EEUU y la UNRWA firmaron un acuerdo el 14 de julio por el que Washington vuelve a aportar dinero para los refugiados palestinos en 2021 y 2022, pero condicionando a esta agencia de la ONU a trabajar como un contratista para los objetivos de EEUU, y por tanto los de Israel. A partir de ahora deberá actuar bajo criterios políticos dictados por Washington a cambio de su financiación, los cuales incluyen la posible revocación de facto de la condición de refugiado palestino. Las cláusulas políticas aceptadas por la agencia contradicen el mandato de la UNRWA como órgano humanitario internacional y violan sus principios de independencia e imparcialidad, aunque son citados de forma reiterada en el acuerdo. El documento es tan destructivo para los fines y la neutralidad con que la agencia debe funcionar, que la UNRWA ha intentado que pase lo más desapercibido posible. En su nota de prensa resaltó su alegría por la reanudación de la financiación de EEUU. Hay que buscar en el texto del comunicado una frase escueta sobre el acuerdo, afirmando que “establece objetivos y prioridades compartidos” entre UNRWA y EEUU, sin explicarlos. Para profundizar hay que leer el documento. El Comisionado General de UNRWA, Philippe Lazzarini, es el firmante del contrato con EEUU, y tampoco ha explicado nada sobre el acuerdo a pesar de atribuirse la capacidad de alterar el mandato de la agencia.
La UNRWA se encontraba en una situación de catástrofe financiera después de que Donald Trump suspendió las donaciones a esta organización en enero de 2018. Como consecuencia de ello, UNRWA paralizó numerosos servicios y despidió a cientos de trabajadores. Estos problemas económicos son constantes ya que, intencionadamente, la UNRWA depende de la caridad y no de los presupuestos de la ONU, a diferencia de ACNUR. Así, los países donantes tienen la capacidad de extorsionar y chantajear a los refugiados y a la sociedad palestina. Ese chantaje es exactamente lo que ha ocurrido y por esta razón EEUU es el primer donante, y no es casual que hayan fracasado los intentos de que UNRWA tenga presupuestos estables.
La decisión de Trump de detener la financiación era un castigo colectivo a los palestinos por su rechazo al llamado “Acuerdo del Siglo”, una propuesta redactada por Netanyahu. El texto de EEUU e Israel implicaba la definitiva claudicación palestina, aceptando los actuales guetos y apartheid, y renunciando a derechos inalienables como el derecho de retorno para los refugiados palestinos.
Joe Biden anunció que iba a reanudar las donaciones a UNRWA, pero omitió que iba a condicionar la labor de la agencia, algo que se reveló en la primera carta que EEUU envió a la UNRWA en marzo de 2021.
UNRWA se convierte en contratista de seguridad para EEUU e Israel
El acuerdo firmado por la UNRWA con EEUU ha provocado el rechazo de la sociedad palestina. BADIL es una importante organización en la defensa de los derechos de los refugiados palestinos que tiene estatus consultivo para la ONU. Esta organización denuncia que EEUU ha logrado que las leyes norteamericanas, y por tanto los intereses israelíes, sean el marco de actuación para UNRWA. Desde BADIL explican que EEUU ha conseguido imponer qué refugiados palestinos pueden recibir servicios de UNRWA y por tanto, los excluidos tienen, de facto, revocada su identidad como refugiados.
Las obligaciones impuestas por EEUU a UNRWA son múltiples. A partir de ahora, UNRWA tiene prohibido dar asistencia a quienes estén vinculados con grupos denominados “terroristas” por Estados Unidos e Israel. Ambos designan como terrorista a cualquier indígena palestino que se resista a la ocupación, a su desplazamiento forzoso o al despojo de sus bienes. UNRWA no sólo deberá investigar a los refugiados; también a sus trabajadores, contratistas, proveedores y donantes no estatales cada seis meses, incluyendo las redes sociales del personal de la agencia. Esto reconvierte a UNRWA en una gigantesca agencia de espionaje y contratista de seguridad sobre millones de personas y empresas a las que tiene que monitorizar e informar a EEUU periódicamente. Es paradójico que UNRWA tenga que investigar a sus donantes no estatales, mientras el donante EEUU y el ocupante Israel están inculpados en procesos por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional. Igualmente obliga al registro biométrico de todos los refugiados palestinos, a pesar de las experiencias recientes con los refugiados Rohingyas y de Afganistán, con todos los datos biométricos de ONG y EEUU en manos del régimen de Myanmar y de los talibanes.
BADIL denuncia que ya han sido despedidos trabajadores de UNRWA en aplicación de estas medidas sobre la actividad política de sus empleados. El Sindicato de Empleados de la UNRWA ha rechazado las condiciones impuestas y el señalamiento a sus miembros.
Esta prohibición del ejercicio político desafecto a Israel vulnera la legalidad internacional, pero no se limita a organizaciones políticas. Numerosas organizaciones sociales palestinas son definidas terroristas, por ejemplo los Comités de Trabajo Agrícola, o los Comités de Trabajo de la Salud, con parte de su equipo en prisión desde hace meses incluída la hispano-palestina Juani Rishmawi, Juana Ruiz Sánchez.
Hasta ahora eran los lobbies israelíes disfrazados de ONG, UNWatch y otros, quienes hacían esta masiva vigilancia sobre los empleados de UNRWA elaborando listas negras de trabajadores y exigiendo a la ONU su despido. Los profesores de las escuelas de UNRWA sufren un espionaje intenso por Israel, y son denunciados por defender el derecho al retorno de los refugiados (Resolución 194 de la ONU), el derecho a la resistencia de los pueblos (Resolución 3070 de la ONU) o por afirmar que los Estados no tienen un derecho intrínseco a existir, especialmente los regímenes de apartheid.
Ahora será UNRWA quien asuma esa labor de censura, no solamente sobre sus trabajadores, sino también adaptando a los intereses de Israel los libros escolares.
EEUU y la UE imponen contenidos proisraelíes a los escolares palestinos
El acuerdo entre EEUU y UNRWA obliga a la agencia a “tomar medidas contra contenidos contrarios a los principios de la ONU en los materiales educativos”. Este eufemismo significa que a partir de ahora UNRWA deberá suprimir cualquier contenido que sea conflictivo con la narrativa israelí. Como resultado de esta cláusula, UNRWA ya ha dado indicaciones a su personal docente para que no se nombre el mapa histórico de Palestina, las ciudades palestinas invadidas en 1948, la resistencia, los prisioneros, el muro, etc. Se trata de eliminar cualquier contenido nacional palestino y potenciar la israelización. Esto es lo que ya ocurre a los nativos palestinos con ciudadanía israelí: además de sufrir una segregación racista, su plan de estudios anula su identidad e historia.
Precisamente la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo acaba de aprobar hace unos días una enmienda que condiciona 23 millones de dólares a la UNRWA aludiendo a que “no se ha eliminado de los libros de texto de la agencia el discurso de odio, el antisemtismo y la incitación a la violencia”. La UE exigirá a UNRWA que promueva la “coexistencia con Israel” si la agencia quiere recibir los fondos. Los lobbies israelíes como Impact-SE revisan minuciosamente los libros de texto palestinos y también de otros países árabes. Después entregan informes sobre el contenido escolar palestino a grupos políticos del Parlamento Europeo, en los que exigen que se eliminen términos como “derecho a retorno”, “colonización”, “ocupación sionista” o “limpieza étnica”. Igualmente exigen que se incluyan en los textos palestinos reseñas históricas falseadas, bíblicas o mitológicas de Israel, y que se refleje que son los palestinos quienes “han rechazado la paz” en numerosas ocasiones.
EEUU y la UE han conseguido imponer a UNRWA lo mismo que desde hace décadas aplican a las organizaciones civiles palestinas: condicionar políticamente la ayuda humanitaria y financiación internacional a la sociedad palestina. Cualquier organización palestina que maneje términos como colonización, apartheid, boicot o derecho al retorno de los refugiados es excluida de recibir fondos oficiales.
BADIL apunta que lo que está sucediendo es lo que expuso el luchador contra el apartheid de Sudáfrica, Steve Biko: «El arma más poderosa en manos del opresor es la mente de los oprimidos».
El objetivo de EEUU y la UE es permitir que Israel desacate el retorno de los refugiados y acabar con la UNRWA
Hay que recordar que es una completa anomalía la existencia de millones de refugiados palestinos décadas después de su despojo y expulsión, producto del permanente desacato de Israel a la legalidad y al mandato de que estos refugiados retornen y sean compensados. Pero la impunidad que occidente otorga al régimen israelí sigue permitiendo que los palestinos sean el colectivo refugiado más numeroso y por más tiempo del planeta, mientras en otros conflictos se impulsa el retorno o la devolución forzosa de los refugiados. Occidente busca que Israel mantenga la supremacía demográfica racista de su sociedad colona frente a los indígenas palestinos, impidiendo regresar a los nativos que fueron despojados y expulsados. Según datos de BADIL, casi 9 millones de los 13 millones de palestinos en el mundo (66%) son desplazados forzosos, aunque el mandato de la UNRWA sólo acoge a 5,5 millones.
En lugar de contribuir a la promoción de los derechos palestinos reconocidos en el derecho internacional, la onegeización de la colonizada sociedad palestina busca su debilitamiento y enterrar sus reivindicaciones, especialmente el derecho a retorno. Precisamente hacer cumplir la legalidad a Israel con el retorno de los refugiados haría innecesaria la UNRWA. Por el contrario, Israel y sus aliados buscan destruir la agencia y que desaparezca también el derecho de retorno de los palestinos. Entre medias, para un estrato de la burocracia de la ONU la agencia se ha convertido en un modo de vida en sí mismo que conviene perpetuar al margen de los palestinos y sus derechos.
En un paradigma de la posverdad, el acuerdo entre EEUU y UNRWA apela reiteradamente a la neutralidad de la agencia para conseguir lo contrario: convertirla en un contratista de seguridad de EEUU e Israel. En esa distorsión, se fuerza a los palestinos a suprimir contenidos educativos “contrarios a los principios de la ONU” que en realidad son la terminología, los derechos y la legalidad internacional que amparan a los palestinos y son desacatados por Israel.
Daniel Lobato es activista en solidaridad con Palestina.