Ponencia presentada en el Taller sobre el proyecto de Constitución del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cárdenas, 5 de diciembre de 2018.
Julio Antonio Fernández Estrada me invita a este panel para compartirles la esencia de las ideas contenidas en dos artículos que escribí recientemente, cuyos títulos son, el primero «El proyecto de Constitución abre puertas a la privatización de la propiedad social», y el segundo «El único que debe concentrar la propiedad es el pueblo». Obviamente, no podía venir a repetir exactamente esas ideas, ni con los mismos títulos, así que lo pensé un poco más, y me di cuenta que todo lo que he escrito o dicho sobre el proyecto de Constitución tiene que ver con una opción de clase, y que tal vez fundamentarla ante ustedes podía ser provechoso.
Cuando hablamos de clases sociales no nos referimos a las desigualdades entre grupos con diferentes ingresos (lo que se conoce como estratos) sino a las desigualdades entre grupos que ocupan lugares desiguales con relación a los medios de producción. Esta visión marxista de las clases se ha complejizado con el tiempo, asumiendo su entrecruzamiento con otras formas de desigualdad, y enriqueciendo el análisis de sus implicaciones culturales. También se han diversificado las clases a su interior, tanto así que en el plano de sus condiciones de vida y sus imaginarios hoy en día un obrero noruego parece no tener nada que ver con una obrera hondureña de una maquila y un alto ingeniero de una empresa de telecomunicaciones no tener nada que ver con el que repara las antenas transmisoras. Un campesino parece no tener nada que ver con un revendedor eventual y tampoco un banquero con el propietario de un restaurante de lujo. Sin embargo, como telón de fondo se puede identificar una desigualdad sistémica que da consistencia a esta diversidad circunstancial de actores, aquella que divide las sociedades modernas entre las minorías que poseen los recursos naturales y medios de producción, y las mayorías desposeídas, obligadas a vender su fuerza de trabajo para satisfacer sus necesidades.
Los segundos (sea un auxiliar de limpieza o un profesional altamente remunerado) crean con su trabajo las riquezas de la sociedad, que entregan a los primeros, y reciben un salario a cambio. Con el paso de los años se han ido sofisticando los argumentos para justificar este ordenamiento básico de la economía y hacerlo pasar como natural.
El primero: que «son propietarios de los medios», pero también que «ponen su capital a riesgo», que «saben tomar buenas decisiones», que «saben hacer negocios», que «tienen el mérito de habérseles ocurrido una gran idea (tipo Uber)». Sin embargo, ninguna máquina puede crear las riquezas ella sola, incluso las automáticas son diseñadas y programadas por seres humanos. Ninguna persona puede armar una empresa a partir de una gran idea sin el concurso de otras. Por no decir que el capital que se «pone a riesgo» requiere el trabajo colectivo para crecer, y que en la mayor parte de los casos, es fruto del trabajo colectivo expropiado en emprendimientos anteriores o simultáneos.
Lo cierto es que de la capacidad organizativa y conductora de una parte de los capitalistas del mundo (otros solo se dedican a vivir de sus acciones) no saldría nada si los trabajadores y trabajadoras no actúan sobre los medios de producción para generar las riquezas. En la forma en que está organizada la producción capitalista, ambas partes se necesitan mutuamente, y sin embargo, los primeros ganan entre varias y muchas veces más que los segundos, y tienen un excesivo poder sobre sus condiciones de existencia.
Otro argumento habitual es que, incluso reconociendo esta injusticia, no hay forma de hacerlo de otra manera porque las sociedades necesitan dejar que acumulen riquezas los que emprenden, los osados y creativos, para que dinamicen la economía y podamos beneficiarnos todos. Llevamos de dos a cuatro siglos esperando por ese bienestar en el mundo y no sucede. Como ello no es solo el resultado de que las naciones pobres (ni los pobres de las sociedades ricas) lo hemos «hecho mal», sino una característica estructural del sistema capitalista mundial, yo apuesto por trabajar de dos a cuatro siglos hacia adelante por construir un sistema diferente. Para ello es fundamental apostar desde el principio por «los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, y hacen andar las ruedas de la historia», bella expresión de la 2da Declaración de La Habana.
Apostar por ellos, por nosotros mismos, significa no solo conquistar mayores beneficios y evitar mayores despojos en el marco de las sociedades existentes, sino también trabajar por recuperar los bienes que nos pertenecen y necesitar cada vez menos ese papel conductor del capital, creando organismos económicos propios en función de las necesidades colectivas.
Esta es mi opción de clase. (Desearía fuera la de ustedes, pero es saludable discrepar). Algunos pensarán que no es del todo factible aplicarla al análisis de una Constitución donde se declara el predominio de la propiedad socialista de todo el pueblo, pues se supone que ese propiedad elimina de modo sustancial la división estructural de la sociedad entre propietarios y desposeídos.
Ciertamente en Cuba se ha logrado reducir enormemente la explotación económica, en términos de apropiación privada de la plusvalía, pero se ha mantenido y profundizado una desigualdad cardinal en la relación de los ciudadanos con los medios de producción, aquella que divide la sociedad entre las minorías que detentan el poder sobre los medios y las mayorías que trabajan, generan las riquezas, y se benefician o perjudican de su gestión. Al desplazarse las contradicciones fundamentales a la relación entre dirigentes y dirigidos, la Constitución y las leyes pueden jugar un importante papel en subordinar la acción de los dirigentes a las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo.
Por otro lado, sobre todo desde los años 90 y más agudamente en la actualidad, ya existe una presencia relevante en Cuba de empresas capitalistas nacionales y extranjeras, mientras el imperialismo no ha dejado de actuar para recuperar el dominio del país. En conclusión, la Constitución de la República debe servir para proteger y potenciar los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Cuba y de todo el pueblo frente a la arbitrariedad o negligencia de dirigentes y funcionarios estatales, capitalistas nacionales y extranjeros, y frente a los afanes hegemónicos del imperialismo norteamericano e internacional.
No es casual que la constitución vigente, promulgada en 1976, consigne el predominio de la propiedad socialista de todo el pueblo, mencione los bienes que la conforman, declare su carácter inalienable y establezca el requisito de no afectar los fundamentos del Estado a la hora de conceder derechos sobre ellos. Tampoco es casual que establezca el carácter gratuito de la salud y la educación, y precise las vías por las que estos derechos serán garantizados (prestación estatal del servicio, atención hospitalaria integral, atención estomatológica gratuita, planes de prevención y vacunación, sistema de becas escolares, material educativo gratuito). No es casual que garantice el derecho al descanso mediante el desarrollo de instalaciones y planes vacacionales, el desempeño de la familia trabajadora mediante la organización de círculos infantiles, y el acceso de todos a las playas y demás centros sociales.
No es casual, para finalizar, que condene la explotación del hombre por el hombre, califique a Cuba como un Estado socialista de trabajadores, utilice la categoría «pueblo trabajador» varias veces y precise los sujetos que lo componen, proteja el trabajo creador del pueblo, defina al Estado cubano como un «poder del pueblo, al servicio del propio pueblo», otorgue iniciativa legislativa a la Central de Trabajadores de Cuba y reconozca el trabajo voluntario como formador de la conciencia comunista.
Fue la opción de clase de la Revolución, y no un «exceso de detalles», lo que condujo a incluir esos elementos en nuestra Carta Magna. Por eso sorprende que, junto con la buena noticia del mantenimiento de postulados revolucionarios, y la incorporación de nuevos derechos, se hayan suprimido en el proyecto de Constitución. Es decir, se suprimió la mitad de la lista de bienes que conforman la propiedad del pueblo (los centrales azucareros, las fábricas, los bancos, los centros culturales y deportivos, etc.), y se les excluyó del carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, así como del requisito de no afectar los fundamentos del Estado en la concesión de derechos (solo consignados para los recursos naturales y vías de comunicación). Se descargó al Estado de la responsabilidad exclusiva de prestar los servicios de salud («la ley define el modo en que los servicios de salud se prestan», dice el Proyecto). Se eliminaron las alusiones al servicio médico rural, la atención estomatológica gratuita, los planes de prevención y vacunación, el sistema de becas escolares, el material educativo gratuito, el desarrollo de instalaciones y planes vacacionales, los círculos infantiles, el acceso de todos a las playas y demás centros sociales. También se eliminaron el resto de las expresiones mencionadas.
No creo que sea un imposible reconocer la propiedad privada y la inversión extranjera y al mismo tiempo mantener los postulados que marcan una opción de clase más firme en la Constitución vigente, en particular la aspiración por superar la explotación económica, la descripción de Cuba como un Estado de trabajadores, la mayor protección de la propiedad social y el trabajo creador del pueblo. Por el contrario, considero que los elementos suprimidos contribuirían a evitar la expansión nociva de estos sectores, sin impedirles funcionar. Estoy seguro que una cifra relevante de los pequeños y medianos empresarios capitalistas que ya tenemos en Cuba, dado el acumulado político y cultural forjado durante la Revolución, estarían de acuerdo en mantener el predominio de estructuras económicas favorables a los intereses de la clase trabajadora como totalidad, siempre a condición de que esas estructuras cumplan su papel.
No me incluyo entre los que piensan que no es necesario dejar tantos «detalles» en la nueva Constitución, porque el compromiso del Estado cubano los garantiza; menos aún ante un escenario donde ya no estarán las principales figuras que defendieron dichos postulados. Por otro lado, esos detalles tan maltratados por el equipo redactor del proyecto de Constitución en la Asamblea Nacional, no significan otra cosa que el apuntalamiento de la condición del pueblo de Cuba como propietario de los recursos nacionales. Ante el déficit de mecanismos para ejercer el poder sobre la gestión estatal de su propiedad, la consagración constitucional de los círculos infantiles, el material escolar gratuito, los planes vacacionales, las campañas de vacunación, etc., funciona como mandato imperativo de distribuir la riqueza social en beneficio de su creador.
Por último, aquí también se cumple la dialéctica de lucha defendida más arriba para una sociedad capitalista convencional. En nuestro caso apostar por la clase trabajadora significa no solo conquistar mayores beneficios y evitar mayores despojos (legales e ilegales) en el marco de la sociedad existente, sino también potenciar nuestras riquezas y necesitar cada vez menos de ese papel conductor de la burocracia, renovando los organismos económicos en función de las necesidades colectivas.
Los artículos referenciados, publicados en La Tizza, presentan algunas ideas en tal dirección. Los invito a continuar la discusión cuando tengamos en la mano la propuesta definitiva de Constitución, que será más sabia si logra integrar lo mejor de la Carta Magna vigente con lo mejor del proyecto de Constitución que hoy hemos analizado. Muchas gracias.
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