El Consejo de Seguridad de la ONU adopta su resolución 2803 el 17 de noviembre de 2025 para aprobar el “Plan de paz” para Gaza del presidente Donald Trump.
Tras más de dos años de genocidio en Palestina, el Consejo de Seguridad de la ONU ha actuado finalmente. Pero en lugar de hacer cumplir el derecho internacional, proteger a las víctimas y exigir responsabilidades a los autores, ha adoptado una resolución que infringe abiertamente disposiciones fundamentales del derecho internacional, excluye del poder y castiga aún más a las víctimas, y recompensa y empodera a los autores.
Lo más inquietante es que entrega el control de Gaza y de los supervivientes de las masacres a Estados Unidos, copartícipe del genocidio, y prevé la participación del régimen israelí en la toma de decisiones. Según el plan, a los propios palestinos no se les concederá ninguna participación en las decisiones sobre sus propios derechos, su gobernanza y sus vidas.
Al adoptar esta resolución, el Consejo se ha convertido, de hecho, en un mecanismo de opresión de Estados Unidos, un instrumento para la ocupación ilegal continuada de Palestina y un actor cómplice del genocidio de Israel.
Desde que la ONU dividió Palestina en 1947 contra la voluntad del pueblo indígena, sentando las bases para 80 años de Nakba, la ONU no había actuado de una manera tan descaradamente colonial (y legalmente ultra vires1) ni pisoteado tan imprudentemente los derechos de un pueblo.
Una resolución infernal
El lunes 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una propuesta de Estados Unidos para entregar el control de Gaza a un organismo colonial dirigido por Estados Unidos llamado “Junta de Paz”, al tiempo que se despliega una fuerza de ocupación delegada, también dirigida por Estados Unidos, llamada ”Fuerza Internacional de Estabilización”. Ambas responderán, en última instancia, al propio Donald Trump. Y ambas funcionarán en consulta con el régimen israelí.
En lo que será recordado durante mucho tiempo como un día vergonzoso para la ONU, Rusia y China se abstuvieron pero no utilizaron su derecho a veto, y ningún miembro del Consejo de Seguridad tuvo el valor, los principios o el respeto por el derecho internacional para votar en contra de lo que solo puede considerarse una atrocidad colonialista de Estados Unidos, una ratificación del genocidio y una flagrante renuncia a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
La resolución rechaza implícitamente una serie de conclusiones recientes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), niega abiertamente el derecho de los palestinos a la autodeterminación y refuerza la impunidad del régimen israelí, incluso mientras continúa el genocidio.
A pesar de que la Corte ha determinado que el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación en su territorio, la resolución le despoja de ese derecho y faculta a fuerzas extranjeras hostiles para gobernarlo.
A pesar de que la Corte ha determinado que Gaza (así como Cisjordania y Jerusalén Este) está ocupada ilegalmente y que la ocupación debe terminar rápida y completamente, la resolución prolonga la ocupación israelí, respalda la presencia indefinida de las tropas del régimen israelí y le añade una segunda ocupación liderada por Estados Unidos.
Y a pesar de que la Corte ha determinado que los palestinos no tienen por qué negociar sus derechos con sus opresores, y que ningún acuerdo o proceso político puede prevalecer sobre esos derechos, la resolución anula esos derechos y los somete a la discreción de Estados Unidos y sus socios israelíes y otros.
Incluso en medio de un genocidio perpetrado por un régimen de apartheid, en ninguna parte de la resolución se mencionan los crímenes de genocidio, apartheid o colonización, los miles de palestinos que siguen recluidos en campos de tortura y exterminio israelíes, ni los principios de responsabilidad de los autores o la reparación para las víctimas.
Tampoco se exige a Israel que cumpla con sus obligaciones legales de indemnización y reparación, sino que se transfiere dicha responsabilidad a los donantes internacionales y a las instituciones financieras internacionales, lo que equivale a un rescate multimillonario del régimen israelí. En resumen, la resolución garantiza la total impunidad del régimen israelí, además de promover su normalización.
Una administración colonial
La resolución incluso acoge con satisfacción, respalda y se adhiere al ampliamente desacreditado plan de Trump (versión del 29 de septiembre) y, aunque no cita todas sus disposiciones problemáticas, insta a todas las partes a que lo apliquen en su totalidad.
Da poderes a la Junta de Paz presidida por Trump para que actúe como administración de transición en el gobierno de toda Gaza, controle todos los servicios y la ayuda, así como el movimiento de personas dentro y fuera de la Franja, y controle el marco, la financiación y la reconstrucción de Gaza, incluyendo la autorización, formulada de manera peligrosamente amplia, de “cualquier otra tarea que pudiera ser necesaria”. Además, concede a la Junta de Trump la autoridad previa para establecer “entidades operativas” y “autoridades transaccionales” indefinidas, a su propia conveniencia.
La resolución incluso prevé un organismo colaboracionista de tecnócratas palestinos que reciban órdenes y rindan cuentas a la Junta de Paz de Trump, en su propio territorio. En clara violación del derecho internacional, rechaza el control palestino de su propio territorio en Gaza hasta que Trump y sus colaboradores decidan que la Autoridad Palestina ha cumplido los requisitos de reforma establecidos por el propio Trump y por la igualmente odiosa “Propuesta franco-saudí”. Y no contiene ninguna promesa de independencia o soberanía palestina.
En cambio, en contradicción directa con las conclusiones de la CIJ, retrasa la causa de la libertad y la autodeterminación palestinas empleando una redacción vaga, hipercualificada y evasiva que dice que, después de que los organismos dirigidos por Trump decidan que los palestinos han cumplido criterios indefinidos de “reforma y desarrollo”, “podrían darsefinalmente las condiciones para una vía plausible hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”.
Y cualquier atisbo de esperanza de progreso que quedara en esas condiciones se ve finalmente frustrado con la disposición de gracia que establece que cualquier proceso hacia esos fines debe ser controlado por los propios Estados Unidos. En otras palabras: el Consejo de Seguridad de la ONU ha concedido el veto sobre la autodeterminación palestina a los Estados Unidos, principal patrocinador del régimen israelí y coautor del genocidio.
La resolución ni siquiera ofrece la esperanza de que termine la privación y miseria sistemáticas del pueblo palestino en Gaza. Si bien la CIJ ha declarado que deben cesar las restricciones a la ayuda, la resolución solo “subraya la importancia” de la ayuda humanitaria. No exige su afluencia y distribución sin restricciones.
Una fuerza de ocupación delegada
La resolución también establece que una fuerza armada de ocupación, denominada “Fuerza Internacional de Estabilización”, opere bajo la Junta de Paz presidida por Trump. Esta fuerza tendrá un mando aprobado por dicha Junta y operará explícitamente en colaboración con Israel, el autor del genocidio (así como con Egipto).
Sus miembros serán identificados “en colaboración con” el régimen israelí, y trabajarán con este para controlar a los palestinos supervivientes en Gaza.
Se le encomendará la tarea de asegurar las fronteras (es decir, encerrar a los palestinos), estabilizar el entorno de seguridad de Gaza (es decir, reprimir cualquier resistencia a la ocupación, el apartheid o el genocidio), desmilitarizar Gaza (pero no el régimen israelí), destruir las capacidades de defensa militar de Gaza (pero no las de Israel), destruir las armas de la resistencia palestina (pero no las del régimen israelí), entrenar a la policía palestina (para controlar al pueblo palestino dentro de Gaza) y trabajar para los (nefastos) objetivos del “Plan Integral” (de Trump).
La fuerza también tendrá el mandato de “proteger a los civiles” y prestar asistencia humanitaria, en la medida en que Estados Unidos lo permita (o esté dispuesto a hacerlo). Pero a estas alturas debería ser evidente que una fuerza de este tipo, que va a colaborar con Israel, no haría nada para oponerse a la agresión israelí y a los ataques contra la población civil.
Y deberá “supervisar el alto el fuego”, un alto el fuego (garantizado por Estados Unidos) que ha permitido ataques israelíes diarios contra Gaza desde que se declaró (asesinado a cientos de personas y causando una destrucción masiva de infraestructura civil), pero que no tolera ninguna represalia por parte de la resistencia palestina. Es de suponer que cualquier supervisión del alto el fuego por parte de dicha fuerza se centrará principalmente en el lado palestino, y no en el régimen israelí como potencia ocupante.
En otras palabras, la misión de esta fuerza de ocupación delegada es controlar, contener y desarmar a la población víctima del genocidio, no al régimen que lo perpetra, y garantizar la seguridad no de las víctimas del genocidio, sino de sus perpetradores.
En otra impresionante violación del derecho internacional, la resolución autoriza a las fuerzas del régimen israelí a seguir ocupando (ilegalmente) Gaza hasta que la Junta de Paz liderada por Estados Unidos y las fuerzas del régimen israelí decidan conjuntamente lo contrario. Y, en cualquier caso, la resolución establece que las “Fuerzas de Defensa” de Israel pueden permanecer en Gaza para ocupar un “perímetro de seguridad” de forma indefinida.
Por último, tanto a la Junta de Paz colonial como a su “fuerza de ocupación delegada” se les concede un mandato de dos años y la posibilidad de prorrogarlo en consulta con Israel (y Egipto), pero no con Palestina.
La locura de los colonizadores
Huelga decir que esta resolución ha sido rechazada por la sociedad civil palestina, casi todas las facciones políticas y de resistencia palestinas, y defensores de los derechos humanos y expertos en derecho internacional de todo el mundo.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la ocupación de Palestina es ilegal, el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación y a resistir a la ocupación extranjera, la dominación colonial y los regímenes racistas como Israel. Esta resolución no solo pretende negar estos derechos, sino que llega incluso a reforzar la presencia ilegal de Israel y a autorizar sus propios mecanismos de ocupación extranjera y dominación colonial.
Es más, el Consejo de Seguridad deriva todos sus poderes de la Carta de las Naciones Unidas. Esa Carta, como tratado, forma parte del derecho internacional, no está por encima de él. Como tal, el Consejo está obligado por las normas del derecho internacional, especialmente las más importantes, las denominadas normas jus cogens2 y erga omnes3, como la autodeterminación y la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza. Su flagrante desprecio por las conclusiones de la CIJ sobre estas cuestiones revela hasta qué punto muchos de los términos de esta resolución son, de hecho, ilegales y ultra vires1 (van más allá de la autoridad del Consejo).
Como tal, las ramificaciones de esta acción deshonesta del Consejo de Seguridad de la ONU tendrán implicaciones mucho más allá de Palestina. El Consejo de Seguridad de la ONU, si no está limitado por el derecho internacional, se convierte en un peligroso instrumento de represión e injusticia. Esto es precisamente lo que hemos presenciado en este caso, ya que el Consejo ha ignorado el derecho internacional y, en la práctica, ha puesto a los supervivientes de Gaza en manos de los coautores del genocidio.
Y los seguidores de las resoluciones del Consejo sabrán muy bien que el veto se ha utilizado repetidamente en el Consejo para negar los derechos de los palestinos. En este caso, cuando podría haberse utilizado para proteger sus derechos, el veto ha brillado por su ausencia. En un minuto de votación el Consejo de Seguridad ha perdido toda su legitimidad.
Un camino por recorrer
El intento de Estados Unidos de imponer una forma de colonialismo del siglo XIX al sufrido pueblo palestino de Gaza, al igual que el plan colonial franco-saudí que lo precedió, está condenado al fracaso. Estos planes son defectuosos desde el principio, ya que pretenden imponer resultados sin legalidad (según el derecho internacional), sin legitimidad (al excluir a los palestinos) y sin ninguna esperanza práctica de éxito (dado su rechazo casi universal tanto en Palestina como en todo el mundo).
Es posible que Estados Unidos pueda amenazar y sobornar a suficientes Estados para que lo apoyen en una votación de la ONU, pero conseguir suficientes tropas y personal de apoyo para aplicar la resolución sobre el terreno, en contra de la voluntad del pueblo indígena, puede ser otra cuestión. Y mantener el apoyo cuando el plan (inevitablemente) comience a desmoronarse será aún más difícil.
Mientras tanto, para aquellos comprometidos con la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho, la tarea es clara. Hay que oponerse a este plan en todas las capitales y en todos los contextos. Hay que presionar a los gobiernos para que pongan fin a su complicidad con los abusos israelíes, los excesos estadounidenses y este atroz plan colonial. Hay que aislar al régimen israelí. Hay que redoblar los esfuerzos de boicot, desinversión y sanciones [campaña BDS]. Debe imponerse un embargo militar, de combustible y de tecnología. Los responsables israelíes deben enfrentarse a procesos judiciales en todos los tribunales disponibles. Y las calles deben resonar con el justo clamor de millones de personas por la libertad palestina a través de manifestaciones, huelgas, desobediencia civil y acciones directas.
Y cuando este castillo de naipes colonial se derrumbe le sustituirá otra solución más justa. Si la mayoría global deja de arrodillarse ante el emperador y afirma su poder colectivo, actuando bajo el mecanismo de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Unidos por la Paz” para eludir el veto de Estados Unidos, adopta medidas de rendición de cuentas para aislar y castigar al régimen israelí y despliega una protección real para Palestina, entonces la ONU podrá seguir luchando un día más. Si no es así, es casi seguro que se marchitará y morirá víctima de sus propias heridas, ninguna más profunda que la vergonzosa resolución del 17 de noviembre de 2025.
Notas del traductor:
(1)Expresión latina referida al acto o la circunstancia en que un organismo o un tribunal internacional han sobrepasado el marco de actuación de su tratado constitutivo, infringiendo el principio de atribución de competencias.
(2) Jus cogens es una expresión latina empleada en el ámbito del derecho internacional para hacer referencia a aquellas normas de derecho imperativo que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. Con el jus cogens se pretende amparar los intereses colectivos fundamentales del grupo social, por lo que se explica que esta clase de normas se encuentren en una posición jerárquica superior con respecto al resto de disposiciones del ordenamiento.
(3)Expresión latina que significa contra todos o referente a todos. En el ámbito jurídico designa aquellos derechos cuya eficacia y reconocimiento se producen a favor de todos (p.ej. los derechos reales), en contraposición a los derechos cuya eficacia sólo afecta a persona o personas determinadas (derechos personales).
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