Desde hace décadas la ayuda estadounidense a la AP está dirigida a consolidar su papel como subcontratista de la ocupación israelí para abaratarla y prolongarla en beneficio de la economía de Israel, mientras se intensifica la fragmentación palestina y se veta el potencial democrático palestino.
Hace siete años escribí “Los miles de millones de Kerry”, donde examinaba críticamente el plan económico de Estados Unidos para el Territorio Palestino Ocupado (TPO). En aquel momento, John Kerry, Secretario de Estado estadounidense de la administración Obama-Biden, había prometido a los palestinos miles de millones de dólares –entre 4.000 y 11.000 millones– en el marco de su “Iniciativa Económica para Palestina”.
El objetivo del plan era desarrollar la economía de Cisjordania y la Franja de Gaza en un período de tres años como condición previa para un acuerdo político que pusiera fin al “conflicto palestino-israelí”. El plan prometía el aumento del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) palestino en tres años, la disminución en dos tercios de la tasa de desempleo y la supuesta duplicación del salario medio palestino. Kerry denominó a su plan “nuevo modelo de desarrollo”; Tony Blair, representante del Cuarteto en aquel momento, afirmó que era único en la historia. [En el artículo] yo no sólo alertaba de que ese plan era inviable sino también de su cuestionable diseño, de sus consecuencias nocivas y de su fragmentaria lógica económica.
También advertía de que la “paz económica” no puede comprar la “paz política”, y que poner aquella como condición previa para la prosperidad en ausencia de un horizonte político implica fracasar. Kerry (y la administración Obama-Biden) salieron de la Casa Blanca, los miles de millones de dólares se quedaron en Washington, y el plan ni se llevó a la práctica ni tuvo ningún resultado tangible respecto a lo que pretendía y prometía.
La verdad es que no fue una sorpresa porque estaba enmarcado en un paradigma o enfoque general de intervención externa errado y dictado, además, por los cálculos y parámetros de un mediador de paz deshonesto (Estados Unidos) y de su aliado (Israel).
Ahora, cuando Joe Biden se prepara para regresar a la Casa Blanca como presidente, me temo que mis advertencias anteriores siguen vigentes porque los miles de millones de Kerry van a ser sustituidos por los miles de millones de Biden. El regreso a la “vieja normalidad” no es una buena noticia para la paz y la justicia, y mucho menos para la libertad e igualdad de los y las palestinas.
La administración de Biden no puede apartarse del enfoque tradicional de la política estadounidense para los palestinos –“paz económica” y “dividendos de la paz”–. Por lo tanto, no debería extrañar que la nueva administración elija la ayuda estadounidense como punto de partida para retomar el compromiso con la Autoridad Palestina (AP) tras años de marginación y abandono durante la era Trump. Al hacerlo, Biden estará siguiendo el sendero por el que todos sus predecesores han transitado y fracasado.
Al proyecto de paz económica de la administración Carter le siguió la iniciativa de “Calidad de vida” bajo la administración Reagan; luego vino la idea de los dividendos de la paz de la administración Clinton; después la iniciativa de la “Hoja de ruta para la paz” de la administración Bush con su estrategia económica central impulsada por la seguridad. Más recientemente, la administración Trump ha seguido el ejemplo con su plan “Paz para la prosperidad”, una visión fundada en la misma lógica económica fallida.
La presidencia de Biden no tiene motivación alguna para apartarse del enfoque de “paz económica” propio de la política de Estados Unidos hacia Palestina. Le basta con buscar un nuevo apelativo o sinónimo para los mencionados planes de “paz económica” y “dividendos de la paz”. También necesitará una “modalidad híbrida” ligeramente modificada, lo que significa que su intervención probablemente no será solo a través de ayuda condicionada sino también de inversiones condicionadas. Esta modalidad híbrida de “ayuda-inversión” podría ser un planteamiento adecuado conforme a los denominados Acuerdos de Abraham y a la vía de la “normalización regional” entre Israel y algunos Estados árabes.
Dicho esto, reanudar la ayuda a la AP exigirá que la administración Biden revoque una serie de leyes y regulaciones promulgadas durante los últimos cuatro años, o que las sortee o las pase por alto antes de reiniciar sus programas de ayuda. Ello no debería suponer un obstáculo importante porque el impulso político, como de costumbre, hará caso omiso de las regulaciones y del ámbito de la legalidad.
Por último, y desde la perspectiva del receptor de este anticipado paquete de “ayuda-inversión” estadounidense (la AP), habrá poca resistencia a ese marco ambiguo de ayuda. Tras el triunfo de Biden y la derrota de Trump, la dirección política palestina, desesperada, ya ha enviado claras señales a Washington de que está dispuesta a volver a la “vieja normalidad”. El marco político adoptado desde la fundación de la AP se adecua a los parámetros de la administración Biden, y resulta evidente que no ha aprendido nada de los fracasos colectivos de las últimas décadas: está planeando, otra vez, poner la mayoría de sus huevos (quizá todos) en la cesta de Estados Unidos y aceptar la ayuda estadounidense.
Dada su situación financiera, la AP ve el flujo de ayuda de Estados Unidos como un poco del oxígeno que tanto necesita y estará dispuesta a asumir el paquete de condiciones que conlleva. Sin embargo, no es una buena noticia para la población palestina en su búsqueda de autodeterminación, libertad y dignidad.
Después de todo, desde hace décadas, la ayuda estadounidense a la AP está dirigida esencialmente a consolidar su papel como subcontratista de la ocupación israelí para abaratarla y prolongarla en beneficio de la economía de Israel, todo ello mientras se intensifica la fragmentación palestina y se veta el potencial democrático palestino. Un nuevo paquete de ayuda de la nueva administración estadounidense no hará más que afianzar estas dinámicas perversas y volver más sombrías aún las perspectivas de una paz verdadera y duradera.
Es hora de ir más allá de la “vieja normalidad” pero ciertamente ni la entrante administración estadounidense ni el actual liderazgo político palestino son capaces ni están dispuestos a pasar a una “nueva normalidad” que pudiera asentar los cimientos para una paz justa.
Alaa Tartir es investigador y coordinador académico del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IHEID) de Ginebra, y becario del Instituto de Investigaciones sobre la Paz de Oslo (PRIO). Asimismo es asesor de programas y políticas de Al Shabaka. Las publicaciones de Tartir pueden consultarse en www.alaatartir.com.
Fuente: https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/12/15/bidens-impending-billions-to-palestine/
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