Las firmas que reclaman un plebiscito por la Reforma Constitucional que impida la privatización del agua potable y del saneamiento público pueden escaparse como el agua entre los dedos de la mano. Esta semana empresas de Brasil, Canadá, España, y Sudáfrica se presentaron a la licitación internacional para la confección del mapa del Acuífero Guaraní, […]
Las firmas que reclaman un plebiscito por la Reforma Constitucional que impida la privatización del agua potable y del saneamiento público pueden escaparse como el agua entre los dedos de la mano.
Esta semana empresas de Brasil, Canadá, España, y Sudáfrica se presentaron a la licitación internacional para la confección del mapa del Acuífero Guaraní, la tercera reserva mundial de agua potable del mundo.
La gran prensa se refiere a que esta licitación es parte del Proyecto para «La Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní» financiado por el Banco Mundial y el respaldo de la Organización de Estados Americanos OEA.
La ceremonia que inició la apertura de las ofertas, fue presidida por el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres, un funcionario de este gobierno y reconocido como el mayor privatizador de todos los tiempos.
Las ofertas van desde la brasileña «Imagen Sensoramiento Remoto» que ofertó por US$ 1.135.000; la canadiense «Tecsult Internacional Limited» por US$ 450.000; el Consorcio español «Nipsa Stereocarto» por US$ 721.882 y el ?Consejo de Geociencias? de Sudáfrica por US$ 979.487.
A partir de ahora transcurridas algunas pocas semanas el Comité de evaluación integrado por los cuatro países del MERCOSUR donde se encuentra ubicado el Acuífero Guaraní, decidirá tras los resultados de la evaluación, elevar un informe a los respectivos Gobiernos para su aprobación.
La adjudicataria de la licitación dispondrá posteriormente de ocho meses para confeccionar el mapa del acuífero. Cáceres destacó la importancia del Acuífero «para los países del sur y para todo el mundo».
El Acuífero Guaraní es el tercer reservorio de agua subterránea del mundo con treinta y siete mil kilómetros cúbicos de agua potable.
Un gigantesco océano debajo de nuestros pies con aguas puras cuya temperatura oscila entre los treinta grados y sesenta y cinco grados de temperatura. Lo que le da además un valor extraordinario para la industria.
Los «zorros protegiendo el gallinero».
La OEA un instrumento de los Estados Unidos de Norteamérica que expulsó y hasta hoy mantiene un injustificado y cruel bloqueo contra Cuba. El Banco Mundial que es el principal prestamista para proyectos de explotación y desarrollo del agua potable y el saneamiento público en los países del Tercer Mundo. Y cuya primer exigencia para acceder a esos recursos es la de privatizar el servicio público y el saneamiento.
Más de 270 préstamos se pueden encontrar en las páginas del Banco Mundial por suministros de agua potable. Y el Ministro uruguayo de Transportes y Obras Públicas, Lucio Cáceres, el mayor privatizador de todos los tiempos quien entregó a empresas transnacionales, el Puerto de Montevideo y la playa de contenedores, varios Puertos del interior del país, el Aeropuerto Internacional de Carrasco, y otros aeródromos menores del interior, carreteras nacionales y peajes.
Este es el primer paso sigiloso de entregar a los grandes Consorcios internacionales nuestra mayor riqueza el agua potable y el saneamiento público. Un negocio para las exportadoras de agua potable a un mundo sediento con la cual los empresarios cambian agua por oro.
Los discursos ambientalistas y las expresiones nacionalistas de defensa y protección de la naturaleza traducen un espíritu sensible que sin embargo no es acorde con la experiencia y la trayectoria de los personajes y las instituciones que están detrás de este proyecto.
Detrás de estos proyectos sigue estando nada menos que un ex director del Fondo Monetario Internacional y un gran personaje que siempre está detrás del agua potable y relacionado con la banca francesa. Nos referimos a Michel Camdessus.
Los empresarios del agua potable se quejan de la escasa rentabilidad en la explotación hídrica en los países pobres basados en la escasa recuperación de inversiones por que el tipo de cambio afecta la financiación.
El planteo del conjunto de organizaciones e industriales entre las que se encuentran el Banco Mundial, la Sociedad Mundial del Agua, el Consejo Mundial del Agua, y el ex hombre fuerte del FMI destaca en su planteo la «interferencia política» y de los gobiernos en el precio del valor de los servicios.
Los empresarios tienen el problema en definitiva de que deben recuperar sus inversiones en economías pesificadas y en economías en crisis.
Pero últimamente deben agregarle la inestabilidad y los levantamientos sociales como los de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, donde las poblaciones enteras se levantan en defensa del agua potable.
En algunos lugares de esos las empresas habían puesto las tarifas en dólares y la gente se levantó contra las compañías expulsándolas de sus regiones.
Las conclusiones de los empresarios no son novedad para nadie, pero para quienes militan contra la expropiación del agua potable coinciden en que «el agua no es una necesidad sino un derecho humano».
Los pronósticos de que los países pobres deberán resolver el problema de 180 mil millones de dólares para desarrollar la nueva infraestructura para el agua que necesitan los pueblos hace suponer a los empresarios que ese dinero no podrá salir de las arcas públicas los próximos años.
Por ello su receta -conociendo las necesidades de los Gobiernos- es la privatización del agua.
En realidad los empresarios no piensan en las inversiones sino en la rentabilidad que las compañías transnacionales exigen a los Gobiernos latinoamericanos con garantías cambiarias y protección de riesgos.
Según un informe de Hinda Pomeraniec, periodista argentina, en el año 1990 eran cincuenta millones de personas las que recibían agua potable por cañería, hoy son trescientos millones. Según estas cifras el imperio del agua moviliza 800 mil millones de dólares al año.
Un dinero que solamente sale del manejo del 5% del agua potable mundial, por eso ahora vienen por uno de las mayores reservorios de agua del mundo el Acuífero Guaraní.
Así es que ahora la estrategia de las grandes empresas es incluir el agua potable en las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la organización Mundial de Comercio.
Para que se entienda mejor -pese a que puede resultar pesado insistir al respecto y siempre sobre lo mismo- la mercantilización del agua debe sumarse a la de la salud y la educación.
Prestamos del BID para el saneamiento, prestamos del BID para la educación, y prestamos del BID para la salud uruguaya solo podrán conducir a un único camino las privatizaciones.
Y sobre todo tendremos en cuenta que por un lado las regulaciones y la constitución ya no será más resorte del Gobierno, las Intendencias, la Universidad o el Ministerio de Salud Pública, sino de la Organización Mundial de Comercio y de los gringos del FMI, la OEA, el BID y el Banco Mundial.
Estos organismos internacionales de crédito y los grandes Consorcios mundiales buscan liberalizar el mercado de todas las maneras posible la eliminación de cualquier medida gubernamental que pueda favorecer a OSE o cualquier otro proveedor nacional y a la vez terminar de buena vez con los monopolios públicos.
Solamente la Unión Europea ha planteado a unos setenta países la apertura de sus mercados de agua a compañías privadas.
Estas son presiones que se ejercen en forma secreta y que no se difundirán nunca por los grandes medios de comunicación.
En el caso Uruguay la Carta Intención firmada por el Gobierno uruguayo con el Fondo Monetario Internacional en junio del 2002, puso como garantía de pago la entrega del agua potable.
En esa dirección el Gobierno blanco y colorado presentó un proyecto de ley para ?Regularizar los Servicios de Agua potable y Saneamiento? como primer paso funcional a las privatizaciones.
Este proyecto implementa la participación privada en la gestión y desarrollo del sector de explotación del agua y del saneamiento.
Con ello liquida a la OSE.
Define que el transporte de agua potable a través de cañerías sin dar servicio o exigirlos a conexiones en la ruta.
Exige e impone a pedido del prestador privado de los servicios conectarse obligatoriamente a la red establecida en las leyes que se apliquen.
Resuelve considerar como usuarios a todas las personas físicas o jurídicas que sean propietarias poseedoras, tenedoras y ocupantes de inmuebles que reciban o estén en condiciones de recibir los servicios regulados de esta nueva ley.
Dice también que los créditos de los permisarios provenientes de facturas de servicios y conexiones impagas constituirán título ejecutivo.
O sea que el que no pague «marcha al espiedo».
En síntesis las empresas tienen la potestad de construir redes de cañerías de agua potable sin permitir a nadie que se enganche a ellas en el camino. Pero si la empresa considera necesario puede obligar a una persona física o privada a conectarse a la red y si alguien no pude pagar las facturas las nuevas empresas de suministro de agua estarán en condiciones de ejecutar al deudor.
Los intereses económicos que están detrás del agua potable son enormes, comenzando por los organismos mundiales de crédito como el Banco Mundial, el FMI y el BID. O los sectores empresariales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las gigantes corporaciones del agua que ocupan los primeros lugares de empresas de explotación del agua a nivel mundial de origen europeo.
Tenemos ya la contra de que existen esas empresas en el Uruguay ejerciendo fuertes presiones y haciendo lobby en los despachos de los dirigentes políticos.
Las elecciones se ganan con campañas electorales y se necesita mucho dinero para la publicidad en la televisión.
El Frente Amplio y su presidente Tabaré Vázquez ha dicho durante toda la campaña de las internas que hay que votar el plebiscito por la defensa del agua potable y el saneamiento público. Larrañaga que firmó el petitorio una vez que se dio a conocer por parte de la Corte Electoral que las firmas estaban empezó a sacar la pata del lazo. Y lo más probable es que intente negociar una tercera posición que de vida a las empresas privadas y mantenga a la vez sensibilidad en el texto sobre los derechos y el medio ambiente. Algo así como Chiruchi en San José que mientras fue Ministro de Medio Ambiente «reglamentó» la instalación de curtiembres que trabajan con los peores ácidos tóxicos, de Dirox que emplea el cromo+seis cancerígeno cien por ciento, la empresa explotadora de oro en las Sierras de Mahoma que utiliza el cromo que envenena ríos y cañadas.
Las firmas estuvieron el plebiscito debe realizarse y aunque la izquierda vaya sola tiene que apostar a ganar en primera instancia con esos votos defenderemos el agua tan cual se consiguieron las firmas sin cambiar una solo punto o coma de lo que se planteo por parte del sindicato y la Comisión en defensa del Patrimonio Nacional.
Ya ganamos en diciembre salvando ANCAP y ahora lograremos otro triunfo mayor rescatando el agua potable y el saneamiento de Maldonado que está en manos de empresas extranjeras.
DEFENDAMOS EL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO PARA QUE EL PROXIMO GOBIERNO PROGRESISTA CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA DAR TRABAJO Y HACER JUSTICIA SOCIAL.
NO DEJEMOS QUE NOS ROBEN EL AGUA.
Mensaje de la 36
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