¡Honores, merecidos honores al republicanismo español! Fue hecho prisionero el 15 de septiembre de 1823, cuando el régimen constitucional se estaba derrumbando militarmente ante el absolutismo borbónico, y fue asesinado, en noviembre de ese mismo año, dos meses después. En Madrid, en la Plaza de la Cebada. La sentencia establecía que fuera descuartizado, que cada […]
¡Honores, merecidos honores al republicanismo español!
Fue hecho prisionero el 15 de septiembre de 1823, cuando el régimen constitucional se estaba derrumbando militarmente ante el absolutismo borbónico, y fue asesinado, en noviembre de ese mismo año, dos meses después. En Madrid, en la Plaza de la Cebada. La sentencia establecía que fuera descuartizado, que cada cuarta parte de su cuerpo fuera repartido en los lugares más representativos de su vida: Sevilla, Isla de León, Málaga y Madrid. Su cabeza debía ser expuesta por tiempo indefinido en Las Cabezas de San Juan, donde tiempo atrás se había levantado militarmente contra Fernando VII y su régimen absolutista. El día de su ejecución, algunos jóvenes que fueron testigos de su suplicio, oportunamente bendecido por la Iglesia católica, se juramentaron para vengarle. Estaba entre ellos José de Espronceda.
El prisionero asesinado se llamaba Rafael del Riego, un militar liberal y republicano. Más de 100 años después, el 14 de abril de 1931, al proclamarse la Segunda República Española, el Himno que lleva su nombre, escrito en su honor, fue coreado por las multitudes trabajadoras y republicanas junto a «La Marsellesa», «A las barricadas» y «La Internacional».
Eran los símbolos de la República de los trabajadores de todas las clases en ciernes. Francesc Ferrer i Guardia, décadas atrás, había puesto a su hijo el nombre de Riego.
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Lo ha recordado Dara Kerr, una periodista residente en Oakland, graduada por la Universidad de Nueva York.
En una tarde acalorada de noviembre en 1974, Dolores Alfaro y su esposo descendieron del volcán Chichontepec de El Salvador. Habían estando cosechando granos de café en una de las plantaciones que salpican las escarpadas laderas. Volvían a su casa, un pueblo salvadoreño llamado La Cayetana con canastas de mimbre repletas. Caminando por el bosque, Alfaro vio media docena de camiones verde olivo repletos de soldados. Bordeaban la cúspide de un cerro y entraban lentamente al pueblo. Ese mismo día, el ejército atacó un pueblo de civiles desarmados. Asesinaron a seis personas, encarcelaron a veintiocho e hirieron a docenas. Lo ocurrido marcó un cambio en el tipo de persecución en El Salvador, estableció un modelo para futuras masacres gubernamentales. Se pasó de la represión esporádica contra determinados individuos a ataques deliberados contra comunidades, cayese quien cayese. Seis años después, en 1980, fue asesinado el arzobispo Óscar Romero de un disparo en el corazón mientras celebraba misa. El asesinato catalizó la guerra civil de doce años en El Salvador, marcada por escuadrones de la muerte paramilitares itinerantes y el asesinato de decenas de miles de ciudadanos inocentes.
Durante más de una década, el gobierno de EE.UU. presidido por Ronald Reagan suministró a los militares salvadoreños un promedio de 1 millón de dólares al día -unos 4 mil millones en el total del período- y entrenó a sus soldados en tácticas de «contrainsurgencia». Buena parte de lo ocurrido fue ocultado en 1992, después del fin de la guerra. El congreso nacional aprobó leyes de amnistía, absolviendo a criminales de guerra. Comenzó la amnesia oficial.
No es el único país del mundo en el que el olvido ha pretendido habitar y reinar.
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Los oficiales de la policía israelí encargados de la prisión donde Yusuf, el padre de Abir Eskafi, cumple su sentencia, no quisieron permitir que la niña pudiera acceder a la sala donde los visitantes pueden reunirse con los presos tras manifestar la niña su deseo de abrazar a su padre. Abir Eskafi se quedó conmocionada por esa negativa tanto que, tras regresar a casa, se negó a comer. Enmudeció. Poco después empezó a quedarse paralizada entrando en un coma profundo que incluso llegó a afectar a sus funciones respiratorias. Tuvieron que trasladarla a un hospital de Hebrón para poder mantenerla en vida con medios artificiales. Los doctores del Hospital declararon que la situación de Abir se deterioraba muy rápidamente. Por ello, no podían trasladarla al extranjero para aplicarle un tratamiento avanzado que el servicio de salud palestino no estaba en condiciones de proporcionarle. Los médicos advirtieron que su vida correría grave peligro si se la movía de la cama, si se interrumpía la conexión con el aparato de respiración artificial.
Un tribunal israelí sentenció al padre de Abir a cuatro sentencias a cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad condicional. El abuelo de Abir, Abdul Rahim Mohsin Eskafi, comentó que la salud de la niña empezó a agravarse tras el último intento de visitar a su padre en la prisión. Eskafi dijo que en otras ocasiones se había permitido a Abir abrazar a su padre y pasar un par de minutos con él. En su última visita se le negó el permiso: había superado el límite de edad permitida hacía pocos días. La niña no pudo asimilarlo. Eskafi recordó que Abir se derrumbó cuando el oficial israelí le impidió acercarse a su padre. La niña siguió dando golpes en la barrera de cristal mientras Yusuf respondía también de la misma forma al otro lado. Ni siquiera esta desgarradora escena consiguió ablandar al oficial. Cuando regresó a su hogar, empezó a golpear histéricamente los muebles de la casa todo el tiempo hasta que perdió toda la fuerza de su mano derecha. Se negó a comer; seguía llamando a su padre
Todos los doctores que visitaron a Abir diagnosticaron que la causa de su situación tenía raíces psicológicas. Su salud se fue deteriorando hasta quedar completamente paralizada. Fue hospitalizada cuando entró en coma. A Yusuf, el padre de Abir, han tenido que realizarle una operación de urgencia. Sufrió un ataque al corazón al saber de la situación de Abir. Ahmad, el hermano mayor, murió de un disparo israelí en 2007; tenía 15 años.
También Abir falleció. Dejó de existir durante la noche del jueves 20 de abril de 2011.
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22 de marzo de 2011. Saravena, departamento de Arauca, en Colombia. Cae fulminada de cinco disparos a la cabeza la jueza Gloria Constanza Gaona. Tenía 37 años de edad cuando un sicario le arrebató la vida en pleno centro de la ciudad. Constanza llevaba el caso por el crimen de los menores Jefferson Jhoan Torres Jaimes (6 años), Jimmy Ferney Torres Jaimes (9 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (14 años). Fueron secuestrados por soldados de la Octava división del Ejército colombiano (5ª Brigada Móvil) de su finca en el Municipio del Tame (Arauca), mientras su padre José Álvaro Torres se encontraba en labores agrícolas. Los niños sufrieron torturas inimaginables, fueron violados y asesinados más tarde. Degollamiento con machetes. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común.
Ha sido un asesinato más. Casi trescientos funcionarios judiciales, 287 exactamente, han sido asesinados desde 1989. Existen actualmente unos 700 funcionarios amenazados y 39 desaparecidos.
Colombia es una democracia, made in USA, a los ojos de Estados Unidos.
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Lo ha contado Ángel Luis Lara en La Jornada. De todas las piezas que componen el puzzle de la decepción y la incredulidad de los votantes estadunidenses más progresistas, el soldado Bradley Manning es el más complicado de digerir. La capacidad del equipo de Obama para gobernar la evidente contradicción entre su retórica y su política ha encontrado en Manning un obstáculo difícil de sortear.
Bradley Manning fue detenido en mayo de 2010 acusado de ser el origen de la filtración de la importante información clasificada que inició el denominado «escándalo Wikileaks»: la salida a la luz pública de 250 mil cables diplomáticos secretos y de un par de videos que pusieron de manifiesto la autoría del Ejército estadounidenses en la muerte de civiles y de periodistas en Afganistán e Irak. Tras ser acusado formalmente en julio de ese mismo año, el pasado mes de marzo la fiscalía militar añadió otros 22 cargos adicionales contra Manning que incluyen el de «ayuda al enemigo». Confinado en una base militar del estado de Virginia, Manning soporta un durísimo régimen de reclusión en aislamiento que ha sido denunciado por diferentes organismos locales e internacionales, así como por diversas organizaciones de derechos humanos. Hace unos meses, 295 juristas estadounidenses hicieron pública una carta en la que manifestaban que las condiciones en las que se encuentra Bradley Manning podrían constituir una violación de la propia Constitución de Estados Unidos.
Recluido 23 horas al día en una celda sin ventana de tan sólo 6×12 pies, Manning soporta un régimen de privación del descanso diurno de 5 de la mañana a 8 de la tarde y ha sido despojado de cualquier tipo de objeto personal. Además, es obligado a dormir desnudo y a pasar periódicas inspecciones sin ropa alguna ante las constantes humillaciones y vejaciones tanto de los militares que le custodian, como de los demás reclusos que se encuentran en su mismo pabellón. Pese a que el régimen especial de aislamiento se justifica según las autoridades estadounidenses en la prevención del suicidio, todos los siquiatras militares que han visitado a Manning han negado que exista riesgo alguno en ese sentido. Sus abogados han denunciado una y otra vez lo injustificado y lo arbitrario de su situación.
En febrero de 2011, Geoff Morrel, portavoz del Pentágono, manifestó tras visitar al soldado Manning que se había quedado «impresionado por la profesionalidad del staff que lo custodia y por lo apropiado del tratamiento y de la forma del confinamiento al que está sujeto». Lo cierto es que la posición oficial del gobierno estadounidense sobre el asunto no convence ni a sus propios miembros: el portavoz del Departamento de Estado se vio obligado a dimitir tras reconocer que la situación de Manning es «ridícula, contraproducente y estúpida», declarando en marzo de 2011 además que no entendía por qué se estaba sometiendo al soldado a semejante trato. ¿O si lo entendía?
El soldado Bradley ha sido trasladado recientemente a otra prisión USA. ¡Salvemos al soldado Manning!
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El 27 de febrero de 1989 se produjo el levantamiento popular más grande en la historia reciente de Venezuela, el Caracazo. Miles de ciudadanos, la mayoría pobres, se echaron a las calles contra un paquete de medidas neoliberales impuesto por el FMI. La rebelión derivó en disturbios y saqueos. El Gobierno, presidido por Carlos Andrés Pérez, lejos de dimitir, respondió con extrema dureza, matando a entre 275 y 1.500 personas, según las fuentes. Todos ellos, civiles inocentes. El Tribunal Interamericano de Derechos Humanos condenó al Estado venezolano por asesinatos y violaciones de derechos.
Uno de los artífices del paquete de medidas fue Moisés Naím, entonces ministro de Industria y Comercio. De ahí pasó a director ejecutivo del Banco Mundial, con el respaldo del presidente «socialdemócrata» Carlos A. Pérez, quien apenas dos años antes, en su campaña electoral, calificaba a los economistas de esa institución de «genocidas a sueldo del totalitarismo económico». En 1993, Pérez fue depuesto por el Tribunal Supremo de su país por malversación de caudales públicos. Para Naím, en cambio, Pérez fue un «gigante moral» que luchó contra la injusticia social y por la modernización de Venezuela.
Moisés Naím es colaborador de El País.