Pep Guardiola va a tener a partir de ahora una legión de enemigos que le discutirán, incluso, su valía profesional como entrenador y, antes, como jugador de futbol. Tratarán de descalificarlo por asumir su responsabilidad como ciudadano y pronunciarse públicamente en defensa de algo que debería ser tan elemental como que el pueblo catalán, al […]
Pep Guardiola va a tener a partir de ahora una legión de enemigos que le discutirán, incluso, su valía profesional como entrenador y, antes, como jugador de futbol. Tratarán de descalificarlo por asumir su responsabilidad como ciudadano y pronunciarse públicamente en defensa de algo que debería ser tan elemental como que el pueblo catalán, al que él pertenece (y cualquier otro pueblo del Estado español y del mundo) pueda decidir por sí mismo su futuro.
Puede compartirse o no la opción concreta de Guardiola y de varios millones de catalanes por la independencia y la creación de una República de Catalunya. Pero lo que no tiene legitimidad democrática, por más constituciones o leyes que puedan invocarse -y habría que analizar cuándo se aprobaron, en qué contextos y con qué presiones-, es impedir (¿también por la fuerza?) que un pueblo se manifieste democráticamente en las urnas.
Otra cosa es, en caso de que triunfara la opción independientista, la negociación necesaria sobre las condiciones de la ruptura en lo económico y otros ámbitos. Algo similar ocurre en todos los divorcios pero no porque ello sea un problema, casi siempre enconado, sería admisible, ni razonable, impedir que una persona tenga derecho a divorciarse si así lo considera, aduciendo que esto rompería una familia. Pues algo similar ocurre a nivel de pueblos con identidad histórica, identidad cultural e identidad política. Es una estupidez, y un insulto a la Historia y a la verdad, definir a algún Estado (aunque se autodefina «nacional») como eterno e indivisible. Esto mismo pretenden otros que sean el matrimonio y la familia y la realidad diaria les deja en ridículo.
Cuando alrededor de un 80% de los ciudadanos de Catalunya apoyan la celebración de un referéndum y piden que este sea reconocido por el Estado, aunque no todos ellos, desde luego, sean independientistas, ¿puede defenderse que es democrático impedir su celebración o afirmar que esa decisión no puede ser tomada «solo» por los catalanes sino que ha de serlo por todos los españoles? ¿Sería razonable que para que alguien se divorcie hayan de estar a favor el cónyuge, los hijos, los suegros y cuantos puedan convivir en un grupo familiar? Pues la misma tontería es plantear que para que Catalunya, o el País Vasco, o Andalucía puedan construir un Estado propio, si así lo creyera conveniente la mayoría de sus ciudadanos, ello haya de depender de lo que opinen al respecto los vecinos de Ferrol, de Medina del Campo o de Albacete.
Y quizá también convenga recordar qué hizo Blas Infante cuando el gobierno de la República, en 1935, metió en la cárcel del Puerto de Santa María a Lluis Companys, el presidente de la Generalitat de Catalunya y a varios de sus ministros, por proclamar el «Estat Catalá»: fue a visitarlos para solidarizarse públicamente con ellos.
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