Traducido del inglés por Sinfo Fernández para Rebelión
[La coeditora de Jadaliyya.com, Lisa Hajjar, ha vuelto recientemente de su quinta visita a la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, donde EEUU mantiene una prisión militar desde 2002. A continuación, nos aporta sus impresiones y análisis acerca del estado actual de los juicios militares a los detenidos.]
Jadaliyya (J): Has visitado recientemente Guantánamo para informar sobre los procedimientos de las comisiones militares. ¿Cuál es el estado actual de los casos que están juzgándose?
Lisa Hajjar (LH): En el caso del 11-S, hay cinco acusados, incluyendo al autoproclamado «autor intelectual» de los ataques terroristas, Jalid Seij Mohammad. En el caso del trasatlántico USS Cole, hay un inculpado, Abd al-Rahim al-Nashiri, acusado de delitos relativos al ataque-suicida contra un navío que se hallaba en el año 2000 en el puerto yemení de Aden reabasteciéndose de combustible.
Hay dos razones relacionadas entre sí de por qué se llevan arrastrando estos casos tanto tiempo y de que sigan aún estancados en la fase previa al juicio: primera, la CIA mantuvo durante años bajo vigilancia secreta y bajo tortura a todos los seis acusados, y segunda, el gobierno está buscando la pena de muerte en los dos casos citados. Estas cuestiones están interrelacionadas debido al secretismo que rodea el programa de torturas de la CIA. Los equipos de la defensa quieren -y en interés de un juicio justo podría decirse que se merecen- información sobre el trato dado a sus clientes desde el momento en que fueron arrestados hasta que fueron trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006. Sin embargo, el gobierno se ha resistido a poner esta información a disposición de los abogados, a pesar del hecho de que todos ellos tienen acreditación de seguridad de alto secreto. Por tanto, lo que está sucediendo en las comisiones militares son una serie de batallas libradas a través de mociones en las que se produce un litigio entre el secretismo y la revelación.
Podríamos desglosar esto en dos preguntas: ¿Por qué el gobierno está intentando excluir esa información del proceso de revelación de pruebas teniendo en cuenta que el Presidente Obama puso fin al programa de torturas? Y, ¿por qué los equipos de la defensa insisten en que deberían disponer de ella? La posición del gobierno, según el General Mark Martins, el principal fiscal en ambos casos, es que ninguna declaración o información obtenida mediante tortura puede utilizarse contra los acusados y, por tanto, no hay necesidad de revelar información sobre los tratos abusivos aplicados por la CIA mientras se encontraban desaparecidos en los agujeros negros, que Martins describe como un error de la anterior administración. Además, proporcionar esa información supondría distraer o destruir potencialmente el objetivo de rendir cuentas por las bombas del 11-S y del USS Cole. En resumen, que a quien se está juzgando es a los acusados y no a la CIA.
Los equipos de la defensa insisten en su derecho y en la necesidad de acceder a esta información porque, entre otras razones, es importante para el tema de los atenuantes. En los casos de pena de muerte juzgados en los tribunales estadounidenses, los juicios se componen de dos elementos: la lucha antagonista respecto a las acusaciones que concluye con un veredicto, y la fase de sentencia, cuando los defensores pueden argumentar contra la pena de muerte para clientes hallados culpables a partir de la base de una serie de factores que deberían atenuar el «castigo máximo». Cada unos de los seis equipos de la defensa tiene un «asesor experto», es decir, un abogado especializado en el derecho que regula la pena de muerte. Todos con los que me he entrevistado han manifestado su extrañeza de que la información sobre un factor obviamente atenuante como son los años de tortura y tratos crueles pueda ocultarse cuando intentan preparar sus casos. Sin embargo, el 25 de junio de 2014, el equipo de Al-Nashiri se impuso en su batalla por conseguir información sobre el programa de la CIA cuando el juez James Pohl (un coronel del ejército que preside ambos casos) confirmó su decisión de que había que proporcionar tal información a la defensa. Es razonable asumir que el juez Pohl decidirá de forma similar en el caso del 11-S, siempre que las pertinentes mociones consigan llegar finalmente a la parte superior de la lista de casos.
Una de las muchas ironías sobre estos juicios es la posibilidad de que varios de los sospechosos del 11-S no quieran que les salven de una sentencia de muerte. A finales de 2008, durante el último período de la administración Bush, en una vista del 11-S y según alega la comisión militar, Jalid Seij Mohammad afirmó que los acusados estaban dispuestos a declararse culpables a condición de que se les sentenciara de inmediato y que la sentencia fuera la de muerte suicidio. Sin embargo, en el estatuto no había ninguna contingencia que contemplara tal posibilidad, por tanto, el caso se suspendió hasta que los acusados volvieran a comparecer durante el primer mandato de la administración Obama. Ahora parece que los cinco acusados del 11-S están dispuestos a permitir que el caso prosiga y no se oponen a los esfuerzos de sus abogados de intentar reunir información sobre el tiempo que pasaron bajo vigilancia de la CIA.
El pasado mes de junio, el único tema en la agenda del caso del 11-S era el de las consecuencias por las revelaciones de abril de que el FBI había reclutado a individuos de los equipos de defensa (no abogados) para que informaran de cualquier actividad ilegal de sus colegas, como revelación de información clasificada acerca de la tortura a sus clientes y/o las condiciones de reclusión en las instalaciones secretas donde están encerrados, las conocidas como Campo 7. Durante la audiencia de un día donde se excluyó o «bloqueó» el procesamiento, los abogados de la defensa instaron al juez Pohl a que ordenara una investigación completa sobre la operación de espionaje del FBI para que ellos y sus clientes pudieran saber si la confidencialidad -un componente esencial del imperio de la ley- había quedado irremisiblemente rota. Hasta el momento, el juez no ha manifestado decisión alguna sobre el asunto.
Otro escollo del caso del 11-S es el Memorando de Entendimiento que el gobierno quiere que firmen los abogados de la defensa. Hasta ahora, sólo lo ha firmado uno. Los otros equipos se resisten, no porque no estén dispuestos a seguir las normas, sino porque el documento incluye una cláusula en el sentido de que ellos «están de acuerdo» con los términos. Para estos abogados estadounidenses, las únicas condiciones que dictan su trabajo en este sistema judicial son reprensibles y, por tanto, poco éticas. Por ejemplo, los términos del acuerdo impedirían que los abogados ayudaran a que sus clientes pudieran dirigirse a organizaciones de los derechos humanos o a agencias de la ONU que abordan el tema de la tortura. El juez Pohl, que no es experto en derecho internacional, rechazó su propuesta a favor del derecho a obtener reparaciones bajo la Convención contra la Tortura, y esto es algo que quieren volver a intentar. Si firman el acuerdo en su forma actual, estarían abandonando voluntariamente esa opción. Por tanto, su posición es que pueden cumplir las reglas aún sin estar de acuerdo con ellas. La posición de la fiscalía es que el proceso de revelación no proseguirá hasta que firmen.
J: ¿Ha afectado el reciente intercambio de prisioneros -cinco detenidos talibanes por el prisionero de guerra estadounidense Bowe Bergdahl- al debate acerca de la continuación de la prisión militar de la Bahía de Guantánamo?
LH: Uno de los efectos inmediatos de ese intercambio fue que los medios de comunicación recuperaron el interés por la situación. Por vez primera en varios años, las cadenas importantes de televisión -CNN, NBC y la Fox- enviaron periodistas a Guantánamo en junio. En la primera conferencia de prensa con el General Martins, esa cuestión fue la dominante en las preguntas que le plantearon. Explicó que los cinco talibanes enviados a Qatar a cambio de Berghdahl no estaban incluidos entre quienes debían ser procesados por las comisiones militares. Pero tampoco se había autorizado su liberación con anterioridad al acuerdo político, a diferencia de los 78 detenidos a los que sí se había ordenado su liberación pero que sin embargo siguen encarcelados y a los que la Task Force de la administración Obama incluyó en 2009 en la categoría de detención indefinida; esta categoría supone que no se puede juzgar a esas personas por falta de pruebas o por cualquier otra razón, pero que se les considera demasiado peligrosos como ordenar su liberación. El traslado de los cinco afganos rebaja la cifra de detenidos indefinidos a 29.
En el debate político más amplio sobre Guantánamo, en cuanto al efecto del intercambio de prisioneros, el secretismo y las prisas de la administración Obama para cumplir el acuerdo -y la ausencia de información al Congreso antes del traslado de los cinco afganos- ha generado en Washington una oleada completamente previsible de idas y venidas con la lengua fuera. Un par de republicanos en la Cámara de Representantes ha presentado un proyecto de ley que impondrá sanciones penales para los funcionarios que se desvíen de las normas en cualquier futuro traslado de detenidos de Guantánamo.
J: ¿Por qué la administración Obama ha mantenido esta prisión a pesar de sus promesas de cerrarla?
LH: Muchos republicanos y algo más que unos cuantos demócratas en Washington creen que la prisión y las comisiones militares son añadidos necesarios y maravillosos al aparato legal estadounidense. Por tanto, aunque la política partidista es una característica que define la política interna en casi todos los asuntos, hay un consenso bipartidista lo suficientemente fuerte en el Congreso que hace que su cierre sea casi imposible. Esto incluye una legislación que prohíbe trasladar a cualquier prisionero de Guantánamo a los Estados Unidos por cualquier razón, incluido su enjuiciamiento en un tribunal federal. Si es que en EEUU hay un electorado político que quiere cerrar Guantánamo, es mucho más débil como para poder prevalecer sobre los que no quieren.
El Presidente Obama ha contribuido también al problema que quiere ostensiblemente resolver. Por ejemplo, a principios de 2010, emitió una orden prohibiendo que se trasladara a nadie a Yemen. La mayoría de los prisioneros son yemeníes, incluyendo los 58 cuya puesta en libertad se ha autorizado ya.
J: ¿Quiere realmente Obama cerrar la prisión de la Bahía de Guantánamo?
LH: La única forma en la que Obama ha estado dispuesto y ha podido demostrar su compromiso con el cierre es negándose a trasladar a cualquier nuevo prisionero a aquellas instalaciones; el último prisionero llegó en 2008. El 15 de junio de 2014, un equipo de la Fuerza Delta del ejército y agentes del FBI capturaron a Ahmed Abu Khattala en Bengasi, Libia, y le trasladaron al USS New York. Tras las noticias de su captura, se produjeron los clamores habituales de los entusiastas de Guantánamo, como el Senador John McCain, insistiendo en que había que enviarle allí.
Abu Khattala fue retenido a bordo del buque durante casi dos semanas antes de arribar a EEUU el 28 de junio. Abu Khattala, que es sospechoso de ser uno de los líderes del ataque del 11 de septiembre de 2012 a la embajada estadounidense en Bengasi, será procesado en el tribunal de distrito estadounidense de Washington DC.
Abu Khattala es al menos el cuarto sospechoso de terrorismo arrestado en el extranjero y trasladado a EEUU desde que Obama llegó al poder. Ahmed Abdulkadir Warsame, nacional somalí, fue capturado en el Golfo de Aden el 19 de abril de 2100 y retenido durante más de dos meses a bordo del USS Boxer, en la mazmorra de un buque anfibio de ataque. En diciembre de 2011, se declaró culpable de los cargos de apoyo material a Al-Shabab y Al-Qaida en el Península Arábiga. En 2013, las Fuerzas Especiales de EEUU capturaron a Abu Anas al-Libi durante una incursión en Libia y le retuvieron durante ocho días a bordo de un buque antes de trasladarle a Nueva York, donde ya se le había acusado por su papel en los atentados de la embajada africana en 1998.
En el caso de Warsame, y posiblemente también de Abu Khattala (no se han revelado los detalles), la opción de la detención en alta mar es un medio para facilitar un prolongado interrogatorio sin la obligación de informar a una persona de sus derechos Miranda (la excepción de «la seguridad pública»). El protocolo para la detención a bordo combina dos enfoques de interrogatorio: en primer lugar, el derecho del interrogatorio en caso de conflicto armado para que los agentes de seguridad consigan «inteligencia procesable», en segundo lugar, la introducción de un «equipo limpio» de interrogadores del FBI que se implican en el interrogatorio a efectos del procesamiento.
J: ¿Qué diferencia supone que a la gente se la enjuicie en tribunales federales o en comisiones militares?
LH: Una razón legalmente sólida para procesar a sospechosos de terrorismo en tribunales federales es que los delitos penales de apoyo material y conspiración no se reconocen como violaciones del derecho militar. Esto es algo que ignora la gente que exige que esos casos se juzguen ante las comisiones militares de Guantánamo. Permítanme darles algo más de contexto: Tras la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2006 en Hamdan v. Rumsfeld en el sentido de que las comisiones militares que Bush había creado mediante decreto del ejecutivo eran inconstitucionales, el Congreso aprobó el Acta de las Comisiones Militares (MCA, por sus siglas en inglés, 2006; una versión revisada de la MCA aprobada en 2009). La MCA 2006 volvía autorizar las comisiones y reescribió -«estadounizó- que las leyes internacionales de la guerra daban apoyo material al terrorismo y que la conspiración es un delito perseguible militarmente. Salim Hamdan, el conductor de Osama bin Laden, y Ali al-Bahlul, un propagandista de al Qaida, fueron posteriormente juzgados y condenados por esos cargos.
Todos los casos que van a juicio en las comisiones militares, en contraste con los que se resuelven mediante un acuerdo con el fiscal, están automáticamente sujetos a apelación. En el momento en el que los dos casos de la era Bush llegaron al Tribunal de Apelación del Circuito DC, Hamdan había cumplido ya su sentencia. El tribunal sentenció, primero en Hamdan y después en al-Bahlul, que el apoyo material y la conspiración no son delitos militares, y por tanto había que anular las condenas. El gobierno decidió no apelar en el caso de Hamdan (porque su liberación lo hizo imposible) pero sí lo hizo en al-Bhalul, con la esperanza de mantener la condena y así poder continuar utilizando los cargos contra los que quedaban en Guantánamo. El tribunal concedió la petición del gobierno de una revisión por el tribunal en pleno. Nueve meses han pasado desde la vista y aún no se ha tomado una decisión. Si el panel en pleno ratifica la anterior decisión, entonces ni la conspiración ni el apoyo material podrán considerarse como crímenes de guerra por conductas anteriores a 2006, el año en el que el Congreso aprobó la MCA original.
Según Adam Thurschwell, asesor general en la Oficina del Jefe del Consejo de Defensa de las Comisiones Militares:
La pregunta de si la conspiración y el apoyo material cometidos después de 2006 pueden considerarse o no como crímenes de guerra en las comisiones militares seguirá, no obstante, abierta. Esa pregunta plantea una serie de cuestiones constitucionales más amplias, incluyendo el alcance de los poderes de la guerra y la jurisdicción de los tribunales en el caso del Artículo I. Estas cuestiones abiertas se presentan ahora en el caso que acabamos de mencionar de Abd al-Hadi al-Iraqi, que está acusado de conspiración por conductas que sucedieron tras 2006. [Al-Hadi fue procesado el 18 de junio de 2014.] La legitimidad de esa acusación, que probablemente será desafiada en cuanto empiece su caso, será el primer vehículo para responder a la pregunta de los hechos ocurridos tras 2006. Muchas cosas dependen de la respuesta, porque hasta la fecha la inmensa mayoría de las acusaciones contra los acusados en las comisiones militares han sido de conspiración y/o apoyo material al terrorismo.
Si resulta que las comisiones militares no pueden probar las acusaciones de conspiración/apoyo material posteriores a 2006, entonces se convertirán en algo así como una reliquia histórica y los detenidos que no son de alto valor, los cocineros, los conductores, etc., tendrá que ser juzgados en tribunales federales si es que alguna vez llegan a ser juzgados. Por otra parte, si los tribunales pueden abordar las acusaciones posteriores a 2006 de conspiración y apoyo material, les quedará alguna vida más, al menos mientras haya una guerra coloreable en algún lugar del mundo y algún presidente que quiera intentar capturar terroristas/»combatientes enemigos» en ellos.
J: Teniendo en cuenta todos esos problemas y complicaciones, ¿cómo es que todavía hay alguien que aboga por la existencia de Guantánamo?
LH: Guantánamo es como un test político de Rorschach. A sus entusiastas les gusta aparecer como realistas de mirada dura mientras flagelan a sus oponentes como seres de voluntad débil, o mal encaminados, por su cariño desmesurado hacia el imperio de la ley que dicen les hace seguir el juego a los terroristas. El ex vicepresidente Dick Cheney, uno de los arquitectos principales de la «guerra contra el terror» de EEUU, y su hija Liz, formaron recientemente la Alliance for a Strong America. En el video en que se anuncia la nueva organización, los Cheney aluden a las «absurdas líneas rojas» de la administración Obama. De forma clara, y teniendo en cuenta sus muchas declaraciones en el pasado, se están refiriendo al fin del uso de la tortura y a la promesa de cerrar Guantánamo. Por tanto, la existencia -y la popularidad- de esos puntos de vista es la respuesta a tu pregunta.
Lisa Hajjar es profesora de Sociología en la Universidad de California, Santa Bárbara. Sus investigaciones se centran en cuestiones de leyes y legalidad, guerra y conflicto, derechos humanos y tortura. Ha escrito Courting Conflict: The Israeli Military Court System in the West Bank and Gaza (University of California Press, 2005) y Torture: A Sociology of Violence and Human Rights (Routledge, 2012). Además de ser coeditora en Jadaliyya, colabora con los comités editoriales de Middle East Report y Journal of Palestine Studies. En la actualidad, trabaja en un libro sobre la abogacía en lucha contra la tortura en EEUU.
Fuente:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/18303/quick-thoughts_lisa-hajjar-on-guantanamo-bay-and-h