Traducción: María Landi.
Al comenzar el mes santo de ayuno del Ramadán, el brote de coronavirus en Israel y los territorios palestinos está demostrando lo inevitablemente entrelazadas que están las vidas de las dos poblaciones, a la vez que subraya las extremas diferencias de poder entre ellas.
Si bien hasta ahora 15.000 israelíes han dado positivo en las pruebas de Covid-19, las cifras de infectados en los territorios ocupados se siguen midiendo en centenares, aunque eso refleja en parte las dificultades que tiene la población palestina para hacerse las pruebas. La Autoridad Palestina tiene una escasez desesperada de equipamiento, incluidos los kits de pruebas para hacer frente al virus.
Las investigaciones sugieren que la mayoría de las infecciones de personas palestinas se han originado en contactos con israelíes. Israel está mucho más avanzado en la curva de contagio debido al acceso de su población a viajes al exterior, a la mayor exposición del país al turismo y a su integración en la economía mundial.
Las estrictas restricciones impuestas por Israel a la libertad de circulación de la población palestina −desde el bloqueo completo de Gaza hasta el muro de Cisjordania−, así como su control de la economía palestina al estilo colonial, han garantizado la llegada tardía del Covid-19 a los territorios ocupados.
Pero también ha garantizado que los dirigentes palestinos −tanto Hamas en Gaza como la Autoridad Palestina en Cisjordania− estarán en una posición débil para hacer frente a la situación cuando el contagio se manifieste con más fuerza.
Y un brote tan importante es casi inevitable en Cisjordania. El mes de Ramadán podría ser el detonante.
En los últimos años, unos 80.000 palestinos −de una población de casi 3 millones en Cisjordania− han recibido permisos para trabajar en Israel o en colonias israelíes, y unas pocas decenas de miles más han entrado “ilegalmente” por secciones faltantes del muro. Para la mayoría de las familias, ese trabajo es la única esperanza que tienen de ganarse la vida.
La economía palestina depende totalmente de Israel. La población palestina no puede abandonar Cisjordania sin el permiso de Israel, un permiso que a menudo es difícil de conseguir.
Israel impone controles burocráticos costosos y prolongados a las exportaciones palestinas, haciendo casi imposible para las empresas palestinas competir en el mercado internacional.
Y los estudios del Banco Mundial muestran que Israel ha saqueado la mayoría de los recursos clave de Cisjordania, haciendo imposible que los propios palestinos exploten esos recursos. Israel incluso controla el flujo de turistas hacia las zonas palestinas.
Pero esa dependencia de los trabajadores palestinos respecto a Israel los pone ahora en peligro. Aunque es probable que muchos se contagien el virus mientras trabajan en Israel, el gobierno se niega a asumir la responsabilidad por su bienestar.
La Autoridad Palestina (AP) puede hacer poco por sí misma porque muchos de los trabajadores son del Área C, los dos tercios de Cisjordania que Israel controla totalmente en virtud de los acuerdos de Oslo, que expiraron hace mucho tiempo. La AP no tiene acceso a estas zonas.
Difícil elección
Es probable que la festividad del Ramadán acentúe gravemente el problema de la propagación del virus en los territorios ocupados.
El mes pasado, cuando Israel intensificó su encierro para prevenir el contagio en el período previo a su fiesta de Pascua en la segunda semana de abril (que dura una semana), los trabajadores palestinos pudieron elegir: o bien se comprometían a seguir trabajando en Israel durante varias semanas más −a menudo en trabajos definidos como “esenciales”, como la producción de alimentos−, o bien tenían que dejar de trabajar y regresar a Cisjordania hasta que terminara el aislamiento.
Muchos optaron por seguir trabajando y permanecieron en Israel, mientras que muchos más trabajaron bajo cuerda, sin permisos, entrando y saliendo a hurtadillas por uno de los muchos huecos del muro.
Este último grupo, que se encuentra entre los miembros más pobres de la sociedad palestina, plantea un problema particular a los funcionarios de Cisjordania: estos trabajadores corren un alto riesgo de contraer el virus y pueden propagarlo sin que la Autoridad Palestina lo sepa.
Por esta razón, se informa que grupos de palestinos están patrullando las secciones faltantes del muro para impedir que esos trabajadores entren en Israel. Paradójicamente, hay incluso casos de palestinos tratando de reparar las rupturas del muro en beneficio de Israel.
El gobierno israelí supuestamente ha establecido reglamentos para mantener seguros a los trabajadores palestinos: las empresas deben tomar su temperatura diariamente, asegurar que se mantenga el distanciamiento social en los lugares de producción, alojar adecuadamente a los trabajadores y asegurarse de que no duerman más de cuatro personas por habitación.
Pero el gobierno está dejando el cumplimiento en manos de las empresas. No hay inspectores. Las investigaciones de los medios de comunicación muestran que las reglas están siendo burladas ampliamente, lo que lleva a la rápida propagación del virus entre los trabajadores palestinos.
Cualquier palestino que intente dejar Israel para evitar contraer el Covid-19 está siendo amenazado por sus empleadores de que su permiso de trabajo será revocado, dejándolo sin trabajo a largo plazo.
Y ahora muchos se dirigen a su hogar en Cisjordania para pasar el Ramadán con sus familias. Israel se ha negado a realizarles ninguna prueba, por lo que una parte de ellos llevarán el virus a casa, sin saberlo.
Pero estos trabajadores y sus familias no sólo se enfrentan a una inminente crisis de salud que los servicios médicos palestinos no están en condiciones de soportar. También están siendo golpeados duramente en el bolsillo por las políticas de encierro de Israel.
Los palestinos que trabajan en Israel son a menudo el único sostén familiar, ya que mantienen a una familia extendida que está cerca del umbral de la pobreza. En el futuro previsible no habrá ingresos para las decenas de miles de trabajadores que permanecieron confinados en Cisjordania antes de la Pascua, para los que contrajeron el virus en Israel y se vieron obligados a volver a casa, y para los que regresan a Cisjordania para el Ramadán.
Israel tampoco se responsabiliza de su bienestar, aunque muchos han trabajado durante años en Israel, y han tenido que pagar una proporción sustancial de sus salarios cada mes a un fondo para enfermedad gestionado por el gobierno israelí. El fondo asciende a más de 140 millones de dólares, y ha crecido tanto porque Israel hace casi imposible que los palestinos hagan una reclamación.
Los grupos israelíes de derechos humanos han presionado a Israel para que libere esos fondos a los palestinos que no pueden trabajar, para ayudarles a superar esta emergencia sanitaria y económica. Hasta ahora el gobierno israelí no ha hecho nada.
Tratando de llenar el vacío
La población palestina que vive bajo dominio israelí en la ocupada Jerusalén Oriental enfrenta sus propios problemas.
A pesar de afirmar que toda Jerusalén −incluidas las partes palestinas de la ciudad− son la “capital unida” de Israel, los funcionarios israelíes han seguido un enfoque de tipo apartheid en la ciudad, tratando a las personas palestinas, que son clasificadas por Israel como simplemente “residentes”, de manera muy diferente a las personas judías, que son “ciudadanas” israelíes.
El número de palestinos/as que han dado positivo oficialmente hasta ahora en Jerusalén sigue siendo bajo (varias docenas), pero eso probablemente es producto de que hasta hace poco no había casi ninguna clínica que realizara pruebas en los barrios palestinos.
Muchas zonas palestinas no han sido desinfectadas por equipos de limpieza, como se ha hecho en las zonas judías, ni tampoco ha habido una imposición significativa por parte de la policía israelí de medidas de aislamiento o sobre el uso de tapabocas, lo cual es llamativo, dado que la policía israelí suele ser muy diligente en el patrullaje de las zonas palestinas y en hacer arrestos.
Las autoridades israelíes también han tardado en publicar información en árabe sobre el virus y sobre las medidas de seguridad, ya sea para los 330.000 habitantes palestinos de Jerusalén como para los 1,8 millones de palestinos/as que viven dentro de Israel y tienen una forma muy degradada de ciudadanía israelí.
Los expertos afirman que la falta de una campaña de sensibilización en las zonas palestinas probablemente provocará un rápido aumento de los casos durante el Ramadán, si las familias extensas siguen la práctica tradicional y pasan más tiempo juntas.
Los funcionarios palestinos han tratado de llenar el vacío en Jerusalén difundiendo información, organizando operativos de desinfección y ayudando a establecer una clínica de análisis. Pero Israel ha tomado medidas enérgicas contra estas actividades, incluyendo la detención violenta del gobernador palestino para Jerusalén y del ministro de asuntos de Jerusalén de la AP.
En su lugar, las organizaciones benéficas y las ONG se han agrupado en una “Alianza de Jerusalén” para tratar de llenar el vacío dejado por Israel.
Es probable que la población palestina de Jerusalén Este sea especialmente vulnerable al contagio. Tres cuartas partes vive por debajo de la línea de pobreza, y menos de la mitad está formalmente conectada a la red de agua potable. Las restricciones en materia de planificación significan que hay un hacinamiento generalizado.
Los tres hospitales palestinos de Jerusalén Oriental también están en mal estado, plagados de grandes deudas por cortesía de Donald Trump, que en 2018 recortó 25 millones de dólares de ayuda financiera.
El Ministerio de Salud israelí tampoco ha proporcionado equipos de protección ni fondos a estos hospitales para hacer frente a la crisis del coronavirus. Los palestinos han encontrado un aliado inesperado en el alcalde de Jerusalén, Moshe Leon, quien ha reprendido al gobierno israelí, aparentemente temeroso de que los hospitales de Jerusalén Occidental se vean desbordados si la población palestina no puede ser atendida en sus propios hospitales.
Más precaria aún es la situación de barrios palestinos como Kfar Aqab, que fueron efectivamente separados de Jerusalén Oriental después de que Israel construyera un muro dejándolos del lado de Cisjordania. Eso ha hecho que los servicios de la ciudad se volvieran de muy difícil acceso para unos 100.000 residentes de Jerusalén.
Israel ha ido abandonando progresivamente sus responsabilidades en esas zonas, en un esfuerzo por conseguir una mayoría judía en el resto de Jerusalén. No obstante, ha sido reacio a permitir que la AP llene el vacío.
La crisis de Covid-19 está revelando gradualmente la intención de Israel hacia estos barrios “exteriores” de Jerusalén. El jueves, Israel envió al ejército a retirar los avisos informativos sobre el coronavirus que había colocado la AP.
El ejército israelí no tiene ningún papel en Jerusalén, solo opera en Cisjordania. Esta nueva acción sugiere que Israel se está preparando para reclasificar formalmente áreas como Kfar Aqab como no pertenecientes a Jerusalén.
El apartheid gana por goleada
Las cosas sólo están ligeramente mejor para la quinta parte de la población de Israel que pertenece a su minoría palestina. Estos 1,8 millones de ciudadanos y ciudadanas de segunda clase descienden de las familias palestinas que lograron zafar de las operaciones de limpieza étnica de 1948, cuando Israel se estableció en la tierra del pueblo palestino.
Israel ha creado un extraño sistema híbrido de apartheid, en el que la ciudadanía judía vive casi totalmente separada de la ciudadanía palestina. Las dos poblaciones se educan por separado, y muchas áreas de la economía también están segregadas.
Pero un área en la que las poblaciones palestina y judía están altamente integradas −en contacto regular− es en el sector de la salud.
De hecho, la ciudadanía palestina está sobrerrepresentada en las profesiones médicas, en gran parte porque la salud es una de las pocas actividades importantes que no está definida en términos de seguridad y, por lo tanto, está relativamente abierta a la minoría palestina.
Uno/a de cada cinco médicos en Israel es palestino/a, así como una cuarta parte de las enfermeras y la mitad de los farmacéuticos. Pero a pesar de la fuerte presencia de ciudadanos/as palestinos/as en los servicios de salud, los instintos de apartheid del gobierno israelí han triunfado.
En febrero Israel estableció un equipo de emergencia para manejar la pandemia. Diseñó una estrategia nacional de pruebas, cuarentenas, hospitalizaciones, concienciación y política de cierre. Sin embargo, no se incluyó a ningún/a experto/a de la minoría palestina −o de los territorios ocupados− en dicho comité, dejándolo en total ignorancia de las condiciones especiales de la sociedad palestina, tanto en Israel como en los territorios ocupados.
El Ministerio de Salud israelí también se negó a reunirse con el comité nacional de salud de la minoría palestina, establecido por personal médico e investigadores/as palestinos/as para ayudar a combatir el virus en la comunidad palestina de Israel.
Estos fracasos explican el largo retraso de Israel en producir cualquier información sobre el virus en árabe, y el retraso similar en establecer centros de testeo en las comunidades palestinas. Solo hubo una acción limitada después de las protestas concertadas de los legisladores palestinos en el parlamento.
Tras una tasa inicial de infección muy baja, la población palestina es ahora el grupo de más rápido crecimiento que da positivo en las pruebas del virus en Israel, y eso a pesar de que los niveles de pruebas siguen siendo bajos.
Se espera que el Ramadán exacerbe esa tendencia ascendente de forma drástica, ya que las familias compran alimentos y comen con sus familias extendidas. Las mezquitas ya están cerradas y los líderes musulmanes han dicho a los fieles que recen en casa. En un esfuerzo de último minuto para evitar una nueva epidemia, el gobierno israelí ha prohibido que las tiendas y negocios abran durante las horas de oscuridad, como ocurriría normalmente durante el Ramadán.
Al igual que en Cisjordania y Jerusalén, la población palestina de Israel es vulnerable. Dos tercios de las familias viven por debajo de la línea de pobreza; más del triple que las familias judías. Hay un hacinamiento masivo en las comunidades palestinas, después de décadas en las que Israel ha rechazado nuevos permisos de construcción a las comunidades palestinas.
Y los servicios de salud son pobres o inexistentes en muchas comunidades palestinas, especialmente en docenas de pueblos beduinos que Israel se ha negado a reconocer. En estas comunidades, a la población beduina también se le niega el agua y la electricidad.
Además, el principal servicio de ambulancias de Israel, Magen David Adom, rara vez opera en las comunidades palestinas, aunque sólo su personal está capacitado para tratar el coronavirus. No está claro cómo las ambulancias privadas que prestan servicios a las comunidades palestinas se las arreglarán si se produce un brote importante.
Y como ocurre en otras comunidades palestinas, las familias palestinas en Israel también están particularmente expuestas a las consecuencias económicas del confinamiento. Muchos trabajan como jornaleros ocasionales, y han perdido su trabajo durante las últimas semanas.
El brote de coronavirus fue una prueba de la capacidad de Israel para dejar de lado sus obsesiones de seguridad y demográficas y tratar a la población palestina no sólo como seres humanos sino también como aliados en la lucha por la salud de ambos pueblos. En esa prueba, Israel ha fracasado estrepitosamente.
Publicado el 25/4/20 en el blog del autor.