Tomo pie en la excelente nota de Ivanna Vallespín [IV] -«Somos agnósticos y escolarizan a nuestro hijo en un centro religioso»- del pasado lunes en la edición de Cataluña del cada vez más insoportable y ultraconservador global-imperial-antichavista [1]. La norma, según la propia consellera de Educación, Irene Rigau, que rige su política es ésta: «quien […]
Tomo pie en la excelente nota de Ivanna Vallespín [IV] -«Somos agnósticos y escolarizan a nuestro hijo en un centro religioso»- del pasado lunes en la edición de Cataluña del cada vez más insoportable y ultraconservador global-imperial-antichavista [1].
La norma, según la propia consellera de Educación, Irene Rigau, que rige su política es ésta: «quien pide escuela pública tiene plaza en la pública y quien pide la concertada, va a la concertada». Norma más que discutible (las concertadas, asunto se dijo provisional a finales de los años setenta del siglo pasado, son negocios privados, de marcadísima tonalidad ideológica en numerosos casos, generosamente subvencionados con dinero y esfuerzo públicos), aceptémosla. Supongamos, admitámoslo o no, que así deben ser la cosas.
Veamos como funcionan la norma en la práctica, observemos la política educativa realmente existente:
El hijo de Manuel Balenas, señala IV, debe empezar en septiembre el P-3. Sus padres habían solicitado en primera opción una escuela pública de L’Hospitalet de Llobregat (una ciudad trabajadora pegada a Barcelona) y, en segunda opción, una concertada laica (que también las hay aunque no sean muy numerosas). Les había gustado «por las buenas referencias que les habían dado de ella» unos amigos.
Pero, ¡ay sorpresa!, la vida les ha dado otra sorpresa: la Generalitat les ha comunicado que a su hijo le han adjudicado una plaza en el Casal dels Àngels, una escuela privada concertada marcadamente religiosa. El padre del niño se queja, con razón, y apunta el siguiente argumento: «En casa somos agnósticos y nos obligan a llevar a nuestro hijo a esa escuela. No nos han consultado y no han respetado nuestras creencias». No es imposible que donde el ciudadano Balenas dice agnóstico quiera decir realmente ateo o irreligioso.
En el mismo caso de la familia Balenas hay otras 70 familias más en L’Hospitalet (de nuevo tomo pie en IV). De ellas, 42 (es decir, ¡el 60%!) no habían solicitado escuelas concertadas en ninguna de las opciones. Ni en primera ni en segunda ni en tercera instancia.
En marzo, antes de la preinscripción, la alcaldesa de L’Hospitalet, ya denunció que la Generalitat, a través de la consellera de Educación, había planificado el cierre de dos grupos de P-3 en la escuela pública mientras se añadía un grupo a la concertada. Una vez hecha la preinscripción, el Departamento de Enseñanza dio marcha atrás (a su gran paso adelante previo) y decidió cerrar una línea, la de la escuela (pública por supuesto) Frederic Mistral.
La explicación-tesis de la Generalitat: sobran plazas en L’Hospitalet. El Ayuntamiento discrepa: según el consistorio, se ofrecieron 1.285 plazas en la pública y se han recibido 1.307 peticiones (22 más por tanto) y en la concertada-privada, en cambio, se ofrecieron 982 plazas pero solo se recibieron 865 solicitudes (es decir, 117 menos!). ¡Nada menos!
¿En cuántos municipios catalanes se está reproduciendo esta situación, en cuántos de ellos se está abonando y ayudando «esta derivación de la pública a la concertada», esta nueva-vieja apropiación de lo público por intereses y cosmovisiones privadas? No es fácil saberlo: la cuestión, señala con razón IV, sólo sale a la luz si lo denuncian los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque son las instituciones que manejan las cifras. ¿Se imaginan al senyor Trias, el alcalde de Barcelona, máxima figura del conservadurismo y el neoliberalismo desalmado, haciendo públicos datos que vayan en la dirección aquí denunciada? ¡De eso nada, pública monada! ¡Que no os enteráis! [2]
En Sant Boi de Llobregat, otra ciudad trabajadora también cercana a Barcelona, se han encontrado en una situación similar [3]. En este caso son diez las familias que no habiendo solicitado plaza en la privada-concertada se les ha adjudicado a ella. Con un singular añadido: hay dos familias que son musulmanas practicantes y se les ha enviado a una concertada religiosa… Católica por supuesto. ¡Qué tacto!
Enseñanza ha asegurado que «si no hay sitio en la escuela deseada, la adjudicación se hace de forma automática». Y ha rematado el argumento con finura exquisita y casi inapelable: el proceso lo realiza una máquina. ¡Acabáramos! ¡Las máquinas son máquinas! ¿Algo que decir?
Pues sí: el Departamento de Educación, siempre tan democrático y ejemplar, insiste en que las familias pueden recurrir. ¡Que recurran y que se callen!
¿Se acuerdan del otro Marx, tan marxiano como el primero? Pensábamos que era otro perro muerto pero tampoco en su caso. ¿Se acuerdan de su aforismo preferido? Estos son mis principios; si no les gustan, tengo otros. La consellera Rigau ha tomado nota y ha dado órdenes con diligencia.
PS. Algunos datos, que tomo del excelente libro de Rosa Cañadell recientemente editado por el topo [4], ayudan a entender un poco más la situación:
España estaba en el año 2000 a la cola de la UE en inversiones en educación. Ni campeones ni historias. En 2009 (digamos: antes de la crisis-estafa-desmantelamiento de conquistas), el gobierno de Sefarad dedicada el 4,72% del PIB a educación mientras que la medida de la UE era del 5,18%. En Cataluña, con gobiernos tripartitos (¡El atila Ernest Maragall en la conselleria!) la cosa era aún peor: sólo el 3,95% (no es un dato singular ni novedosa: los niveles de inversión, en contra de una creencia muy extendida, siempre han sido menores en Cataluña que, en general, en el resto del Estado).
Vale la pena recordar otros datos europeos para análisis comparativos: inversiones en Dinamarca y Finlandia: 7,7% y 6,1% respectivamente.
Además, las subvenciones a escuelas privadas (id est, negocios privados muy marcados ideológicamente) subió en España el 14,6% y en Cataluña el 18,5% (¡4 puntos más!).
Las becas muestran el mismo panorama (datos de 2008): España dedicaba un 2% a las no universitarias y un 10% a las universitarias; en la UE, los valores eran del 4% y el 17% respectivamente. En Cataluña no se llegaba al 1% en el primer caso y era de un 6% en la universitaria. En Dinamarca eran del 6 y el 18% respectivamente (seis veces más que Cataluña y 3 más veces más respectivamente).
Item más: el gobierno español, según el documento de ajustes enviado en su día a Bruselas por el propio ejecutivo, prevé que entre 2010 y 2015 el peso de la inversión pública pase del 4,9% al 3,9%, 1 punto menos, es decir, una reducción del 20%. ¡Del veinte por cien!
En Cataluña, por poner un ejemplo de las consecuencias de esta creativa política a la medida de los grandes emprendedores, teníamos en 2012 el mismo presupuesto educativo (en términos absolutos) que en 2007… pero eso sí, con 182.500 alumnos más. ¿Calculan cuántos institutos y cuanto profesorado se correspondería con ese aumento de estudiantes?
¿Es necesario apuntar finalmente qué sectores sociales van a quedar, estando quedando ya, más afectados por la política de la RHAE (recortes-hachazos-agresiones-estafas)? Han acertado, efectivamente: los parias de la tierra. ¿Quiénes cantaban eso de que «le llaman democracia pero no lo es»?
Notas:
[1] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/09/catalunya/1370809280_277742.html
[2] En la ciudad de Barcelona, las escuelas de primaria y de secundaria obligatoria privadas, concertadas o privadas-privadas, arrasaron por amplísima mayoría en la matrícula del curso 2012-13 según datos oficiales.
[3] Para las 524 de la pública se recibieron 527 solicitudes (tres más), mientras que para las 359 de la concertada llegaron 346 peticiones (13 menos).
[4] Rosa Cañadell, ¿Qué pasa con la educación? Preguntas (y respuestas) más frecuentes, El Viejo Topo, Barcelona, 2013.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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