La Comunidad de Madrid es quien más ha impulsado la creación de un sistema de mercado escolar y políticas de selección del alumnado por nivel socioeconómico
Hace poco se ha reeditado un estudio clásico de la sociología de la educación y de la etnografía urbana, Aprendiendo a trabajar, de Paul Willis. Se basa en un seguimiento de jóvenes de familias obreras británicas, en sus dos últimos años de escolarización y al comienzo de su inserción en el mercado laboral. Analiza la resistencia a la escolarización y desmonta el mito neoliberal de que cualquier persona puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza, independientemente de su origen social: los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. Tiene toda vigencia su conclusión sobre cómo el sistema educativo perpetúa las desiguales relaciones sociales existentes.
Conviene conocer que el sistema educativo inglés y galés es la mezcla de dos sistemas: a) el tripartito de la ley de 1944, que establece tres tipos de escuelas: para alumnado aventajado orientado a las carreras de letras (grammar schools), a las de ciencias (technical schools) y las secondary schools para los alumnos de menor rendimiento, que es una prolongación de la enseñanza primaria; b) las comprehensive schools, que teniendo a todo el alumnado bajo un mismo techo y con el mismo currículo, le distribuye en grupos homogéneos en función de su rendimiento escolar. ¿A qué nos suena? A la LOMCE, una ley profundamente segregadora (PMAR, FPB, 4º ESO propedéutico con tres itinerarios), que facilita las políticas en este sentido y que consolida los recortes de la inversión educativa.
Lo anterior no es nada comparado con la deriva que ha adquirido nuestro sistema educativo. Una reciente investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (PDF) sobre la magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas, compara los resultados con los países de la Unión Europea (UE), utilizando los datos PISA2015. Los demoledores resultados indican que España es uno de los países más segregadores de Europa, con cifras muy alejadas de los países de su contexto más cercano. En concreto, España está en sexto lugar, mientras que Reino Unido está vigésima posición y Finlandia en último lugar. Todo es coherente con el primer puesto en desigualdad por renta que tiene España y que ha alarmado a la UE, o con los ocho puntos por encima de la media que tenemos en abandono escolar temprano.
La segregación escolar en las comunidades ofrece resultados extremos. Algunas se encuentran entre las más bajas de Europa (Illes Balears, Galicia y Aragón) y otras como la Comunidad de Madrid con una segregación muy alta, solo superada por Hungría dentro de la UE. Son los lodos de las agresivas políticas del PP de Esperanza Aguirre, González y Cifuentes, favorecedoras de una estrategia donde la educación no persigue la igualdad, sino la desigualdad. El estudio constata la incidencia de las políticas educativas regionales respecto la segregación escolar por los criterios de admisión en los centros, mostrando que el fomento de la educación privada, de la competencia entre centros mediante la publicación de rankings o la creación de un distrito único, configuran sistemas educativos inequitativos que atentan contra la igualdad de oportunidades.
La Comunidad de Madrid es quien más ha impulsado la creación de un sistema de mercado escolar y políticas de selección del alumnado por nivel socioeconómico. Se ha instaurado la libre elección por parte de (algunas) familias y estudiantes a través del establecimiento de un distrito único; se publica un ranking de centros según los resultados de pruebas estandarizadas externas en colegios de educación infantil y primaria e institutos de secundaria; se desarrolla una cuestionada política de creación de centros bilingües que produce procesos de selección del alumnado con más recursos, excluyendo a los que tienen más dificultades. Además, está la apuesta decidida por la educación privada, siendo la Comunidad de Madrid la región de España con más estudiantes matriculados en centros de titularidad privada, aunque esté financiada con dinero público y la llamen concertada; una red privada que basa su oferta en evitar la mezcla social del alumnado, y que busca el negocio económico e ideológico-religioso.
En Vallecas conocemos bien esto y venimos denunciándolo. Sufrimos un proceso de agresión a la escuela pública que se refleja en estos datos: el 80% del alumnado con dificultades se concentra en los centros públicos, que a su vez se han visto sometidos a fuertes recortes de profesorado y de recursos. Este desequilibrio en la escolarización produce guetos en algunos centros públicos.
No se puede esperar ningún cambio desde el poder actual. Cuando Rajoy pide a los españoles que tienen que ahorrar para educación (derecho que debe ser gratuito), nos anuncia que va a seguir con los recortes y el proceso de privatización; que no va a haber equidad educativa en España (dando más a quién más lo necesita) ni igualdad de oportunidades apoyando a quién tiene más capacidad, sino a quien tiene más dinero. Es la decisión política de apostar por escuelas para ricos y escuelas para pobres, como modelo neoliberal educativo que reproduzca fielmente un modelo social injusto por desigual. Brutal.
Esa es, en el fondo, la jugada de la segregación: la reproducción del sistema social y cultural con todas sus desigualdades, como si se tratase de un sistema de castas o estamentos, a pesar de la igualdad teórica que las leyes y la Constitución dicen garantizar. La segregación escolar es un poderoso mecanismo para convertir en un espejismo la igualdad de oportunidades.
La cuestión principal que debe abordar el pacto educativo es si apuesta por la segregación o por la integración. Segregar para perpetuar el sistema social con todas sus desigualdades, o integrar para garantizar más equidad, igualdad de oportunidades y una sociedad más justa. Según la respuesta que dé, será un fracaso o un acierto en términos de futuro para este país. La existencia de ese techo de cristal que produce la segregación escolar para la mayoría de la población de origen socialmente humilde, es el mayor fracaso para una sociedad que aspire a ser de verdad democrática. Es la escuela pública, de todos y para todos, la que debe articular el sistema educativo y el instrumento más útil para la igualdad y la cohesión social.
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