Aquella mañana había quedado con la directora del Centro escolar para visitarlo a primera hora. Me recibió muy amablemente y lo primero que hizo fue acompañarme a una de las clases para que pudiera hablar con el profesorado. Cuando abrió la puerta de la clase me quedé completamente anonadado. Un grupo de 15 alumnos y […]
Aquella mañana había quedado con la directora del Centro escolar para visitarlo a primera hora. Me recibió muy amablemente y lo primero que hizo fue acompañarme a una de las clases para que pudiera hablar con el profesorado. Cuando abrió la puerta de la clase me quedé completamente anonadado. Un grupo de 15 alumnos y alumnas y tres profesoras trabajando en el aula, en grupos, en torno a proyectos y con una cantidad ingente de materiales educativos y recursos didácticos y tecnológicos. Le pregunté extrañado por aquel grupo que consideré «especial», viendo los recursos y todo el personal docente que desempeñaba su labor simultáneamente. Me miró sorprendida y me respondió que era bastante habitual el trabajo de esta forma en los centros escolares de Malmö, Suecia.
Esta mañana, hablando con cuatro de mis alumnas, Clotilde, Bea, Lucía y Rocío, en el Máster de Orientación Educativa de la Universidad de León, algunas de las cuales han trabajado en diversos centros educativos, me afirmaban inicialmente con rotundidad: «No se puede». No se puede aplicar la inclusión en los centros educativos, exponían convencidas. No se puede desarrollar medidas de atención a la diversidad, realmente inclusivas, en las aulas.
Estábamos debatiendo el caso de Rubén, un niño con síndrome de Down, que estuvo integrado desde infantil en un colegio público ordinario con apoyos educativos, y que desde hace cuatro años no va a la escuela porque su familia insiste en que siga escolarizado en un centro ordinario y no en un colegio de educación especial, como ha determinado la Administración educativa. La Administración asegura que «no nos podemos saltar la norma» y que la última oferta que hicieron fue «la escolarización de Rubén en un aula especial de un instituto ordinario».
El caso de Rubén plantea el derecho a la educación -que es de los menores- y el derecho a la integración educativa de las personas con diversidad, recogida en la Convención de la ONU firmada en 2006, y ratificada por España en 2008. Ésta dice que «los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles». Pero las investigaciones y estudios desarrollados durante los últimos 25 años han demostrado que, sin los apoyos adicionales y sin los recursos adecuados, la integración real no llega a producirse en los centros ordinarios, de tal manera que las familias y el alumnado acaban viéndose obligados a terminar en centros separados de educación especial porque los perciben como menos traumáticos y hostiles.
Mis alumnas llegaron a la misma conclusión evidente: sin recursos y medios, no es posible la inclusión educativa. Con grupos de 25 y 30 alumnos y alumnas no es posible que el profesor o la profesora atiendan realmente la diversidad. Cuando se tarda en suplir a un docente 15 días, no es posible un programa educativo coherente y continuado, y menos aún que tenga en cuenta los niños y niñas con necesidades educativas. Cuando se han recortado 32.801 profesores y profesoras de enero de 2012 a julio de 2013 para 55.000 alumnos y alumnas más, dejando las aulas abarrotadas, es imposible la educación personalizada. Cuando se han suprimido medidas de atención a la diversidad, se han recortado o suprimido becas al estudio, de libros, de comedor, de transporte, etc., se hace imposible casi la educación sin más.
La inclusión supone adaptar el sistema educativo, los centros y sus recursos, a las necesidades de los niños y niñas con diversidad. No al revés. Esa es la teoría que se sabían mis cuatro alumnas. Pero se han dado cuenta que es la economía neoliberal la que manda en los gobiernos que han dirigido la educación en estos años. Y es en función de una infraestructura económica subdesarrollada como se ha venido determinando la organización, los recursos y el funcionamiento de los centros educativos. Que se pactó entre PP y PSOE pagar antes los intereses de los banqueros alemanes y franceses que las necesidades en educación, sanidad o servicios sociales. Artículo 135 de la Constitución dixit. Y el dinero que la nueva LOMCE destina, es para los programas de excelencia, bilingüismo, iniciativa empresarial o la rechazada FP Básica. La diversidad, la inclusión, no parece interesar a la política educativa neoliberal.
Pero mis alumnas, Clotilde, Bea, Lucía y Rocío, se dieron cuenta de algo más. Algo que suele pasar habitualmente desapercibido. Analizando su propio punto de partida, cuando comenzaron a estudiar el caso de Rubén. Fueron conscientes de que partían de un postulado asumido por las cuatro: «no se podía». No era «realista» apostar por la inclusión actualmente. Llegaron así a la conclusión de que la infraestructura económica que ha decidido Wert, y la lógica neoliberal, había influido tan poderosamente en su imaginario, en su horizonte mental, que había determinado, en buena parte, también su incapacidad para pensar que «sí se puede». Cuando les conté lo que yo había vivido en Suecia, empezaron a cuestionar su propio horizonte mental y a decir, «es que así, sí se puede». Claro que se puede. Que es una cuestión de decisión política. De a qué prioridades se destinan los recursos públicos, los que aportamos todos y todas con nuestros impuestos. A rescatar bancos y autopistas, o a educación y sanidad.
Se dieron cuenta de que es necesario salirse del laberinto mental al que nos somete la lógica neoliberal. Pensar que sólo es posible lo que nos determinan quienes deciden los límites del laberinto. Que es posible ir más allá. Que debemos ser conscientes de que estamos inmersos en una lucha no sólo económica, de saqueo financiero y especulativo, sino también en una lucha ideológica que nos define los límites de lo pensable y coloniza el sentido común de tal forma que nos impide imaginar otra educación posible. Acabamos la clase recordando un lema del 15M: el maestro y la maestra luchando, también está enseñando.
Hoy reaprendí en clase que luchar contra los recortes de Wert en Educación, supone estar luchando también por la inclusión. Porque si no hay recursos, no es posible una inclusión real y efectiva en los centros. Y hemos vivido un recorte del 23% de la inversión en Educación desde que Wert está al frente de esta cartera, 7.000 millones de euros menos en los últimos cinco años. El porcentaje del PIB destinado a educación ha bajado hasta el 4,37% y Rajoy se ha comprometido con la UE a recortarla hasta dejarla en el 3,9%, volviendo a niveles de 1987. Mientras que la media de la UE es el 5,25% y los países punteros llegan al 7% del PIB.
El problema es que este modelo no sólo supone un desgaste brutal para el profesorado, que se ve desbordado y en tensión constante, incapaz de atender la diversidad y ejercer su función, con clases abarrotadas y el tiempo intensificado hasta límites insostenibles, sino que el alumnado con diversidad acaba viéndose excluido de ese ritmo frenético y sin posibilidad de apoyo individualizado, siendo relegado a una progresiva espiral descendente y cada vez más alejada de sus compañeros y compañeras de curso, y el resto del alumnado -así como buena parte del profesorado- acaba percibiendo la diferencia y la diversidad, no como una oportunidad de enriquecimiento, aprendizaje y convivencia, sino como un trastorno adicional y engorroso, en un ambiente de presión por la excelencia y el mérito que es el que se exalta con este modelo. Un modelo de educación que nos hace a todos y todas más infelices y que no nos ayuda a aprender a construir un mundo más justo y mejor. Si la educación que tenemos no sirve para esto, debemos aprender a pensar otra educación posible y necesaria.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU
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