El 3 de febrero Ramiro García de Dios Ferreiro se habrá jubilado tras treinta años ejerciendo al frente del Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid. Se retira preocupado «porque no se ha logrado una Justicia imparcial e independiente» y afirma que «el sistema judicial es beligerante con los débiles y muy complaciente con los […]
El 3 de febrero Ramiro García de Dios Ferreiro se habrá jubilado tras treinta años ejerciendo al frente del Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid. Se retira preocupado «porque no se ha logrado una Justicia imparcial e independiente» y afirma que «el sistema judicial es beligerante con los débiles y muy complaciente con los poderosos». Agudo en las críticas, cuestionado por los estamentos policiales en su función de juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (CIE), ha sido impulsor de garantías y derechos de las personas migrantes encerradas en estos «espacios de opacidad e impunidad policial».
Ramiro García de Dios Ferreiro (Palma de Mallorca, 1946) elige las palabras con la misma claridad y contundencia con que dicta y redacta sus autos. Quizá porque formó parte del primer grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad Complutense, sabe de la importancia de comunicar, gesticula e interpreta «para que usted me entienda mejor», explica.
Premio Derechos Humanos 2016 otorgado por la Asociación Pro derechos Humanos de España (APDHA), ha estado al frente del Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid desde 1996, y en los últimos ocho años como juez de control de CIE.
Recibe a El Salto en su juzgado apenas unos días antes de jubilarse. Habla de la criminalización de la pobreza, del conservadurismo en la carrera judicial y el elitismo en las oposiciones para jueces. Se retira, pero adelanta que no renunciará al «derecho como la lucha por los derechos», pero desde la militancia. «También se puede hacer fuera del ejercicio de la jurisdicción», aclara.
¿Cómo se marcha Ramiro García de Dios de la Justicia?
Me voy con cierta preocupación porque no se ha logrado una Justicia imparcial e independiente, tanto en el sentido de los propios jueces como de las conexiones de los aparatos del Estado con el sistema judicial. Y la mejor prueba es que recientemente el Consejo de Europa, el grupo GRECO, ha hecho la crítica que ha hecho tanto a las carencias en materia de independencia judicial como al papel tan subordinado del Ministerio Fiscal en relación con el Gobierno.
¿Hay algún momento clave que haya impedido avanzar hacia la independencia judicial?
El momento clave en el que se degrada el concepto de independencia en el sistema judicial es cuando el Parlamento opta por un sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) subordinado a los partidos políticos, porque se produce el «reparto de cuotas» entre los del régimen de la transición, es decir el Partido Socialista y el hoy Partido Popular.
Este sistema va a tener una traducción en la elección de los altos cargos del sistema judicial: de los magistrados de todas las salas del Tribunal Supremo, de los presidentes de los tribunales superiores, de los presidentes de las audiencias provinciales, de los magistrados de las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia. Con lo cual «la cúpula judicial» va directamente cooptada, en cierto modo, por el sistema partitocrático.
Y lo más preocupante es cuando esa cooptación en el reparto de cuotas ni siquiera respeta los criterios elementales y objetivos de mérito y capacidad, cuando se coloca a dedo a quienes esperan que se comporten con agradecimiento al servicio. Por eso, las encuestas revelan entre la ciudadanía una creciente desconfianza en el sistema judicial, ven que es beligerante con los débiles, con los humildes, con los marginales, etc. Y muy complaciente con los poderosos.
¿Entonces es un problema de ideología u orientación política de los jueces?
Ideología todos los jueces tenemos, otra cuestión es que en base a ella decidas un caso. Eso es sencillamente prevaricar. El problema es que si tú no tienes una cultura garantista de la jurisdicción vas a tener una visión del derecho formalista, mecanicista, burocrática, que no va a tener en cuenta ni el contexto de las propias personas en el medio social, ni la influencia de ese medio en el hecho concreto a resolver.
Un juez que tenga una cultura garantista no solo va a aplicar la ley, sino que va a tener en cuenta el ordenamiento jurídico en su conjunto. En esa invocación a «la ley» hay que tener mucho cuidado, porque también es el conjunto de tratados internacionales firmados y ratificados por España. Y todo ese cuerpo lo tienes que manejar; si haces una interpretación mecanicista de la norma, no tendrás en cuenta el contexto y la posición débil del ciudadano frente a los poderosos.
Sin embargo, la sensación es que hay un conservadurismo notorio en los ámbitos judiciales…
Son muchos años, tras la dictadura no hubo ruptura, sino un consenso claudicante que genera lo que genera. Y eso se ha notado también en la carrera judicial. No entra más el pluralismo en la carrera judicial porque el legislador socialista no se preocupó, pudiendo hacerlo de sobra, en cambiar el sistema de oposiciones.
Es un sistema elitista. ¿A ver quién aguanta cuatro o cinco años como mínimo estudiando y pagándote el preparador? Es un error no haber fomentado un mayor número de entradas por vía del tercer turno y del cuarto turno, es decir de profesionales del Derecho y de la universidad. El sistema de oposición después de una escuela que no contribuye a la formación de la cultura garantista de la jurisdicción es clave para comprender la persistencia del conservadurismo en la carrera judicial.
Podrían haber copiado el sistema holandés. Terminas Derecho y quieres ser juez, entonces te presentas a la escuela judicial y te someten a una batería de test de cultura y psicológicos. Y solo los que pasan esos test entran en la escuela. Y es una escuela con formación práctica y teórica crítica.
Aquí eres una máquina de repetir. Hay una frase que la cuenta un magistrado emérito del TS, en su día el preparador le dijo: «Perfecto, mira, tú apréndete de memoria tal y nada de pensar, que ya tendrás tiempo de pensar». Y eso genera mecanicismo burocrático. Salvo que tú ya vengas con unas inquietudes distintas o te preocupes después.
En los últimos años hubo varias modificaciones legislativas que parecen haber acentuado la visión mecanicista…
Es evidente el retroceso autoritario que se está produciendo, la degradación del conjunto de derechos y garantías respecto a multitud de temas en materia de libertad de expresión, de acceso a derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda y a la salud. Y eso afecta a la función jurisdiccional desde el momento en que se promulgan leyes que dificultan e incluso impiden materialmente ejercer esos derechos.
El problema no es fácil, porque hay una tendencia a que la labor legislativa sea considerada por el Tribunal Constitucional, con lo cual desgraciadamente mucha legislación autoritaria ha quedado reconocida. Por ejemplo, de la primera Ley de Seguridad Ciudadana, es cierto que el artículo de la patada en la puerta fue declarado inconstitucional, pero otros artículos ahí se quedaron.
España es el país de la Unión Europea en que más presos hay cada 100.000 habitantes: 146. Más de 63.000 personas presas, de las cuales un 22,4% están en prisión preventiva, y de ellas el 40% son extranjeras. ¿Qué le dicen estos números?
El número de personas extranjeras en prisión, bien cumpliendo condena o bien en modo preventivo, es el que es. Ahora, ¿por qué están en prisión?, es donde empieza a haber discusión. Para empezar cierto tipo de delitos que a un español jamás le conducirían a la prisión, resulta que se está utilizando respecto a personas extranjeras, por ejemplo, en robos con fuerza en las casas o en tentativas de robo con violencia.
Para esa discriminación se argumenta que el extranjero no tiene domicilio conocido, que no tiene familia conocida o arraigo suficiente, es decir, se utilizan factores que se dan porque hay personas extranjeras que por las circunstancias adversas del sistema legislativo han caído en la marginalidad. Hay que distinguirlas de aquellas que puedan estar formando parte del fenómeno conocido como de delincuencia transnacional.
El contexto social y el contexto legislativo. Con la legislación actual, si no consigues el permiso de trabajo, pierdes el permiso de residencia, y algunas personas me han dicho claramente: «He ido al supermercado a llevarme algo para comer».
Esto, imaginamos, se estará dando no solo con extranjeros…
Por supuesto. Por ejemplo, el último caso que tuve fue una persona pensionista, mayor de 65 años, que había ido al Corte Inglés a llevarse una prenda de vestir, sin pagarla. Le pregunté por qué había hecho eso. Y me contestó que él no podía vivir con 400 euros. «Tengo que pagar tanto de alquiler, tengo que comer», y era un ciudadano español que había trabajado toda su vida.
Era un supuesto de tentativa que no tenía mayor relevancia y se impone lo mínimo, porque yo no puedo dejar de aplicar la ley con el mínimo rigor: una pena de multa de 12 días con cuota diaria de dos euros, total 24 euros de multa. Lo duro de este caso es la reforma del Código Penal, que crea antecedentes por casos de tentativa de llevarse un producto que ni siquiera llega a los 400 euros, lo que eran las antiguas faltas. Crea un estigma, es un ejemplo claro de criminalización de la pobreza.
Esto implicará, además, un gasto de tiempo y económico importante, ¿no?
Es bestial. Sencillamente es una vergüenza. Por regla general de 23 juicios señalados en el conjunto de los juzgados, 20 son exclusivamente de tentativa de hurto de productos de menos de 400 euros en comercios: el Corte Inglés, Mercadona, Primark, grandes superficies.
Fue la patronal de las grandes superficies quien precisamente más se movió para convertirlos en delitos leves y la generación de antecedentes penales. Al sistema policial se lo lanza como auxiliar de los grandes almacenes. Y digo auxiliar porque te cogen llevando una piruleta o un calcetín de 1,5 euros, llaman a la policía, la policía te ficha y te cita para el juicio directamente a través de la agenda electrónica. Después interviene el Ministerio Fiscal, el juez, el secretario judicial, un funcionario y, en muchos casos, un abogado de oficio.
Hace dos años se calculó que para una persona que a lo mejor ha querido hurtar una piruleta que valía cincuenta céntimos, el coste de llevarla a juicio era de cerca de 1.500 euros. ¿Qué le parece a usted? El coste es brutal.
En Madrid por delitos leves y por delitos ordinarios que no superen cinco años, estamos funcionando cinco juzgados. Si usted multiplica ese funcionamiento por todos los días del año, menos los domingos, sale una cantidad de dinero enorme derrochado para persecución de bagatelas.
Y es altamente discutible la forma de actuar de los grandes comercios… Cuando un vigilante se percata de un pequeño hurto, en lugar de apercibir a la persona… «señor, lo hemos visto» y evitar así avanzar en el delito, lo que hace es esperar a que salga. Es una de las cosas que más me inquieta, me perturba, saber que alguien está esperando para cazarte, cuando tranquilamente podría evitarlo. En fin.
Volvamos a los CIE. Recorriendo la profundidad de sus autos y el rechazo de ciertos sectores de la Policía, ¿cree que hay quien se alegre de su jubilación?
He dicho muchas veces que los CIE para mí son centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial. Y me reitero después de más de ocho años y a punto de jubilarme.
Utilizando la terminología de la obra Derecho de razón, de Luigi Ferrajoli, la propia creación de los jueces de control en 2009 no gustó al «subsistema policial», porque desde la creación de la Ley de Extranjería y de la existencia de los CIE en 1986, estaba acostumbrado a la no existencia de jueces de control de garantías, por lo tanto, fueron muchos años de crear unos modos de actuar que fomentan la arbitrariedad o una discrecionalidad policial absoluta.
La visión garantista de algunos jueces y juezas colisionó con las prácticas autoritarias de ciertos directores y jefes de seguridad de CIE. Después de tantos años de actuación autónoma, el subsistema policial tiende a creer que es un poder, y no lo es. Llevan mal que se les diga que son simplemente auxiliares.
Convengamos que el legislador ha colaborado bastante con esa pretensión de poder de la policía…
Ha colaborado con el mantenimiento. Y se ve clarísimamente en la Ley Mordaza, las facultades exorbitantes que se conceden a la policía para sancionar por nimiedades, y encima la manifestación del agente de policía tiene presunción de veracidad. Y encima el ciudadano es reconducido a la categoría de súbdito frente al agente de policía.
La sensación es que, con esa presunción de veracidad anticipada, es el propio policía el que juzga.
Así es. Ahí la única cuestión es que un juez garantista, al que toque el recurso frente a esa multa, llame a los policías, escuche a la persona y a sus testigos y decida sin dar prioridad a lo que dicen los policías sobre lo que dicen los ciudadanos. Ese es un ejemplo perfecto de la función garantista de un juez. Te colocas en una posición de independencia y de imparcialidad.
Juzgados de Murcia y de Almería ordenaron el internamiento de 600 personas en la cárcel de Archidona, Málaga, donde uno de ellos fue encontrado muerto. ¿Qué responsabilidad tienen cuando no van a poder tutelar a esa persona que han mandado a un CIE?
Es cierto que estos jueces no pueden controlar lo que allí pasa. Lo que sucede es que tendría que existir un juez de control para el CIE de Archidona. Y el problema es que el Ministerio de Interior no solo interna en una cárcel, porque Archidona es una prisión, sino que se ha olvidado de cumplir incluso lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de 10 de febrero del año 2015, cuando se impugnó uno de los artículos del reglamento, precisamente sobre la creación de centros auxiliares o centros temporales cuando no hubiera espacios en los CIE. Lo que vino a decir la sentencia clarísimamente, utilizando un verbo que no tiene carácter declarativo, sino imperativo, el verbo «procurara» que en este caso es «obligara».
En esta sentencia se admitió que por razones extraordinarias se pudiera internar a personas en centros de configuración similar o análoga a los Centros de Internamiento, y esto no se ha cumplido. Lo mismo que no se ha cumplido la legislación comunitaria en relación con la directiva de retorno, también llamada «directiva de la vergüenza», del año 2008, que establece que tienen que ser «centros especializados en el tratamiento para inmigrantes», y ya me dirá usted ¿qué tratamiento puede derivarse de la utilización de los antidisturbios dentro de Archidona?
Estaba de turno el día de la muerte de Samba Martine. La mayoría de los casos así son archivados y se expulsa a los testigos. ¿Tuvo que actuar con celeridad para evitarlo?
Yo ahí cumplí mi función y actué rápidamente. Llamé a la directora jefa o gestora de la entonces empresa que tenía el servicio médico personalizado, y esa mujer intentó desviar las culpas al sistema hospitalario y trató de proteger a los empleados de su empresa. Obviamente no me creí aquella historia.
En esos casos la respuesta inmediata es necesaria, y aun así desgraciadamente no siempre vale. Yo he tenido casos de maltrato físico en que he actuado inmediatamente y desgraciadamente mi actuación no valió porque los testigos fueron expulsados, y yo no pude evitarlo porque no era el juzgado que tramitaba su expulsión.
¿El caso de Samba es el peor que le tocó asumir en el ámbito de los CIE?
El caso de Samba Martine me impactó en el sentido de ver ahí la impotencia. Saber que Samba podría haber no muerto, y por lo tanto que el sistema la condujo a la muerte, me marcó.
Y después una cosa que lo pasé mal, es que las celdas dormitorio no tenían retrete. Vino una mujer relatándome aquí que defecaba y orinaba en una bolsa de plástico, y tenía un derrame vaginal sangrante. Contándome eso lo pasé mal, recuerdo que me conmovió, pero no en el sentido de sentir pena, sino una especie de rabia contenida, porque estaba como oyendo el sufrimiento. ¡Que crueldad, no! Después lo oí con más personas. Era totalmente inhumano. Trato cruel y degradante.