El dictamen consultivo del máximo tribunal de la ONU estrecha el camino de la impunidad israelí y deja claro a los Estados miembros que es ilegal dar apoyo o asistencia a la ocupación de Israel en los territorios palestinos.
No es difícil percibir en Jerusalén Este o en Cisjordania los gigantescos efectos de la ocupación ilegal y del sistema de apartheid que Israel aplica sobre la población palestina. Solo quien no quiera verlo podrá negarlo. Los periodistas que hemos vivido o trabajado allí hemos presenciado a lo largo de los años derribo de viviendas, evacuaciones forzadas, nuevas ocupaciones israelíes de tierras palestinas, anexión de las mismas, robo de sus recursos naturales, de sus cultivos, de sus acuíferos, maltrato sistemático, discriminación, negación de derechos.
Y, sin embargo, políticos y diplomáticos europeos y estadounidenses llevan décadas escenificando la coreografía de la duda o la ceguera, comprando tiempo para que Israel pudiera seguir extendiendo su ocupación ilegal y su sistema de segregación, que se traduce en consecuencias terribles y concretas en las personas de los territorios palestinos: niños y niñas enfrentándose cada día de su vida a la arbitrariedad de los checkpoints, sufriendo el encierro en sus ciudades y pueblos, encajonados por los controles militares y por el muro del apartheid, que ya fue declarado ilegal por la Corte Internacional de La Haya en una opinión consultiva en 2004, sin que se adoptaran medidas para poner fin a todo ello.
La anexión de territorios continuó y Europa y EEUU miraron hacia otro lado, permitiéndolo, manteniendo sus alianzas preferentes con Israel, desafiando los hechos o ignorándolos. En este escenario, la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de Naciones Unidas, ha dado un paso sin precedentes al establecer que Israel practica una ocupación ilegal en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este -territorios ocupados desde 1967-, con “una anexión permanente”. Varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –la 242, de 1967 y la 1515, de 2003- se habían expresado en este sentido, exigiendo la retirada de la estructura ocupante. Pero es la primera vez que lo hace un tribunal internacional.
Evacuar a todos los colonos y reparar a las personas afectadas
Además, la Corte de La Haya considera que “el régimen de restricciones integrales impuestas por Israel a los palestinos en el territorio ocupado constituye una discriminación sistémica basada, entre otras cosas, en la raza, la religión o el origen étnico”, que separa “física y jurídicamente” a los palestinos, en violación de varios artículos, incluido el 3 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que hace referencia a la segregación y el apartheid. La existencia de un sistema de apartheid aplicado por Israel es algo ya documentado en años pasados por organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la israelí B’Tselem.
El máximo tribunal de la ONU también indica que Israel tiene la obligación de poner fin “a su presencia ilegal en los territorios ocupados lo más rápidamente posible”, y exige la evacuación de “todos los colonos del territorio palestino ocupado”, así como la reparación de los “daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas”. Además, recuerda que la explotación de recursos naturales en los territorios ocupados violan el derecho internacional, y reconoce el derecho de autodeterminación de la población palestina, justo un día después de que el Parlamento israelí aprobara por abrumadora mayoría una resolución contra el establecimiento de un Estado palestino.
Mensaje a EEUU y aliados europeos
Lo más llamativo del pronunciamiento de la Corte Internacional -y lo más destacado por importantes juristas- es el punto referido a las tareas y la responsabilidad de los países miembros de la ONU, a los que recuerda que entre sus obligaciones están las de “no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio ocupado palestino, y a no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia continua de Israel en el territorio ocupado palestino”. Es decir, los Estados deben suspender de forma inmediata cualquier ayuda, asistencia o protección a las políticas de ocupación ilegal israelí.
Se trata de un mensaje del que deben tomar nota las naciones que continúan facilitando la impunidad israelí y que va dirigido claramente a Estados Unidos, principal protector y proveedor de Israel, así como a países europeos. Como ha señalado el abogado y exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth, “la posición de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia fue que Israel tenía ‘necesidades de seguridad muy reales’ en el territorio palestino ocupado, pero eso no explica la expansión interminable de los asentamientos o el robo de tierras y de recursos palestinos”. Por su parte, el vicepresidente del Quincy Institute for Responsible Statecraft, Trita Parsi, ha destacado que esta parte de la declaración del Tribunal de La Haya establece que “el apoyo financiero de EEUU a la ocupación de Israel es ilegal”.
Además, la Corte Internacional traslada la misma obligación a Naciones Unidas en su conjunto, tanto a la Asamblea General como al Consejo de Seguridad, que “deberían considerar las medidas adicionales necesarias para poner fin lo antes posible a la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio ocupado palestino”. Es decir, entrega el testigo a la ONU y a sus Estados miembros, para que actúen cuanto antes.
Son varias las medidas de presión que podrían aplicarse y que aún no han sido abordadas. Por ejemplo, esta misma semana el relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda y la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios ocupados palestinos expresaron públicamente la necesidad de suspender temporalmente a Israel como miembro de la Asamblea de Naciones Unidas, al igual que se hizo en el pasado con la Sudáfrica del apartheid.
El continuo aplazamiento de lo esencial
La Corte Internacional de Justicia ha emitido su conclusión a petición de la Asamblea General de Naciones Unidas, que, en diciembre de 2022, solicitó opinión consultiva sobre esta cuestión al máximo tribunal de la ONU. Es decir, no se trata simplemente de una reacción a la masacre en curso en Gaza. Es una investigación que comenzó en enero de 2023 y cuyas conclusiones ahora son de extrema importancia. Se podría decir que el Tribunal de La Haya ha confirmado que hay un elefante en la habitación y que es hora de admitirlo. Los temas sobre los que se pronuncia habían sido perpetuamente postergados por la diplomacia estadounidense y europea, a pesar de tratarse de cuestiones esenciales que constituyen el eje vertebral del conflicto.
Ese continuo aplazamiento de lo esencial ha sido la herramienta necesaria para la ejecución de la ocupación ilegal y del apartheid. Como indicaba este viernes el profesor de Relaciones Internacionales en el King College de Londres, Alonso Gurmendi, “todos estos eran temas para ‘futuras negociaciones’. Si el statu quo es ilegal y viola las normas de ius cogens, entonces esto cambia la influencia que se puede utilizar para convertir ese statu quo en una situación permanente”. Es decir, a partir de ahora será aún más evidente que esas cuestiones -la ocupación ilegal israelí y la segregación- deben ser abordadas para alcanzar la paz.
“No debe despreciarse el poder de las declaraciones autorizadas en la formación del orden mundial. Especialmente, cuando el orden mundial ya está cambiando de manera tan fundamental. Vivimos en un mundo donde Sudáfrica puede demandar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia; eso no podía suceder cuando yo era niño. En definitiva, sí, el mañana será muy similar al hoy, pero no será exactamente como hoy. Ni el día después”, ha añadido Gurmendi.
La Corte da herramientas a la política: es el turno de los Estados
La declaración de la Corte Internacional no cuenta con un organismo específico que garantice el cumplimiento de sus dictámenes, pero es “derecho consuetudinario” y, por tanto, “fuente” de derecho y “autoridad”. Con su pronunciamiento ofrece más herramientas a la política, a los Estados miembros de la ONU, para que adopten medidas en forma de suspensión de relaciones diplomáticas y/o comerciales y embargos formales de armas que incluyan no solo la venta, sino también la adquisición de material militar israelí, una práctica que refuerza a las empresas clave que sostienen y participan de la ocupación ilegal.
De hecho, la Corte de La Haya indica que los Estados deben evitar establecer “contratos económicos o acuerdos comerciales con Israel relacionados con el territorio palestino ocupado o partes del mismo que puedan afianzar su presencia ilegal en el territorio”, y deben “tomar medidas para impedir relaciones comerciales o de inversión que ayuden al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado” (punto 278), entre otras medidas.
“Es sorprendentemente poderoso escuchar claramente lo que parece legalmente obvio, pero que de algún modo sigue siendo cuestionado”, señalaba hace unas horas Janina Dill, codirectora del Oxford Institute for Ethics, Law and Armed conflict: “Gaza está ocupada. Los asentamientos en Cisjordania violan el derecho internacional. Las evacuaciones permanentes son una forma de traslado forzoso”, añadía, repitiendo algunas de las afirmaciones del máximo tribunal de la ONU.
“No hay más excusas. La comunidad internacional debe obligar a Israel a poner fin a la ocupación”, ha señalado la organización israelí de derechos humanos, B’Tselem, tras la declaración de la Corte. “Durante los últimos 57 años, Israel ha demostrado que no tiene intención de poner fin a la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este, sino todo lo contrario (…). La comunidad internacional ha eludido su deber de proteger a los palestinos utilizando diversas excusas”, ha añadido.
Por su parte, Claudio Francavilla, director asociado en Human Rights Watch, ha destacado que la Corte Internacional determina que las medidas israelíes constituyen un sistema de apartheid: “Es apartheid. ¿Europa mantendrá la cabeza escondida en la arena ahora que la Corte Internacional de Justicia lo ha reconocido?”, se preguntaba este viernes.
La importancia del pronunciamiento del máximo tribunal de Naciones Unidas no es menor, y contribuye a estrechar el camino de la impunidad israelí. Lo que era obvio desde el punto de vista legal ha seguido siendo cuestionado a lo largo de los años por gobiernos europeos y norteamericanos, a través de una formidable máquina de propaganda que niega los hechos de forma reiterada. A partir de ahora, les resultará más difícil hacerlo.
Hace un par semanas, en una rueda de prensa, un periodista preguntó al portavoz del Secretario de Estado de EEUU, Matthew Miller, cómo es posible que “la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el fiscal del Tribunal Penal Internacional puedan hallar pruebas de crímenes de guerra de Israel y EEUU, con su enorme capacidad en servicios de inteligencia, no”. El portavoz del Gobierno respondió diciendo que “cada organización tiene diferentes responsabilidades, queremos terminar nuestras evaluaciones cuanto antes, pero es importante hacerlas bien”. Han pasado 57 años desde el inicio de la ocupación ilegal israelí, reconocida como tal por varias resoluciones de Naciones Unidas, y ahora también por la Corte Internacional de Justicia. A la simulación del baile de los despistados ante la ocupación de Israel le queda poco recorrido. Habrá Estados que seguirán justificándola o facilitándola, pero no podrán argumentar que desconocían su ilegalidad.
Mientras tanto, las masacres en Gaza siguen su curso, con más intensidad, con menos atención política y mediática, con una mayor normalización. Incluso hay, desde algunos sectores, llamadas a una cierta resignación, afirmando que se ha hecho -y que se hace- todo lo posible, faltando de manera escandalosa a la verdad.