Los anuncios realizados por separado la semana pasada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI) deberían haber obligado a Israel a dar marcha atrás en Gaza.
Un grupo de jueces de la CIJ -conocida a veces como Corte Mundial- exigió el viernes pasado que Israel detuviera de inmediato su actual ofensiva sobre Rafah, en el sur de Gaza.
Pero la respuesta de Israel fue intensificar sus atrocidades.
El domingo bombardeó una supuesta «zona segura» abarrotada de familias de refugiados obligadas a huir del resto de Gaza, totalmente devastada por la embestida israelí desde hace ocho meses.
El ataque aéreo prendió fuego a una zona abarrotada de tiendas de campaña, matando a decenas de palestinos, muchos de los cuales se quemaron vivos. Un vídeo muestra a un hombre sosteniendo en alto a un bebé decapitado por la explosión israelí.
Cientos más, muchos de ellos mujeres y niños, sufrieron heridas graves, incluidas horribles quemaduras.
Israel ha destruido casi todas las instalaciones médicas que podrían tratar a los heridos de Rafah, además de negar la entrada de suministros médicos básicos como analgésicos que podrían aliviar su tormento.
Este fue precisamente el resultado del que advirtió hace meses el presidente estadounidense, Joe Biden, cuando sugirió que un ataque israelí a Rafah constituiría una «línea roja».
Pero la línea roja estadounidense se evaporó en el momento en que Israel la cruzó. Lo mejor que pudieron conseguir los funcionarios de Biden fue una declaración evasiva en la que calificaban las imágenes de Rafah de «desgarradoras».
Sin embargo, esas imágenes no tardaron en repetirse. Israel volvió a atacar la misma zona el martes, matando al menos a 21 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, cuando sus tanques entraron en el centro de Rafah.
Un mecanismo con dientes
La exigencia de la Corte Internacional de Justicia de que Israel detenga su ataque a Rafah se produjo tras su decisión de enero de juzgar a Israel por genocidio, un proceso judicial que podría tardar años en completarse.
Mientras tanto, insistió la CIJ, Israel debía abstenerse de cualquier acción que pudiera suponer un genocidio de palestinos. En la sentencia de la semana pasada, el tribunal insinuó con rotundidad que el actual ataque a Rafah podría favorecer precisamente ese objetivo.
Es de suponer que Israel se atrevió a desafiar al tribunal sólo porque estaba seguro de que contaba con el respaldo de la administración Biden.
Funcionarios de la ONU, admitiendo que se habían quedado sin calificativos negativos para describir la catástrofe de Gaza, cada vez peor, la calificaron de «infierno en la tierra».
Días antes del fallo de la CIJ, los engranajes de su tribunal hermano, la CPI, empezaron por fin a girar.
Karim Khan, su fiscal jefe, anunció la semana pasada que solicitaría órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, junto con tres dirigentes de Hamás.
Ambos dirigentes israelíes están acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos intentos de exterminar a la población de Gaza mediante una hambruna planificada.
Israel lleva muchos meses bloqueando las entregas de ayuda, provocando hambruna, una situación que sólo se ha visto agravada por su reciente incautación de un paso fronterizo entre Egipto y Rafah a través del cual se estaba entregando ayuda.
La CPI es un mecanismo judicial potencialmente más peligroso para Israel que la CIJ.
Es probable que este tribunal tarde años en pronunciarse sobre si Israel ha cometido definitivamente un genocidio en Gaza, posiblemente demasiado tarde para salvar a gran parte de su población.
La CPI, en cambio, podría dictar órdenes de detención en cuestión de días o semanas.
Y aunque la CPI carece de mecanismos reales de ejecución, dado que Estados Unidos vetará con toda seguridad cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pretenda exigir responsabilidades a Israel, una sentencia suya obligaría a los más de 120 Estados que han ratificado su documento fundacional, el Estatuto de Roma, a detener a Netanyahu y a Gallant si alguno de ellos pisara su territorio.
De este modo, Europa y gran parte del mundo -aunque no Estados Unidos- quedarían fuera del alcance de ambos.
Y los funcionarios israelíes no tienen por qué suponer que las investigaciones de la CPI terminarán con Netanyahu y Gallant. Con el tiempo, podría emitir órdenes de detención contra muchas más autoridades israelíes.
Como ha señalado un funcionario israelí, «la CPI es un mecanismo con dientes».
Tribunal «antisemita»
Por esta razón, Israel respondió poniéndose en pie de guerra, acusando al tribunal de ser «antisemita» y amenazando con perjudicar a sus funcionarios.
Washington parecía dispuesto a añadir también su fuerza.
Cuando se le preguntó en una audiencia de la comisión del Senado si apoyaría una propuesta republicana de imponer sanciones a la CPI, Antony Blinken, secretario de Estado de Biden, respondió: «Queremos trabajar con ustedes sobre una base bipartidista para encontrar una respuesta adecuada».
Funcionarios de la Administración, en declaraciones al Financial Times, sugirieron que las medidas que se están estudiando «irían dirigidas contra el fiscal Karim Khan y otras personas implicadas en la investigación».
Las represalias estadounidenses, según el periódico, seguirían muy probablemente el modelo de las sanciones impuestas en 2020 por Donald Trump, predecesor de Joe Biden, después de que la CPI amenazara con investigar tanto a Israel como a Estados Unidos por crímenes de guerra, en los territorios palestinos ocupados y en Afganistán, respectivamente.
Entonces, la administración Trump acusó a la CPI de «corrupción financiera y prevaricación a los más altos niveles», acusaciones que nunca corroboró.
A Fatou Bensouda, fiscal-jefa en aquel momento, se le negó la entrada en Estados Unidos, y los funcionarios de Trump amenazaron con confiscar sus bienes y los de los jueces de la CPI y llevarlos a juicio. La administración también prometió utilizar la fuerza para liberar a cualquier estadounidense o israelí que fuera detenido.
Mike Pompeo, entonces secretario de Estado, afirmó que Washington estaba «decidido a impedir que los estadounidenses y nuestros amigos y aliados en Israel y en otros lugares sean arrastrados por esta CPI corrupta».
Guerra encubierta contra la CPI
De hecho, una investigación conjunta del sitio web israelí 972 y el periódico británico The Guardian reveló esta semana que Israel -al parecer con el apoyo de Estados Unidos- ha estado llevando a cabo una guerra encubierta contra la CPI durante casi una década.
Su ofensiva comenzó después de que Palestina se convirtiera en parte contratante de la CPI en 2015, y se intensificó después de que Bensouda, predecesora de Khan, iniciara una investigación preliminar sobre los crímenes de guerra israelíes: tanto los repetidos ataques de Israel contra Gaza como su construcción de asentamientos judíos ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este para limpiar étnicamente a los palestinos de sus tierras.
Bensouda se encontró a sí misma y a su familia amenazadas, y a su marido chantajeado. El jefe de la agencia de espionaje israelí Mossad, Yossi Cohen, se implicó personalmente en la campaña de intimidación. Un funcionario informado del comportamiento de Cohen lo comparó con el «acoso». El jefe del Mossad tendió una emboscada a Bensouda en al menos una ocasión, en un intento de reclutarla para el bando israelí.
Cohen, conocido por su cercanía a Netanyahu, le habría dicho: «Deberías ayudarnos y dejar que cuidemos de ti. No querrás meterte en cosas que puedan comprometer tu seguridad o la de tu familia».
Israel también ha estado llevando a cabo una sofisticada operación de espionaje sobre el tribunal, pirateando su base de datos para leer correos electrónicos y documentos. Ha intentado reclutar personal de la CPI para espiar al tribunal desde dentro. En la CPI se sospecha que Israel ha tenido éxito.
Dado que Israel controla el acceso a los territorios ocupados, ha podido prohibir a los funcionarios de la CPI que investiguen directamente sus crímenes de guerra. Eso ha significado, dado su control de los sistemas de telecomunicaciones en los territorios, que ha podido vigilar todas las conversaciones entre la CPI y los palestinos que denuncian atrocidades.
Como resultado, Israel ha intentado cerrar los grupos palestinos de defensa de los derechos humanos y legales designándolos como «organizaciones terroristas».
La vigilancia de la CPI ha continuado durante el mandato de Khan, y es la razón por la que Israel sabía que se iban a producir las órdenes de detención. Según fuentes que hablaron con The Guardian y el sitio web 972, el tribunal recibió «enormes presiones de Estados Unidos» para que no procediera con las órdenes.
Khan ha señalado que la interferencia en las actividades del tribunal es un delito penal. Más públicamente, un grupo de senadores republicanos estadounidenses de alto rango envió una carta amenazadora a Khan: «Apunta a Israel y te apuntaremos a ti».
El propio Khan ha señalado que se ha enfrentado a una campaña de intimidación y ha advertido de que, si continúan las injerencias, «mi oficina no dudará en actuar».
La cuestión es cuánto de esto es bravuconería y cuánto está afectando a Khan y a los jueces de la CPI, haciéndoles recelar de proseguir su investigación, acelerarla o ampliarla a más sospechosos israelíes de crímenes de guerra.
La soga legal
A pesar de la intimidación, la soga legal se está tensando rápidamente alrededor del cuello de Israel. A las más altas autoridades judiciales del mundo les resulta ya imposible ignorar la matanza perpetrada por Israel en Gaza durante ocho meses y la destrucción casi total de sus infraestructuras, desde escuelas y hospitales hasta centros de ayuda y panaderías.
Decenas de miles de niños palestinos han sido asesinados, mutilados y han quedado huérfanos en esta matanza, y cientos de miles más están muriendo gradualmente de hambre debido al bloqueo de la ayuda por parte de Israel.
El papel del Tribunal Mundial y del Tribunal de Crímenes de Guerra es precisamente detener las atrocidades y los genocidios antes de que sea demasiado tarde.
Los Estados más poderosos del mundo -especialmente la superpotencia mundial en jefe, Estados Unidos, que tan a menudo reclama el estatus de «policía mundial»- tienen la obligación de ayudar a hacer cumplir estas sentencias.
Si Israel sigue haciendo caso omiso de la exigencia de la CIJ de que ponga fin a su ataque a Rafah, como parece seguro, se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una resolución para hacer cumplir la decisión.
Esto podría ir desde, como mínimo, un embargo de armas y sanciones económicas a Israel hasta la imposición de zonas de exclusión aérea sobre Gaza o incluso el envío de una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU.
Washington ha demostrado que puede actuar cuando lo desea. Aunque Estados Unidos forma parte de la minoría de Estados que no son parte del Estatuto de Roma, ha apoyado enérgicamente la orden de detención dictada por la CPI contra el dirigente ruso Vladimir Putin en 2023.
Estados Unidos y sus aliados han impuesto sanciones económicas a Moscú y han suministrado a Ucrania un sinfín de armas para luchar contra la invasión rusa. También hay pruebas de que Estados Unidos ha estado llevando a cabo operaciones militares encubiertas contra Rusia, entre las que probablemente se incluye la voladura de los gasoductos Nordstream que suministran gas ruso a Europa.
La administración Biden ha orquestado la confiscación de activos estatales rusos, así como los de rusos ricos, y ha fomentado un boicot cultural y deportivo.
En el caso de Israel se propone no hacer nada de eso.
Divisiones en Europa
No se trata sólo de que Estados Unidos esté desaparecido en combate mientras Israel avanza en sus objetivos genocidas en Gaza. Washington está ayudando e instigando activamente el genocidio, suministrando bombas a Israel, recortando la financiación de las agencias de ayuda de la ONU que son el principal salvavidas de la población de Gaza, compartiendo información de inteligencia con Israel y negándose a utilizar su abundante influencia sobre Israel para detener la matanza.
Y la suposición generalizada es que Estados Unidos vetará cualquier resolución del Consejo de Seguridad contra Israel.
Según dos exfuncionarios de la CPI que hablaron con The Guardian y el sitio web 972, altos funcionarios israelíes han declarado expresamente que Israel y Estados Unidos están trabajando juntos para obstaculizar el trabajo de la Corte.
El desprecio de Washington por las más altas autoridades judiciales del mundo es tan flagrante que incluso está empezando a crispar las relaciones con Europa.
El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, ha respaldado a la CPI y ha pedido que se respete cualquier sentencia contra Netanyahu y Gallant.
Mientras tanto, el lunes, el presidente francés Emmanuel Macron expresó su indignación por los ataques de Israel en Rafah y pidió que cesaran de inmediato.
Tres Estados europeos -España, Irlanda y Noruega- anunciaron la semana pasada que se unían a más de 140 países, entre ellos ocho de los 27 miembros de la Unión Europea, en el reconocimiento de Palestina como Estado.
Es de suponer que la coordinación entre España, Irlanda y Noruega tenía por objeto atenuar la inevitable reacción provocada por desafiar los deseos de Washington.
Entre las falsedades promovidas por Estados Unidos e Israel está la afirmación de que la CPI no tiene jurisdicción sobre las acciones militares de Israel en Gaza porque ninguno de los dos ha reconocido a Palestina como Estado.
Pero Palestina se convirtió en Estado parte de la CPI allá por 2015. Y, como han destacado España, Irlanda y Noruega, ahora es reconocida incluso por Estados occidentales habitualmente sumisos al «orden basado en normas» impuesto por Estados Unidos.
Otro engaño promovido por Israel y Estados Unidos -más revelador- es la afirmación de que la CPI carece de jurisdicción porque Israel, al igual que Estados Unidos, no ha ratificado el Estatuto de Roma.
Ninguno de los dos cree que el derecho internacional -el fundamento jurídico construido tras la Segunda Guerra Mundial para detener futuros Holocaustos- se les aplique. Una razón más para descartar sus garantías de que no hay genocidio en Gaza.
Pero, en cualquier caso, el argumento es totalmente vacío: Palestina es parte de la CPI, y el Estatuto de Roma está ahí para proteger a sus signatarios de los ataques. Sólo los matones violentos como Estados Unidos e Israel no necesitan a la CPI.
El poder hace el derecho
Tanto la CIJ como la CPI son plenamente conscientes de los peligros de enfrentarse a Israel, razón por la cual, a pesar de las quejas disimuladas de Estados Unidos e Israel, cada tribunal actúa con tanta lentitud y cautela al tratar las atrocidades israelíes.
Si se tira del hilo de los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza, todo el entramado de atrocidades cometidas y promovidas por Estados Unidos y sus aliados más cercanos en todo el mundo empieza a deshacerse.
La verdad tácita es que la campaña de bombardeos «Conmoción y Terror» y los años de brutal ocupación de Iraq por tropas estadounidenses y británicas, y la aún más prolongada e igualmente sangrienta ocupación de Afganistán, evisceraron las restricciones legales que habrían dificultado a Putin invadir Ucrania, y a Israel poner en práctica el exterminio del pueblo palestino con el que lleva soñando tanto tiempo.
Fue Washington quien rompió el libro de reglas del derecho internacional y elevó por encima de él un «orden basado en reglas» interesado en el que la única regla significativa es que es el poder el que hace el derecho.
Ante este crudo axioma, Moscú tenía buenas razones tanto para aprovechar los actos de vandalismo de Washington contra el derecho internacional para promover sus propios objetivos estratégicos regionales como para sospechar que la implacable expansión militar de una OTAN liderada por Estados Unidos hacia sus fronteras no tenía en cuenta los intereses de Rusia.
Ahora que Netanyahu y Gallant corren el riesgo de sentarse en el banquillo de los acusados de La Haya, Washington por fin se decide a actuar. No para detener el genocidio. Sino para ofrecer protección a Israel para que siga matando y destruyendo.
Crímenes de guerra pasados por alto
Por esa razón, Khan hizo todo lo que pudo la semana pasada para aislarse de las críticas al anunciar que quiere que Netanyahu y Gallant sean arrestados.
En primer lugar, se aseguró de que las acusaciones pesaran más contra Hamás que contra Israel. Busca a tres dirigentes de Hamás contra dos israelíes.
En su acusación, implicó tanto al ala política como a la militar de Hamás en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su ataque de un día contra Israel el 7 de octubre y su toma de rehenes.
Por el contrario, Khan ignoró por completo el papel del ejército israelí durante los últimos ocho meses, a pesar de que ha estado cumpliendo al pie de la letra los deseos de Netanyahu y Gallant.
Cabe destacar también que Khan acusó al jefe de la oficina política de Hamás, Ismail Haniyeh, que tiene su base en Qatar, no en Gaza. Sin embargo, todo indica que no tenía conocimiento previo del atentado del 7 de octubre y, desde luego, ninguna participación operativa.
Para empeorar aún más la imagen de Hamás, Khan formuló más acusaciones contra sus dirigentes que Israel.
Eso incluía una acusación arraigada en una destacada narrativa del establishment occidental: que los rehenes israelíes retenidos en Gaza se han enfrentado a agresiones sexuales y torturas sistemáticas. Por el momento, parece haber pocas pruebas convincentes de esta acusación, a menos que Khan tenga acceso a hechos que nadie más parece conocer.
En cambio, hay muchas pruebas objetivas de que los palestinos son secuestrados en las calles de Gaza y Cisjordania ocupada y sometidos a agresiones sexuales y tortura en las cárceles israelíes.
Todo eso, sin embargo, no figuraba en la hoja de cargos contra Netanyahu o Gallant.
Khan también ignoró muchos otros crímenes de guerra israelíes que serían fáciles de probar, como la destrucción de hospitales e instalaciones de las Naciones Unidas, el asesinato selectivo de un gran número de trabajadores humanitarios y periodistas, y el hecho de que el 70% de las viviendas de Gaza han quedado inhabitables por las bombas israelíes suministradas por Estados Unidos.
Enfrentar a Goliat
Al presentar el caso contra Israel, Khan sabía claramente que se enfrentaba a un Goliat, dado el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel. Incluso había reclutado a un grupo de expertos jurídicos para que dieran su visto bueno, con la esperanza de que eso pudiera ofrecerle cierta protección frente a represalias.
El panel, que respaldó unánimemente las acusaciones contra Israel y Hamás, incluía a expertos jurídicos como Amal Clooney, lo más parecido que tiene la comunidad de derechos humanos a una superestrella jurídica. Pero también incluía a Theodor Meron, antigua autoridad jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno israelí.
En una entrevista exclusiva con Christiane Amanpour, de la CNN, en la que explicaba su razonamiento, Khan parecía dispuesto a adelantarse a los próximos ataques. Señaló que un alto político estadounidense no identificado ya había intentado disuadirle de acusar a dirigentes israelíes. El fiscal sugirió que se estaban produciendo otras amenazas entre bastidores.
Se le dijo que la CPI había sido «construida para África y matones como Putin», una crítica a la Corte que se hacía eco de las quejas que desde hace tiempo viene formulando contra ella el Sur Global.
En Washington, se espera que la CPI no sea más que otra herramienta institucional del imperialismo estadounidense. No está ahí para defender el derecho internacional de forma imparcial. Está ahí para imponer un «orden basado en normas» en el que Estados Unidos y sus aliados no pueden hacer nada malo, incluso cuando cometen atrocidades o un genocidio.
El previsible sesgo de la entrevista de Amanpour -que Khan tuviera que explicar y justificar pormenorizadamente cada uno de los cargos que formuló contra Netanyahu y Gallant, pero que los cargos contra los dirigentes de Hamás fueran evidentes- fue una pista de a qué se enfrenta el tribunal.
El fiscal de la CPI dejó claro que entiende muy bien lo que está en juego si la CPI y la CIJ hacen la vista gorda ante el genocidio de Gaza, como quieren Israel y Estados Unidos. Dijo a Amanpour: «Si no aplicamos la ley por igual, nos desintegraremos como especie».
La incómoda verdad es que tal desintegración, en una era nuclear, puede estar más avanzada de lo que a cualquiera de nosotros nos importa reconocer.
Estados Unidos y su Estado cliente favorito no dan señales de estar dispuestos a someterse al derecho internacional. Como Sansón, prefieren derribar el templo a respetar las reglas de guerra establecidas desde hace tiempo.
Las primeras víctimas son los habitantes de Gaza. Pero en un mundo sin leyes, en el que sólo la fuerza da la razón, todos saldremos perdiendo.
Jonathan Cook es autor de tres libros sobre el conflicto palestino-israelí y ganador del Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn. Su sitio web y su blog se encuentran en http://www.jonathan-cook.net.
Artículo original Middle East Eye, traducido del inglés por Sinfo Fernández.