El tribunal antiterrorismo saudí sentenció la activista al-Hathloul con varios años de cárcel aunque amagó con una posible libertad condicional, mientras miles de personas migrantes siguen atrapadas por distintas razones tanto en Arabia Saudí como en Yemen en el mismo mes en el que se cumplen 10 años de las llamadas primaveras árabes. Además, Israel vuelve a elecciones por segunda vez en la pandemia, Washington aumenta las sanciones contra al-Asad y Líbano registra un duro ataque contra refugiados sirios
El ciclo de movilizaciones conocido como las primaveras árabes tuvo su inicio este mes hace 10 años en Túnez, antes de esparcirse a países como Egipto, Siria o Libia. Hoy, el panorama en la región es generalmente más autoritario y desolador que el que había en 2011, mientras que la lucha por tener mejores gobiernos sigue en países como Iraq o Líbano. En Arabia Saudí, el tribunal anti-terrorismo ha dictado sentencia contra la activista Loujain al-Hathloul, castigandola a cinco años y medio de prisión pero dejando la puerta abierta a una posible libertad condicional en febrero de 2021, lo que parece un gesto de cara a la administración Biden. En el mismo país saudí siguen encerradas en centros de detención miles de personas migrantes bajo condiciones denigrantes, mientras muchas otras siguen estancadas en Yemen a causa de la guerra civil y de la pandemia.
En Israel, la ciudadanía tendrá que acudir a las urnas por segunda vez durante la pandemia en unas elecciones que tienen como única disputa de fondo la continuidad o no del imputado Netanyahu, que por primera vez tendrá varios rivales dentro del ámbito de la derecha. En el vecino Líbano, al menos 700 personas de origen sirio tuvieron que abandonar el lugar donde residían, después de que jóvenes libaneses prendieran fuego al campo de refugiados de Miniyeh tras una pelea con trabajadores sirios. En Siria, el presidente Bashar al-Asad ve como los Estados Unidos lanzan nuevas sanciones contra su círculo de confianza, mientras los dirigentes argelinos restringen la libertad de expresión en el país.
Las llamadas primaveras árabes cumplen diez años
El joven tunecino Mohamed Bouazizi sucumbió a las heridas en enero de 2011, tres semanas después de inmolarse y pocos días antes de que se exiliara el dictador del país, Zine al-Abidine Ben Alí, pero quizá alguien estuvo a tiempo de contarle a este vendedor ambulante de verduras la secuencia que desató, este mes hace 10 años, su acto de desesperación.
Frustrado por la ausencia de oportunidades y por el mal trato de la policía, que le requisaba la mercancía, Bouazizi, de solo 26 años, se prendió fuego delante de las oficinas de un gobernador local. Era un acto de protesta similar al que habían recurrido otros tunecinos en un país en el que ya se habían dado fuertes manifestaciones de descontento. Tanto Túnez como el resto del mundo árabe-musulmán parecían entonces descolgados del progreso social que se había exigido y producido en otras partes del mundo, pero en esa ocasión, el malestar de Bouazizi provocó unas revueltas en su país que traspasaron fronteras. En un mes, los dictadores Ben Alí en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto se vieron superados por unos levantamientos populares inesperados. Ese mismo 2011 lo harían también Moammar al-Gaddafi en Libia y Ali Abdullah Saleh en Yemen. Parecía que el miedo cambiaba de bando en países como Libia y Siria, donde centenares de miles de ciudadanos se cargaban de valor para enfrentarse a regímenes autoritarios.
Como respuesta, Rabat, Amán y Argel se apresuraron a introducir reformas para esquivar el golpe, pero la juventud que lideraba las revueltas aprendió pronto que la partida sería larga. En varios países, las exigencias de rendimiento de cuentas contra la corrupción, de apertura democrática y de encontrar soluciones contra el desempleo perpetuo chocaron frontalmente con respuestas militares en las que miles de personas perdieron la vida o la libertad. Las injerencias externas y la radicalización de algunas revueltas añadieron inestabilidad y hoy Siria, Libia y Yemen siguen desangrándose en largos conflictos en un panorama regional más autoritario y desolador que el de 2011. Tampoco en Túnez, donde tiene lugar una transición política, se percibe una mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía.
Los tiempos de cambio en el mundo árabe siguen hoy vivos en Argelia, Sudán, Iraq o Líbano, donde una nueva generación reclama mejores gobiernos, y se espera que pase lo mismo en otros estados pasada la pandemia. Pero hay dictadores árabes que reciben el apoyo de dirigentes europeos, que los ven como protectores de sus propios intereses. A pesar de que Abdel Fattah al Sisi ha hecho de Egipto uno de los países con más sentencias de muerte en el mundo –unas 2500 desde 2013 según algunas fuentes–, Emmanuel Macron se reunió con él este mes para acordar una venta de armamento. Macron afirmó al respecto que “la cooperación [con Egipto] no estaría condicionada por este tipo de desacuerdos”, en referencia a la ausencia de respeto por los derechos humanos, y añadió que no querría “debilitar la capacidad de el Cairo de luchar contra el terrorismo”.
Al-Hathloul condenada a cárcel con un gesto hacia Biden
Prensa saudí informó durante la mañana del lunes 28 que el tribunal anti-terrorismo de Arabia Saudí dictó sentencia contra Loujain al-Hathoul, la activista saudí de 31 años que lleva detenida desde 2018 por luchar por los derechos de las mujeres en el país, castigándola con cinco años y medio de cárcel. Según la misma fuente, y en un dato que está causando cierta confusión, el tribunal ha añadido que al-Hathloul —de quien ya hablamos en ediciones anteriores— podría recibir una reducción de su condena, ya sea similar al tiempo que lleva entre rejas —un año y 7 meses— o de dos años y 10 meses.
Cabe añadir que Hathloul podría recibir la libertad condicional en febrero de 2021, con un regreso a la cárcel en caso de que cometa algún delito, especificó el judicial saudí. Tal medida podría ser leída como un gesto hacia la administración entrante de Joe Biden, crítica con el régimen del príncipe heredero Mohamed bin Salman, además de como una posible concesión ante la fuerte presión internacional.
Al-Hathloul, que tendrá prohibido salir del país durante los próximos cinco años, ha sido condenada por “buscar un cambio político en el país” y por “lesionar el orden público”.
Miles de personas migrantes estancadas en Yemen y detenidas en Arabia Saudí
La guerra en Yemen empezó hace seis años, pero personas que buscan un futuro mejor siguen accediendo al país. El impacto de la pandemia ha podido reducir las cifras de inmigrantes llegados (de 138.000 en 2019 a 35.000 este 2020), pero acceder al Yemen por el sur e intentar cruzarlo hasta Arabia Saudí sigue siendo la intención de miles de personas, que buscan oportunidades laborales —aunque sean de un sólo día— en Riad.
Sin embargo, al llegar al Yemen muchas de estas personas se encuentran que la pandemia y el conflicto que azota el país les obstaculiza el camino hasta Arabia Saudí, y la Organización Internacional para las Migraciones calcula que son unos 15.000 los inmigrantes varados entre las fronteras yemenitas, sin la posibilidad de continuar hacia su objetivo ni de deshacer el camino hecho desde su país de origen.
El corte de carreteras que llevan hasta Arabia Saudí y otras complicaciones llevan a los migrantes a depender de redes de traficantes de personas, lo que incluye el riesgo de extorsión o de peligrosas travesías por el mar. Entidades humanitarias sobre el terreno tratan de explicar los riesgos de este tipo de viajes para las personas migrantes, que podrían caer en las promesas de los traficantes, especialmente a las que no cuentan con conexión a internet y pueden estar más desinformadas. Según algunos cálculos, el 85% de los inmigrantes en Yemen serían de Etiopía, mientras que buena parte del 15% restante sería de Somalia.
La precaria situación de los inmigrantes en Yemen se suma a la de los que ya están en Arabia Saudí, donde sigue habiendo denuncias de malos tratos en centros de detención y deportación de inmigrantes. Aunque el país prometió hace meses investigar las condiciones de los recluidos en estos centros, grupos como Human Rights Watch siguen publicando estudios que demostrarían que centenares de inmigrantes —mayoritariamente etíopes— sufren malos tratos, incluyendo torturas, lo que habría llevado a la muerte de tres personas entre octubre y noviembre. “Arabia Saudí es uno de los países más ricos del mundo, así que no hay excusa para detener trabajadores inmigrantes en tales condiciones”, decía Nadia Hardman, investigadora de derechos de los migrantes en HRW.
Un duro artículo de Telegraph revelaba en agosto unas supuestas declaraciones de varias de las personas recluidas en estos centros de detención y deportación en Arabia Saudí. “Mi único crimen ha sido dejar mi país buscando una vida mejor, pero nos golpean con látigos y cuerdas eléctricas como si fuéramos asesinos”, decía uno de ellos. “Si veo que no hay escapatoria, me quitaré la vida. Otros ya lo han hecho”, decía otro.
Israel vuelve a elecciones
La clase política israelí da por terminado el periodo del gobierno bicéfalo Benyamin Netanyahu y Benny Gantz. El ejecutivo comandado por los dos líderes nació hace siete meses con el objetivo —según decían ellos mismos— de afrontar la crisis del coronavirus, pero los desacuerdos entre ambas partes abocan al país a las cuartas elecciones en solo dos años, las segundas durante la pandemia.
La falta de un acuerdo presupuestario ha sido la excusa legal para que el parlamento se disolviera y pusieran fin a un gobierno disfuncional que ha tenido manifestaciones en su contra durante seis meses. Grupos contrarios a Netanyahu y al hecho de que ejerza de primer ministro mientras se le juzga por tres casos de corrupción han hecho notar la presión sobre Gantz y sobre los miembros de su formación, Azul y Blanco, que finalmente han optado por retirar el apoyo al gobierno capitaneado por Netanyahu e ir a elecciones.
Hasta hace pocos días, según dice la prensa israelí, Netanyahu estaba convencido de ir a elecciones. El líder del Likud visualizaba una victoria clara aprovechándose del rédito político de las normalizaciones árabes y de la llegada de la vacuna contra la covid. Una nueva mayoría parlamentaria habría podido avalar su liderazgo en solitario y le habría permitido deshacerse de la alternancia en el cargo de primer ministro que comparte con Gantz, que según el acuerdo de coalición debería haber tomado el relevo en noviembre.
Pero Netanyahu, de 71 años de edad y primer ministro durante 15 de los últimos 24 años, no contaba con la escisión de Gideon Saar, hasta el 8 de diciembre parte del Likud a las órdenes de Netanyahu y ahora candidato de Nueva Esperanza. Este nuevo partido se añade a los que ya existen en el ámbito de la derecha, y lo hace manteniendo también como reclamo principal —tal y como ya hacen los ultra nacionalistas Avigdor Lieberman, de Israel Casa Nuestra, y Naftali Bennett, de Yamina— la necesidad de deshacerse de Netanyahu y de abrir una nueva etapa en el país. Saar no es un contrincante cualquiera: perdió las primarias del Likud del año pasado contra Netanyahu, pero obtuvo un 27,5% de los votos. Las encuestas para las nuevas elecciones —que probablemente se celebren el 23 de marzo— pronostican una segunda posición para Saar, cosa que dificultaría una mayoría parlamentaria favorable a Netanyahu aunque este ganara de nuevo los comicios, como se prevé que pase.
La política israelí se desliza hacia la derecha con la continuidad de Netanyahu como principal asunto de disputa entre las distintas opciones, mientras que grupos de izquierdas como el Laborista, que lideraron Israel durante las tres primeras décadas del país, corren el riesgo de quedar fuera del parlamento. La coalición Azul y Blanco corre la misma suerte después de que su líder, Gantz, prefiriera traicionar al millón de personas que le votaron, a los que prometió no unirse jamás a Netanyahu, con tal de evitar cooperar con la Lista Conjunta, una coalición liderada por árabes con la que pudo formar gobierno. Una trampa en la que Saar, Bennett, Lieberman, Lapid u otros políticos en busca de poder podrían caer próximamente.
Ataque contra refugiados sirios en Líbano
Líbano vivió el pasado sábado lo que pudo haber sido una tremenda tragedia humana después de que un enorme incendio dejara en cenizas el campo de refugiados de Miniyeh, en el norte del país, lugar donde residían 113 familias sirias y unas 700 personas en total. Según varios testimonios, el incendio fue provocado intencionadamente por jóvenes libaneses después de que estos mantuvieran una pelea con trabajadores sirios.
La población local de la zona se organizó para ofrecer un refugio para esa misma noche a todos los residentes del campo en pocas horas, pero los hechos han causado preocupación en Líbano. A los ojos de muchos, castigos colectivos como éste responden a una supuesta deriva xenófoba que tendría lugar en el país en medio de una tremenda crisis económica.
Nuevas sanciones contra el círculo de Bashar al-Asad
La administración Trump lanzó el martes nuevas sanciones contra el entorno de confianza del presidente sirio Bashar al Asad, esta vez apuntando contra su mujer, Asma al Asad, y contra algunos miembros de la familia de ésta, que residen en Londres y tienen nacionalidad británica.
El secretario de estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció en un comunicado que las sanciones contra la primera dama siria pretenden castigar “sus esfuerzos por obstaculizar la solución al conflicto sirio”, atribuyéndole un papel destacado en la supervivencia política y económica del régimen, en parte a través de organizaciones supuestamente caritativas que están bajo su control.
Estas sanciones se enmarcan en la Ley César, una medida aprobada en el Congreso estadounidense en 2019 que pretende aumentar la presión sobre al Asad e impedir que sus aliados internacionales colaboren en una reconstrucción de Siria liderada por él. Por ese motivo, la Ley César sitia socios políticos y financieros de al Asad bloqueando sus propiedades en Estados Unidos o bajo control estadounidense, además de prohibir a los ciudadanos de Estados Unidos intercambiar transacciones con estas personas.
Defensores de derechos humanos han indicado que tales iniciativas pueden deteriorar las condiciones de vida de la ciudadanía siria, que sufre una guerra civil desde hace una década, y dificultar la llegada de ayuda humanitaria al país.
Argelia restringe la libertad de expresión
El gobierno de Argelia, presidido por Abdelmadjid Tebboune, ha anunciado nuevas restricciones sobre los medios digitales que se leen en el país. Entre otras cosas, la medida forzará a los periódicos digitales que informen sobre Argelia a estar registrados en el país, algo que en muchos casos no ocurre hoy en día. Según el ministro de Comunicación y antiguo periodista, Ammar Belhimer, la intención de la restricción es combatir “el mal uso de este tipo de periódicos modernos”, además de proteger el país y su ejército tanto de ataques como de rumores y “fake news”. Esta nueva legislación podría llevar a la exigencia, por parte de las autoridades, de que los medios digitales obtengan una licencia para operar en el país, lo que permitiría al estado ejecutar un control mucho más férreo.
La nueva medida, que será implementada durante los siguientes 12 meses, llega mientras el gobierno de Argelia ha llevado a juicio o a prisión a varios periodistas o activistas relacionados con el movimiento de protesta Hirak, que hasta el inicio de la pandemia hacía presión para dejar atrás el sistema político vigente en el país desde su independencia, en 1962. Antes de eso, Hirak provocó el paso al lado que el longevo mandatario Abdelaziz Bouteflika —que pretendía presentarse a un quinto mandato— dio el año pasado.