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La paz en Palestina no se alcanzará con demoliciones ilegales

Fuentes: Al Jazeera

Las iniciativas de normalización regional no tendrán éxito hasta que Israel no acabe con su política de “desplazar y substituir” a los palestinos.
Traducción del inglés para Rebelión de Loles Oliván Hijós

Theodor Herzl, padre fundador de la ideología sionista de Israel, dijo una vez: “Si quiero substituir un edificio viejo por uno nuevo, tengo que demolerlo antes de construir”.

El paradigma colonial de desplazamiento y sustitución de Herzl encuentra hoy uno de sus ejemplos en la demolición generalizada y sostenida de las viviendas en Wadi Hummus, un barrio del sudeste de Jerusalén supuestamente bajo control de la Autoridad Palestina (AP), o en la amenaza de demolición de 52 escuelas de Cisjordania, como la escuela primaria de Ras al Tin, cerca de Ramala. Hace poco, las excavadoras del ejército israelí han demolido la aldea palestina de Jirbet Humsa dejando sin hogar a 74 personas, entre ellas 41 menores de edad.

Esas operaciones violan las cláusulas de los Acuerdos de Oslo firmados entre Israel y la Organización para Liberación de Palestina (OLP) en 1993 y 1995. Igualmente conculcan un sistema de derecho internacional fundado en el período de la descolonización –muy diferente al de la época de expolio del imperialismo europeo en que vivió Herzl– que prohíbe estrictamente las demoliciones en territorios ocupados.

“Desplazar y substituir” es la lógica profundamente excluyente con la que Israel viene operando desde su creación. Los intentos de desplazar a los palestinos y palestinas para hacer sitio a los colonos israelíes se entrelazan con el bien establecido proyecto israelí de alcanzar y conservar la pureza étnica. Así, a pesar de las esperanzas puestas por algunos en que los llamados “Acuerdos de Abraham” del presidente de Estados Unidos Donald Trump puedan detener la anexión pergeñada por Israel de amplias áreas de Cisjordania, lo que se está produciendo es la intensificación alarmante de demoliciones de viviendas en Jerusalén Oriental y en toda Cisjordania ilegalmente ocupadas.

Israel tiene previsto incluso obligar a los desposeídos de Wadi Hummus a pagar los costes de la demolición de sus viviendas, de modo que el plan  resulte rentable tanto territorial como económicamente. Las demoliciones, además, añaden una carga complementaria a los limitados recursos financieros públicos palestinos porque los dirigentes de la Autoridad Palestina (AP) han prometido compensar a todas las familias que hayan perdido sus hogares por demolición. En conjunto se trata de una operación que implica una triple pérdida para los palestinos en un contexto económico contraído por la pandemia y con menos ayudas para que pueda respirar.

Las enérgicas declaraciones de la comunidad internacional que instaban a Israel a poner fin a sus planes de anexión no se han traducido en medida alguna. Las amenazas de los dirigentes palestinos de acabar con la cooperación en materia de seguridad con Israel y de dirigirse a los órganos internacionales de justicia para buscar respuesta a las acciones de Israel en Wadi Hummus también han quedado vacías de contenido. Mientras tanto, la destrucción continúa.

Medir los efectos

Las constantes demoliciones en Wadi Hummus, y más recientemente el caso de Jirbet Humsa, subrayan la necesidad de crear y poner nuevas herramientas a disposición de los palestinos para mejor registrar y cuestionar los perjuicios que se les está causando. [Las demoliciones] refuerzan la necesidad de documentar y exponer a escala internacional los costes de la colonización. Hay que ir más allá de contabilizar únicamente el coste de las transacciones económicas derivadas de la ocupación israelí en el producto interior bruto (PIB) y en el producto nacional bruto (PNB); eso ya lo hace el Banco Mundial al ocuparse de lo económico e ignorar el contexto humano.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) han adoptado recientemente medidas importantes para documentar y hacer público el coste real del colonialismo y de la ocupación israelíes. Sin embargo, es necesario reforzar ese cometido. Ello incluye hacer más caso a tantos y tan buenos analistas palestinos y palestinas que pueden aportar elementos para contabilizar esos costes mejor que los expertos externos. La iniciativa de documentar y publicar todos los costes del colonialismo de Israel debe incluir también un registro e intercambio de las experiencias personales de sus víctimas. Cualquier cálculo que ignore las cicatrices psicológicas y emocionales sólo porque son difíciles de traducir en cifras o incómodas de reconocer, seguirá siendo miope e ineficaz.

Se trata de una información que puede utilizarse para frenar el impacto del colonialismo y planificar la recuperación en el futuro. Es fundamental insistir en que la comunidad internacional deberá acompañar esta iniciativa con medidas que impidan nuevos desplazamientos y substituciones. Este paso es la única vía posible para que se establezcan finalmente las condiciones para que los y las palestinas construyan instituciones, fomenten una economía estable y mejoren su bienestar social. Esto también es imperativo porque en un mundo regido por el derecho internacional, la colonización no se debe normalizar, ni patrocinar, ni apoyar. Asimismo, poner fin al paradigma israelí del desplazamiento y la substitución es esencial para la paz y la estabilidad regionales.

En lugar de obligar a Israel a rendir cuentas por su la colonización actual de Palestina, los actores más poderosos de la comunidad internacional están optando por justificar y racionalizar sus crímenes contra los y las palestinas. Como resultado, las políticas israelíes que violan flagrantemente los derechos humanos y el derecho internacional se están empezando a percibir como “normales” y hasta “justificadas”. La colonización es una de las formas de opresión más reconocidas en el mundo. Sin embargo, hasta el día de hoy, la comunidad internacional jamás ha reconocido verdaderamente la naturaleza colonial de la ocupación de Israel y le ha permitido violar el derecho internacional con impunidad. Así pues, Israel continúa su expansión en lo que queda de Palestina destruyendo un principio fundamental del derecho internacional que prohíbe a los Estados tomar territorios por la fuerza.

Los planes de normalización regional como los Acuerdos de Abraham no sirven más que para fomentar mayor anexión colonial en otros tantos Wadi Hummus y Jirbet Humsa. Los intentos de normalización que no vayan precedidos de determinación para obligar a Israel a rendir cuentas por su política colonial y de ocupación ilegal no conducirán a la paz regional, mucho menos para millones de palestinos.

Fuente: https://www.aljazeera.com/opinions/2020/11/20/israeli-crimes/

*Jeremy Wildeman es investigador asociado del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Bath. Su investigación se centra en las relaciones internacionales, la ayuda exterior, la política de Oriente Próximo y el papel de la ayuda de los donantes en el Territorio Palestino Ocupado. Asimismo ha dedicado dos décadas a apoyar el desarrollo juvenil y comunitario en los Balcanes y Oriente Próximo.

*Alaa Tartir es director del programa de Política de Al Shabaka

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y a Rebelión como fuente de la traducción.