Traducido por Brisa Araujo
Necesitamos una política migratoria basada en los derechos humanos, civiles y laborales, que ponga atención a los motivos por los cuales la gente viene a Estados Unidos, y en cómo podemos acabar con la criminalización de sus estatus y trabajo. Mientras las propuestas del Congreso y de la administración pública empezaron el debate sobre la necesidad de cambios en nuestras políticas migratorias, éstas no sólo son demasiado limitadas e ignoran la naturaleza global de la migración, sino que también harán el problema de la criminalización mucho peor. Necesitamos una mejor alternativa.
La alternativa debería empezar por buscar cuáles son las raíces de la migración – las razones por las cuales las personas vienen a Estados Unidos, en primer lugar. El movimiento y la migración son un derecho humano, pero vivimos en un mundo en el que gran parte de esta migración no es voluntaria, sino forzada por la pobreza y las así llamadas «reformas económicas».
Las políticas de intercambio y las medidas económicas que imponemos a países como México, El Salvador y Filipinas empeoran la pobreza. Cuando las personas empobrecen y sus salarios disminuyen, se generan oportunidades para las inversiones corporativas de Estados Unidos. Eso es lo que mueve nuestra política de intercambio. Pero el costo humano es muy alto.
Actualmente en El Salvador, la embajada de Estados Unidos presiona al gobierno para que venda su agua, hospitales, escuelas y carreteras, de modo que los inversionistas estadounidenses puedan hacer dinero. Esta política se hace posible por el Tratado de Libre Comercio Centroamericano (CAFTA), cuyo propósito fue incrementar las oportunidades en El Salvador para los inversionistas norteamericanos. Esto fue impuesto a la población de ese país, que se opuso enérgicamente al tratado.
Alex Gómez, líder de los sindicatos salvadoreños del sector público, fue a San Francisco en febrero para explicar cuáles serán las consecuencias de esta reciente iniciativa de libre comercio. Él dice que si los recursos públicos son privatizados, miles de trabajadores perderán sus trabajos, sus sindicatos serán destruidos y tendrán que dejar el país para sobrevivir.
De acuerdo con Gómez, cuatro millones de personas ya han dejado El Salvador. Dos millones vinieron a Estados Unidos, no porque amen a este país, sino porque ya no pueden sobrevivir en su país de origen. Estos migrantes llegan sin documentos porque no hay visas para dos millones de personas de este pequeño país.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) causó todavía más daño que el CAFTA. Permitió que corporaciones estadounidenses hicieran dumping al maíz en México y que tomaran el mercado local con importaciones. Hoy una sola compañía, Smithfield Foods, vende casi la tercera parte de toda la carne de cerdo consumida por los mexicanos. Por esto, los precios bajaron tanto que millones de campesinos mexicanos no pudieron sobrevivir. Ellos también tuvieron que dejar sus casas.
México era autosuficiente en la producción de maíz y de carne. El cultivo de maíz empezó allá, en Oaxaca, hace muchos siglos. Ahora México es un país dependiente de la importación de carne y maíz de los Estados Unidos.
Desde que el TLC está en vigencia, el número de mexicanos en Estados Unidos subió de 4.5 millones hasta 12.67 millones. Hoy, más o menos el 11 por ciento de todos los mexicanos viven en Estados Unidos. De esos, más o menos 5.7 millones pudieron conseguir algún tipo de visa, pero más de 7 millones no lo consiguieron: no hay tantas visas. Pero ellos de todos modos llegaron, porque no tenían mucha elección si querían sobrevivir o que sus familias prosperaran.
Nuestras leyes de migración transforman a estas personas en criminales. Ellas dicen que si los inmigrantes indocumentados trabajan aquí, es un crimen. Pero ¿cómo puede la gente sobrevivir si no trabajan? Necesitamos una política distinta para la migración – una que deje de presionar tanto a las personas para que se vayan, y que no los trate como criminales si se quedan.
¿Cómo sería esta política?
En primer lugar, deberíamos decir la verdad, como la Trade Act -introducida en el Congreso por Mike Michaud (D-Maine)-, nos haría hacer. Deberíamos tener audiencias, como dice esta ley, sobre los efectos del TLCAN y el CAFTA, y recabar evidencias sobre la manera en que estos acuerdos han desplazado a la gente en los Estados Unidos y también en otros países.
Entonces, necesitamos renegociar los acuerdos existentes para eliminar las causas del desalojo. Si les compensamos a las comunidades que sufrieron los efectos del libre comercio y de las reformas económicas corporativas que fueron diseñadas para beneficiar a los inversionistas estadounidenses, esto sería más que justicia. Podría dar a estas personas más recursos y más futuro en sus hogares.
No tiene sentido negociar nuevos tratados que desalojan todavía a más personas o que bajan los niveles de vida. Esta administración ya negoció tres hasta el momento – con Perú, Panamá y Corea del Sur. Está ahora negociando un cuarto – la Asociación Trans Pacífico. Todos estos son acuerdos pro-corporaciones y desalojadores de personas. Deberíamos prohibirlos, y a cualesquiera otros como ellos. Necesitamos, en lugar de ellos, estar seguros que todos los futuros acuerdos contemplen precios e ingresos adecuados para comunidades campesinas, promueven sindicatos y sueldos más altos y no requieren la privatización de servicios públicos.
Cada vez más estos acuerdos internacionales, como Mode 4 de la Organización Internacional del Trabajo, tratan a los migrantes desplazados como fuerza de trabajo barata y vulnerable. Nuestros negociadores comerciales piden que se regule su entrada con programas de trabajadores huéspedes. Esta dirección es claramente la mala. Deberíamos, en vez de esto, suspender la inclusión de trabajadores huéspedes en cualquier tratado comercial futuro.
Cuando la diplomacia no funciona, la intervención militar estadounidense y los programas de ayuda existen para proteger a los acuerdos, políticas estructurales de ajuste o reformas económicas en el mercado. Esta ha sido la política de Estados Unidos en Honduras y Haití, por ejemplo. Esto también tiene que parar. Si la embajada de Estados Unidos presiona a países como El Salvador para adoptar medidas que beneficien los inversionistas corporativos al costo de trabajadores y campesinos, el embajador debería ser reprendido y la injerencia, impedida.
Finalmente, deberíamos ratificar la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Este acuerdo internacional nos daría un marco alternativo para el reconocimiento de los derechos de los migrantes desplazados, y para la responsabilidad de ambos países – el que envía y el que recibe esos trabajadores – en su protección.
La falla de sucesivos administradores estadounidenses en tan sólo presentar este acuerdo al Congreso para su ratificación pone en evidencia la desagradable verdad sobre los efectos reales de nuestra política migratoria. Cuando millones de migrantes llegan aquí, son criminalizados porque no tienen estatus migratorio, especialmente cuando van al trabajo.
Los activistas de derechos civiles y de los migrantes se acuerdan muy bien de la reforma Migratoria de 1986 y de la Ley de Control porque incluía una amnistía, firmada por el presidente Ronald Reagan, que dio estatus legal relativamente rápido a casi cuatro millones de personas. Pero la ley también contenía sanciones a los empleadores por primera vez, cosa que casi siempre se nos olvida. Esta disposición dice que las empresas serán multadas y penalizadas si contratan trabajadores indocumentados.
Esta disposición fue promovida por aquellos que decían que si el trabajo se volviera ilegal, entonces la migración indocumentada llegaría al fin. Esto claramente falló, ya que el número de migrantes creció considerablemente en los años que siguieron. Comparado con la presión para dejar su casa, criminalizar el trabajo no fue un impedimento para aquellos que necesitaban trabajar en Estados Unidos para que sus familias pudieran sobrevivir.
La disposición sonó como una ley contra los empleadores, pero no lo fue. Se transformó en una ley anti-empleados. Ningún jefe nunca fue arrestado por violarla. Las multas no eran elevadas. Cuando el gobierno busca reforzarla, los empleadores que cooperan con él son perdonados. Pero solamente en los últimos cuatro años, decenas de miles de trabajadores fueron despedidos por no tener papeles. Los verdaderos objetos de penalización bajo esta ley siempre han sido los trabajadores, no los empleadores.
Ahora el Congreso está hablando sobre una nueva reforma, y nosotros tenemos que usar esta oportunidad para presionar para acabar con la ley vigente. Algunos piensan que ya que una nueva legalización probablemente dará a muchos trabajadores indocumentados estatus de legalidad, las sanciones ya no afectarán a casi nadie.
Pero igual, las predicciones más positivas sobre una nueva legalización todavía asumen que millones de personas no calificarán por causa de requisitos muy rigurosos, altas tasas y períodos muy largos de espera. Esas personas todavía estarán sujetas a las sanciones de la ley. Y después que pase una nueva reforma, millones más de personas vendrán a los Estados Unidos por causa de las mismas presiones que causaron las pasadas olas de migración. Esto es especialmente verdad si una nueva reforma inmigratoria ignora la necesidad de renegociar los términos de intercambio y eliminar el grande desalojo de personas.
Estos inmigrantes futuros no son extraños. Son los maridos y esposas, padres y primos de las personas que ya están aquí – personas que ya son parte de nuestras comunidades. Ellos vienen de los mismos pueblos y están ligados a barrios aquí en los Estados Unidos por los lazos que fueron creados por la migración, el trabajo y la familia. Necesitamos impedir que las sanciones de la legislación -que hacen un crimen que ellos trabajen- les sean aplicadas. Desafortunadamente, mientras tanto, los miembros del Congreso no están hablando sobre eliminar las sanciones. De hecho, ellos y la administración pública quieren hacer su aplicación todavía más estricta.
Entonces hagamos una revisión de la realidad. Vamos a decir la verdad sobre cómo se ha usado esta ley.
Un método de aplicar sanciones es que los empleadores usen una base de datos del gobierno llamada E-verify para buscar a las personas que quieren contratar. El Congreso y la administración pública piden que sea obligatorio que todos los empleadores usen esta base de datos, y que rechacen a cualquiera que aparezca en ella como indocumentado.
Para las personas que ya están trabajando y no tienen papeles, esto significa que si pierden sus trabajos, sería mucho más difícil encontrar uno nuevo. Esto hará que las personas teman hacer cualquier cosa que pueda desagradar a su jefe, como ingresar a un sindicato o quejarse de condiciones ilegales. Eso es bueno para el jefe, pero malo para los trabajadores.
Las empresas hoy no sólo usan esta base de datos para buscar nuevas contrataciones – también la usan para verificar el estatus migratorio de las personas que ya trabajan para ellos. Esto es una violación de la ley. Una vez que empleadores acepten el formulario llenado por una persona que busca trabajo (llamado I-9), junto con su identificación oficial, ellos no pueden volver a verificar el nombre en la base de datos. Pero lo hacen. A veces es conveniente librarse de trabajadores que tienen beneficios acumulados y aumentos de sueldo con el paso de los años, y sustituirlos por nuevos empleados con sueldos más bajos.
La re-verificación acaba de suceder, de hecho, a tres trabajadores que filiados al Sindicato Internacional de Almacenes y Estibadoras de Waste Management Inc. en San Leandro, California. El sindicato fue al Consejo de Oakland City para protestar en contra de estos despidos ilegales, dado que WMI opera bajo un contrato municipal de basura.
Los empleadores a veces anuncian que quieren empezar a usar la base de datos de E-Verify cuando sus trabajadores se empiezan a organizar. Esto fue lo que los gerentes anunciaron en los supermercados Mi Pueblo, en el norte de California. E-Verify se usa para aterrorizar a los trabajadores e impedirles apoyar al Local 5-Sindicato de Trabajadores Comerciales y de United Food.
Hay un método para forzar sanciones contra trabajadores todavía más común. Agentes de migración -que trabajan para inmigración estadounidense y el Control de Aduanas (ICE)-, ingresan a los registros personales de un empleador. Comparan la información obtenida por los trabajadores en el formulario I-o a la base de datos de E-Verify, buscando a trabajadores que tengan status migratorio ilegal. Entonces, el ICE hace una lista de estos trabajadores y se la envía a la compañía, diciéndole que los despida.
Eso fue lo que pasó en Pacific Steel Castings en Berkeley, California, el año pasado; 214 trabajadores fueron despedidos como resultado de esto. Algunos tenían más de 20 años de antigüedad. Muchos perdieron sus casas, y los sueños de sus hijos de ir a la universidad fueron destruidos.
Centenas de miles de trabajadores perdieron sus trabajos como resultado de estas acciones, llamadas auditorías de I-9, los últimos cuatro años, inclusos casi 500 conserjes en San Francisco y más de mil en Minneapolis. Miles de trabajadores haciendo uno de los trabajos más duros imaginables en industrias empacadoras de carne por todo el país. Campesinos. Trabajadores de la construcción. Pero los empleadores todos reciben multas de bajo monto, y muchos recibieron inmunidad de la penalización si cooperan en despedir a sus propios empleados.
Si sindicatos y comunidades llaman a una batalla que exponga el terrible costo humano de estos despidos, es posible que dejen de pasar. Los jóvenes Dreamers mostraron que es posible. Estos valientes jóvenes convencieron la administración a dejar de deportar estudiantes traídos a Estados Unidos sin papeles cuando eran niños. Forzaron a la administración a cambiar la manera en que aplica la ley de inmigración. Eso también puede ser hecho para los trabajadores, si se lucha.
Pero también debemos cambiar las sanciones de la ley. Si no lo hacemos, nuestra experiencia de más de 25 años desde su aprobación muestra que las autoridades inmigratorias van a simplemente a encontrar otro método de hacer que el trabajo sea un crimen para las personas que no tienen papeles.
La otra desagradable verdad sobre sanciones es que están conectadas al crecimiento de los programas de trabajadores huéspedes. Uno de los principales propósitos de hacer con que sea un crimen trabajar sin papeles es forzar a la gente a venir a Estados Unidos con visas que los vinculan a sus empleadores y reclutadores. Estos trabajadores son muchas veces más vulnerables que los indocumentados, ya que son deportados si pierden sus trabajos o son despedidos. Los programas de trabajadores huéspedes han sido caracterizados como cercanos a la esclavitud por el Centro Legislativo de la Pobreza en el Sureste y otros, que han documentado su extrema explotación. La ley de sanciones funciona como una manera de presionar a la gente a escoger este camino para llegar a los Estados Unidos y trabajar.
Cuando las sanciones a empleadores son usadas para hacer los trabajadores vulnerables a la presión, romper sindicatos o forzar a las personas a ingresar en programas de trabajadores huéspedes, su efecto real es forzar a la gente a aceptar trabajos con sueldos bajos y sin derechos. Esto es un subsidio a los empleadores, y ayuda a bajar los sueldos para todos. La ley de sanciones hace más difícil que los trabajadores se organicen para mejorar sus condiciones. Esto no afecta solamente a los trabajadores que no tienen papeles. Cuando es más difícil que un grupo se organice, también lo es para otros trabajadores.
Algunas personas con conexiones en Washington aceptan que la ley de sanciones va a seguir existiendo como algo ya hecho o, todavía peor, que el E-Verify se volverá un programa nacional obligatorio para todos los empleadores. Pero para los sindicatos y trabajadores que ya tuvieron que lidiar con sus efectos, sería mucho mejor acabar inmediatamente con esto, y cerrar la base de datos de E-Verify. Esto, de hecho, fue una decisión tomada por la AFL-CIO en su convención en Los Angeles en 1999. Delegados en la convención creían que tenemos que dejar de aplicar la ley de inmigración en los ambientes laborales, porque sus efectos reales hacen más vulnerables a los trabajadores, y dificultan su organización para mejorar sus condiciones de trabajo.
Además de revocar la ley nacional de sanciones, también deberíamos prohibir a los estados promulgar medidas que lo imiten. Estas leyes pasaron no solamente en Arizona, Alabama o Mississippi. California pasó una ley de sanciones a empleadores antes que la ley federal existiera, en 1986.
Algo que realmente ayudaría a los trabajadores a mejorar sus sueldos y condiciones de trabajo es la aplicación mucho más estricta de la protección a los trabajadores y de las leyes anti-discriminación – para todos. Los fondos usados para la aplicación de sanciones de inmigración en espacios laborales deberían ser destinados al Departamento de Trabajo, el de Seguridad Ocupacional y de Administración de Salud, la Comisión Nacional de Relaciones Laborales y otras agencias de aplicación de la legislación laboral. Será un buen día para todos los trabajadores cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se vuelvan inspectores de sueldo y de horas trabajadas.
Deberían ser un crimen las amenazas de empleadores que usan el estatus inmigratorio para impedir a los trabajadores organizar sindicatos o protestar contra condiciones de trabajo ilegales. Eso hace necesario anular dos decisiones de la Suprema Corte, Hoffman y Sure-Tan. En estos casos la Corte dijo que si los trabajadores son despedidos por actividad sindical y no tienen papeles, el patrón no tiene que readmitirlos o pagarles sueldos perdidos porque la ley de sanciones dice que es ilegal emplearlos desde un principio. Pero cuando no hay sanción por violar los derechos laborales, los trabajadores no tienen ningún derecho. Esto también afecta a otros trabajadores en el mismo espacio que quieren organizar un sindicato, ya que hace con que los indocumentados estén vulnerables. En vez de esto, deberíamos incrementar los derechos del espacio laboral, prohibiendo la aplicación de leyes inmigratorias en disputas laborales o en contra de trabajadores que demandan por condiciones ilegales de trabajo.
Para garantizar que todos tengamos los mismos derechos en el espacio laboral, también tenemos que eliminar la manera en que los indocumentados son estafados por fondos como la seguridad social y desempleo. Todos los trabajadores contribuyen para el fondo de la seguridad social, pero como los indocumentados están trabajando bajo malas circunstancias, lo pagan pero nunca reciben los beneficios. Esto se nos volteará cuando estos trabajadores necesiten pagos por discapacidad o cuando sean demasiado viejos para trabajar – cosas que nos pasan a todos. Esta es la razón por la cual existe el sistema de seguridad social – porque no queremos que los adultos mayores se alimenten de comida para perros, no importa donde hayan nacido.
En vez de esto, hoy el número de seguridad social se volvió mucho más un medio de conferir estatus migratorio, perjudicando a los trabajadores en vez de proveerles los beneficios, que era su propósito inicial y verdadero. Hay una solución sencilla para este problema también. Debería haber números de seguridad social disponibles para todos, independientemente de su status inmigratorio. Todos deberían pagar al sistema y todos deberían tener el derecho a los beneficios generados por este pago. Con el mismo bono, todos los trabajadores deberían tener la posibilidad de recibir beneficios de desempleo independientemente de su status, ya que el trabajador y sus empleadores pagan a los fondos.
Al final, necesitamos una política migratoria que junte a las personas, en vez de poner a los trabajadores unos contra otros, como lo hace nuestro actual sistema. Durante el tiempo de crisis económica, especialmente, necesitamos reducir la competencia por trabajo en vez de provocar miedo. En 2005, la congresista Sheila Jackson Lee, de Houston, hizo una propuesta innovadora que promovería la creación de empleos y programas de entrenamiento para trabajadores desempleados, al mismo tiempo que daría estatus legal a trabajadores sin papeles. Esta propuesta ponía a trabajadores desempleados e inmigrantes, en el mismo lado, dándoles a todos algo por que luchar, sea cuando estuvieran sin trabajo, sea cuando trabajaran sin un estatus migratorio. Esta propuesta, y las otras que fueron hechas, son parte de la Campaña Dignidad, un plan para una reforma migratoria basada en los derechos humanos, civiles y laborales.
Una política migratoria que beneficie a los migrantes, a sus comunidades de origen y a los trabajadores aquí en los Estados Unidos tiene que tener una perspectiva de largo plazo. En vez de solamente intentar cumplir con los intereses de grupos bien representados en el Congreso, necesitamos preguntar ¿qué estamos haciendo? ¿Qué va realmente a solucionar los problemas que experimentamos con las actuales leyes y políticas?
Necesitamos un sistema que produzca seguridad, no inseguridad. Necesitamos el compromiso con la igualdad y la igualdad de estatus – librándonos de líneas de color o nacionalidad-, en vez de profundizar las diferencias. Necesitamos facilitar la organización de los trabajadores, librándonos de lo que hace con que la gente sea vulnerable – para acabar con la competencia por trabajo, necesitamos el empleo total, y para ganar derechos de organización, necesitamos la aplicación de las leyes laborales junto con la eliminación de sanciones y despidos. No es probable que muchas corporaciones apoyen un programa como éste; entonces, los políticos que nos representan tienen que elegir de qué lado están.
Trabajadores en México, El Salvador, Filipinas, los Estados Unidos y otros países necesitan lo mismo. Trabajos seguros con un sueldo digno. Derechos en nuestros espacios laborales y comunidades. La libertad de viajar y buscar un futuro para nuestras familias, y la posibilidad de quedarse en la casa y tener un futuro decente ahí también. Las fronteras entre nuestros países, por lo tanto, deberían ser terrenos comunes que nos conecten, no líneas que nos dividan.
Fuente: http://desinformemonos.org/2013/03/que-la-migracion-deje-de-ser-un-crimen/print/