EEUU y Europa mantienen sus relaciones diplomáticas y sus acuerdos preferenciales con Tel Aviv, Washington sigue enviando ayuda militar y ningún país europeo ha impuesto sanciones o embargo formal de armas a Israel, dos medidas recomendadas por expertos y relatores de la ONU
Están a punto de cumplirse ocho meses desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. El planeta entero observa imágenes de matanzas continuadas de civiles, perpetradas por un ejército que cuenta con armamento estadounidense y europeo, y por un país al que tanto la UE como Washington siguen considerando aliado y amigo.
Las líneas rojas se han difuminado, hasta tal punto que el Gobierno de Biden ha llegado a falsificar un informe para absolver a Israel de su responsabilidad en el bloqueo de ayuda humanitaria hacia Gaza, haciendo caso omiso de las advertencias de sus propios consejeros.
Qué puede hacerse que no se ha hecho aún
Ni EEUU ni ningún país europeo han impulsado sanciones a Israel, ni establecido oficialmente un embargo de armas, ni han suspendido sus relaciones diplomáticas con Tel Aviv para intentar detener las matanzas israelíes en Gaza, y menos aún para poner fin a la ocupación ilegal israelí, a su sistema de apartheid y a su incumplimiento sistemático de las resoluciones de la ONU y del derecho internacional.
Tampoco se han sumado a la demanda sudafricana presentada en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por genocidio -a la que se han unido México y Chile esta semana-, ni han hecho llamamientos para que las empresas que operan en los territorios ocupados ilegalmente dejen de hacerlo. A nivel conjunto, desde Bruselas, tampoco se ha interrumpido el Acuerdo de Asociación entre Israel y la Unión Europea, un pacto comercial preferencial -la UE es el primer socio comercial de Israel en el mundo-, cuyo artículo 2 obliga al respeto de los derechos humanos por ambas partes.
La presión de los gobiernos europeos desplegada contra Rusia tras la invasión de territorio ucraniano contrasta con la posición ante Tel Aviv. En el primer caso hubo de forma inmediata enérgicas condenas, se establecieron sanciones a gran escala, medidas diplomáticas, restricciones en las relaciones económicas e incluso prohibición de varios medios de comunicación rusos.
El reconocimiento del Estado palestino por España, Noruega e Irlanda es un paso simbólico y tiene la importancia de tratarse de naciones del llamado primer mundo. Con ello ya son 147 los países -de los 193 de la ONU- que reconocen el Estado de Palestina. Eslovenia ha anunciado que lo hará en los próximos días. Sin embargo, este reconocimiento simbólico no detendrá por sí mismo los ataques contra población palestina en Gaza, ni pondrá fin a la ocupación ilegal israelí de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que son precisamente los territorios que formarían ese Estado palestino.
En este sentido se ha expresado estos días la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, al señalar que “los Estados miembros [de la ONU] deben imponer sanciones, embargo de armas y suspender las relaciones diplomáticas/políticas con Israel hasta que cese su ofensiva”. “Israel no detendrá esta locura hasta que nosotros hagamos que se detenga”, ha añadido. También un grupo de expertos de la ONU, relatores especiales del organismo internacional, han exigido sanciones y embargos de armas inmediatos.
No hay un embargo de armas oficial, sí una paralización de nuevas licencias
España siguió enviando armas a Israel en el último trimestre del año y ha continuado comprando material militar a Israel al menos hasta marzo. Cuando en febrero el Centre Delàs desveló, a través de este diario, la continuidad en el envío de armamento a territorio israelí, el Gobierno español señaló que se trataban de paquetes acordados antes del 7 de octubre. Aún así, podría haber detenido esos envíos revocando esas licencias.
Desde el mes de enero no hay constancia de envíos de material militar desde España a Israel como destino final, pero sí como país de tránsito -en enero y febrero-, con destino final a Filipinas. El Gobierno español ha anunciado y adoptado una “política de no autorización de nuevas licencias” -como indicó en abril la secretaria de Estado de Comercio-, pero no ha establecido un embargo formal de armas vinculado al incumplimiento del derecho internacional por Israel, a pesar de que éste lleva años ocupando militarmente territorio de forma ilegal y reprimiendo a población civil.
En cuanto a la compra por parte de España, las empresas israelíes de armamento suelen publicitar sus productos afirmando que han sido “probados en combate”, es decir, sobre Gaza y Cisjordania, donde se sigue “un patrón de comisión de crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional”, según denuncia Amnistía Internacional. Las compañías israelíes “de sistemas de armas adquiridos por España son las principales empresas militares promotoras y facilitadoras de la ocupación de los territorios palestinos”, según muestran varios informes.
Tres barcos sospechosos de llevar armas a Israel
Al menos un puerto español ha sido incluido como parte de alguna ruta de armas a Israel, como denunció recientemente la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP). Pese a las críticas a esa información por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, lo cierto es que dicha filtración impidió que dos barcos hicieran tránsito en Cartagena. Una de las naves fue desviada por decisión del propio Gobierno español, que denegó los permisos para la escala y confirmó que el buque sí portaba armas para Israel. Del segundo barco el Ministerio dijo que no llevaba material militar a Israel, sino a la República Checa; sin embargo, ante la exigencia de organizaciones sociales para que inspeccionaran su cargamento, el propio carguero renunció a atracar en las costas murcianas en el último momento.
Estos hechos han servido para poner el foco en esas rutas y para introducir en el debate público preguntas sobre el uso de las costas españolas para un posible tránsito de armas a Israel. El día 15 de mayo la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advirtió:
“Hoy han surgido numerosas preocupaciones con respecto a la entrada en aguas de España de un barco que supuestamente transportaba armas destinadas a Israel. Esto plantea un desafío a la postura de España en materia de derechos humanos, particularmente en medio de las atrocidades que se están cometiendo en Gaza. Confío en los pueblos de España -estudiantes, educadores, intelectuales, trabajadores, sociedad civil y políticos- para garantizar que se aplique progresiva y plenamente un embargo de armas efectivo a Israel”.
Hace unos días se ha sabido que otro barco que podría llevar armas a Israel, el Vertom Odette, también tiene previsto hacer parada en Cartagena este próximo miércoles. Ante ello, la RESCOP y la Campaña por el Fin del Comercio de Armas con Israel han pedido al Gobierno español que inspeccione ese cargamento y han solicitado una comisión de investigación en el Congreso “para que se determine cuál es el rol de España” en el tránsito de material militar a Israel“. ”No podemos ir parando barco a barco. Necesitamos un embargo formal de armas a Israel ya“, han indicado este fin de semana.
El Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España, prohíbe la transferencia de armas a países que pudieran usarlas para ataques contra civiles, crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. También prohíbe el tránsito, por lo que los países firmantes deben vigilar qué llevan y a dónde van los barcos que hacen parada en sus costas. El anuncio de un embargo formal facilitaría la exclusión de España en el trazado de las rutas de armamento a Israel.
Otra de las medidas que pueden aplicarse es la que ha anunciado hace unos días el Gobierno francés, que ha prohibido la presencia de empresas israelíes en la feria internacional de armamento Eurosatory, que se celebrará este mes en Villepinte, cerca de París.
Qué se ha hecho y qué falta en Naciones Unidas
En su empeño por seguir cubriendo los crímenes israelíes, EEUU ha negado jurisdicción sobre Israel al Tribunal Penal Internacional -al mismo tiempo que sí le reconoce competencia sobre Ucrania, Sudán o Darfur-, ha vetado en la ONU tres resoluciones que pedían un alto el fuego inmediato y otra que solicitaba el reconocimiento del Estado palestino, ha seguido enviando paquetes de armas a Tel Aviv y ha suspendido su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
Ante ello, a falta de caminos en el Consejo de Seguridad, donde el veto de Washington dificulta los avances, se han aprobado con abrumadora mayoría varias resoluciones en la Asamblea General de la ONU -cuyas decisiones tienen categoría de recomendación-, como el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino o la ampliación de derechos de Palestina como Estado observador, aunque no como integrante de pleno derecho.
Otro de los obstáculos en estos meses es el rechazo mostrado por EEUU a las medidas de los dos tribunales internacionales de La Haya con respecto a Israel, algo que está generando un intenso debate sobre cómo evitar que ese doble rasero dañe la capacidad del derecho internacional.
Dos medidas inéditas en los tribunales internacionales
Al mismo tiempo, estas investigaciones judiciales han colocado una gigantesca lupa global sobre los ataques militares de Israel contra la población civil. Por primera vez en la historia, un fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha solicitado órdenes de detención contra dos mandatarios aliados de Washington: el primer ministro Netanyahu y su ministro de Defensa. Dicha solicitud está ahora siendo valorada por tres jueces del TPI, que tendrán que determinar si la aceptan.
Este proceso en el Tribunal Penal Internacional ha sido posible a través del trabajo y el empeño de organizaciones de derechos humanos palestinas e internacionales, que llevan años empujando y proporcionando datos y pruebas. La investigación ha sido objeto de presiones por sectores israelíes y estadounidenses, primero con la fiscal jefe anterior -Fatou Bensouda, quien reveló amenazas del jefe del Mossad, algo que se ha sabido ahora- y, actualmente, con el fiscal jefe Karim Khan, quien recientemente alertó de que había recibido intimidaciones.
Otro de los pasos más importantes hasta el momento es el adoptado en la Corte Internacional de Justicia, que en enero admitió por primera vez en su historia una demanda por genocidio contra un gran aliado de EEUU: Israel. Desde entonces ha ordenado varias medidas provisionales, que Tel Aviv ha incumplido. La última de estas medidas solicita el fin inmediato de la ofensiva contra Rafah para garantizar la entrada de la ayuda humanitaria suficiente, y llega días después de que el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional indicara en su informe que “Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.
Estos movimientos en el plano jurídico ofrecen potentes herramientas a los Estados, a la política, a la Unión Europea y a Naciones Unidas. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos del llamado primer mundo siguen sin adoptar medidas de presión real.
Sí lo han hecho algunos países del Sur Global. Sudáfrica ha impulsado la demanda por genocidio en la Corte Internacional de Justicia, a la que se han sumado varios países, entre ellos, México y Chile. Este último, además, llamó a consultas a su embajador. Colombia ha roto relaciones diplomáticas con Israel y, al igual que Brasil o Turquía, ha expresado su apoyo a la demanda sudafricana. Argelia, único país árabe que integra actualmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha propuesto varias resoluciones en el seno de la ONU en favor de Palestina, y otros países del Sur Global operan en el marco de Naciones Unidas en ese sentido. Estas acciones desde gobiernos con menos margen de maniobra -y con más riesgo de ser castigados por los grandes- contrastan con el papel de aquellos que sí cuentan con capacidad de influencia y con poder.
De hecho, si se ha llegado hasta aquí es porque a lo largo de los años las políticas estadounidenses y europeas facilitaron la extensión de la ocupación israelí y el desarrollo de mecanismos de discriminación y opresión contra la población palestina, a través de paquetes de ayuda militar y económica, de protección política y diplomática o de alianzas preferenciales. Todo esto explica que Israel siga violando las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional sin sufrir grandes presiones, cuando ya hay 36.379 personas muertas en Gaza y 82.000 heridas.