Traducido del hebreo para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.
El gobierno está de acuerdo con esta propuesta de ley según la cual se permitirá diferir el encuentro entre el prisionero por asuntos de seguridad y su abogado por un período de medio año. Esta propuesta de ley tiene como objetivo evitar que los abogados aprovechen su profesión para ayudar a sus clientes a cometer delitos dentro de las cárceles.
La comisión ministerial encargada de legislación decidió el lunes apoyar la propuesta de ley que presentó el ministro de Seguridad Interior, Itzjak Aronovich, según la cual se puede prolongar hasta medio año corrido el permiso para el encuentro del prisionero por asuntos de seguridad y su abogado defensor.
El extracto de la propuesta de ley dice que la prolongación es para evitar que los abogados asistan a sus clientes en posibles delitos que amenacen la seguridad pública o dentro de los lugares de detención. Así en el caso de que los abogados actúen como coordinadores y proveedores cuando dichos prisioneros estén involucrados en la organización de delitos contra la seguridad. También propone un calendario específico para prolongar el tiempo antes del encuentro y el director del penal estará facultado para emitir la orden por la cual el prisionero puede tener que esperar hasta siete días para la primera entrevista en vez de las 24 horas que rigen hasta ahora. El comisario de prisiones estaría facultado, con el acuerdo del fiscal del Estado o de su segundo, para ordenar la prolongación del período de prohibición, que no podrá superar los 90 días en vez de los 5 que rigen en la actualidad. El tribunal zonal está facultado para ampliar el período, que no exceda el medio año para cada delito, en vez de los 21 días en vigencia hasta hoy. Y en cada caso no debe superar el año.
«Disposiciones draconianas»
La organización por los derechos civiles manifestó su enojo por la intención del gobierno de aprobar la ley, ya que permitiría a las instituciones penitenciarias prolongar el tiempo antes de la entrevista entre los prisioneros o los detenidos con sus abogados, sin la autorización de un juez y basado solamente en estimaciones generales.
La abogada Lila Margalit se dirigió al Procurador General de la Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad recordándole que «la ley actual ya incluye disposiciones complicadas que permiten a los servicios de inteligencia y a la fiscalía de la nación, y en consecuencia al tribunal actuante, evitar el encuentro entre el prisionero y su abogado por un tiempo prolongado cuando existe la sospecha de que el encuentro puede aprovecharse para cometer delitos o faltas graves dentro del penal».
Continúa Margalit diciendo que estas disposiciones draconianas ya permiten que se produzca un daño importante en los derechos de los prisioneros para consultar con un abogado de su elección, sobre evidencias secretas y sin un correcto proceso. Ahora el departamento de seguridad nacional pide ampliar las restricciones, interferir en el trabajo de los abogados aunque no existan sospechas concretas sobre actividades delictivas. La propuesta también apunta a prolongar considerablemente el tiempo que se pueden permitir estas limitaciones, tanto para acceder a la aprobación judicial previa y a la del tribunal luego, y así erosionar gravemente las pocas garantías destinadas a impedir los abusos.
El director general del Comité Público contra la Tortura, el Dr. Yishai Menuhin, dijo en respuesta que «El Comité de Ministros está tratando de perpetrar un asesinato selectivo de los derechos humanos en una sociedad democrática, y no hay que olvidar que los sospechosos de cometer delitos contra la seguridad también tienen derechos.» Continuó diciendo: «Este proyecto de ley cubre de sospechas a los abogados que representan a prisioneros de seguridad y los ve como potenciales sospechosos de colaborar con el terrorismo. Ésta es otra violación de su libertad para ejercer su profesión.