Traducido del inglés para Rebelión de Loles Oliván Hijós
Foto: Trabajadores palestinos en una obra en la colonia israelí de Ramat Givat Zeev, en la Cisjordania ocupada por Israel, el pasado 19 de marzo de 2020 (Ammar Awad/Reuters)
En Jerusalén, bajo confinamiento estricto por la pandemia de la COVID-19, la extraña tranquilidad de las calles solo se ve perturbada por el cotidiano estruendo de siempre de las perforadoras y la construcción. Tanto el gobierno israelí como la Autoridad Palestina (AP) han impuesto diversas medidas de confinamiento desde principios de marzo. Pero como en otros países, las autoridades se sirven de criterios propios para decidir qué sectores se consideran esenciales. En Israel se ha ordenado que el sector de la construcción, como el de la agricultura, la salud y la enfermería, siga operando.
Los proyectos de construcción e infraestructuras en Israel y en las colonias israelíes en Cisjordania dependen fundamentalmente de la mano de obra palestina. Lo que significa que estando en confinamiento por la pandemia, los trabajadores palestinos están arriesgando mucho su salud al seguir trabajando para que Israel cimiente su control sobre la tierra y sobre la población palestinas. Por ejemplo, la casa de mi familia en Jerusalén está ubicada en el barrio de Shuafat. La autoridad municipal de la ciudad ha confiscado casi 4 metros a cada propietario de nuestra calle para ampliar la carretera bajo la premisa del “bien público”. Los requisitos burocráticos para presentar quejas por esta expansión costaban aproximadamente 15 mil dólares (50 mil NSI). Ningún residente pudo presentar queja y en mitad del confinamiento se iniciaron las obras. Los trabajadores, contratados en Cisjordania, recibieron la orden de demoler los muros de las viviendas de residentes palestinos de Jerusalén para construir una carretera que únicamente servirá para dividir aún más los barrios palestinos de la ciudad y facilitar la circulación israelí.
A 15 de mayo Israel tenía 16.539 casos confirmados de COVID-19 y 262 muertos. En los territorios palestinos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental se han confirmado 548 casos y 4 muertos. Antes de marzo, según la Ministra de Salud palestina May Kaileh, las principales fuentes de infección por coronavirus en Cisjordania procedían del sector del turismo (13%) y de los palestinos que regresaban del extranjero (10%). En Belén se rastreó un pequeño brote del virus hasta un grupo de turistas alojados en un hotel local. Se contuvo de inmediato con el establecimiento del toque de queda en toda la ciudad.
Al haberse suspendido el turismo y los viajes, la fuente de contagio para la población palestina de Cisjordania y Gaza son ahora los trabajadores palestinos utilizados para reforzar la economía de la construcción y de la agroindustria de Israel, pues transitan a diario, ida y vuelta, a Israel y a los asentamientos israelíes desde Cisjordania. Dos muertes por COVID-19 en Cisjordania se atribuyen al contacto con palestinos que trabajan en Israel y un 75% de los casos confirmados han podido rastrearse hasta llegar a estos trabajadores.
La pandemia apuntala las pautas previas de endeudamiento, vigilancia, explotación laboral y control israelí sobre la tierra y sobre las vidas palestinas. La crisis actual pone de relieve además las múltiples formas en que los empleadores, los sindicatos y el Estado israelíes explotan a los trabajadores palestinos para reforzar el proyecto de asentamiento colonial de Israel, al tiempo que recortan los costes y desplazan la responsabilidad de la protección de los trabajadores a la débil infraestructura del sector sanitario y a la economía palestinas.
La explotación de la pandemia (y de los trabajadores) en beneficio de Israel
El número de trabajadores palestinos en Israel y en los asentamientos israelíes se calculaba en 2019 en 130.000, según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), aunque probablemente sean más considerando la cantidad de personas que cruzan a Israel sin permiso[1]. La mayoría de los palestinos trabajan en el sector de la construcción israelí en el que ocupan entre el 65% y el 70% de la fuerza de trabajo.
El ministro israelí de Construcción y Vivienda explicó en medios de comunicación israelíes que el sector de la construcción debe continuar con normalidad “para garantizar que en Israel no se vea afectada la construcción en beneficio de los compradores de viviendas, incluso en las actuales circunstancias excepcionales”. Según el ministro de Transportes, la pandemia ofrece la oportunidad de ampliar y acelerar los proyectos de infraestructuras, y está previsto que algunos de gran escala se concluyan entre seis meses y un año antes de lo previsto.
Israel está explotando la crisis del coronavirus –y a los trabajadores palestinos– para sostener su proyecto de asentamiento colonial en beneficio intrínseco de las comunidad judía israelí, a expensas de la palestina, y restringiendo a la vez el acceso de los palestinos a la tierra tanto en Israel como en Cisjordania. Los proyectos de infraestructuras que Israel está acelerando incluyen las líneas de tren de alta velocidad entre Jerusalén y Tel Aviv, las autopistas de Ayalon, y el ferrocarril entre Haifa y Nazaret. En Jerusalén los planes incluyen la construcción de la autopista Begin, la expansión del tren ligero, y proyectos de asentamientos en Ramot, Pizgat Ze’ev y French Hill. En los asentamientos de Cisjordania, como Maale Adumim, Ariel, Revava, Gush Etzion y Brukhin, se están manteniendo o acelerando las obras de infraestructuras y de construcción.
Que se mantengan los proyectos de construcción en Israel y en sus asentamientos tiene una importancia fundamental para la economía israelí pues son esenciales para garantizar la circulación de bienes, personas y capitales. En los círculos económicos israelíes se teme que el retraso o el colapso del sector de la construcción causen perjuicios importantes a la economía israelí y desencadenen una cascada de retrasos en los pagos a los bancos y a las compañías de seguros, que acarrearía importantes consecuencias para el sector bancario.
Aunque en el pasado Israel ya probó a contratar trabajadores de la construcción de Asia oriental y Europa oriental el intento fracasó. Son los trabajadores palestinos quienes siguen ocupando esos empleos imprescindibles y precarios para mantener en funcionamiento sectores enteros de la economía de Israel, aunque se deshagan literalmente de ellos cuando consideran que que ya no son útiles. Como los derechos de los trabajadores dependen de que se mantenga el empleo formal, Israel –como muchos países del Golfo que también tienen un gran número de trabajadores extranjeros– puede desplazarlos fácilmente en tiempos de crisis.
La salud de los trabajadores palestinos en peligro
Miles de trabajadores palestinos volvieron a Cisjordania al comienzo de la festividad de la Pascua a principios de abril. Las autoridades israelíes se negaron a hacer el test a los trabajadores antes de que volvieran a pesar de que más de 41 de ellos se habían infectado en la zona industrial de Atarot, en Jerusalén, y de que una palestina de 60 años de la aldea de Biddu, cuyo hijo trabajaba en la economía israelí, muriera por corona-virus. Unos 67 mil trabajadores palestinos han regresado al sector de la construcción en Israel.
El desprecio por la salud y por las condiciones laborales de los trabajadores palestinos no es exclusivo de esta crisis actual. El sector de la construcción israelí tiene una de las tasas de mortalidad laboral más elevadas de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Los trabajadores palestinos, si cuentan con un permiso oficial, tienen derecho a cobertura sanitaria. De hecho, el sindicato israelí Histadrut y el Ministerio del Interior israelí deducen mensualmente de los salarios de los trabajadores palestinos el monto destinado a prestaciones sociales. Pero los trabajadores palestinos no reciben las prestaciones a las que tienen derecho. En una declaración de un grupo de sindicatos palestinos se pidió el boicot a la Histadrut por su complicidad con el Estado israelí en la dejación de sus responsabilidades en la salud y la seguridad de los trabajadores palestinos.
Asimismo las acciones del ejército y de los colonos israelíes impiden las iniciativas de salud pública palestinas. Estas incluyen el cierre de una instalación de detección de COVID-19 en Jerusalén Oriental y la confiscación del equipamiento para una clínica de campo en el Valle del Jordán. La opresión diaria que experimentan los y las palestinas bajo la ocupación israelí continúa como de costumbre con las demoliciones de casas, detenciones, asesinatos, el bloqueo continuo de Gaza y los ataques de los colonos a las aldeas, al ganado y a la agricultura palestinas.
El impacto desigual del coronavirus en la sociedad palestina
El elevado número de trabajadores palestinos en Israel proporciona más del 13% del PIB palestino [2]. Un informe reciente de la Autoridad Monetaria Palestina establece que los ingresos de los trabajadores palestinos alcanzan un promedio de 271 millones de dólares al mes (71 dólares o 250 NIS por trabajador al día). Para poner estas cifras en algún contexto, sirva decir que el salario mínimo en Cisjordania es de unos 400 dólares mensuales (1.400 NIS), menos del 19% de lo que podría ganar un trabajador promedio en Israel. Por lo tanto, los ingresos de estos trabajadores no sólo son de vital importancia para el funcionamiento actual de la economía palestina sino, lo que es más importante, que los efectos de la pérdida de empleo en Israel repercutirán negativamente en los cientos de miles de familias palestinas que dependen de esos ingresos.
En el actual estado de contagio, el virus tendrá un impacto diferencial entre las localidades de Cisjordania dependiendo de cuántos residentes se desplacen a trabajar a Israel. Un estudio de Duja Michel y Belal al Falah publicado por el Instituto de Investigaciones de Política Económica de Palestina pone de manifiesto la disparidad espacial en Cisjordania según el número de habitantes que trabajan en Israel en cada pueblo. Se trata también de una cuestión de disparidad de clases dentro de la sociedad palestina, donde en algunos lugares no hay trabajadores que se desplacen a Israel, mientras que en otros el porcentaje de empleados en Israel es superior al 80%. El mapa utilizado en el informe para desglosar la ubicación geográfica de los hogares de los trabajadores palestinos cisjordanos que trabajan en Israel puede servir para determinar el riesgo relativo actual que supone para esas comunidades la exposición al virus. Estos datos también indican cómo un brote del virus afectará probablemente a la sociedad palestina de manera desigual, y no sólo en términos de ingresos económicos sino también de acceso a la atención sanitaria. Las pruebas y las intervenciones médicas deberían seguir estos patrones, que indican que las zonas rurales, más que los centros urbanos como Ramala, serán las más expuestas al virus.
Las declaraciones de la Autoridad Palestina en el sentido de que todos los palestinos están juntos en esto suenan a tópico vacío en un momento en que la población palestina está más separada que nunca, no en términos de distanciamiento social, sino por el bloqueo de Gaza, por el aumento de palestinos y palestinas en las cárceles israelíes, por los y las refugiadas cuyo derecho al retorno se les sigue negado y, sobre todo, por el incremento de la desigualdad entre la comunidad palestina.
La Autoridad Palestina responde
La Autoridad Palestina no está bien equipada para hacer frente a la crisis de COVID-19 como consecuencia del crónico estrangulamiento estructural y financiero de la economía palestina por parte de la ocupación israelí y por el consiguiente des-desarrollo de los sectores vitales de la salud pública, la agricultura y las infraestructuras. Esta relación de dependencia y explotación se ha visto tremendamente agravada por largos años de austeridad y ajuste estructural prescritos por las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial.
Dos elementos clave de la respuesta de la AP han recibido hasta ahora poca cobertura: el fortalecimiento del sector de la seguridad y la consolidación de la deuda. El sector de la seguridad es uno de los tres pilares principales del presupuesto de emergencia de la AP; las conferencias de prensa diarias de la AP están llenas de referencias a su importancia. Sobre el terreno, este cambio ha dado lugar a la represión de los trabajadores palestinos que intentan entrar en Israel para trabajar. La Autoridad Palestina se ha jactado en los medios de comunicación locales de sus esfuerzos por aumentar las fuerzas de seguridad posicionadas cerca de las rutas utilizadas por los trabajadores palestinos para pasar de contrabando a trabajar en Israel. También ha acusado a Israel de abrir intencionadamente accesos y rutas de contrabando hacia sus colonias y hacia Israel para facilitar el paso de los trabajadores. En lugar de criminalizar a los trabajadores que no tienen otra opción, la Autoridad Palestina debería garantizar con medios materiales que no necesiten viajar a Israel para trabajar. Esta respuesta de represión en lugar de apoyo es indicativa de uno de los papeles clave que la AP desempeña para la ocupación como coordinadora de la seguridad para y con Israel.
La principal empresa de apoyo ha sido el Waqfet Izz, un fondo establecido por destacados empresarios palestinos y la AP que ha recaudado más de 17 millones de dólares. Los beneficiarios del fondo son el Ministerio de Salud palestino y las familias ya registradas en el Ministerio de Bienestar Social. El 6 de mayo, la Autoridad Monetaria Palestina anunció un programa para proporcionar 300 millones de dólares de financiación a las pequeñas empresas a través de bancos nacionales. Se calcula que desde el brote del virus 100 mil familias palestinas han pasado a estar por debajo del umbral de la pobreza, por lo que, lamentablemente, estas intervenciones siguen siendo insuficientes.
Intensificación de la crisis financiera y de la dependencia
Mientras tanto las finanzas de la Autoridad Palestina siguen cayendo en una crisis aún más intensificada. Sólo en 2019, mucho antes de la aparición del coronavirus, la UNCTAD y el Banco Mundial establecieron que la Autoridad Palestina se estaba acercando al límite de su endeudamiento interno como consecuencia de la retención por parte de Israel de los ingresos en concepto de compensación a los palestinos, en una forma de castigo por apoyar a las familias de sus presos políticos. Normalmente la AP recibiría casi 200 millones de dólares (700 millones de NSI) al mes de los ingresos fiscales que Israel recauda en nombre de la AP, pero debido a la crisis se prevé una disminución del 60%. La AP ha estado negociando con Israel durante meses y ahora, según los medios de comunicación israelíes, se ha llegado a un acuerdo para transferir 800 millones de NIS israelíes a la AP en forma de préstamo, lo que no hará sino afianzar aún más la posición de dependencia de la AP respecto a Israel.
Alentada a pedir préstamos a las instituciones financieras internacionales, la AP ha engrosado su deuda interna y externa hasta triplicarla con creces desde 2000, pasando de 863 millones de dólares a 2.795 millones. El incremento mayor se ha registrado en los préstamos internos, que integraban el 56,4% del total de la deuda de la AP a finales de 2019. La participación de los bancos nacionales significa que están particularmente implicados en el proyecto político de la AP y que son especialmente vulnerables a la crisis. Esta vulnerabilidad no hará sino aumentar a medida que se desarrolle la crisis actual dado que la AP ya ha alcanzado su límite de endeudamiento interno de 2 mil millones de dólares.
En lo que se refiere a créditos y préstamos en Palestina, un examen detenido de algunas de las cifras dibuja asimismo un panorama fiscal preocupante. La deuda de los consumidores asciende ahora a 4.200 millones de dólares, y unos 1.600 millones de dólares en préstamos están en manos de los empleados del sector público solamente. Pero desde 2017, la relación entre crédito y depósito ha ido aumentando junto con el número de préstamos improductivos. El aumento de la deuda en un sector que ya no tenía un buen desempeño debería preocupar seriamente máxime cuando se está avalando como una solución a la crisis. También tiene implicaciones políticas habida cuenta de que las finanzas y los bienes de las personas se vinculan cada vez más al mantenimiento del statu quo, lo que lo convierte en un elemento disuasorio ante posibles críticas.
Un chascarrillo popular pretende que los y las palestinas tienen ventaja sobre otras comunidades del mundo porque están familiarizadas con las crisis, los cierres y los toques de queda. Pero esos discursos ignoran cómo el virus exacerba las disparidades socioeconómicas y de clase ya existentes. También pasa por alto las formas singulares en que la COVID-19 intensifica las vulnerabilidades existentes, como el bloqueo israelí de Gaza durante 13 años, un sistema de salud pública debilitado con una reducida capacidad de infraestructura, unas tasas de desempleo y deuda individual ya elevadas, una Autoridad Palestina ineficaz y abrumada por la deuda, y las décadas de ocupación militar y apartheid israelíes brutales.
Es fundamental no perder de vista que las circunstancias crónicas propias de la ocupación militar y la colonización de Israel han creado las condiciones opresivas que fomentan la explotación de los trabajadores palestinos y mantienen a esta comunidad como un mercado cautivo. Israel puede pagar a los trabajadores palestinos que trabajan en Israel sus legítimas indemnizaciones, su asistencia sanitaria y su subsidio de enfermedad. Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad fiscal y política del bienestar de los trabajadores palestinos, se está aprovechando la pandemia como una oportunidad más para obtener beneficios y consolidar el control, al tiempo que pone a los trabajadores en riesgo de infección por coronavirus y continúa de-desarrollando estructuralmente la economía palestina.
Notas:
(1) Se estima que hay 22.900 trabajadores en las colonias israelíes y 110.400 en el interior de Israel.
(2) Según la encuesta de la Oficina Central Palestina de Estadísticas (PCBS) sobre fuerza laboral, las remesas del mercado laboral israelí ascendieron a 1.920 millones de dólares en 2017.
Lucy Garbett doctoranda en Geografía en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, ha trabajado en organizaciones no gubernamentales y centros de investigación en Palestina.
Fuente: https://merip.org/2020/05/palestinian-workers-in-israel-caught-between-indispensable-and-disposable/
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.