Una vez más Israel ha demostrado que respetar la legalidad internacional es algo que no va con ellos. Más allá de si el ataque contra la flotilla se ha producido en aguas internacionales, violando una vez más las normas, o en las aguas gazatíes que el Estado sionista ocupa y bloquea ilegalmente, lo cierto es […]
Una vez más Israel ha demostrado que respetar la legalidad internacional es algo que no va con ellos. Más allá de si el ataque contra la flotilla se ha producido en aguas internacionales, violando una vez más las normas, o en las aguas gazatíes que el Estado sionista ocupa y bloquea ilegalmente, lo cierto es que el Ejército israelí ha atacado mediante la fuerza una caravana pacífica que se dirigía a Gaza para denunciar el criminal bloqueo al que el Estado sionista somete a la población de ese territorio palestino.
Israel ahora tratará de justificar el ataque pirata que acaba de llevar a cabo. Escucharemos versiones como que tenía que comprobar que esa flota no llevaba armas a Hamas, que sus pobrecitos soldados fueron atacados cuando abordaron ilegalmente el barco o que es falso que la situación que vive la población de Gaza sea de emergencia humanitaria y que esa denuncia únicamente responde a propaganda antisionista e islamista.
Una vez más lo cierto es que Israel ha actuado contra la legislación internacional sabiendo que está amparada por la impunidad que le otorgan los estados occidentales, liderados por su incondicional aliado, EEUU.
La esperanza es que en esta ocasión, por una vez, Israel reciba el castigo que le corresponde por atentar contra la legislación internacional. Puede que esta vez Israel haya mordido un bocado más grande del que pueda tragar al atacar un barco turco, un estado cuyo liderazgo como referente entre la población musulmana está creciendo en los últimos tiempos -como demuestra el reciente acuerdo nuclear con Irán- y cuyos habitantes veían con malos ojos la hasta ahora cordial relación que mantenía con el Estado sionista.
Del mismo modo, en los países occidentales, la población civil tiene la responsabilidad de presionar a sus dirigentes, los mismos que acaban de aceptar a Israel como miembro de la OCDE, de que castiguen al Estado sionista. Israel no puede ser considerado como un Estado democrático mientras conculque los derechos humanos del pueblo palestino y realice ataques indiscriminados como el que acaba de realizar. La única respuesta posible es que los estados sancionen a Israel. A los ciudadanos nos queda la movilización para reclamar estas medidas y reforzar el boicot a Israel.