El mensaje dominante de la mayoría de lo que se ha ido publicando sobre la transición política española podría resumirse en una conclusión interesada: el camino hacia la democracia fue iniciado desde el régimen franquista mismo y los movimientos de oposición no hicieron más que intentar complicar las cosas hasta que, por fin, sus principales […]
El mensaje dominante de la mayoría de lo que se ha ido publicando sobre la transición política española podría resumirse en una conclusión interesada: el camino hacia la democracia fue iniciado desde el régimen franquista mismo y los movimientos de oposición no hicieron más que intentar complicar las cosas hasta que, por fin, sus principales líderes se decidieron a entrar en razón y a meterse por el carril de la «reforma pactada»; los hechos fueron así y no pudieron ser de otra manera, sentencian satisfechos aficionados y profesionales de la historiografía oficial.
Sólo algunos trabajos críticos y voces minoritarias disidentes se han podido expresar de vez en cuando a lo largo de las casi tres décadas transcurridas desde entonces. No obstante, constituyen un signo esperanzador algunas de las nuevas aportaciones procedentes de parte de la nueva generación de historiadores, politólogos y escritores que cuestionan ese discurso oficial (1).
Me corresponde en este trabajo ofrecer el punto de vista de un sector de esa izquierda radical a la que tanto persiguió la dictadura y que también ha sido generalmente «ninguneada» o simplemente olvidada en las versiones historiográficas ampliamente mayoritarias.
El contexto
Para una reconstrucción breve de lo ocurrido habría que empezar por llamar la atención sobre las enseñanzas extraídas de los estudios sobre las transiciones políticas por politólogos de diversas escuelas, obligándoles a ser más prudentes respecto a las conclusiones teóricas y a la tendencia a generalizar a partir de ellas.
Porque si en algo están de acuerdo casi todos ellos es en que la anormalidad y el principio de incertidumbre predominan en esos procesos frente a cualquier plan preconcebido, precisamente porque lo que se vive es un proceso de cambio y, por tanto, su desenlace depende de la acción humana colectiva, de las opciones prácticas que finalmente se tomen en función también de las cambiantes relaciones de conflicto y/o negociación que se van estableciendo entre los distintos actores sociales. Esto es sin duda lo que también se reflejó en nuestro caso: tratar de reinterpretarlo según las distintas variantes de «pizarra» (expuestas ex post facto) conduce a caer en las dos falacias clásicas del «determinismo retrospectivo» (lo que ocurrió es lo que tenía que ocurrir…) y del «presentismo» (las percepciones del pasado serían similares a las del presente…).
Ni la teoría de la modernización capitalista ni la presunta lucidez de unos líderes ayudan a entender lo que ocurrió finalmente. Como mucho, para lo único para lo que pueden servir estas versiones evolutivas o elitistas de la historia es para comprender el desgaste de la base social del régimen y sus intentos de liberalización, así como el transformismo de determinados personajes; pero no desde luego para concluir sobre la inevitabilidad del rumbo final del proceso y del tipo de régimen que finalmente se fue construyendo. Para entender esto último hace falta reconocer la dialéctica que se fue estableciendo entre el desarrollo de un movimiento antifranquista en el conjunto del Estado español, por un lado, y la respuesta pragmática y llena de tensiones que frente a él va ofreciendo un poder que no quiere verse desplazado por la fuerza, por otro. En resumen, hay que introducir factores como los sucesivos acontecimientos nacionales e internacionales que se producen en esos años, la conflictividad entre ese movimiento y el poder, así como los realineamientos de las fracciones burguesas y proto-partidos de la derecha y de la izquierda moderada que se van construyendo en los primeros años de la Transición.
En cuanto al contexto más concreto, hay que tener en cuenta que la economía y la sociedad españolas ya se hallaban, una vez superada la fase relativamente autárquica, en un proceso de cambio en muy diversos ámbitos, íntimamente unido a su creciente vinculación económica, geopolítica y militar al capitalismo europeo y norteamericano, obligando así a sus representantes más preclaros (incluidos, por supuesto, dirigentes de la socialdemocracia alemana) a preocuparse por evitar cualquier tendencia a la desestabilización de nuestro país como consecuencia del ya previsible fin de la dictadura (2).
Ese interés estratégico fue mayor si cabe tras el impacto -y las lecciones que de ello extraen- de un acontecimiento no previsto en cuanto al momento y, sobre todo, a la forma que tomó: la revolución portuguesa de abril de 1974, iniciada por un grupo de capitanes rebeldes frente a la dictadura caetanista y sus guerras coloniales (3).
Tiempo político y acontecimientos precipitantes
Existe obviamente una conclusión en torno a la cual es fácil ponerse de acuerdo: no hubo ruptura radical con el régimen anterior sino un proceso de reforma pactada desde la vieja legalidad, mediante la aprobación por referéndum de la Ley de Reforma Política en diciembre de 1976, hasta la nueva legalidad establecida con la Constitución de 1978, pasando por las elecciones de junio de 1977.
Ese período es el que podríamos acotar como «democratización». Antes fue precedido -tras la desaparición en atentado de Carrero Blanco en 1973, los fusilamientos de miembros de ETA y FRAP en septiembre de 1975 y la muerte de Franco en noviembre del mismo año- por tímidos y contradictorios ensayos de «liberalización», los cuales fueron chocando a su vez con una presión social y popular tendente a desbordar sus límites. Hitos fundamentales como la movilización popular de Vitoria en marzo de 1976 y, sobre todo, la de Atocha en enero de 1977 son reveladores de una ola ascendente de luchas y de la incertidumbre vivida respecto a cuál sería el siguiente episodio y, con él, el futuro más inmediato de los distintos proyectos en liza. Es en la gestión y adaptación al realismo político de esos procesos por parte de los teóricos representantes de los principales actores, donde sí es obligado comprobar un margen de maniobra que acaba permitiéndoles llegar a un terreno común de negociación.
Sólo después de fracaso del golpe del 23-F de 1981 y bajo los efectos «blandos» del mismo se iniciaría una segunda fase de la Transición en la que, si bien el intento de cierre del proceso autonómico (a través de la LOAPA) queda relativamente frustrado, la llegada del PSOE al gobierno, el ingreso en la CE y el sí definitivo a la OTAN culminan la renovación de la elite política dentro del marco de la «reforma pactada» y la ubicación actualizada del Estado español dentro de «Occidente».
Partiendo de esas coordenadas podríamos describir el proceso que se abre tras la desaparición del dictador como una carrera en la que el innegable ascenso de una diversidad de movimientos de oposición -especialmente fuertes en lugares como Catalunya, Euskadi y Madrid- expresa la perspectiva de una posible maduración de las condiciones necesarias para lograr una caída en caliente del régimen (4). Para evitarla, para anticiparse a ella, surge el proyecto de Reforma Política de Suárez, que acaba dotándose de apoyo social gracias a un referéndum cuyo desarrollo se da ya en condiciones de una dictablanda capaz de magnificar las resistencias del bunker para lograr el asentimiento de un sector significativo de la población a su propuesta como «mal menor» provisional.
Pero es sólo a partir de febrero de 1977 cuando se puede reconocer una nueva fase en la que el conflicto régimen-movimientos sociales pasa a ser sustituido por una dinámica de negociación entre la elite reformista y la opositora, con la consiguiente tendencia a la desmovilización popular. Así, una vez superado el decisivo escollo de la legalización del PCE (5), se van estableciendo los tres consensos básicos entre elite reformadora, contraelite moderada y.. .poderes fácticos: el que se refiere al pasado (y que implica no sólo perdonar sino también olvidar); el del presente (las reglas del juego que se van acordando para ir configurando el sistema de partidos que saldrá de las elecciones del 15-3 de 1977) y el del futuro (que obliga a considerar intocables instituciones como la monarquía y el ejército, o la unidad española bajo un solo Estado); no importa que alguna fracción, como la del PNV, se quede fuera provisionalmente, ya que se confía en su incorporación posterior (6).
Quizás el punto de inflexión mayor se da en los Pactos de la Moncloa firmados en octubre de 1977, convertidos en instrumento simbólico de lo que luego significa el consenso constitucional. Cualquiera que haya vivido esos años recordará sin duda el contraste creciente entre la dinámica de unidad de acción que se daba en los movimientos antes de esas fechas y la, muy diferente, que se da después. Esto es así porque el discurso del consenso es utilizado por los partidos de izquierda hegemónicos como medio de exclusión y silenciamiento de toda expresión de disenso frente al mismo, viéndose acentuado todo ello en el proceso de elaboración del texto constitucional y del referéndum posterior, únicamente cuestionado de forma significativa en Euskadi (7).
Es cierto que en el haber de lo logrado está la conquista de una serie de libertades, derechos e instituciones elegidas por sufragio universal que el franquismo negaba; pero en el debe hay tantas herencias y tal número de restricciones en el fondo y la forma que muy pronto se generan unos costes estructurales elevados (8), uno de cuyos efectos es la relativa frustración participativa que se da en muchos de los sectores que habían intervenido en el ciclo de movilización y protesta más intenso de la lucha antifranquista.
En conclusión, desde la izquierda radical teníamos razones y motivos para sostener que del hecho de que no tuviéramos la fuerza necesaria para imponer la ruptura no había por qué deducir que había que dar un giro brusco hacia la aceptación del contenido fundamental y las formas opacas de un pacto que llegó a presentarse, interesada y exageradamente, como el único camino posible frente a la amenaza del retorno a la guerra civil.
El fracaso de la ruptura
Pero, ¿por qué no hubo ruptura? Esta es una cuestión que ha sido objeto de reflexión entre gentes de la izquierda radical y que me veo obligado a retomar ahora a partir de las discusiones que tuvimos dentro de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), ya con ocasión de nuestro V Congreso, celebrado a finales de octubre de 1978.
En el documento preparatorio del citado Congreso se indicaban «factores esenciales que es necesario destacar para comprender por qué no se produjo la HGP (Huelga General Política) y la emergencia de una situación prerrevolucionaria». El primero era «la progresiva superación de la crisis política de la burguesía y la recuperación de una capacidad de iniciativa a partir de la relativa legitimación ante las masas de su proyecto en el referéndum de diciembre del 76: la burguesía española, una vez desaparecido el dictador, aleccionada por su experiencia, por la reciente revolución de Portugal y contando con el apoyo y la presión imperialista, optaba claramente por transformar el régimen antes que ver amenazado su poder». El segundo consistía en «el papel colaboracionista de los partidos obreros mayoritarios, que se materializó en la construcción de la Junta Democrática en el verano de 1974 y, posteriormente, de Coordinación Democrática y la Plataforma de Organizaciones Democráticas». El tercero, en fin, «las limitaciones del ascenso de las luchas obreras y populares que, pese a la creciente radicalización que expresaban, reflejaban un bajo nivel de conciencia y de organización, así como importantes desigualdades a escala de Estado».
En el mismo documento hacíamos también un balance autocrítico de nuestra orientación indicando tres debilidades fundamentales: «a) Partíamos de una caracterización excesivamente general de la crisis global del capitalismo español que no permitía valorar los límites de esta crisis (…) ; ha existido una subestimación de la capacidad evolutiva de la burguesía y de su margen de maniobra»; «b) la confusión entre la necesidad de una orientación hacia la HGP y el hecho que esta eventualidad fuera la única posible»; y, en fin, c) errores en la comprensión de la distancia entre combatividad y conciencia y «una visión un tanto espontaneísta del ‘salto’ que debía dar el movimiento para que se produjera la HGP».
Dejando al margen algunas de las expresiones que empleábamos entonces y teniendo en cuenta la cercanía de los hechos que analizábamos, sigo considerando que en los temas que se mencionaban en aquel Congreso se encuentran factores fundamentales para comprender lo ocurrido. Obviamente, desde la distancia actual habría que reflexionar más sobre el contexto, los débiles vínculos entre la minoría politizada y el resto de la sociedad y, sobre todo, la función -más como instrumento de neutralización de una base «creyente» que como movilización del imaginario colectivo- de la idea-fuerza de ruptura para la mayoría de la elite opositora. En todo caso, ya en aquellos apuntes, negándonos al determinismo retrospectivo, nos esforzábamos también por superar una visión excesivamente subjetivista, según la cual, por un lado, toda la responsabilidad del fracaso del proyecto rupturista debía ser achacada a las «direcciones obreras traidoras», mientras que por otro, todo lo que dijimos o hicimos estuvo bien.
Recapitulando de nuevo, se puede hacer el balance siguiente: tanto la recuperación de iniciativa política de fracciones burguesas como las limitaciones de los movimientos sociales condujeron a un equilibrio inestable que fue aprovechado por las primeras para, utilizando el chantaje del golpismo ante la población, arrastrar a la oposición a una mesa de negociaciones que ponía como condición previa la desmovilización social.
Dentro de ese clima político también es cierto que no hay que exagerar sobre el alcance de la responsabilidad de quienes desde la izquierda no contribuyeron a que la ruptura se produjera y, en cambio, ayudaron a la consolidación de la reforma pactada. Muchos transitólogos sostienen que esto tiene que ver con lo que sucede en la mayoría de los cambios de régimen «pacíficos»: las conquistas parciales logradas y la renovación de las elites en el poder implican una tendencia a la institucionalización del movimiento opositor. Pero al recordar esto se tiende a minimizar la especificidad de nuestro proceso, la fragilidad de lo alcanzado y el alto precio que hubo que pagar por ello. Porque aquí hubo en realidad una transacción muy desigual (basada en una «ilusión ideológica de igualdad» (9)) que permitió el mantenimiento de una parte importante de la vieja elite y del aparato coercitivo anterior, mientras que la defensa incondicional de la «reforma pactada» se convirtió en un factor de desmoralización de la gente que se había incorporado a partidos y sindicatos en la cresta de la ola movilizadora de los años 75 a 77.
En resumen, los grupos dirigentes de los principales partidos de izquierda hicieron muy poco por mejorar la relación de fuerzas en los años decisivos y, encambio, mucho por llegar a cesiones que en más de un caso, usando la terminología de Rafael Sánchez Ferlosio, fueron simples claudicaciones. Una de sus más graves consecuencias sería precisamente el proceso de transformismo que tuvieron que sufrir esos partidos para ganar credibilidad ante los poderes fácticos como alternativa de gobierno. Por eso, apenas consolidados, conocen una prematura crisis de identidad que a unos, tras el abandono del marxismo en 1979, les empuja al social-liberalismo, y a otros, una vez frustrado el sueño de obtener unos resultados electorales similares al partido de Berlinguer, les conduce a una profunda crisis de la que no lograrán salir hasta su participación activa, aunque tardía, en la campaña por la salida de la OTAN.
La izquierda radical, en cambio, condenada a una situación extra parlamentaria, conocería en unos casos (PT y ORT) un proceso de autodisolución y en otros (MC, LCR) una reubicación dentro de los viejos y los nuevos movimientos sociales. El alejamiento del horizonte de cambio radical deja paso así bien a la desmoralización y a la progresiva cooptación de cuadros por parte del PSOE, bien a la cultura de la resistencia (10). No obstante, la movilización para ganar el referéndum sobre la OTAN aparece como la última oportunidad, finalmente frustrada también, de recuperar la fuerza nada despreciable que esa izquierda radical tuvo en la lucha contra la dictadura.
De la ilusión democrática al cinismo político
Pero, más allá de la discusión sobre la posibilidad o no de ruptura, lo más grave fue la identificación de la mayoría de la izquierda con un discurso hegemónico que ni siquiera permitió que llegara a arraigar una cultura política antifranquista en la sociedad española. Algunos sociólogos de la Transición llegaron incluso a convertir esto en una virtud, queriendo así convertir la opinión de las elites en la única posible: en el IV Informe FOESSA (bajo la dirección, entre otros, de Juan J. Linz) se decía, por ejemplo, que «plantear el tema del antifranquismo les pareció a los españoles una postura que creaba divisiones y miraba demasiado hacia el pasado y era incompatible con el esfuerzo por cicatrizar las heridas de la guerra civil y de crear un nuevo régimen abierto a todos los españoles, cualesquiera que fueren en su conducta y responsabilidad pasada».
La injusta equiparación de los dos bandos de la guerra civil se convirtió así en una coartada para fomentar el relativismo moral y negarse a reivindicar el antifascismo del pueblo español. A esto siguió además la pronta conversión del secretismo y la opacidad en norma de conducta de los políticos (marco ideal para reforzar su supeditación-identificación con los poderes económicos y para facilitar los fenómenos de corrupción, como se ha visto después), con lo que iría resurgiendo un antipoliticismo que, gracias a la lucha contra la dictadura, parecía haberse reducido en el último decenio.
Con estos mimbres se iría produciendo el proceso de mutación de una cultura política autoritaria en otra en la que el «desencanto programado», según la definición de Alfonso Ortí, o el «cinismo democrático», en la de Maravall, traerían más tarde los frutos amargos de la resignación ante la degradación política y la desintegración social que seguimos sufriendo. Se demostraba así la «imposibilidad de construir una pedagogía democrática a partir de una transición opaca» (11).
Porque, una vez reconocido el fracaso del proyecto rupturista, el único camino que nos quedaba no era el del consenso. Se podía haber optado por el disenso frente a la instauración de la nueva hegemonía liberal autoritaria, luchando por la profundización de una democracia participativa y por reformular una estrategia en la que la cuestión social, la plurinacional y el debate sobre alternativas pudieran ir pasando a primer plano. Pero no sólo no se hizo esto sino que la mayoría de las formaciones políticas de izquierda pasó a convertir un consenso inicialmente táctico en otro de alcance estratégico, con lo que acabó legitimando la reforma pactada como el único régimen político posible durante mucho tiempo, como hemos podido comprobar cada vez que se intenta reabrir el debate sobre la reforma constitucional.
* Artículo publicado en la obra colectiva La transició democrática als Països Catalans. História i memoria , coordinada por Pelai Pagès i Blanch, Publicacions de la Universitat de Valencia, 2005.
NOTAS
(1) Me refiero a trabajos como los de Pablo Oñate ( Consenso e ideología en la transición política española , Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998), Xavier Doménech («El cambio político desde abajo (19621976″. Una perspectiva teórica y metodológica», mientras tanto , n° 90, 2004) y novelas como la de Isaac Rosa ( El vano ayer , Seix Barral, Barcelona, 2004).
(2) Para una visión retrospectiva de las condiciones del capitalismo español en ese período así como del proceso de formación del movimiento obrero me remito a La onda larga del capitalismo español , de Jesús Albarracín, también miembro de la LCR (Colegio de Economistas, Madrid, 1987).
(3) Hay un tratamiento amplio del tema en La revolución portuguesa y su influencia en la transición española (1961-1976) , de Josep Sánchez Cervelló (Nerea, Madrid, 1995),
(4) Existen ya muchos trabajos sobre el tema: me he referido a ellos en «Génesis y desarrollo de los movimientos sociales desde una perspectiva histórica. El movimiento obrero español», en Movimientos sociales: cambio social y participación , de M.J. Funes y R. Adell, eds., UNED, Madrid, 2003.
(5) Santiago Carrillo hizo la peor demagogia cuando trató de presentar como símbolo de la ruptura la legalización del PCE: fue su paso decidido hacia la aceptación de los límites y silencios de la Transición a cambio de esa legalización (olvidándose, por cierto, de una izquierda radical que siguió en la ilegalidad) lo que contribuyó a que aquélla fuera abandonada definitivamente por el partido que dirigía.
(6) Me remito sobre este tema al trabajo de otra joven investigadora, Montserrat Mateo, en La idea de España a finales del siglo XX. El nacionalismo español de la transición (www.vientosur.info
(7) He hecho un balance de la Constitución material española en «25 años de Constitución. ¿Un camino de ida y vuelta?» en Viento Sur , n° 71, 2003.
(8) Rafael del Aguila y Ricardo Montoro, El discurso político de la transición española , CIS, Madrid, 1984 española , CIS, Madrid, 1984
(9) Esa definición está tomada de Rafael del Aguila en «La dinámica de la legitimidad en el discurso político de la transición» ( Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986) , de Ramón Cotarelo, comp., CIS, Madrid, 1992).
(10) Para un balance de la evolución de la izquierda radical hasta, al menos, 1982, son de interés El proyecto radical , de J.M. Roca (Los libros de la catarata, Madrid, 1994) y La lucha final , de Consuelo Laiz (Los libros de la catarata, Madrid, 1995).