Con bastante bombo y platillo, el gobierno de Donald Trump acaba de anunciar la aplicación parcial del Título III de la ley Helms-Burton, la cual fue aprobada en 1996 para normar las sanciones contra Cuba. Imagino que mucha gente no tiene idea de en qué consiste el dichoso título. Intentar explicarlo en toda su complejidad […]
Con bastante bombo y platillo, el gobierno de Donald Trump acaba de anunciar la aplicación parcial del Título III de la ley Helms-Burton, la cual fue aprobada en 1996 para normar las sanciones contra Cuba.
Imagino que mucha gente no tiene idea de en qué consiste el dichoso título. Intentar explicarlo en toda su complejidad requeriría de una historia demasiado larga, por lo pronto basta decir que autoriza a personas de origen cubano, que hayan obtenido la ciudadanía norteamericana, a reclamar en las cortes de ese país las propiedades que le fueron confiscadas durante los primeros años de la Revolución, así como amenaza con sancionar a entidades extranjeras que hagan negocios en Cuba ignorando estas reclamaciones.
La arbitrariedad radica en que las cortes norteamericanas no tienen autoridad sobre ninguno de estos actores. Otra cosa son las propiedades extranjeras, norteamericanas o de otros países, que gozan de un tratamiento distinto y cuya nacionalización es objeto legítimo de negociaciones entre los estados. Cuba resolvió estas disputas con todos los países reclamantes, salvo Estados Unidos, aunque durante el gobierno de Barack Obama se iniciaron este tipo de negociaciones, las cuales, al menos formalmente, no han concluido.
Aplicar el Título III significa reconocer derechos retroactivos a personas que no eran norteamericanos en el momento en que sus propiedades fueron intervenidas, lo que establece un precedente legal de incalculables consecuencias para la legislación norteamericana, así como desconocer el derecho soberano de Cuba, o de cualquier país, para actuar dentro de sus fronteras. También, la ya no tan insólita prerrogativa unilateral de Estados Unidos de perseguir a terceros a partir de sus leyes extraterritoriales.
La razón por la que este título no fue aplicado por ninguna administración hasta la fecha, es precisamente porque constituye una flagrante violación del derecho internacional y muchos gobiernos reaccionaron en su contra, hasta el punto de llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio.
También porque implica un problema tremendo para las cortes norteamericanas, las cuales se verán inundadas de casos extraños, para los cuales no tienen la capacidad práctica de legislar con real conocimiento de causa, ni obligar al cumplimiento de la sanción, si ésta llegara a tomarse.
¿Entonces por qué lo hace este gobierno?
Porque nos tiene acostumbrados a actuar desde la prepotencia, con escaso respeto por el derecho internacional y las relaciones con otros países, incluyendo a sus aliados. Aunque vale decir que con el fin de evitar conflictos en un momento donde requieren sostener la alianza contra Venezuela, en este caso se anuncia la aplicación de una variante limitada, donde solo pueden ser objeto de reclamación las empresas cubanas previamente incluidas en «listas restringidas», debido a su vinculación con las fuerzas armadas o las instituciones de seguridad cubanas.
También porque a Trump solo le interesa las elecciones del 2020 y de esta manera pretende reforzar el voto de la derecha cubanoamericana en la Florida, un sector que se siente estimulado por la política de esta administración contra Cuba.
Más importante aún, esta política refleja el renacer de lo más reaccionario de la corriente neoconservadora en Estados Unidos, que muchos consideraban muerta después de los fracasos de principios de siglo, pero que ahora ocupa puestos clave en el diseño e implementación de la política exterior de Estados Unidos. En el caso de Cuba, no deja de llamar la atención que no solo se repiten los esquemas, sino que prácticamente son las mismas caras de los protagonistas de hace 20 años.
Pero han cambiado mucho los tiempos en que, finalizada la guerra fría con la implosión de la Unión Soviética, la mayor parte de la gente daba por hecho que la Revolución Cubana no sería capaz de sobrevivir y Estados Unidos asumía que tenía un cheque en blanco para imponer su política en cualquier parte del mundo.
Incluso, considerando la incapacidad de ese gobierno para imponer las nuevas disposiciones, algunos analistas consideran que tienen un valor más simbólico que práctico y no son otra cosa que un nuevo ejercicio demagógico de Donald Trump, para vender su imagen de tipo duro contra el socialismo.
Pero ello significa subestimar la importancia del bloqueo económico en la política norteamericana contra Cuba y su impacto en la realidad nacional. Lo que ahora se aplica contra Venezuela, en la esperanza de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, se viene aplicando contra Cuba hace 60 años y ha impedido el pleno desarrollo económico del país. No es poca cosa que baste que se anuncien nuevas sanciones norteamericanas, para que muchos potenciales inversionistas o comerciantes decidan no involucrarse en el mercado cubano.
También las nuevas medidas tienen el efecto de complicar las negociaciones respecto a las reclamaciones económicas de ambas partes, un aspecto muy importante en el proceso de normalización de relaciones entre los dos países de cara al futuro.
El problema para Estados Unidos es que, como dijo Barack Obama, esta política ha fracasado en su propósito de derrocar al gobierno cubano y tiene un costo para la credibilidad del país y sus relaciones en la arena internacional. A Trump le importan poco estas consecuencias, por eso constituye una hipoteca para su nación.
Fuente: http://progresosemanal.us/20190307/una-politica-fallida-contra-cuba/