Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Ahora, cuando se aproxima la primaria en Pensilvania del 22 de abril, Barack Obama tendrá la oportunidad de ganar de una vez por todas la carrera por la candidatura demócrata. Si gana en ese Estado aunque sólo por un pequeño margen, la «expertocracia» declarará que es la presunta elección del partido y la presión aumentará para que Hillary Clinton se retire. A Obama le debería ir bien entre los votantes negros de Filadelfia y probablemente recibirá un porcentaje decente del voto blanco pudiente en los suburbios de la ciudad.
A fin de asegurarse la victoria, sin embargo, Obama tendrá que progresar entre los trabajadores manuales en la sección occidental, más industrial del Estado. En Ohio, Obama perdió el distrito electoral ante Clinton y está desesperado por reducir su ventaja en ese bloque especialmente crucial de votantes. Pero ¿cómo puede cambiar las cosas en menos de dos semanas?
En una palabra: con Colombia.
Estalla el escándalo
Clinton ofreció recientemente a Obama una excelente oportunidad de asegurarse la candidatura cuando atraparon a su estratega jefe, Mark Penn, en un escándalo que tuvo que ver con el tratado de libre comercio pendiente con Colombia. Bush ha estado presionando duro a favor del acuerdo, que permitiría el comercio libre con EE.UU. Numerosos demócratas y la mayoría de los sindicatos se oponen a la iniciativa por los atroces antecedentes sindicales de Colombia.
Los lazos de Penn con el equipo de Clinton ya existen desde hace algún tiempo: el experto en relaciones públicas fue admitido originalmente al círculo de Bill por el consultor Dick Morris en un esfuerzo por reforzar la campaña presidencial de 1996. Penn dirigió una firma global de relaciones públicas llamada Burson-Marsteller; esa compañía trabajó en relaciones públicas para entidades tan desagradables como Blackwater, el contratista acusado de asesinar a civiles iraquíes, y Countrywide, un importante prestamista de hipotecas de alto riesgo.
Penn fue empleado por el gobierno colombiano para ayudar a lograr la aprobación del acuerdo comercial en el Congreso. Los vínculos de Penn con el gobierno colombiano fueron revelados cuando el Wall Street Journal informó que el especialista en relaciones públicas sostuvo una reunión privada con el embajador colombiano.
La noticia de los vínculos de Penn con el gobierno colombiano resultó ser muy embarazosos para Clinton, que afirma que se opone al acuerdo. Seguramente por temor a perder en el electorado obrero en Pensilvania occidental, Clinton rápidamente degradó a Penn – aunque sigue formando parte del equipo de la campaña como encuestador y consejero.
Es extraño que se piense que la historia de Penn y Colombia pueda ejercer un impacto en la política interior de EE.UU. La mayoría de los estadounidenses, si saben algo en absoluto sobre Colombia, probablemente asocian al país con carteles de la droga y poco más. Los medios han hecho un trabajo fenomenal al ignorar a Colombia como noticia, a pesar de que los sucesivos gobiernos en Bogotá han sido orgullosos receptores de miles de millones de dólares en ayuda al extranjero de EE.UU.
Álvaro Uribe: Creador de un clima de miedo para los sindicatos colombianos
Por otra parte, el reciente escándalo dentro del campo de Clinton podría poner el dedo en la llaga entre airados trabajadores manuales en la vital región industrial. Colombia es el país más peligroso del mundo para organizadores sindicales. En los seis años desde que el presidente Álvaro Uribe llegó al poder, más de 400 activistas sindicales han sido asesinados, según la Escuela Nacional Sindical de Colombia. En 2008, fue asesinado casi un sindicalista por semana, mientras que 39 sindicalistas fueron asesinados en 2007, muchos más que en cualquier otro país. Además, las amenazas de violencia y asesinato bastan ahora para detener una acción organizadora o abortar una huelga.
La conexión entre este horrible clima laboral y el gobierno de Uribe es bastante obvia. Por cierto, ha habido una creciente evidencia de colusión entre muchos de los aliados de Uribe y paramilitares derechistas que asesinan a dirigentes sindicales. La Corte Suprema de Colombia incluso ordenó el arresto de catorce miembros del Congreso por sospechas de colaboración; trece de los legisladores apoyan a Uribe. El ex jefe de inteligencia del presidente también enfrenta acusaciones de filtración de información a los paramilitares para ayudarles a atacar y asesinar a oponentes. Recientemente, un primo de Uribe, senador, fue obligado a renunciar en un esfuerzo por evitar una investigación de la Corte Suprema de posibles vínculos con los paramilitares. Mario Uribe era un aliado clave del presidente.
Hasta ahora, Álvaro Uribe no ha estado implicado directamente, pero el presidente ha sido acusado de dejar que grupos paramilitares utilicen las haciendas de su familia para matar a oponentes durante los años noventa. El senador demócrata Patrick Leahy cortó 55 millones de dólares en ayuda militar a Colombia por las acusaciones.
Por lo menos, el régimen de Uribe ha creado un clima de impunidad en el que los activistas sindicales han sido atacados. Recientemente, grupos de derechos humanos escribieron una carta acusando a un alto consejero de Uribe de poner en peligro las vidas de dirigentes sindicales al afirmar que una marcha de protesta contra escuadrones de la muerte derechistas había sido organizada por guerrillas izquierdistas de las FARC. La carta acusó que cuatro personas involucradas en la marcha fueron subsiguientemente asesinadas, y docenas más amenazadas de muerte.
En Colombia, hay poca probabilidad de que los paramilitares se enfrenten a la justicia, ya que el reino del terror contra sindicalistas comenzó en los años ochenta y sólo un tres por ciento de los cases han sido aclarados.
Aprovechando la ocasión en Colombia
El gobierno colombiano ya ha recibido miles de millones de dólares en ayuda militar y de desarrollo económico de EE.UU., pero evidentemente no basta, el régimen de Uribe quiere más y contrata a cabilderos y traficantes de influencias para que presionen a favor de este acuerdo de libre comercio. Los que ganan en esta ecuación incluyen a corporaciones de EE.UU. que han estado aherrojando los derechos humanos en Colombia. El gran capital ve el acuerdo comercial como una oportunidad para aumentar su saqueo por la vía rápida de los recursos humanos y naturales de Colombia.
Juntos, el gobierno colombiano y sus cabilderos lanzaron un asalto general en un esfuerzo por persuadir a los miembros del Congreso para que apoyen el acuerdo. Según el New York Times, ha habido viajes con todos los gastos pagados a Colombia para más de 50 miembros del Congreso, incluyendo degustaciones de café y cenas en un lujoso restaurante dentro de un fuerte español. Uribe visitó Washington para hacer llamados personales. Colectivamente, el gobierno colombiano ha pagado más de 1 millón de dólares a firmas que han negociado o cabildeado a favor del acuerdo.
En esta lucha, empleados de Clinton como Penn quieren conseguir tantos legisladores demócratas como sea posible en un esfuerzo por conseguir el acuerdo para la elite colombiana y las multinacionales de EE.UU. Importantes corporaciones como WalMart, Citigroup y Caterpillar se beneficiarían y trabajan a paso ligero para imponer el paso del acuerdo por el Congreso.
De Colombia a Pensilvania
Los lamentables antecedentes de Colombia no son olvidados por el sindicalismo organizado en EE.UU. que dice que el historial de la nación andina en la reducción de los asesinatos de organizadores sindicales por paramilitares sigue siendo lamentable. En Pensilvania, la historia de Colombia tiene fuerza política: uno de cuatro votantes en las primarias en el Estado proviene de un hogar sindicalizado.
Recién ayer, el presidente del sindicato de los camioneros, Jim Hoffa, fue a una planta de York Peppermint Patty de propiedad de la firma Hershey, en Reading, Pensilvania para atacar el acuerdo de libre comercio con Colombia. Hoffa fue a Reading como parte de una gira de tres días por el Estado, reuniéndose con miembros de su sindicato en Scranton, Wilkes-Barre, Allentown, Reading y Pittsburgh.
«Estos así llamados acuerdos de comercio están destruyendo puestos de trabajo estadounidenses,» dijo. «No tienen que ver con el comercio, tienen que ver con la ayuda a compañías para que lleven sus fábricas a países con mano de obra más barata. Los último que necesitan los trabajadores estadounidenses es un acuerdo de comercio con Colombia, uno de los países más antisindicalistas del mundo,» agregó Hoffa.
Al viajar a Reading, Hoffa hizo una declaración política sobre los acuerdos de libre comercio latinoamericanos. La planta de Hershey se irá a Monterrey, México, a fines de año, resultando en la pérdida de 200 puestos de trabajo. Es otro doloroso golpe para los residentes de Reading, que ya ha perdido un cuarto de los puestos de trabajo bien remunerados en la manufactura desde enero de 2001.
Al presentarse en una manifestación a favor de Obama en Scranton, Hoffa declaró: «En 1998, perdimos 1.000 puestos de trabajo en Topps Chewing Gum, cuyos puestos de trabajo se fueron a México. En York, Pensilvania, Peppermint Patties está eliminando 600 puestos sindicalizados que irán a México, donde no pagarán por atención sanitaria. No pagarán por desempleo. Tiene que ver con dinero. Y a estos presidentes de compañías no les interesa EE.UU.» Pensilvania ha sido especialmente afectada negativamente por el comercio exterior. Se perdieron más de 44.000 puestos de trabajo debido al NAFTA desde que entró en vigor en 1994, y Hoffa afirma que 1.583 plantas, oficinas y depósitos han cerrado en el Estado como resultado del acuerdo comercial. Partes del Estado han sufrido de desempleo crónico y bajos salarios desde que cerraron numerosas fábricas y acerías.
Esto tiene como resultado un electorado al rojo vivo que tiende a castigar a cualquier candidato ligado a acuerdos de libre comercio favorables a las corporaciones. Change to Win [Cambio para ganar], una alianza laboral que ha apoyado a Obama, calificó de «escandalosa» la reunión de Penn con el embajador colombiano, e instó a Clinton a despedirlo. «Hemos cuestionado en el pasado el papel de Penn en la campaña de Clinton por su representación de empleadores destructores de sindicatos,» dijo Greg Tarpinian, director ejecutivo de Change to Win. Mientras tanto, importantes dirigentes sindicales como Hoffa siguen pidiendo que Clinton despida de inmediato a Penn.
Impulsando la agenda colombiana: los sórdidos asesores de Hillary
Aunque la propia Clinton se ha opuesto al acuerdo de libre comercio con Colombia, su campaña está metida hasta las rodillas en la corrupción colombiana. Aparte de su trabajo de relaciones públicas cabildeando por el acuerdo de libre comercio con Colombia, Penn también trabajó como asesor de Coca-Cola, compañía que enfrenta una acción legal en conexión con sus plantas embotelladoras en Colombia.
Una demanda interpuesta en un tribunal de distrito en Florida acusa a la Coca-Cola Company, su subsidiaria y afiliados empresariales en Colombia, de utilizar escuadrones de la muerte paramilitares para asesinar, torturar, secuestrar, y amenazar a dirigentes sindicales en las plantas embotelladoras en Colombia del fabricante multinacional de bebidas gaseosas. El litigio fue interpuesto por United Steelworkers of America e International Labor Rights Fund por cuenta de SINALTRAINAL, el sindicato colombiano que representa a los trabajadores de las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia.
Sin embargo, la historia no termina ahí.
Otro alto asistente de la campaña de Clinton – el portavoz Howard Wolfson – es propietario del Glover Park Group, que recibe un anticipo de honorarios de 40.000 dólares por mes para cabildear a favor del acuerdo de libre comercio EE.UU.-Colombia. Después del escándalo por Penn, Clinton ascendió a Wolfson para que se hiciera cargo del «equipo de mensaje estratégico» de la campaña.
En otras palabras, a pesar de las aclaraciones de Hillary sobre Colombia, el Glover Park Group ha estado argumentando la misma posición sobre el acuerdo de libre comercio que Penn (varios otros empleados de Glover Park tienen profundas conexiones con los Clinton, incluyendo el socio fundador, Joe Lockhart, quien sirvió como secretario de prensa de la Casa Blanca bajo el presidente Bill Clinton, y Joel Johnson, quien fue alto asesor en comunicaciones en la Casa Blanca de Clinton).
El sórdido pasado y presente colombiano de Bill
Aparte de Penn y Wolfson, también hay que considerar al esposo Bill.
Como presidente, Clinton le echó una mano a Andrés Pastrana, cuyo gobierno fue igual si no peor que el sórdido régimen de Uribe cuando se trató de proteger los derechos humanos. Clinton respaldó el así llamado Plan Colombia y aprobó 1.300 millones de dólares para la nación andina mientras descartaba las condiciones relacionadas con los derechos humanos. Más de 900 millones de dólares de la contribución de EE.UU. fueron para equipamiento militar y policial, incluyendo helicópteros de ataque y otra ayuda letal, con el pretexto de continuar la guerra contra la droga.
Particularmente irritante es que Clinton haya respaldado al gobierno de Pastrana a pesar de flagrantes abusos contra los derechos humanos en Colombia en esos días. Según Human Rights Watch, paramilitares derechistas masacraron a civiles, cometieron asesinatos selectivos, y difundieron el terror con la tolerancia y el apoyo abierto de las fuerzas armadas.
Los sindicatos fueron atacados de un modo particularmente duro durante los años de Pastrana: el presidente colombiano impuso estrictas medidas de austeridad y comenzó a vender los bancos de propiedad estatal y otras empresas nacionalizadas. Cuando unos 800.000 trabajadores estatales se declararon en huelga para protestar, Pastrana ilegalizó la huelga.
Mientras tanto, asesinaban a los dirigentes sindicales.
La actuación de Bill relacionada con Colombia continuó durante el régimen de Uribe. Según Politico, el ex presidente recibió 800.000 dólares del Gold Service International, basado en Colombia, por dar cuatro discursos por toda Latinoamérica. La organización es en apariencia un grupo de desarrollo encargado de llevar inversiones a Colombia y de educar a dirigentes en el mundo sobre las oportunidades de negocios del país.
Clinton ya señaló en 2005 que estaba a favor de un acuerdo de libre comercio con Colombia. En ese año, fue personalmente a Bogotá a reunirse con Uribe. El presidente colombiano dijo que necesitaba el apoyo de Clinton para asegurar la aprobación del acuerdo de libre comercio. Clinton prometió daría seguimiento a la solicitud una vez que volviera a EE.UU.
Después de hablar con el presidente colombiano, Clinton acompañó a Uribe en un paseo por el centro de Bogotá. Los dos fueron del Hotel Tequendama al Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Durante su paseo, Bill saludó a los numerosos vendedores callejeros de la ciudad, muchos de los cuales seguramente fueron excluidos de la economía formal como resultado de las draconianas políticas laborales de Colombia.
Respecto a Colombia, Hillary es poco mejor
Aunque Hillary no ha realizado viajes personales a Bogotá, sus antecedentes respecto a Colombia no inspiran mucha confianza. En el Senado ha tenido cuidado de no tomar riesgos por cuenta de los derechos humanos en Colombia, dejando esa tarea a gente liberal con más principios.
En 2002, el Grupo de Trabajo Latinoamericano escogió al difunto Paul Wellstone, a Patrick Leahy, y a Russ Feingold por sus incansables esfuerzos por presentar el problema de los derechos humanos en Colombia. Los tres denunciaron que las fumigaciones aéreas de hoja de coca tuvieron calamitosas consecuencias medioambientales en Colombia. A Clinton no participó en nada al respecto.
En 2003, los senadores suspicaces de costumbre, incluyendo a Dodd, Feingold, Leahy y Kerry enviaron una carta al Secretario de Estado Colin Powell expresando seria preocupación por un discurso de Uribe. De manera escalofriante, el presidente colombiano acusó a algunos grupos de derechos humanos de actuar como «portavoces de terroristas,» observaciones que pusieron en peligro a los defensores de los derechos humanos. La carta de protesta de los senadores también se opuso a la amnistía para los dirigentes paramilitares involucrados en graves abusos contra los derechos humanos.
¿Dónde estaba Clinton? La recién elegida senadora de Nueva York se negó a firmar la carta.
Pasemos rápido a 2004, y las horrendas dificultades para los sindicalistas continuaron constantemente. Una vez más la dirección del ataque les tocó a Feingold y Dodd: los dos redactaron una carta a Uribe instándolo a hacer progresos para romper los vínculos entre el ejército colombiano y las fuerzas paramilitares. Feingold y Dodd expresaron su preocupación por los continuos ataques contra activistas de los derechos humanos y sindicalistas, y por la política de otorgar poderes policiales a los militares.
Una vez más, Clinton se negó a firmar la carta.
En 2005, más de lo mismo: Leahy, y Dodd firmaron una carta a la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, llamándola a no certificar que Colombia cumplía legalmente con condiciones de derechos humanos hasta que se hiciera más progreso en una serie de casos. Clinton se negó cuando llegó el momento de agregar su nombre.
Y recién en 2007, Hillary se negó a firmar una carta patrocinada por Leahy y Dodd que expresaba preocupación por declaraciones públicas de responsables gubernamentales, incluyendo a Uribe. Las declaraciones llevaron a ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, y otros miembros de la sociedad civil.
Los antecedentes opuestos de Obama
A diferencia de Hillary, Obama ha mostrado una cierta fuerza de carácter al encarar a Uribe. El senador de Illinois cuestionó la estrecha alianza del presidente Bush con Bogotá y, a diferencia de Clinton, firmó la carta a Condoleezza Rice. Obama escribió que lo preocupaban los lazos entre el gobierno colombiano y los paramilitares.
Dicho sea a su favor, Obama ha adoptado una posición fuerte propugnando el desmantelamiento de las redes paramilitares. El gobierno de Bogotá, argumentó, debería tomar medidas, como ser la investigación y castigo de los patrocinadores financieros y cómplices de los paramilitares en el gobierno y en las fuerzas armadas, sin consideración a su rango. Si el régimen de Uribe no emprende una acción más efectiva, advirtió Obama, «será difícil justificar los actuales niveles de ayuda.»
Respecto a la medida pendiente de libre comercio con Colombia, Obama debería ser alabado por su posición. Se opone enfáticamente al tratado pendiente de libre comercio, señalando «Me preocupan francamente los informes que hay sobre la participación del gobierno en violaciones de derechos humanos y la represión contra los trabajadores.» En la campaña electoral, Obama agregó que se opone al tratado «porque cuando organizar a los trabajadores pone en peligro la vida de un organizador, como sucede en Colombia, es una burla para nuestras protecciones laborales.»
Por el lado positivo, Obama reconoce la necesidad de repensar la naturaleza de los acuerdos comerciales. «Pienso que es muy importante que aseguremos en nuestros acuerdos de libre comercio con cualquier país que se estén observando los derechos humanos básicos, que se observen los derechos básicos de los trabajadores, que se observen los derechos medioambientales básicos,» señaló.
Uribe reconoce la amenaza potencial que representa un gobierno de Obama. Hace unos pocos días, el presidente colombiano reprendió a Obama por no estar informado sobre los «esfuerzos» de Colombia en lo que respecta al comercio. Al parecer, Uribe se refería a la campaña de relaciones públicas del gobierno colombiano en Washington, hecha para enmascarar las atrocidades contra los derechos humanos.
Obama replicó apasionadamente: «Creo que el presidente se equivoca por completo. Hay un gobierno que está bajo una nube de potencial apoyo a la violencia contra los sindicatos, contra los trabajadores, contra la oposición. No es el tipo de conducta que queremos recompensar. Creo que hasta que esto se aclare no es adecuado que avancemos.»
Llama la atención que Uribe interfiera abiertamente en la campaña presidencial de EE.UU., lo que tal vez subraya el profundo nerviosismo del gobierno de Bogotá respecto al futuro. Sin embargo, se podría preguntar: ¿Por qué no criticó Uribe a Hillary, ya que su posición respecto al acuerdo comercial con Colombia es idéntica a la de Obama? Evidentemente, a Uribe no le preocupa demasiado un gobierno Clinton en Washington. Después de todo, la maquinaria Clinton tiene una prolongada historia de respaldo a la extrema derecha colombiana, sus políticas y escuadrones de la muerte, para los que Uribe es el máximo líder.
Asegurando la candidatura en Pensilvania
Se dice que Mark Penn cree que toda la historia de Colombia, y el tema de su conflicto de intereses dentro de la campaña de Clinton, terminarán por pasar. Según el Huffington Post, Penn señaló que el fiasco desaparecerá del ciclo noticioso dentro de un par de días.
No obstante, el campo de Obama parece comprender la importancia del asunto. Un portavoz de la campaña envió una nota a los periodistas que dice: «Simplemente pregúntense [qué harían] si algunos de mis asesores hubieran tenido reuniones privadas con gobiernos extranjeros.» Por la razón que se sea, sin embargo, Obama no menciona el nombre de Penn mientras hace campaña en Pensilvania.
Es un error.
Por desgracia, Obama todavía no ha dado a los votantes blancos en la parte occidental del Estado una razón convincente para que voten por su persona. Tiene que presentar un contraste más contundente frente a la campaña de Clinton sobre la política extranjera y los derechos laborales. Tal como ya ha pronunciado un discurso importante sobre la raza, podría ahora discutir el tema de clase en el contexto de la desindustrialización de Pensilvania. Podría destacar, de modo conmovedor, cómo el libre comercio beneficia a la elite corporativa en Colombia y EE.UU. y daña a los trabajadores en ambos países.
La amenaza de suspender la ayuda económica a Colombia a menos que Bogotá mejore sus condiciones laborales sería una acción audaz y convertiría a Obama en un héroe instantáneo para los trabajadores organizados. Podría culminar insistiendo un poco sobre Clinton y los indecorosos vínculos de su campaña con el régimen de Uribe (sería cómico, para decir poco, ver a los medios dominantes esforzándose por ponerse al día con la historia. Después de haber ignorado sistemáticamente el tema del sindicalismo en Colombia durante los años de Pastrana y Uribe, ahora tendría que explorar el bajo vientre de la política exterior de EE.UU. en los Andes).
Si Obama emprendiera una acción tan atrevida, podría asegurarse de Pensilvania y con ello, de la candidatura. Sin embargo, si no logra electrizar a los votantes de clase trabajadora, la competencia por la candidatura continuará, incluso hasta la Convención. Es probable que el senador por Illinois se imponga a pesar de todo, pero el público perderá interés en la campaña y la «Obama-manía» podría marchitarse un poco.
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Nikolas Kozloff es autor de «Hugo Chávez: Oil, Politics, and the Challenge to the U.S.» (Palgrave Macmillan, 2006), y «Revolution! South America and the Rise of the New Left» (Palgrave Macmillan, abril de 2008).