Israel utilizó armamento fabricado por la empresa Boeing con sede en Chicago para destruir torres residenciales en Gaza el pasado mayo, masacrando a las familias en sus hogares, según confirma un nuevo informe del Observatorio de Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW). La documentación incluida en dicha investigación de HRW es valiosa y necesaria y servirá para quienes quieren pinchar la burbuja de impunidad de Israel y prevenir el siguiente baño de sangre en Gaza.
Pero la equiparación que realiza el grupo de los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel y los grupos armados palestinos en Gaza perpetúa el mito de la paridad entre un Estado colonizador y el pueblo sometido.
El grupo con sede en Nueva York declaró “haber investigado tres ataques israelíes que mataron a 62 civiles palestinos aunque no existían pruebas de objetivos militares en la vecindad”. El testimonio de los supervivientes y los testigos de esos ataques israelíes es desgarrador.
Algunos padres describen cómo recuperaron los cuerpos destrozados de sus hijos. El único superviviente de un ataque relata como toda su familia fue aniquilada sin previo aviso en cuestión de segundos. Las personas entrevistadas por Human Rights Watch niegan las afirmaciones de Israel respecto a que existiera actividad militante alguna en las cercanías de los objetivos cuando se produjeron los tres ataques investigados por el grupo.
Entre estos ataques está el bombardeo de la calle al-Wihda en el centro de la ciudad de Gaza el 16 de mayo, en el que murieron 44 civiles, incluyendo 18 niños. Entre las víctimas se encontraban 22 miembros de la familia al-Qawlaq, el menor de 6 meses y el más anciano de 90 años. Israel afirmó que su objetivo era un centro de mando subterráneo pero admitió “no conocer su tamaño o su localización exacta cuando se efectuó el ataque”, según HRW.
El grupo añade que Israel no ha demostrado “la existencia de túneles o de un centro de mando subterráneo en esta vecindad”. Tampoco ha explicado por qué no avisó a los residentes para que evacuaran sus hogares antes de lanzar el mortal ataque. “Human Rights Watch no ha encontrado ninguna evidencia de objetivos militares en el lugar en que se produjeron los ataques aéreos o en sus proximidades, ni túneles ni centro de mando subterráneo alguno bajo la calle al-Widha o los edificios cercanos”, afirma el grupo.
Israel utilizó bombas de 1.000 kilogramos de la serie GBU-31 equipadas con el kit de Munición de Ataque Directo Conjunto en los bombardeos de la calle al-Widha. Según HRW Israel utilizó asimismo armamento construido por Boeing y exportado por EE.UU. en el ataque aéreo del 15 de mayo sobre el campo de refugiados de la playa de la ciudad de Gaza, en el que murieron dos mujeres y ocho de sus hijos.
Amnistía Internacional ha reclamado un “embargo total de venta de armas a Israel” y ha urgido a los Estados a suspender inmediatamente toda transferencia de armamento y equipo militar. También ha solicitado que se impongan las mismas medidas a los grupos armados palestinos, aunque ni Estados Unidos ni cualquiera de los estados europeos que arman a Israel suministran armas a las organizaciones de la resistencia palestina.
Human Rights Watch, por su parte, ha adoptado una postura más tímida.
“Los socios de Israel”, incluyendo a Estados Unidos, deberían “condicionar la futura asistencia militar a Israel” a que este mejore “su cumplimiento de las leyes de la guerra y las leyes de derechos humanos, y que investigue sus abusos del pasado”, afirma el grupo. Teniendo en cuenta la envergadura de los crímenes documentados por el grupo, es desconcertante que Human Rights Watch no solicite un embargo total de armas a Israel, como ha hecho con otros países como Etiopía, Myanmar, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Siria y Emiratos Árabes Unidos.
En su informe sobre Gaza, Human Rights Watch no solicita sanciones a Israel, tal y como ha hecho en muchos de los casos mencionados. Sin embargo, recientemente solicitó sanciones contra las autoridades libanesas responsables de la explosión de Beirut que mató a 218 personas el pasado agosto.
En un nuevo informe sobre dicha explosión, Lama Fakih, director de programas del grupo de derechos humanos, afirma que “a pesar de la devastación causada por la explosión, las autoridades libanesas continúan prefiriendo la vía de la evasión y la impunidad en lugar de la de la justicia y la verdad”.
Desde luego que lo mismo es aplicable a Israel, donde B’Tselem, un destacado grupo de derechos humanos del país, considera que su mecanismo interno de investigación militar es una “hoja de parra” para ocultar la ocupación.
Pero Human Rights Watch no solicita sanciones específicas contra los oficiales israelíes, como hace con sus homólogos libaneses, aunque reconoce “el prolongado historial de investigaciones fallidas sobre crímenes de guerra” cometidos en Gaza. (Los grupos armados palestinos que actúan en Gaza ya están sometidos a sanciones al ser considerados organizaciones terroristas por muchos países).
“El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debería autorizar inmediatamente una investigación y los países deberían imponer sanciones específicas contra los implicados en los continuos abusos y las continuas iniciativas para impedir que se imparta justicia”, afirma Fakih con respecto al Líbano.
En su informe sobre crímenes de guerra en Gaza, HRW menciona la comisión de investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos a finales de mayo para indagar la represión israelí contra los palestinos en su conjunto. HRW incentiva un examen no solo de los “ataques ilegales” de Israel y los grupos armados palestinos en mayo, sino también del “contexto general” del “tratamiento discriminatorio de los palestinos”.
El grupo de derechos humanos solicitó sanciones específicas en el informe sobre el apartheid israelí que publicó con anterioridad este mismo año. ¿Por qué no solicita medidas inmediatas para intentar prevenir el siguiente episodio de derramamiento de sangre en Gaza? Alrededor de 260 palestinos cayeron víctimas de los ataques israelíes del pasado mes de mayo, la mitad de los cuales, al menos, eran civiles. Varios palestinos murieron también a causa de los cohetes disparados en Gaza que cayeron antes de atravesar la frontera israelí.
En Israel doce personas murieron a causa de los cohetes lanzados desde Gaza durante los once días de recrudecimiento de la violencia. Tres de ellos eran trabajadores extranjeros, dos eran niños y uno un soldado. Human Rights Watch concluye diciendo que “el ejército israelí y los grupos armados palestinos lanzaron ataques… que violaron las leyes de guerra y en apariencia suponen crímenes de guerra”.
El grupo, que señala que Israel niega el acceso a Gaza a su personal internacional, dice que “publicará por separado sus averiguaciones sobre los ataques con cohetes de los grupos palestinos armados”. Afirma asimismo que las violaciones israelíes y palestinas deberían ser investigadas por la Corte Penal Internacional (CPI), que inició una investigación sobre crímenes de guerra en Cisjordania y la Franja de Gaza anteriormente este mismo año.
La CPI defiere a las investigaciones internas del país investigado, en caso de que existan y sean legítimas, según el principio de complementariedad, según el cual “los Estados tienen la primacía en cuanto a la responsabilidad y el derecho a perseguir los crímenes internacionales”.
“Las autoridades palestinas y el ejército israelí tienen un largo historial de fracasos a la hora de investigar las violaciones de guerra cometidas en o desde Gaza “, afirma HRW. Su informe cita a Gerry Simpson, un representante de la propia organización que afirma que “las autoridades israelíes y palestinas han mostrado poco o ningún interés en abordar los abusos de sus fuerzas respectivas”. Simpson añade que “las instituciones judiciales globales y nacionales deberían dar un paso al frente para romper el círculo vicioso de ataques ilegales e impunidad por los crímenes de guerra”.
Falsa paridad
La formulación que realiza HRW da a entender que Israel y los grupos de la resistencia palestina en Gaza son igualmente responsables de los crímenes de guerra y que la gravedad y el alcance de sus presuntos crímenes son similares. Traza una falsa paridad entre una potencia colonial con uno de los arsenales más poderosos del mundo por un lado, y unos guerrilleros sin Estado que viven en un territorio sitiado y repetidamente maltrecho, por el otro.
Los grupos armados de Gaza carecen de la capacidad para desarrollar armamento de precisión como el que utiliza Israel para atacar infraestructura civil. Human Right Watch critica a los grupos de Gaza por “lanzar cohetes y morteros no guiados hacia centros de población, lo que viola la prohibición de realizar ataques deliberados o indiscriminados contra civiles”.
Pero la ONG de derechos humanos no fundamenta la afirmación implícita de que la resistencia palestina dirige sus cohetes contra centros de población y no contra objetivos militares, como observa la escritora Helena Cobban. Un video publicado por las Brigadas Qassam, el brazo armado de Hamás, muestra cómo los luchadores palestinos apuntan a un jeep militar israelí. Un soldado israelí murió como resultado de un misil antitanque disparado desde Gaza.
Human Rights Watch afirma repetidamente que los grupos palestinos dispararon cohetes hacia “centros de población” israelí. Pero el informe no utiliza esa misma frase cuando se refiere al fuego israelí sobre Gaza, uno de los lugares con mayor densidad de población del mundo. Según HRW “al carecer de un sistema de guía, los cohetes suponen un fuego indiscriminado cuando se dirigen hacia zonas con presencia de civiles”.
Es difícil de comprender por qué no se aplica la misma lógica a las bombas de 1.000 kilos arrojadas por Israel sobre cualquier lugar de la superpoblada Gaza. Según dicho razonamiento, cualquier ataque israelí contra Gaza estaría dirigido contra “centros de población” palestinos. Lo mismo podría decirse de los proyectiles de artillería de 155 mm. Israel lanzó cientos de dichos proyectiles sobre Gaza en mayo, al igual que había hecho en los ataques anteriores a dicho territorio. La precisión de ese tipo de ataques no es absoluta y los proyectiles de mortero pueden caer en un radio de varios cientos de metros en torno al pretendido objetivo.
Ese mismo argumento fue utilizado por Human Rights Watch en su informe de 2007 titulado “Fuego Indiscriminado”. En él se afirma que el “radio letal supuesto” para los proyectiles de 155 mm altamente explosivos que Israel utiliza regularmente para atacar Gaza “está entre los 50 y los 150 metros y el supuesto radio de víctimas está entre 100 y 300 metros”.
“Con independencia de la legitimidad del objetivo teórico, la precisión limitada de los obuses de 155 mm., que los abogados [del ejército israelí] reconocen en entrevistas con HRW, pone en peligro la vida de los civiles”, afirma el citado informe de 2007.
No obstante, HRW no reconoce en su informe sobre los ataques israelíes contra Gaza de mayo la naturaleza inherentemente indiscriminada del armamento utilizado por Israel, lo que supone un flagrante doble rasero.
“Seguridad”
Los palestinos carecen de un sistema avanzado de defensa como el que utiliza Israel para interceptar los cohetes lanzados desde Gaza. El New York Times informó de que la mayor parte de los cohetes disparados en mayo fueron derribados por el sistema de detección de misiles israelí o cayeron en zonas despobladas. Los palestinos, por el contrario, no tienen ningún sistema para interceptar las bombas anti-búnker capaces de reducir torres de apartamentos a escombros, al igual que no tienen ningún sistema de defensa frente al fuego de artillería indiscriminado de Israel.
Es ridículo comparar la capacidad de Israel frente a la de los grupos armados palestinos y, por tanto, es absurdo equiparar sus implicaciones sobre los derechos humanos.
Yahya Sinwar, el líder de Hamás en Gaza, declaró a Vice News en mayo que los palestinos no utilizan cohetes no guiados por voluntad propia. “Israel, poseedor de un completo arsenal de armamento y de equipos y aviación de última generación bombardea deliberadamente a nuestras mujeres y nuestros hijos, a propósito”, afirmó. “No se puede comparar eso con quienes resisten y se defienden con armas comparativamente primitivas. Si tuviéramos la capacidad de lanzar misiles de precisión contra objetivos militares, no habríamos utilizado los cohetes que utilizamos”.
Es poco probable que los próximos informes de HRW sobre los cohetes utilizados por los grupos palestinos vayan a recomendar que EE.UU. y la Unión Europea proporcionen armas de precisión a los palestinos, al igual que hacen con Israel. Tampoco es probable que HRW sugiera a los “socios” de los grupos armados de Gaza que condicionen su “asistencia en materia de seguridad” al cumplimiento de las leyes internacionales como hace con Israel.
Es poco probable que HRW dé por hecho la “asistencia en materia de seguridad” a los palestinos que viven bajo la bota de la ocupación militar, como hacen las potencias mundiales que arman al ejército israelí. El mero hecho de la utilización del término “asistencia en materia de seguridad” con respecto al genocidio progresivo que se comete en Gaza revela el prejuicio inherente de Human Rights Watch.
La ONG vuelve a utilizar ese lenguaje eufemístico cuando se refiere a las “fuerzas de seguridad israelíes” en Jerusalén Este. “Fuerzas de seguridad” es un término absolutamente inapropiado para el personal encargado de reprimir las protestas y hacer cumplir la ley discriminatoria e ilegalmente aplicada de Israel en territorio ocupado, para que los palestinos puedan ser expulsados y sustituidos por colonos judíos.
HRW no emplea el término “seguridad” cuando habla de los grupos armadas en Gaza, el hogar de dos millones de palestinos que carecen de Estado, dos terceras partes de los cuales son refugiados. Israel les niega el derecho a retornar a su país natal, un derecho consagrado en el derecho internacional pero que se ha negado durante décadas a los palestinos. En su próximo informe sobre el lanzamiento de cohetes desde Gaza, es poco probable que HRW aconseje cómo defenderse a los refugiados carentes de Estado si no se exige ninguna medida de rendición de cuentas a Israel.
Falsa equivalencia moral
No cabe duda de que el lanzamiento de cohetes desde Gaza –carentes de precisión debido a las limitaciones tecnológicas, comerciales y de fabricación resultado de décadas de reversión del desarrollo bajo la ocupación militar y las sanciones israelíes respaldadas por Occidente– ha causado la pérdida de vidas humanas, aunque a una escala muy inferior que la infligida por Israel con sus armas supuestamente “precisas”.
Según la vara de medir del derecho internacional, ese lanzamiento de cohetes bien puede considerarse un crimen de guerra.
Sin embargo, la equiparación de una potencia militar que posee armamento nuclear y de sus sometidos súbditos coloniales es paralela al paradigma de las engañosas y nocivas negociaciones bilaterales de “paz” impuestas a los palestinos durante decenios, para beneficio exclusivo de Israel.
Durante ese periodo los palestinos han visto cómo se deterioraban sus condiciones materiales de vida y cómo sus tierras eran devoradas por los asentamientos israelíes en clara violación de los principios del derecho internacional.
Hay que reconocer que Human Right Watch ha abogado recientemente por un acercamiento al conflicto basado en los derechos humanos y la asunción de responsabilidades en lugar de en el agónico “proceso de paz”, al cual se agarran todavía las potencias mundiales. La ONG de derechos humanos ha reconocido que el propósito del “control judío-israelí sobre la demografía, el poder político y la tierra lleva tiempo guiando las políticas del gobierno [israelí]”.
En ciertos casos, según HRW, las violaciones israelíes de los derechos palestinos en busca de dicho objetivo “son tan graves que equivalen a los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución”. El grupo menciona brevemente este contexto en su informe sobre los presuntos crímenes de guerra perpetrados por Israel y los grupos armados palestinos en mayo. Pero insiste en hablar continuamente de “ambos lados”, a pesar de la desigual cifra de víctimas y nivel de destrucción, por no mencionar la enorme disparidad de potencia de fuego.
Esto sugiere una equivalencia moral entre la resistencia de un pueblo sitiado que vive bajo la ocupación y una potencia colonizadora que busca la rendición absoluta de los derechos de sus ciudadanos y de los originales habitantes de la tierra.
Las tácticas de los grupos palestinos no deben ser ignoradas. Pero los que son desiguales no deberían ser tratados como iguales, por utilizar una expresión del académico internacional en leyes Richard Falk. Tras el ataque israelí de 51 días a Gaza en 2014, Falk escribió que “el impacto fundamental… fue dejar a Gaza sangrando y devastada, mientras que Israel soportó mínimos daños y un impacto infinitamente menos destructivo en su orden social”.
Entonces, al igual que ahora, “los daños en Israel fueron reparados casi de inmediato. Israel, por el contrario, se niega a que entren en Gaza suficientes materiales para su reconstrucción, lo que ha dejado una parte sustancial de la Franja en ruinas, mientras muchos de sus habitantes continúan careciendo de un refugio adecuado, sin hogar y comprensiblemente traumatizados”.
Human Rights Watch recalca su crítica a ambas partes para evitar acusaciones de antisemitismo y de prejuicios anti-israelíes. De hecho, Israel lleva tiempo intentando socavar el trabajo del grupo negándole el acceso a Gaza, llegando a deportar al director de su oficina en Jerusalén.
Como observó Jonathan Cook, en un artículo publicado en 2006 en The Electronic Intifada, “el enfoque de los `dos lados´ supone un pacto con el diablo: consigue un equilibrio que protege de las críticas pero a costa de sacrificar los principios de equidad y justicia”. La falta absoluta de equidad y justicia crea las condiciones para los presuntos crímenes de guerra condenados por Human Rights Watch. El esquema de “los dos lados” no es aplicable y nunca lo fue.
Ali Abunimah contribuyó a la investigación.
Maureen Clare Murphy es editora jefe de The Electronic Intifada.
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