La mayor ofensa contra la democracia entre el río Jordán y el mar Mediterráneo no es el papel del Parlamento israelí en la elección de los jueces o en la anulación de sus resoluciones, sino una ocupación permanente que niega los derechos democráticos a los palestinos y palestinas más allá de las líneas de 1967, y la discriminación estructural que les asigna un estatuto de segunda clase dentro de esas líneas.
Paralizada esta semana la economía de Israel y convencido el primer ministro Benjamin Netanyahu de la necesidad de suspender temporalmente su reforma de la legislación judicial, ha sido imprescindible un último acuerdo para que la coalición de su gobierno siga unida.
Netanyahu ha prometido a Itamar Ben Gvir, racista implacable que lidera el partido Poder Judío y ministro de Seguridad Nacional, que el Estado seguiría adelante con la creación de una guardia nacional bajo su autoridad apodada por algunos comentaristas como la milicia privada de Ben Gvir.
Este acuerdo lo dice todo respecto a la íntima relación entre las dos crisis que afectan simultáneamente a Israel: la polarización interna por las reformas judiciales y la escalada extremista promovida desde el gobierno contra la población palestina.
La relación es manifiestamente obvia aunque rara vez se reconozca en los círculos políticos israelíes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha valorado la reforma judicial con dureza guardando a la vez un premeditado silencio sobre las violaciones criminales de los derechos palestinos por parte de Israel, lo que indica que también Washington se desentiende de atar cabos.
El encuentro de este mes entre representantes israelíes y palestinos promovido por la administración estadounidense, junto con sus homólogos jordanos y egipcios en Sharm el Sheij, y el de Aqaba en febrero, demuestran que Washington está decidido a mantener el mismo desafortunado y errado patrón para gestionar las relaciones con Israel, con las consecuencias que ello implica para la población palestina.
Aunque no todos los días usan los periodistas occidentales términos como pogromo para describir los ataques contra la población palestina, como han hecho tras los recientes sucesos de Huwara, sí que todos los días los y las palestinas sufren violencia y ven cómo los soldados israelíes, la policía, las milicias de colonos o una combinación de ambos pisotean sus derechos humanos elementales.
Cuando Netanyahu comparó las acciones de los colonos en Huwara con las de los manifestantes a favor de la democracia en el país mucha gente se indignó. Pero la estrecha conexión entre la política israelí y la violencia contra la población palestina y la contestación en torno a la democracia israelí es indiscutible aunque resulte incómoda.
La sociedad israelí está experimentando lo que el autor y político anticolonialista franco-martiniqués Aime Cesaire denominó el efecto ‘boomerang’ de la colonización. La obra de Cesaire y otros trata de cómo las políticas aplicadas a las poblaciones colonizadas por los Estados coloniales pueden volverse contra la metrópoli imperial y acabar aplicándose contra su ciudadanía.
Restricción de las libertades
En el contexto del colonialismo israelí apenas existe la distinción geográfica entre colonia y metrópoli pero en la actualidad asistimos a ese fenómeno por el cual algunos de los instrumentos autoritarios concebidos por el Estado israelí para dominar a la población palestina se están volviendo contra sectores de judíos israelíes. Lo que teme ese sector de población es que se recorten sus propias libertades.
La presión de la derecha israelí para reformar la legislación judicial estaba muy motivada por el objetivo de blindar la ocupación, privar permanentemente de sus derechos a la población palestina y cimentar la supremacía judía. Aunque los tribunales no han puesto trabas para que esos objetivos se cumplan –la descomunal matriz de los asentamientos es un ejemplo de la extraordinaria insolvencia del sistema judicial israelí a la hora de defender los derechos palestinos–, sí han servido para obstaculizar y retrasar la anexión total y la expulsión generalizada. Esto permite explicar por qué los últimos que se opusieron al compromiso provisional de Netanyahu tanto en el Parlamento como en las calles pertenecen al sector de los colonos religiosos de extrema derecha.
La mayor ofensa contra la democracia entre el río Jordán y el mar Mediterráneo no es el papel del Parlamento israelí en la elección de los jueces o en la anulación de sus resoluciones, sino una ocupación permanente que niega los derechos democráticos a los palestinos y palestinas más allá de las líneas de 1967, y la discriminación estructural que les asigna un estatuto de segunda clase en el interior de esas líneas.
Esta situación actual ha motivado que las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, sostengan acertadamente que dicha realidad se ajusta a la definición legal de apartheid. A la misma conclusión han llegado previamente grupos de derechos humanos israelíes, activistas de la sociedad civil palestina, académicos y políticos.
La administración Biden ha expresado su preocupación tanto por la escalada de violencia en Israel/Palestina como por las reformas judiciales propuestas. La fórmula estadounidense parece ser la misma para cada una de ellas: volver al statu quo anterior. Dicho de otro modo, que vuelva la seguridad y la democracia para los judíos israelíes aunque las y los palestinos no tengan ni la una ni la otra.
Existe un fenómeno israelí bien ensayado que consiste en gritar crisis cada vez que un responsable estadounidense no está de acuerdo con alguna política israelí. Así está ocurriendo ahora con la reacción de los dirigentes israelíes desde que Biden declarara que la Casa Blanca no va a invitar a Netanyahu y que Israel “no puede continuar por este camino” en lo que respecta a las reformas judiciales. (Por lo visto, lo que sí puede continuar es más de medio siglo de ocupación).
Pero las palabras no se han traducido en hechos: no hay crisis. De hecho, un análisis más concienzudo nos revela algo diferente: que la enorme influencia de Washington sobre Israel sigue intacta y que la máquina de dar zanahorias sigue muy activada.
Silenciar las voces palestinas
En febrero Estados Unidos volvió a garantizar en el Consejo de Seguridad de la ONU que vetaría una resolución que no fuera del agrado de Israel. La administración Biden sigue alentando y convenciendo a terceros países para que normalicen y mejoren relaciones con Israel, y sigue avanzando para que se acepte a Israel en el Programa de Exención de Visados de Estados Unidos. Desde la tribuna de portavoces emplea todo tipo de gimnasia lingüística para evitar decir o confirmar que existe la ocupación.
Para que quede claro, si en el frente doméstico Netanyahu ha retrocedido (por ahora) desde el borde del abismo no es por la presión de Estados Unidos sino más bien por una oposición interna sin precedentes. Qué ironía: esta oposición amenaza con las pérdidas económicas y la objeción de conciencia al servicio militar, las mismas herramientas que proponen desde hace mucho tiempo quienes defienden la lucha contra la ocupación y el apartheid, desacreditadas desde siempre por todo el espectro político sionista por considerarlas ilegítimas o algo peor.
Si fracasan las negociaciones sobre un compromiso en torno a la reforma judicial y Netanyahu retoma la legislación pospuesta no esperen que Estados Unidos venga a ser el salvador.
La clase política israelí liberal y de centro ha invertido durante mucho tiempo grandes esfuerzos en silenciar las voces palestinas, en criminalizar la Campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones, y en utilizar como arma acusaciones espurias de antisemitismo en respuesta a la legitima crítica a Israel. Su éxito forma parte ahora de su problema: la impunidad internacional que Israel ha acumulado durante décadas de violación de los derechos palestinos la disfrutan ahora los arquitectos de la línea dura de la revisión judicial.
El planteamiento estadounidense sobre el frente palestino se detalló recientemente en el comunicado conjunto de la reunión celebrada este mes en Sharm el Sheij (Egipto). El texto repite en gran medida la declaración emitida en febrero tras la reunión similar celebrada en Aqaba (Jordania) con el mismo grupo de participantes al que ahora llaman Quinteto. El comunicado de Sharm el Sheij, colmado de altisonantes aspiraciones de confianza y consolidación de la paz, ha nacido tan muerto como su equivalente de Aqaba.
Lo más devastador de este enfoque por lo desproporcionado es que el énfasis de Estados Unidos en la desescalada implica en la práctica paz solo para los judíos israelíes, y ocupación, inseguridad y humillación cotidianas para los palestinos.
La insistencia de Estados Unidos en que ambas partes eviten HYPERLINK «https://www.state.gov/joint-communique-from-the-march-19-meeting-in-sharm-el-sheikh/» HYPERLINK «https://www.state.gov/joint-communique-from-the-march-19-meeting-in-sharm-el-sheikh/»medidas unilaterales HYPERLINK «https://www.state.gov/joint-communique-from-the-march-19-meeting-in-sharm-el-sheikh/» parecería razonable si no fuera porque este unilateralismo equipara las violaciones del derecho internacional por parte de Israel –construcción de asentamientos, demolición de viviendas, confiscación de tierras, uso desproporcionado de la fuerza y castigo colectivo a la población civil de Gaza y de otros lugares– con las iniciativas palestinas de defensa de ese mismo derecho en foros internacionales como Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.
Grandes riesgos geopolíticos
Cuando Estados Unidos presiona para que se intensifique la cooperación militar [de seguridad] entre Israel y la Autoridad Palestina (AP) ignorando al mismo tiempo la injusticia en que se basa la ocupación indefinida, se posiciona a favor de que ocupante y ocupado deben cooperar para normalizar la ocupación. Ello explica por qué Fatah, partido palestino en el gobierno de la AP, se desangra en popularidad y legitimidad, y por qué Estados Unidos –y el propio presidente palestino Mahmud Abbas– se niegan a apoyar elecciones palestinas, que llevan 17 años sin celebrarse.
En resumen, la política de Estados Unidos y de Occidente de garantizar sistemáticamente la impunidad de Israel –asegurando que sus acciones no tengan costes ni consecuencias– actúa como cómplice del extremismo de Israel que sigue creciendo. Es la opinión pública israelí la que ha dado poder a políticos como Ben Gvir y Bezalel Smotrich, y Netanyahu los ha incluido en su coalición de gobierno sabiendo con certeza que no habrá sanciones significativas para Israel.
Quienes esto firmamos somos dos de los autores de un informe publicado hace dos años bajo el título Breaking the Israel-Palestine Status Quo: A Rights-Based Approach [Acabar con el statu quo palestino-israelí: un enfoque basado en derechos] que alarmaba sobre la peligrosa trayectoria que estaban tomando los acontecimientos y sobre cómo la política estadounidense agravaba la situación.
Pero para Estados Unidos y por extensión para Occidente, los riesgos geopolíticos son aún más elevados hoy en día. El abismo manifiesto entre la retórica occidental sobre Ucrania y su encubrimiento de las acciones ilegales de Israel conlleva costes reales para Estados Unidos y Europa en la escena internacional. En el Sur Global se cita con frecuencia como prueba A que sostiene su rechazo a las pretensiones morales de un orden basado en normas de y dirigido por Occidente.
Huwara es el presente pero muestra asimismo la conexión con el pasado y el atisbo de un futuro potencial. Los políticos israelíes de derechas amenazan abiertamente y cada vez con mayor frecuencia con una segunda Nakba; a tal efecto las milicias de colonos están tanteando el terreno con la cobertura del ejército israelí.
La hueca política del centro y de la izquierda sionista no puede invertir esta tendencia. Las potencias exteriores tienen que elegir entre ser cómplices del apartheid o exigir responsabilidades a Israel. Y aunque siempre es la población palestina la que paga el precio de la impunidad de Israel muchos israelíes descubren ahora que también tiene un coste para ellos.
Zaha Hassan es abogada de derechos humanos e investigadora visitante en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Anteriormente fue coordinadora y asesora jurídica del equipo negociador palestino durante la candidatura de Palestina a la ONU, y fue miembro de la delegación palestina en las conversaciones exploratorias patrocinadas por el Cuarteto entre 2011 y 2012.
Daniel Levy es presidente de Middle East Project en Estados Unidos y ex-negociador israelí con los palestinos en Taba con el Primer Ministro Ehud Barak, y en Oslo B con el Primer Ministro Yitzhak Rabin.
Artículo original: Middle East Eye. Traducción para viento sur de Loles Oliván Hijós