fachadas de los edificios oficiales europeos ni en la ayuda a la población de Gaza, que apenas llegará a ser pequeña parte de la que ha habido con los ciudadanos de la antigua república soviética. Se trata de la habitual doble vara de medir en función de quiénes son los agresores y quiénes los agredidos.
La mayoría de los gobiernos occidentales, con España entre las pocas excepciones, apoyan a Israel en esta terrible masacre. Es cierto que el estado hebreo sufre atentados terroristas desde hace años, algunos tan graves como los del pasado 7 de octubre, pero no cabe duda de que es Israel el que practica un verdadero genocidio desde hace décadas. Con esta nueva e injustificable agresión en Gaza, que ha causado ya más de 18.000 víctimas mortales y cerca de 50.000 heridos. Superando a los civiles que han perdido la vida en Ucrania en cerca de dos años de guerra. Superando también la trágica cifra de niños que han muerto en los conflictos de todo el mundo durante los últimos 24 meses, según fuentes cercanas a Human Rights Watch.
Por otra parte, y volviendo al conflicto entre Ucrania y Rusia, es bien conocido que el presidente ruso Vladimir Putin tiene una orden internacional de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por acusaciones de desplazamiento forzoso de ciudadanos de las zonas en guerra, entre ellos numerosos menores de edad, lo cual le impide viajar a muchos países. La Corte penal tiene también una investigación abierta por los presuntos crímenes de guerra cometidos a partir de junio del año 2014 en Palestina, ya sea por el ejército israelí o por Hamás. Benjamin Netanyahu ya era entonces su primer ministro pero, nueve años después de los hechos, la investigación avanza muy lentamente y parece que estamos lejos de que se emita ninguna orden de detención. Quién sabe hasta qué punto influyen las advertencias o amenazas contra la CPI del propio estado israelí, con el habitual apoyo de Estados Unidos (EEUU).
Lamentablemente y según una reciente encuesta, a la gran mayoría de la población de Israel le preocupa muy poco el sufrimiento de los palestinos. La represión histórica por parte de los distintos gobiernos sionistas desde 1947, incluidos los del Partido Laborista (Ha’Avoda), como fue el caso de Golda Meier, ha tenido siempre un amplísimo apoyo de la ciudadanía hebrea. La composición actual del Parlamento del país, la Knesset, va en la misma línea. De los 120 diputados de la asamblea, ni siquiera los laboristas cuestionan las criminales acciones del gobierno de Netanyahu, aunque en teoría defiendan la solución de ambos estados. Sólo los representantes de la Lista Árabe Unida (Ra’am) y del izquierdista Frente Democrático por la Paz y la Igualdad (Hadash), también de mayoría árabe, defienden a los palestinos. El problema no es, pues, la extrema derecha, es el estado de Israel como tal el que quiere reducir el territorio palestino a un gueto de Gaza cada vez más minúsculo y unas cuantas «reservas» dispersas por Cisjordania y cada vez más controladas militarmente y atacadas por los colonos hebreos, siguiendo el modelo de los bantustanes de Sudáfrica en la época del apartheid.
El no reconocimiento del estado de Palestina por parte de la mayoría de los estados occidentales más poderosos (europeos y anglosajones básicamente) no ayuda en nada a la resolución del conflicto. Aunque países europeos con menos peso político como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Chipre y Malta (desde 2008, antes de su integración en la UE) y Suecia (desde 2014), tengan reconocida a Palestina, ni el Reino Unido, ni Alemania, Francia o Italia han dado el paso ni tienen previsto hacerlo. Con el nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, España debería ser el décimo estado en hacer oficial su reconocimiento, sin esperar a que haya consenso en el seno de la Unión Europea. Lamentablemente, incluso la supuesta neutralidad en el conflicto juega en contra del pueblo palestino, porque cada vez se hace más difícil la posibilidad material de una Palestina independiente, geográficamente homogénea y con cierta continuidad territorial.
Mientras tanto, Estados Unidos sigue bloqueando, como uno de los países con derecho de veto, cualquier resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en favor de un alto el juego en Gaza, con la abstención del Reino Unido y el voto favorable de los otros trece miembros. Una resolución similar a la que, sin carácter vinculante, se ha aprobado en la Asamblea General de la propia ONU, con 153 votos a favor, 23 abstenciones, entre ellas unos cuantos países europeos, y 10 votos en contra por parte de Israel, los EEUU y sus cada vez más exiguos aliados en este conflicto.
Algunos tachan de antisemitas a los que denunciamos los crímenes del estado israelí pero, como dice Ilan Pappé, historiador hebreo residente en Reino Unido, Israel y sus partidarios equiparan el antisionismo y el antisemitismo para intentar silenciarlos por igual, cuando deberían reconocer que el sionismo es una ideología colonial y racista que nada tiene que ver con los movimientos de liberación.
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