La Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q) en Ecuador tiene avanzado, en silencio, el proceso de privatización del agua. Algo que muchos imaginaban poco probable en la capital ecuatoriana, al tener un alcalde considerado «progresista» por algunos sectores, se está convirtiendo en realidad. ¿Quién dijo alguna vez hasta aquí la sed, […]
La Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q) en Ecuador tiene avanzado, en silencio, el proceso de privatización del agua. Algo que muchos imaginaban poco probable en la capital ecuatoriana, al tener un alcalde considerado «progresista» por algunos sectores, se está convirtiendo en realidad.
¿Quién dijo alguna vez hasta aquí la sed, hasta aquí el agua?
La consultora internacional PriceWater House fue contratada para iniciar el proceso privatizador. Tintají accedió a los Términos de Referencias (TR) elaborados para la negociación y una serie de documentos que describen como será el proceso y los adelanta en exclusiva. El agua es considerada como una mercancía, a la que podrán acceder solo aquellos que tengan posibilidades de pago.
Quito (Ecuador) – 24 de agosto de 2004
Como ocurrió en Guayaquil y en otros países, la privatización del recurso natural más importante, obedece a una estrategia general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM), hacia los países latinoamericanos. En el caso de nuestra capital se lleva a cabo en convenio con el Consejo Nacional de Modernización (CONAM) y no se consulta a la población quiteña si está de acuerdo. Teniendo en cuenta las resistencias que despertará está privatización, el proceso incluye incentivos para asegurar su concreción, fondos para la promoción y un programa de «comunicación» y «sensibilidad social».
Parafraseando al poeta argentino Juan Gelman: «¿Quién dijo alguna vez hasta aquí la sed, hasta aquí el agua?»
Las Parroquias Orientales de Quito en la mira
El proceso, según los documentos a los que tuvo acceso Tintají, se adelanta en las Parroquias Orientales. Ya ha sido contratada la consultora PriceWater House (PWH) en calidad de «Banca de inversión» para que realice los estudios que establecen las condiciones de la privatización, asesore a la EMAAP-Q en los análisis pre-calificatorio y licitatorio para la elección de la empresa a la que se le entregará la concesión del agua de esa zona.
En los términos de Referencia se indica que «La EMAAP-Q, en el marco de la Ley de Modernización del Estado, privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, luego de identificar y evaluar las alternativas de participación privada, concluyó en la conveniencia, para optimizar, mejorar y ampliar los servicios que presta, de delegar al sector privado mediante un contrato de concesión, la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de las parroquias orientales del DMQ (Distrito Metropolitano de Quito)» que incorpora a las poblaciones de: Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, El Quinche y Guayllabamba.
Esta zona es una de las de mayor plusvalía de la ciudad, allí se asientan barrios residenciales y se instalarán la futura Zona Franca, el nuevo aeropuerto, industrias, considerados como «clientes grandes», con tarifa alta, al interior de la EMAAP-Q. Según una fuente municipal, «esta es la zona con mayor rentabilidad potencial que existe en la actualidad al no estar todavía densamente poblada ofrece condiciones para desarrollar obras a bajo costo».
En los TR no se explica específicamente por qué se quiere «concesionar» (privatizar) el servicio de agua potable. Fuentes municipales consultadas indicaron que un justificativo para la privatización sería la falta de recursos económicos de la EMAAP-Q para ejecutar obras que amplíen la cobertura de agua potable a todo ese sector. Tampoco podría acceder a créditos de la banca multilateral.
Según las fuentes, aunque «la Empresa no es sujeto de crédito del BID, si hubiera voluntad política se podría contratar otras opciones de crédito que no impliquen la privatización». Por otra parte denunciaron que el BID «condiciona el pago de los estudios que realiza actualmente la PWH a que sean orientados exclusivamente a la privatización».
¿Corrupción explícita?
Entre otros aspectos que debe hacerse cargo la PWH está el de «desplegar esfuerzos en marketing del proyecto de concesión en los mercados financieros nacionales e internacionales», debe identificar a los eventuales oferentes y promover su interés. Para completar el papel de juez y parte, en los TR se establece el derecho de esta consultora a recibir una «Comisión de éxito», que debe ser pagado a la PWH por la empresa concesionaria seleccionada. Es decir, el éxito de los trabajos de la PWH, empresa seleccionada para los estudios, no dependería de su calidad sino de que consiga quienes oferten. Experiencias de otros países, como Bolivia, Perú, Argentina, demuestran que este mecanismo crea una relación de intereses entre la empresa seleccionadora y la concesionaria del servicio de agua potable elegida.
Esto se agrava con el hecho de que la empresa responsable de los estudios, debe al mismo tiempo evaluar y presentar propuestas para mitigar los riesgos de inversión, políticos y ambientales, y proponer que asumirá esos riesgos. ¿Qué garantiza que, para atraer un mayor número de ofertantes el consultor no transfiera los riesgos al sector público como ha ocurrido en otros procesos de privatización en el país?
Las múltiples regalías
Otro elemento de los TR es que deberá proponer «mecanismos de ?credit enhancemente? que se consideren necesarios para viabilizar la concesión»; es decir, se abre la posibilidad de que la PWH sea la encargada de buscar financiamientos o subsidios posibles para las empresas ofertantes. Esto aumenta el conflicto de intereses.
Por su parte, una vez seleccionada, la concesionaria debe garantizar la rentabilidad económica. Para eso, entre otros aspectos, tiene el derecho de establecer las tarifas que crea convenientes para el servicio del agua. Según los Términos de Referencia: «las tarifas deben reflejar el costo marginal de largo plazo», es decir, que permita recuperar la inversión atendiendo «conceptos de eficiencia económica» que aseguren una retribución «equitativa» al Concesionario».
Para buen entendedor sobran las palabras; pero para quien no entienda se subraya que «Para atenuar el impacto de los incrementos tarifarios que requiera el proyecto sobre los usuarios de menores ingresos, la Banca de Inversión podrá considerar un período de transición en el cual las tarifas se irán ajustando hasta el nivel que se defina en la estructura tarifaria».
Pero los regalos no quedan ahí: la EMAAP-Q mantiene la obligación de captar y entregar en forma permanente determinada cantidad de agua al concesionario. Este se encarga de su tratamiento, distribución y comercialización. ¿Que pasará en las épocas de verano, cuando bajan los niveles de agua? ¿La EMAAP-Q deberá cumplir con la entrega de agua en los niveles acordados, aunque vaya en desmedro de las zonas que ella distribuye directamente?.
Privatizando la eficiencia
Además de las Parroquias Orientales, el proceso privatizador comienza por la Gerencia Comercial, con lo que se estaría entregando al sector privado aquellas áreas más rentables.
Es importante destacar que en noviembre del 2002 el proceso de facturación y cobro así como las otra responsabilidades de la Gerencia Comercial superaron exitosamente la auditoria externa de calidad llevada a cabo por Bureau Veritas-Quality International, lo que permitió que sea calificada con la Certificación Internacional ISO 900:2000.
Otra auditoria llevada a cabo en diciembre del 2003 por la misma empresa Bureau Veritas volvió a determinar la excelente calificación de la Gerencia Comercial en el aspecto tecnológico, estructura y recursos humanos. La Gerencia Comercial de la Empresa de Agua Potable de Quito, encargada de los procesos de Servicio al cliente, Facturación y Cobro, recepción de solicitud del servicio, toma de Lecturas, pre facturación, inició desde el año 2000 un proceso sostenido para mejorar la calidad de sus servicios, brindar una mejor atención al usuario y garantizar eficiencia y procesos productivos. Este proceso implicó, según un informe de evaluación del periodo 2000 a 2003 al que accedió Tintají, capacitación al personal, inversión en infraestructura física, recuperación y depuración de cartera vencida, actualización de catastro de clientes, implantación de sistema de información geográfica-comercial, impulso de procesos de calidad, entre otras estrategias.
Eso permitió que, por ejemplo, el porcentaje de cobertura de medidores en funcionamiento sea de 95 por ciento en la ciudad y 89 por ciento en parroquias «Se adelantó en 22 años a la instalación de medidores en la ciudad en parroquias con relación al Plan Maestro», dice el documento. Según el mismo, esta gerencia cuenta con:
Una importante Plataforma Tecnológica, que implica un moderno equipamiento informático en todas las áreas que la conforman, incluyendo las agencias de recaudación y atención personalizada. Cada servidor dispone de su respectivo equipo informático que le permite dar un mejor servicio al usuario, las actividades que se relacionan con el servicio así como los procesos se encuentran integrados en línea con la significativa reducción de tiempos, un sistema informático, catastro de clientes, cartografía en autocad.
Se construyó un Centro integral de Atención al cliente, 19 centros de recaudación
Recursos logísticos como vehículos y equipos apropiados,
Recursos humanos calificados.
Sin embargo se privatiza
A pesar de tener los índices de calidad tan óptimos, la Gerencia Comercial ya está en fase de revisión y evaluación de ofertas para seleccionar la Empresa o Banca de Inversión que llevará adelante el proceso privatizador.
El Documento Base para contratar la Banca de Inversión indica que «El nivel de desempeño de la EMAAP-Q es aceptable pero no lo suficientemente bueno como para atender demandas futuras». Así mismo, se plantea que para «mejorar los índices de desempeño, promover la eficiencia, la modernización y optimización, la actual administración de la ciudad y la Empresa se muestra favorable a aumentar el nivel de participación del sector privado en la EMAAP-Q que actualmente está limitado a algunos contratos de servicios tercerización- de algunas actividades, hasta un nivel de mayor responsabilidad en la gestión comercial de los servicios». En ese sentido, según el documento, se decide contratar un operador para ejercer la Gestión comercial del 50 por ciento de los servicios de agua potable y alcantarillado. Se excluye explícitamente de este proceso a las parroquias rurales (¿será porque no son lo suficientemente rentables?) y a las parroquias orientales, cuyo proceso de privatización ya está iniciado.
«Mercado de agua»
Una perla muy interesante, incluida en ese Documento Base dice que «La estructura institucional, administrativa y los largos procesos de contratación, dificultan que las necesidades de la empresa (se refiere a la Empresa de Agua) estén acordes con la dinámica del mercado de agua potable en la ciudad de Quito. Estas restricciones propias a las Empresas del ámbito del sector público donde a veces existen objetivos múltiples y contradictorios (rentabilidad económica vs. social de las inversiones por ejemplo) tienen importancia en todas las áreas de la Empresa, pero especialmente en el área comercial». Esta declaración atenta contra el derecho humano más esencial que es el acceso al agua y mercantiliza a este recursos natural; así mismo, reconoce que las empresas privadas tienen como fin exclusivo la rentabilidad económica.
Eso se contradice con las expresiones del alcalde Paco Moncayo, quien en el Foro «Agua: Factor de Democracia», señalaba que «el agua no puede ser un bien negociable sujeto de apropiación privada, sino que debe ser un recurso adecuadamente valorado y al alcance de todos».
Vienen los despidos
La privatización de la Gerencia Comercial se hace bajo la figura de un Contrato de Gestión Comercial. Según el Documento Base antes mencionado, «es una fórmula que ha surgido como respuesta a problemas de eficiencia interna de una empresa prestadora de servicio público, cuando por razones económica, políticas o técnicas no es factible traspasar la responsabilidad plena del servicio, a través de un contrato de concesión u otra modalidad de participación privada». El Contrato permite a «una empresa (en este caso la EMAAP) asegurar que una parte de sus costos reflejan condiciones competitivas de mercado, a la vez que reduce sus costos fijos de personal, inventarios, etc.».
En los dos procesos privatizadores (Parroquias Orientales y Gestión Comercial) la consultora encargada de llevarlos a cabo deberá, asesorar a las autoridades de la EMAAP-Q sobre la búsqueda de alternativas para la futura situación laboral de los trabajadores «Entre estas alternativas deben considerarse: condiciones de transferencia al Concesionario (por ejemplo estableciendo incentivos en el llamado a licitación al oferente que se comprometiera a recontratar a personal especializado), incentivos a las renuncias voluntarias, programas de reconversión laboral a fin de llevar adelante un proceso intensivo a corto plazo de orientación, capacitación y adaptación del personal que voluntariamente decida separarse de sus cargos, planes de jubilación anticipada, despidos forzosos con indemnizaciones especiales. Se orientará a la Empresa sobre el mejor curso de acción», como lo establece el Documento Base.
Preguntas y más preguntas
Múltiples preguntas surgen de la lectura de los Términos de Referencia que guiarán estos procesos de privatización: Si se dice que las privatización busca mejorar lo ineficiente ¿Por qué se plantea como beneficioso transferir al sector privado la Gerencia Comercial que tiene altos índices de desempeño? ¿Con la infraestructura que tiene esta Gerencia, que inversión hará el concesionario?¿Por qué se dice que es ineficiente y que necesita mayor tecnología? ¿Mienten las evaluaciones y mienten las auditorías que reconocen los altos índices de calidad que tiene esta Gerencia?
En cuanto a la privatización en las Parroquias Orientales, es demasiado casualidad que se destine al sector privado una zona con alto potencial de rentabilidad donde la ganancia sería segura, mientras se excluyen parroquias rurales que no tendrían la misma rentabilidad.
Los Términos de Referencia y Documentos Base son textos muy vagos que pueden servir para privatizar cualquier área de gestión de una empresa de agua potable, y/o el servicio de agua potable de cualquier zona o parroquia de cualquier ciudad. Se dice que se delegará el 50 por ciento de la gestión comercial, pero no se indica qué 50 por ciento. No se especifica si el 50 por ciento se mide por área de gestión, por cantidad de agua comercializada, por zona geográfica, o por otro criterio.
La lectura de contadores, entrega de facturas, instalación de medidores, cortes y reconexiones) ya está en manos de empresas tercerizadoras (bajo supervisión de personal de la EMAAP-Q. Con la privatización del servicio en las Parroquias Orientales y la Gerencia Comercial se consolida un proceso que puede terminar con la privatización (o concesión como quieren denominarle ahora) total de la Empresa de Agua Potable quiteña.
Hasta el momento los gremios de trabajadores han guardado silencio. ¿Se ha tenido en cuenta su opinión? ¿No será hora de que se pronuncien sobre el tema?
Los usuarios no han sido informados. En el Directorio existe un representante de los usuarios. ¿Qué ha hecho o dicho este señor/a al respecto?
¿Está al tanto de la privatización el actual Alcalde de Quito Paco Moncayo que pidió licencia por dos meses para competir en las elecciones de octubre? ¿Estará informado el concejal y alcalde encargado Antonio Ricaurte que suplanta a Moncayo durante los dos meses de campaña? ¿Conocen de la privatización del agua de Quito en el Partido Izquierda Democrática de Moncayo y en el Movimiento Pachakutik de Ricaurte, dos sectores supuestamente opuestos a la privatización? ¿Cuál será la posición de los otros candidatos a alcaldes sobre esta privatización? ¿Qué saben los concejales de los diferentes sectores políticos?
En esta primera parte presentamos los detalles del proceso privatizador que se mantenía en reserva, y que Tintají sacó a luz. En la próxima edición del quincenario brindaremos la opinión de Moncayo, Ricaurte, concejales, representantes de organizaciones ambientalistas, sindicalistas y diversos actores relacionados con el tema.
Rosa Rodríguez J.,Tintají
Periodista ecuatoriana, es parte del colectivo de dirección del quincenario Tintají