Traducción para Rebelión de Loles Oliván.
Durante la semana del 15 al 22 de diciembre de 2012, entre las dos rondas del referéndum sobre la Constitución de Egipto recientemente aprobada, los trabajadores de tres importantes empresas industriales estratégicas fueron a la huelga. En dos de ellas, los huelguistas consiguieron sus principales reivindicaciones rápidamente.
La Compañía de Tabaco Oriental, de propiedad estatal y ubicada en Giza, tiene el monopolio de la producción local de cigarrillos. Sus 13.000 trabajadores se han asegurado de que se restauren sus incentivos a la producción que habían sido cortados porque la empresa redujo la producción tras el anuncio del presidente Muhammad Mursi de incrementar los impuestos al tabaco. Del mismo modo, 8.000 trabajadores de la Compañía Egipcia de Aluminio, del sector público, ubicada en el sur de Egipto, han conseguido que se restablezcan sus bonos de participación en los beneficios, que habían sido recortados de 12 meses a 45 días del salario base. Una tercera huelga en el puerto de ‘Ayn Sujna, una concesión que operara bajo la Dubai Ports World, no ha tenido éxito pero ha sido la tercera huelga en ese centro desde junio.
En contra de la distinción general que se hace en Egipto entre las cuestiones «políticas» y «económicas», los representantes gubernamentales siguen mediando en los conflictos laborales, lo que les otorga un carácter político. El ministro de Inversiones Usama Saleh, un tecnócrata que sirvió bajo el régimen de Hosni Mubarak y que ahora sirve bajo su sucesor, intervino personalmente en las huelgas de la Compañía de Tabaco Oriental y de la Compañía de Aluminio y ordenó que las reivindicaciones de los trabajadores se cumpliesen. Los trabajadores de la Tabaco Oriental reclamaban la destitución de su director general, de la época de Mubarak, por motivos de corrupción. Salih autorizó el nombramiento de un director general interino mientras se investigan los cargos.
La década anterior al levantamiento contra el gobierno de Hosni Mubarak fue testigo de la oleada más intensa de huelgas en Egipto desde 1952. Las huelgas coincidieron con las graves dificultades que atravesaban las familias medias egipcias debido a que los salarios no conseguían mantener el ritmo del aumento del coste de la vida en el contexto de la acelerada política económica neoliberal del régimen de Mubarak. Dado que «pan» y «justicia social» fueron las dos reivindicaciones esenciales del levantamiento junto con la de «libertad», muchos egipcios esperaban que la caída de Mubarak y la elección democrática de un nuevo presidente proporcionase algún alivio a su situación económica.
Sin embargo, y a juzgar por el grado de activismo obrero, las expectativas no se han satisfecho. De hecho, la oleada de huelgas va de nuevo en aumento habiéndose producido cerca de 1.400 paros y otras protestas laborales en el año 2011 y aún más el año siguiente. Según el Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales, durante el año 2012 hubo más de 3.400 protestas por cuestiones económicas y sociales, en su mayoría acciones laborales. Esta cifra es casi cinco veces mayor que el número de acciones colectivas de trabajadores en cualquier año de la década de 2000 [1]. Más de 2.400 de estas protestas se produjeron después de que Muhammad Mursi se estrenara como presidente el 30 de junio.
Los Hermanos Musulmanes adoptan las mismas políticas neoliberales que favoreció el régimen de Mubarak y, en todo caso, prevén un programa de privatización de los activos públicos aún más amplio. La dirección de los Hermanos arrastra asimismo una trayectoria de oposición a la acción obrera militante. Algunos Hermanos que trabajan como empleados industriales o de oficina han sido más comprensivos con los problemas de los trabajadores locales. Pero no han recibido el apoyo de la Oficina de Orientación que dirige la organización y que, presumiblemente, tiene una fuerte influencia sobre las posiciones del gobierno de Mursi. Desde que Mursi asumió el cargo, las agresiones físicas y jurídicas contra sindicalistas han aumentado. Cientos de trabajadores han sido despedidos por llevar a cabo actividades sindicales y muchos otros han acabado siendo golpeados por matones.
En septiembre de 2012 un tribunal de Alejandría condenó a cinco dirigentes sindicales de la Compañía de Contenedores del Puerto de Alejandría a tres años de cárcel por dirigir una huelga de 600 trabajadores en octubre de 2011 [2]. Esta sentencia es la más dura contra un huelguista desde la época del presidente Anwar al-Sadat. El caso se encuentra en apelación.
Una amarga división
Desde el levantamiento contra el régimen de Mubarak se han formado unos mil nuevos sindicatos independientes de la Federación Egipcia de Sindicatos (FES) patrocinada por el Estado. Muchos de ellos están afiliados bien a la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes (FESI) o al Congreso Obrero Democrático Egipcio (CODE) creado después de que el Centro de Servicios para Sindicatos y Trabajadores (CSST) y los sindicatos de su órbita se separaran de la FESI en el verano de 2011. La división ha debilitado al incipiente movimiento sindical independiente.
Las explicaciones sobre las causas de la separación son diferentes. Es casi seguro que uno de los factores fue la fricción personal entre dos dirigentes carismáticos -Kamal Abbas, que ha sido coordinador general del CODE desde su fundación en 1990, y el presidente de la FESI, Kamal Abu Eita. ‘Abbas fue despedido por dirigir una huelga violentamente reprimida por la Seguridad del Estado, en la Compañía de Hierro y Acero de Hilwan, en 1989. Al ser la ONG que de manera más destacada se orientó a lo laboral en los siguientes 20 años, el CODE asumió de manera natural un papel de liderazgo en la FESI cuando ésta se creó. Abu Eita había conducido al avance que hizo del sindicalismo independiente una realidad -la creación del Sindicato de Inspectores Fiscales Municipales fuera del ámbito del FSE en 2008. [Abu Eita] tenía su propia historia de militancia política como miembro destacado del Partido Karama, que se escindió del partido naserista, legal en la época de Mubarak.
Más allá de las personalidades, Abu Eita y sus seguidores creían que era importante aprovechar el momento revolucionario para crear una federación de sindicatos independientes incluso antes de que emergiera una masa crítica de sindicatos independientes. Este movimiento, argumentaban, pondría los intereses de los trabajadores en la agenda política post-Mubarak. Abbas, de acuerdo con la antigua estrategia del CODE, creía en ir construyendo de abajo hacia arriba. No es que exista necesariamente una contradicción entre los dos enfoques. Pero hoy las dos federaciones y muchos de sus sindicatos constituyentes carecen de los recursos y de personal capacitado para aplicar cualquiera de las dos propuestas tan plenamente como quisieran.
En el ámbito local, muchos miembros de sindicatos afiliados a ambas federaciones cuentan con escaso conocimiento y experiencia previa en sindicalismo democrático. La Confederación Internacional de Sindicatos se ha comprometido a dar formación a varios centenares de sindicalistas miembros de ambas federaciones. Pero tal asistencia internacional es una cuestión delicada porque muchos nacionalistas egipcios se oponen a cualquier forma de intervención extranjera en la vida política y económica.
Después de un año de enfrentamientos casi siempre entre bastidores, cuatro figuras respetadas, incluido el ex ministro de Trabajo y Migración Ahmad Hasan al-Bura’i, decidieron mediar entre ambas federaciones. Al-Bura’i había dimitido en noviembre de 2011 en protesta porque el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se había negado a autorizar la Ley de «libertad sindical» que su Ministerio había redactado con las aportaciones de la FESI y el CODE. El resultado de la mediación fue un acuerdo de colaboración en un programa de cuatro puntos: la aprobación inmediata del proyecto de ley; libertad de acción sindical; la reincorporación de los despedidos por su actividad sindical; y un salario mínimo mensual de 1.200 libras egipcias, o unos 181 dólares (el mínimo actual es de 700 libras, o 105 dólares).
Pero la amargura por la división permanece. Algunos consideran como un paso positivo la formación, en octubre de 2012, del Frente Nacional para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Sindicales, con el apoyo de ambas federaciones y de la mayoría de las fuerzas políticas de la izquierda. Otros lo valoran como un intento de las ONG y de los partidos políticos de apropiarse de una iniciativa que ya estaba en marcha bajo la dirección de la FESI.
En la agenda
A pesar de las debilidades en el plano nacional, los distintos sindicatos independientes -de inspectores fiscales municipales, de profesores, de trabajadores del Metro y Autobuses de El Cairo, de obreros de la metalurgia, de cerámica, y de trabajadores portuarios- han organizado huelgas de alto perfil que han situado las reivindicaciones de libertad sindical de los trabajadores y los derechos de negociación colectiva en el epicentro de la agenda política de Egipto. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha apoyado la lucha por estos derechos, garantizados en los convenios de la OIT que Egipto ha ratificado pero que habitualmente incumple.
Los funcionarios públicos han participado igualmente en el movimiento de protesta. Los médicos se declararon en huelga del 1 de octubre al 21 de diciembre. Los médicos reivindican mejoras salariales, que se incremente el presupuesto del Ministerio de Salud, una revisión de sus operaciones y la mejora de la seguridad en los hospitales [3]. El desastroso estado de las instalaciones de salud pública ha llevado a las familias de algunos pacientes a desquitarse de sus frustraciones con personal hospitalario. Los médicos cuentan con un amplio respaldo popular a su programa. Sus acciones en el trabajo, sin embargo, fueron «suspendidas» hasta marzo de 2013, tras una agresiva intervención por parte de los Hermanos Musulmanes en el Colegio de Médicos (a menudo llamado Sindicato de Médicos).
Al inicio del año académico en curso, el sindicato independiente de maestros de escuelas públicas organizó protestas a nivel nacional por sus bajos salarios, por la masificación de las aulas y por el bajo presupuesto del Ministerio de Educación. Estas condiciones obligan a la mayoría de las familias de clase media a tener que pagar clases particulares. A cambio de honorarios adicionales, hay maestros de escuelas públicas que proporcionan a los estudiantes la información que necesitan para aprobar los exámenes. En algunas escuelas, los libros de texto están tan deteriorados y son tan escasos, y las condiciones de trabajo son tan precarias, que los maestros se sienten incapaces de enseñar. Los maestros se declararon en huelga a principios del año académico de 2011 por los mismos problemas. Sus reivindicaciones siguen sin verse satisfechas. Millones de familias se beneficiarían de la eliminación del sistema cuasi obligatorio de las clases particulares. Muchas de ellas apoyan a los maestros. Pero el sindicato de maestros afiliado a la FES, el mayor de los 24 sindicatos nacionales de la Federación, está dirigido por los Hermanos Musulmanes y no ha apoyado las protestas.
Junto al movimiento sindical independiente, trabajadores del sector público industrial, como los de las Compañías de Tabaco Oriental, del Aluminio Egipcio, y la enorme Compañía de Hilos y Textiles Misr, que emplea a un 20% de todos los trabajadores de la industria del sector público, están intentando tomar el control de sus sindicatos afiliados a la FES. Sus pensiones, el seguro médico y las vacaciones de verano subvencionadas están vinculados a su pertenencia a la FES. Abandonar la Federación gestionada por el Estado mientras ese vínculo siga consagrado por ley podría suponer una pérdida prohibitiva de ingresos que consideran que les pertenecen.
Los inspectores fiscales municipales, los maestros y otros funcionarios del Estado reciben menos beneficios por su afiliación sindical, por lo que su decisión de dejar la FES les comporta un coste menor. Irónicamente, los trabajadores que han luchado con más éxito por un trato decente dentro de la FES se encuentran ahora atrapados bajo su paraguas. Los sindicatos más fuertes de la FESI son los de los funcionarios que han sido peor tratados por la FSE.
Las protestas continuas del movimiento obrero tienen el potencial de bloquear el plan de reactivación de la estancada economía egipcia que los tecnócratas egipcios y el Fondo Monetario Internacional aprobaron a principios de noviembre de 2011. Este plan proporcionaría a Egipto un préstamo de 4,8 mil millones de dólares del FMI y potencialmente hasta 5 mil millones en ayudas de la Unión Europea, y 1,4 mil millones en ayudas y garantías financieras de Estados Unidos (además de su ayuda militar anual de 1.3 mil millones de dólares). Las condiciones del FMI para conceder el préstamo, sin embargo, significarían precios más altos para los bienes de consumo, especialmente alimentos, así como nuevos impuestos sobre las ventas y recortes en el número de funcionarios estatales. Este programa de austeridad agravaría probablemente el desempleo, oficialmente situado en la actualidad en un 12%, y la inflación, actualmente alrededor de un 10% anual.
En consecuencia, la aplicación del plan del FMI quedó suspendida tras la inesperada oposición popular el 22 de noviembre pasado al decreto constitucional del presidente Mursi por el que se otorgaba a sí mismo poderes casi dictatoriales. Mursi había prometido que no se vincularía «ninguna condición» al préstamo del FMI a pesar de la conocida trayectoria de estipulaciones de ese tipo en los paquetes del FMI para Egipto y para otros lugares. [Mursi] no tiene un mandato para llevar a cabo un programa de austeridad que será impopular y muy probablemente aumentará el número de huelgas y protestas de los trabajadores.
De vuelta a la «Lista negra»
La motivación principal del decreto de 22 de noviembre era bloquear que el Tribunal Constitucional Supremo disolviera la Asamblea Constituyente y el Consejo de la Shura, la cámara alta del Parlamento. Tal resolución judicial habría impedido el referéndum sobre el proyecto de Constitución y obligó a la designación de una Asamblea Constituyente más representativa. Pero otra razón importante para el decreto era reprimir las protestas laborales. Los artículos 3 y 4 de una Ley «de protección de la revolución», emitida por el presidente de conformidad con sus nuevos poderes, creó una fiscalía especial con jurisdicción sobre delitos como la participación o la incitación a la huelga. El CODE denunció intensamente esta ley [4]. Aunque la mayoría de los poderes que Mursi se abrogó el 22 de noviembre quedaron anulados posteriormente debido a las protestas populares, dicha ley sigue en vigor.
Casi inadvertido también en las revueltas provocadas por el decreto 22 de noviembre, pasó el Decreto 97, de 25 de noviembre de 2012, que modificaba la ley que regula los sindicatos. Elimina a todos los miembros de la junta directiva de la FES de más de 60 años de edad. Serán reemplazados por los candidatos que recibieron los segundos mayores votos en las elecciones sindicales nacionales de 2006. La mayoría consideró esas elecciones particularmente fraudulentas. Los oficiales de la Seguridad del Estado prohibieron presentarse a miles de sindicalistas de la oposición, de manera que centenares de candidatos no tuvieron oposición. El decreto autoriza que el nuevo ministro de Trabajo y Migración, Jalid al-Azhari, miembro del Partido Justicia y Libertad, de los Hermanos Musulmanes, designe a los sustitutos de las vacantes sindicales.
Esta medida podría acabar instalando al frente de los sindicatos integrantes de la FES al menos a 150 personas designadas por los Hermanos Musulmanes [5]. Ya se ha organizado la junta directiva. Abd Ahmad al-Zahir, incondicional de Mubarak, ha sido reemplazado como presidente por al-Gibali al-Maraghi, un joven miembro de la vieja guardia de la FES. Yusri Bayyumi, el más relevante de los escasos sindicalistas de los Hermanos, y considerado como simpatizante de las reivindicaciones de los trabajadores, ha sido nombrado tesorero de la FES. Sólo hay tres defensores del sindicalismo independiente entre los 24 miembros de la junta directiva.
El 24 de diciembre el presidente al-Mursi nombró a al-Maraghi miembro del Consejo de la Shura. Lo sindicalistas independientes y otros sospechan que este nombramiento es la recompensa a al-Maraghi por haber aceptado trabajar con los Hermanos Musulmanes [6]. Al-Maraghi es el único representante de los trabajadores en la cámara alta del Parlamento dominada por los islamistas, que tiene plenos poderes legislativos hasta que se celebren las elecciones a la cámara baja. En principio, esas elecciones deben celebrarse a más tardar dos meses después de la certificación del referéndum constitucional, es decir, el 26 de febrero. Sin embargo, la prensa egipcia viene señalando la fecha de las elecciones para marzo.
El Consejo de la Shura ya ha comenzado a redactar una ley que restringe las huelgas y las manifestaciones. El texto completo no está disponible según redactamos este escrito. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos, el Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales y la FESI ya han condenado aspectos de la ley que se han filtrado, alegando que se basan en la muy restrictiva Ley 14, de 1923, que data de la iniciativa británica de reprimir el levantamiento de 1919 contra la ocupación de Egipto. Puede que el Consejo de la Shura no tenga tiempo de promulgar esta legislación ya que el Tribunal Constitucional Supremo tiene pendiente una vista que desafía la legitimidad de su elección. El Tribunal debía pronunciarse sobre este caso el 15 de enero pero postergó su decisión para realizar nuevas consultas. Cualquiera que sea el desenlace de este episodio, se confirma la orientación anti obrera del liderazgo de los Hermanos Musulmanes.
Los Hermanos colaboran con remanentes del régimen de Mubarak en la burocracia de la FES. Sus intereses comunes son mantener el control sobre una entidad relativamente rica y contener (y quizá hacer retroceder) el crecimiento del sindicalismo independiente. Al igual que en otros centros de poder, los Hermanos han buscado acomodo con el aparato de la era de Mubarak en lugar de eliminarlo o reformarlo de otros modos. La estabilidad de esta alianza es incierta.
El Decreto 97 establece asimismo los términos de los cargos públicos de los sindicatos durante seis meses o hasta las próximas elecciones de la FES, lo que ocurra primero. Hermanos Musulmanes designados y burócratas de la vieja guardia de la FES supervisarán las elecciones, probablemente permitiéndoles mantener el control en las esferas superiores de la organización. Jalid Ali, director del Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales y ex candidato presidencial, espera, sin embargo, que los independientes ganen en muchos comités sindicales a nivel de empresa [7].
Los sindicalistas independientes se oponen enérgicamente al Decreto 97. El 28 de noviembre, el CODE organizó una conferencia bajo el lema «No a la Hermanonización de los sindicatos». Kamal Abbas dijo a los presentes: «Rechazamos la Ley de Mursi no porque defendamos a los mayores de 60 años, sino porque la norma organizativa no permite que ocupe sus puestos más que gente corrupta» [8].
La Constitución que entró en vigor el 26 de diciembre 2012 pone en peligro a los sindicatos independientes y al movimiento obrero. El artículo 52 establece: «[…] La libertad de crear sindicatos y cooperativas es un derecho garantizado por la ley». Pero la legislación existente a la que se refiere este artículo es la Ley 35, de 1976, que otorga a la FSE el monopolio de la organización sindical. El artículo 52 también permite la completa disolución de los sindicatos y de sus juntas directivas por orden judicial. Los artículos 63 y 70 parecen permitir ciertas formas de trabajo forzoso y el trabajo infantil, lo que violaría los convenios de la OIT que Egipto ha ratificado. El artículo 14 vincula los salarios a la producción pero no menciona los precios, y por lo tanto podría exacerbar la desigualdad durante los períodos de inflación, como ocurre en la actualidad.
Ahmad Hasan al-Bura’i declaró que la Constitución viola los convenios 87 y 98 de la OIT referidos respectivamente a la libertad de asociación y al derecho a organizarse y negociar colectivamente, y que Egipto ha ratificado. [9]. Por lo tanto, como ocurrió en los últimos años de la era Mubarak, Egipto podría volver a ser colocado en la lista de «casos especiales» de la OIT a la que los defensores egipcios del sindicalismo democrático apodan como la «lista negra».
Los trabajadores y la política nacional
El futuro del sindicalismo y de los derechos de los trabajadores en Egipto, al igual que el de muchos otros temas políticos y económicos, sigue siendo controvertido. Los trabajadores industriales se opusieron a la Constitución sólidamente aunque no de manera unánime. En el referéndum, el voto del no ganó en El Cairo, donde se ubican muchos distritos con fábricas, y en el distrito de Gharbiyya, sede de [la Compañía] Hilos y Textiles Misr.
Los trabajadores no han sido actores principales de la arena política nacional en la era post-Mubarak. Desconfían de la intelectualidad cairota y de sus partidos políticos, y no cuentan con una organización nacional autónoma eficaz. No obstante, las protestas laborales se intensificarán probablemente a medida que Mursi aplique el acuerdo con el FMI. Unos días después del referéndum constitucional se anunció el aumento de precios de una larga lista de bienes de consumo y de producción [10].
Decenas de miles de «teleadictos» que antes no estaban politizados, junto a muchos veteranos de la acampada de la plaza Tahrir participaron en las manifestaciones militantes convocadas por el Frente de Salvación Nacional en contra el decreto presidencial del presidente Mursi de 22 de noviembre, y contra el proyecto de Constitución. Puede que se sigan movilizando o no en contra de los partidos islamistas en las próximas elecciones parlamentarias. Muchos de los partidarios del Frente esperan que concurra a esas elecciones como un bloque de oposición unificado aunque aún no se ha anunciado ninguna decisión de unidad.
Las celebridades del frente -el ex ministro de Relaciones Exteriores, Amr Musa, los dirigentes liberales del Partido de la Constitución y del Partido Wafd, Muhammad El-Baradei y al-Sayyid al-Badawi, el presidente del Partido Social Demócrata, Muhammad Abu al-Ghar, y Hamdin Sabbahi, presidente del partido Corriente Popular Naserista- tienen poco en común más allá de su oposición a los Hermanos Musulmanes y a los salafistas. Ninguno de ellos ha puesto mucha energía en crear bases de apoyo entre los trabajadores.
El partido de la Alianza Popular Socialista (APS), miembro también del Frente, cuenta con el apoyo obrero de Jalid ‘Ali, Wa’il Gamal, Abu al-‘ Izz al-Hariri y ‘Abd al-Ghaffar Shukr, así como la vicepresidenta de la FESI, Fátima Ramadan. Se han ganado la confianza de importantes sectores obreros a lo largo de años de duro trabajo y de un compromiso constante con sus intereses. Sin embargo, la APS es con diferencia la formación más minoritaria del Frente. Jalid Ali ‘(que se presentó como independiente antes de unirse a la APS) recibió 135.000 votos (0,58%) en la primera ronda de las elecciones presidenciales, y al-Hariri obtuvo 40.000 votos (0,17%), sólo el comienzo de una base electoral.
Por el contrario, el naserista Hamdin Sabbahi consiguió un sorprendente tercer puesto, con 4,8 millones de votos (20,7%). Su colega, el presidente de la FESI, Abu Eita, fue uno de los pocos sindicalistas elegidos para el primer Parlamento post-Mubarak. El triunfo electoral de Sabbahi le llevó a remodelar buena parte del Partido Karama en lo que se esperaba diera lugar a una formación más amplia, la Corriente Popular [naserista]. El naserismo es popular entre los trabajadores del sector público debido a la memoria de Gamal Abdel Naser y a pesar de que sus herederos han alcanzado de vez en cuando acuerdos con los opositores más acérrimos de Naser. En las elecciones parlamentarias de 2011, la Corriente Popular (entonces todavía Karama) formó una lista conjunta con el Partido Justicia y Libertad de los Hermanos. Esa alianza está muerta debido a la aceptación por parte del FMI y de sus políticas neoliberales, pero revela quizá lo resbaladizo del populismo naserista.
En octubre de 2012, Sabbahi, la APS y varias ONG lanzaron una campaña para que se cancelen los 35 mil millones de dólares de la deuda externa egipcia (concertadamente con campañas similares en Latinoamérica). La reivindicación es justa pero aunque se pueda lograr llevará mucho tiempo. Del mismo modo, la propuesta de Sabbahi de un impuesto del 20% sobre la riqueza del 1% en una sola vez, y el aumento de las tasas sobre los bienes inmuebles y sobre las transacciones bursátiles, son ideas que atraen popularmente. Los ingresos resultantes aliviarían de hecho la deuda interna del gobierno. Pero no sería suficiente para financiar a largo plazo el desarrollo económico y para reconstruir los sistemas públicos de sanidad y educación.
Sabbahi y la mayor parte de los defensores de la izquierda egipcia abogan por re-nacionalizar las empresas públicas que fueron privatizadas bajo Mubarak. Una de esas empresas, la Compañía de Accesorios de Vapor, ha regresado al Estado, que no la quiere (los Hermanos Musulmanes son partidarios del libre mercado). El gobierno ha recurrido las resoluciones judiciales que dictan la re-nacionalización de otras cuantas. Sabbahi propone ampliar el sector público para crear puestos de trabajo.
La re-nacionalización tiene el eco de la nostalgia por la relativa seguridad económica y social de la época de Naser, un sentimiento que floreció en 2012. Pero el «socialismo árabe» de Naser, a pesar de sus innegables logros, resultó insostenible. En 1964 el crecimiento del PIB de Egipto cayó estrepitosamente produciéndose una deuda externa y una crisis de divisas. Economistas como Samir Radwan, quien fuera por breve tiempo ministro de Finanzas en 2011, estableció estos hechos hace casi 40 años. Egipto recurrió por primera vez al FMI para obtener asistencia en 1966. Naser rechazó finalmente el «programa de fondo de estabilización» que proponía el FMI porque consideró su exigencia de recortes en los subsidios a los productos básicos demasiado desestabilizadores políticamente. La crisis del socialismo árabe antes de la guerra árabe-israelí de 1967 (no como resultado de ella, como suelen afirmar los naseristas) sugiere que un regreso a aquellas políticas no es el remedio para los males económicos de Egipto.
Antes de finales de 2012 se puso a prueba la estabilidad del Frente de Salvación Nacional como formación política. Al revelar la compatibilidad esencial de las políticas del régimen de Mubarak y las de los Hermanos Musulmanes, excepto en lo relativo al papel del Islam en la sociedad, Amr Musa emitió un programa de cinco puntos para una tregua política de un año entre la oposición y el presidente Mursi. Propuso la formación de un gabinete de emergencia integrado por representantes de todas las corrientes políticas y dirigido por Mursi (que podría estar diseñado para evitar el nombramiento que se rumorea de Jayrat al-Shatir, hombre fuerte de los Hermanos Musulmanes, como primer ministro), solicitar una moratoria en las huelgas laborales; respetar el derecho a manifestarse pacíficamente; formar un comité de expertos constitucionales para revisar los artículos controvertidos de la Constitución recientemente aprobada, y permitir que el gobierno de emergencia examine las conclusiones de la comisión.
La APS denunció la oferta de Musa de suspender las huelgas por «arrogante», pues «ignora el hecho de que las causas de las protestas y las huelgas de los trabajadores son las humillantes condiciones laborales, los salarios bajos y el aumento diario de los precios… y se somete a la política de las autoridades gobernantes que favorecen a los ricos». Adoptar tal propuesta supondría tomar «el camino más corto para desmontar el Frente», declaraba un comunicado de la APS emitido el 2 de enero. Este análisis es correcto solo parcialmente.
Muchos sectores de la elite y de las clases medias y altas considerarían atractivo el plan de Musa. Obtuvo más del 11% de los votos presidenciales en la primera vuelta, y no hay razón para creer que haya perdido ese apoyo. Al-Sayyid al-Badawi y el Wafd, de orientación empresarial, también lo apoyarían. Muchos trabajadores, sin embargo, rechazarían la propuesta de no hacer huelgas de Musa. Si llegara a adoptarse de algún modo, no habría otra manera de imponerla a los trabajadores más que por la fuerza bruta. No cuentan con una dirección unificada que hable por ellos. Prácticamente todas las huelgas y acciones colectivas son ilegales y están encabezadas por dirigentes locales.
Teniendo en cuenta las contradictorias orientaciones económicas y políticas de los partidos que integran el Frente, su capacidad para ir juntos a las próximas elecciones parlamentarias está en entredicho. Si perdura, puede o no reproducir las proyecciones electorales de Sabbahi y Musa, que son quienes ganaron un tercio de los votos en la primera vuelta de las presidenciales. En el mejor de los casos, el Frente se enfrenta a importantes obstáculos.
Sabbahi, Mussa y al-Badawi son figuras de la era de Mubarak. Como la propuesta de tregua de Musa indica, él, al igual que los otros, no han superado el estilo político jerarquizado, centralizado, menos que transparente y paternalista de esos años. La ausencia de mujeres en la dirección del Frente y su silencio sobre la cuestión del acoso sexual, que se ha convertido en una plaga 24/7 en el centro de El Cairo, es un síntoma de su incapacidad para hacer frente a las urgentes necesidades de sectores populares esenciales. Si el Frente de Salvación Nacional no hace frente a ese reto, la lucha por el futuro de Egipto se llevará a cabo en los lugares de trabajo y en las calles.
Nota del autor: Gracias a Dina Bishara y Ahmad Shokr por las útiles conversaciones y comentarios a una versión anterior de este artículo.
Notas:
[1] Las e stadísticas de 2000, 2011 y 2012 han sido recopiladas por diferentes ONG, utilizando métodos ligeramente diferentes para clasificar las huelgas, las ocupaciones de fábricas y otras formas de acción colectiva. Todo depende de los informes de los medios de comunicación, que no constituyen una fuente totalmente exacta. Aunque la precisión de las cifras sea cuestionable, la magnitud es casi con seguridad correcta.
[2] Egypt Independent, 15 de octubre de 2012.
[3] Egypt Independent, 21 de diciembre de 2012.
[4] Al-Yawm al-Sabi’, 23 de noviembre de 2012.
[5] Dina Bishara, «Egyptian Labor Between Mursi and Mubarak,» Foreign Policy, 28 de noviembre de 2012.
[6] Al-Watan, 25 de diciembre de 2012.
[7] Entrevista con Jalid ‘Ali, El Cairo, 25 de diciembre de 2012.
[8] Wikalat Anba’ al-‘Ummal al-‘Arab, 29 de noviembre de 2012.
[9] Al-Shuruq, 22 de diciembre de 2012.
[10] Al-Watan, 25 de diciembre de 2012.
Fuente original: http://www.merip.org/mero/mero011813