España anuncia que prohibirá las importaciones de productos de asentamientos, pero no suspende relaciones comerciales con Israel ni establece sanciones a empresas que participan en la ocupación.
Las medidas anunciadas por el Gobierno español este lunes llegan tras veintitrés meses de genocidio -visto y conocido en tiempo real- y tras muchos años de ocupación ilegal y de apartheid contra la población palestina.
Se producen en un contexto en el que la Unión Europea sigue manteniendo relaciones, acuerdos preferenciales y alianzas con Tel Aviv, y en el que, de los Veintisiete, solo Eslovenia ha prohibido el comercio de armamento con Israel. La UE es uno de los mayores socios comerciales y diplomáticos de Israel en el mundo, lo que significa que los países que la conforman sí cuentan con herramientas para presionar. Sin embargo, la mayoría siguen sin usarlas.
Hasta ahora, España ha mantenido relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas con Israel, pese a los crímenes masivos. La opinión pública española, reflejada en las encuestas, y las protestas de importantes colectivos de la sociedad civil han sido instrumentos persuasivos para que el Gobierno español empezara a plantearse cambios.
Los puntos aprobados este martes en Consejo de Ministros son necesarios, pero podrían haber llegado mucho antes. Incluyen algunas de las demandas de los colectivos civiles y dejan otras fuera, aunque todavía falta por negociar los pormenores sobre el embargo de armamento, cuya aprobación se retrasa una semana. Otras medidas de presión, solicitadas también por la Corte Internacional de Justicia, por la Asamblea General de la ONU o por la relatora de Naciones Unidas, siguen estando ausentes.
El embargo
Entre lo anunciado este lunes por el Gobierno español destaca “la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar” a Israel. Esta afirmación no especifica si también se prohibirían el comercio de productos y tecnologías de doble uso y la adquisición de repuestos para el mantenimiento del material militar israelí que utilizan las Fuerzas Armadas españolas.
En los primeros meses de 2024 el ministro de Exteriores español afirmó que ya había un embargo de armas con Israel. Pero ese año -y también en 2025- se registraron exportaciones de material militar de España a Israel, según datos oficiales de aduanas israelíes recogidos por el Centre Delàs de Estudios por la Paz.
Además, entre octubre de 2023 y la primavera de 2025, España adjudicó al menos 40 acuerdos de compra de material militar a empresas israelíes o sus filiales españolas. En algunos casos, esos contratos se formalizaron cuando ya había decenas de miles de víctimas en Gaza. Aun así, el Gobierno volvió a decir entonces que ya no existía comercio de armas con Israel.
Tras ello, entre febrero y mayo de este año, 2025, España aumentó sus importaciones de “armas y municiones” de Israel, como publicó este diario el pasado julio.
En las medidas ahora anunciadas por el Gobierno no se dice nada sobre los más de 40 contratos de compra adjudicados a armamentísticas israelíes o sus filiales. Entre ellos, está la compra del “diseño POD para combate aéreo” a la empresa pública israelí Rafael, con un plazo de ejecución hasta 2027.
Además de las incógnitas mencionadas, queda por saber si puede haber más excepciones al embargo anunciado y qué mecanismos de control y vigilancia se adoptarán. Por eso desde la Campaña por el Fin del Comercio de Armas con Israel, que integra a más de 500 organizaciones, solicitan que se añadan más disposiciones, para garantizar “un embargo integral [que incluya todos los tránsitos], retroactivo, que afecte a la contratación pública y con garantías de transparencia para saber si se aplica”. Sobre esto girarán las negociaciones en los próximos días.
Por lo demás, otra cuestión que no ha sido abordada son las maniobras militares conjuntas con el Ejército israelí, como las que se produjeron el pasado mes de abril.
El tránsito
El Gobierno anuncia también la prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos con combustibles destinados al Ejército israelí, pero no ha mencionado un embargo formal al tránsito de armamento a Israel por puertos españoles. Lo justifica asegurando que existe un veto de facto en este sentido desde noviembre de 2024, pero sin un embargo formal que establezca protocolos de inspección con coordinación ministerial, no hay forma de asegurar el fin de este tipo de tránsitos.
Como desveló una investigación internacional en noviembre de 2024, Algeciras ha servido como escala de barcos procedentes de EEUU, con material militar para Israel, y a día de hoy sigue habiendo rutas marítimas de suministro a Israel con buques que hacen uso de puertos españoles. Si no se adoptan mecanismos de inspección, a través de ellas podrían pasar cargamentos de material militar no especificado como tal.
Otra investigación, publicada por este diario en diciembre de 2024, señaló el uso de la base estadounidense de Rota para el envío de armamento a Israel. El Convenio de Cooperación para la Defensa con EEUU permite a Washington no desvelar el destino final de la carga que transporta a través de las bases militares de Rota y Morón, pese a que se encuentran en territorio español.
Esto significa que podría continuar el tránsito de armamento a Israel por estos puntos, también por avión, aunque el Gobierno sí aprobará la “denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel”.
El comercio de otros productos
Desde hace tiempo la relatora de la ONU, Francesca Albanese, demanda a los países que suspendan todo tipo de relaciones con Israel. Además, la Corte Internacional de Justicia solicitó en julio de 2024 a los Estados que impidan “relaciones comerciales y de inversión” que contribuyan a la ocupación israelí, y así lo aprobó la Asamblea de la ONU. Ante ello, hay que tener en cuenta que el Estado israelí es el máximo impulsor de la ocupación de territorio palestino.
Lo que España anuncia ahora es la prohibición de la importación de productos de “asentamientos ilegales” en Gaza y Cisjordania, pero no del tránsito de esos productos. Tampoco ha planteado una suspensión de sus relaciones comerciales con Israel, pese a que hay multitud de empresas que contribuyen a la ocupación, con las que España comercia.
También hay empresas españolas que hacen negocio con la ocupación. No se han anunciado sanciones a este tipo de compañías.
Sanciones
España va a aprobar “la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja”, aunque no ha especificado a qué individuos sancionaría.
También ha anunciado la limitación de los servicios consulares a los españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes, pero no se contemplan sanciones a los nacionales que presten ayuda para mantener la ocupación, tal y como demanda la resolución de la Asamblea de la ONU aprobada hace un año.
A nivel diplomático, no se ha anunciado la suspensión de relaciones de España con Israel. Tras la acusación de “antisemitismo” vertida este lunes por el Gobierno israelí, España ha llamado a consultas a su embajadora.
Desde la Plataforma de Juristas por Palestina han exigido este lunes “la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel y la extensión del embargo a todas las relaciones comerciales”, así como el apoyo a la demanda por genocidio en La Haya y otras medidas que garanticen rendición de cuentas.
Otro de los asuntos que ha generado protestas y movilización en España es la presencia de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista. La participación de Israel en competiciones deportivas europeas, en eventos culturales o en acuerdos comerciales, tras 23 meses de genocidio, transmite un mensaje de normalización insostenible.
El Gobierno español no ha especificado sanciones en este sentido, ni la posibilidad de ausentarse de concursos o competiciones en caso de que no se suspenda la participación de Israel en ellos. De hecho, estos días de atrás han sido arrestadas o multadas personas que han participado en las protestas contra la Vuelta. Es decir, las sanciones en este caso han estado dirigidas contra personas que se movilizan frente a la normalización del genocidio.
Las obligaciones internacionales
El genocidio en Gaza era una crónica anunciada ya a mediados de octubre de 2023, pero no se adoptaron medidas para prevenirlo ni para castigarlo, como exige la Convención sobre Genocidio. Conviene analizar este hecho, para entender dónde está situada la Unión Europea. Tenemos el deber de preguntarnos qué habría pasado si se hubiera reaccionado hace 22 meses y qué puede pasar si no se hace más ahora.
Medidas como los embargos de armas existen para prevenir crímenes, para evitarlos, para no normalizarlos, para presionar a los autores de los mismos. Por tanto, son urgentes en cuanto surgen indicios. Como indica la Convención sobre Genocidio, hay que “sancionar”, pero también “prevenir”. El orden lógico para la aplicación de un embargo es su aprobación antes de crímenes mayores. No ha ocurrido así.
El derecho internacional y las Cortes de La Haya ofrecen herramientas jurídicas a los gobiernos para presionar a Israel. Hoy, con decenas de miles de personas asesinadas, con cientos de miles heridas o enfermas a causa del genocidio, con hambruna provocada, con 132.000 niños menores de cinco años en riesgo de morir por desnutrición (datos de Integrated Food Security Phase Classification), toca vigilar qué va a aprobar España, cómo se implementará y qué falta.
Lo mínimo es exigir todas las acciones de presión necesarias que no se han adoptado aún. Como señalaba este verano una cirujana británica recién salida de Gaza, “tenemos que mirarnos al espejo y preguntarnos cada día si estamos haciendo todo lo posible para detener esto”.