La mayoría de la moción de censura era el espejo de una alternativa de progreso que las fuerzas de izquierdas no han estado capaces de articular. El multipartidismo del sistema político español actual ha estado incapaz de concretar un gobierno de coalición y la irresponsabilidad del no acuerdo da oxígeno a la derecha. El No […]
La mayoría de la moción de censura era el espejo de una alternativa de progreso que las fuerzas de izquierdas no han estado capaces de articular. El multipartidismo del sistema político español actual ha estado incapaz de concretar un gobierno de coalición y la irresponsabilidad del no acuerdo da oxígeno a la derecha. El No a Mariano Rajoy sumaba, el Sí a Pedro Sánchez resta, así acaba el curso político, con un gobierno en funciones que tendrá que afrontar en otoño la sentencia del juicio del Procés . La investidura fallida del presidente en funciones abre una nueva etapa de incertidumbre en la política española, donde la cuenta atrás ha empezado y la repetición electoral será una realidad si antes del 23 de septiembre no hay una investidura exitosa.
Las formas de la negociación y la desconfianza han denotado una falta de voluntad real del PSOE de querer articular un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Así mismo, los planteamientos maximalistas de la dirección de los lilas, obviando otras posibilidades como un acuerdo programático a la portuguesa -con apoyo externo sin entrar en el ejecutivo- no han favorecido el entendimiento. Finalmente, los toques de atención de la patronal respecto a la posible entrada de los de Iglesias en el gobierno, en carteras ministeriales como la de Trabajo, hicieron saltar todas las alarmas del establishment español que puso toda la maquinaría a trabajar para que el acuerdo fracasara.
La estrategia de Sánchez de llevar al límite las negociaciones con Unidas Podemos y su posterior fracaso redobla la presión hacia el PP y Ciudadanos para que le faciliten la investidura a través de una abstención. Un escenario deseado por Sánchez para continuar gobernando en solitario, dominando el centro político, escabulléndose de las políticas sociales y laborales de Podemos que no gustan al IBEX, y rehuyendo del apoyo de los partidos independentistas. En este sentido, todo apunta a que Sánchez no quería un gobierno de coalición que no controlara plenamente y a que, tampoco, deseaba romper con el relato del 155 y de la sacrosanta unidad de España que tantos buenos resultados electorales les ha dado en el resto del Estado. Una situación que denota que Sánchez solo afrontará políticamente la resolución del conflicto entre Cataluña y España si de esto depende la supervivencia de su gobierno y, sobre todo, la de él; o si, como el 1 y el 3 de octubre del 2017, la situación en las calles sobrepasa las fronteras del Estado español. Por otro lado, el no acuerdo ha dejado el liderazgo de Iglesias todavía más en entredicho. Entrar en el gobierno era su salvavidas particular, pero se ha encontrado despreciado por el veto de Sánchez, relegado a un papel secundario y cuestionado internamente. La presión de IU y de sectores de Podemos para articular, de cara a septiembre, un pacto a la «portuguesa» irá en aumento, así como los movimientos para reemplazar liderazgos o, incluso, para lanzar nuevos partidos a la arena política española.
La no investidura solo añade incertidumbre para el nuevo curso político que arrancará en septiembre y que puede volver a ser la antesala de otro otoño caliente. En este sentido, Podemos reclama seguir negociando la coalición, el PP y Ciudadanos niegan toda posibilidad de facilitar la investidura, y el PSOE cierra la puerta a un gobierno conjunto y amenaza -embriagado por las encuestas- con elecciones. Una situación de bloqueo que una repetición electoral no desencallará y que, de mantenerse, llevaría a España a volver a las urnas en una convocatoria electoral el 10 de noviembre. Unas elecciones generales que serían las cuartas en cuatro años, un claro ejemplo de la ingobernabilidad del Estado si no se aborda decididamente la cuestión catalana. Unas posibles elecciones que aplazarían la notificación de la sentencia del juicio del 1-O, prevista para inicios de octubre, para que no coincida con la precampaña electoral. Al respeto, el sobiranismo no tiene una estrategia conjunta para dar respuesta a esta sentencia y ha evidenciado su distancia en la votación de la investidura de Sánchez. En este sentido, los partidos están inmersos en procesos internos para reorganizarse y definir sus estrategias políticas. Por otro lado, el movimiento independentista está en plena discusión sobre el camino que hay que seguir, donde la Diada del 11 de septiembre volverá a poner a prueba su capacidad de movilización.
El candidato socialista tiene tiempo para volverlo a intentar, para afrontar una reválida en septiembre que sirva para un acuerdo programático que luche contra la precariedad laboral y por los derechos de las personas y de los pueblos. Una segunda oportunidad para aprobar una investidura que cierre el paso, al menos a corto plazo, a la derecha y la extrema derecha, y para abrir un diálogo para resolver la cuestión catalana que, de no darse, volvería a situar la desobediencia en el tablero político.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social
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