Ocurrió la mañana del nueve de agosto; más de un centenar de inmigrantes de Somalia y Etiopía -con una media de edad de 16 años- tuvieron que saltar al mar, forzados por un traficante de personas cerca de la costa de Shabwah, en Yemen, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pese a la […]
Ocurrió la mañana del nueve de agosto; más de un centenar de inmigrantes de Somalia y Etiopía -con una media de edad de 16 años- tuvieron que saltar al mar, forzados por un traficante de personas cerca de la costa de Shabwah, en Yemen, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pese a la guerra que diezma este país de la Península Arábiga, los refugiados aspiran a una vida mejor en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Kuwait. Las tumbas de una treintena de los migrantes aparecieron en una playa de Shabwah, mientras que otros 22 continuaban desaparecidos. La OIM calcula que entre enero y agosto de 2017 cerca de 55.000 migrantes -jóvenes provenientes sobre todo de Somalia y Etiopía- han huido del Cuerno de África con destino a Yemen.
Con una población de 27,4 millones de habitantes, Yemen es el país con menor renta per cápita del mundo árabe. Desde el 25 de marzo de 2015, cuando una coalición de diez países liderados por Arabia Saudí -con el plácet de Estados Unidos- inició los bombardeos, Yemen vive una tragedia humanitaria al margen de buena parte de la opinión pública mundial. El pasado uno de agosto Naciones Unidas advirtió que 20 millones de yemeníes (el 70% de la población) requiere ayuda humanitaria; además, cerca de dos millones de niños padecen desnutrición aguda. «El país se halla al borde de la hambruna», señaló el responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Yemen, Auke Lootsma. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha facilitado recientemente el último balance sobre el cólera: más de medio millón de contagios, y cerca de 2.000 muertes, desde que la epidemia comenzara a propagarse a finales de abril. La situación se agrava por el hecho de que 14,5 millones de yemeníes continúan sin acceso al agua potable y al saneamiento; asimismo carecen de medicamentos básicos y 30.000 trabajadores de la salud llevan un año sin percibir su salario.
El analista internacional Carlos Martínez pone el acento en la situación de la población refugiada, atrapada en un país cuyas fronteras naturales vienen delimitadas por Arabia Saudí (país que encabeza los ataques), Omán y tanto el Mar Arábigo como el Golfo de Adén y el Mar Rojo. «En Yemen hay más de tres millones de desplazados desde el inicio del conflicto», resalta el activista. ACNUR informó el pasado 19 de julio de un grave suceso ocurrido en Mawza, distrito de una provincia, Taizz, de la que proceden más de 500.000 desplazados. Como consecuencia de un ataque aéreo, murieron al menos una veintena de personas refugiadas. Las víctimas civiles (más de 13.000 entre muertos y heridos desde que empezara la guerra, según Amnistía Internacional) aumentan a diario. El cuatro de agosto la Agencia Efe informó de que nueve personas -entre ellas, cuatro menores- de la misma familia murieron como consecuencia de los bombardeos al sur de la ciudad de Saada; la información atribuye los ataques a la alianza militar liderada por Riad, «que apoya al Gobierno de al-Hadi frente a los chiítas hutíes, leales al expresidente Saleh; estos a su vez han recibido el respaldo de Irán», subraya el analista.
Martínez recuerda episodios anteriores al actual conflicto, como los tres atentados suicidas de Al Qaeda en la provincia de Shabwa, en septiembre de 2013. Murieron al menos 60 soldados y policías, y se registraron 38 heridos. Ya en 2015, pocas fechas antes de que la casa de Saud y sus aliados comenzaran los ataques en Yemen, tres terroristas del Estado Islámico se suicidaron en dos mezquitas de la capital del país, Sana, mientras se estaban celebrando las oraciones; el atentado se saldó con 142 muertos y 300 heridos.
Hoy, apunta Carlos Martínez, «los informativos de la televisión no ‘abren’ con el impacto de las bombas en escuelas, hospitales, mercados, viviendas e infraestructuras; ni los periódicos con las víctimas civiles». El analista añade que se sustrae parte del contexto a las informaciones, como que la zona sur del Yemen contó, desde 1967 y durante más de dos décadas, con un gobierno socialista en la República Popular de Yemen del Sur. El entonces gobernante Partido Socialista de Yemen (PSY) es actualmente una formación socialdemócrata, que se sitúa en la oposición. En cuanto a los silencios atronadores y al cruce de intereses mediáticos con el de las potencias atacantes, el analista y activista pone la atención en el Reino de Qatar, uno de los aliados de primera hora junto a Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait. En febrero de 2015 el grupo Prisa, empresa editora del periódico El País, anunció una ampliación de capital por valor de 75 millones de euros. Suponía, en la práctica, que el dinero del sultán de Qatar Ghanim Alhodaifi al Kuwari corría en auxilio del periódico global, tras las pérdidas milmillonarias del grupo en el ejercicio anterior.
Los hospitales también han sido pasto de las bombas. En agosto de 2016 Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que las bombas de la coalición sobre el hospital de Abs, en la gobernación de Hajjah, al noroeste del país, causaron 19 muertos y 24 heridos. La ONG, que llevaba un año colaborando con el hospital, recordó que había compartido en diferentes ocasiones las coordenadas GPS del centro con los actores en conflicto. El 16 de agosto de 2016, cuando la coalición arrojó las bombas, se hallaban 23 pacientes en el departamento de Cirugía, 25 en la sala de Maternidad, 13 recién nacidos y 12 en Pediatría. La ONG rechazó las explicaciones oficiales y subrayó la necesidad de investigaciones independientes: «Este ataque liderado por aviones de guerra saudíes está completamente injustificado», señaló MSF en un comunicado. La agresión no fue excepcional: se trataba en menos de un año del cuarto ataque contra centros apoyados en Yemen por Médicos Sin Fronteras (el 10 de enero de 2016 MSF denunció la muerte de al menos cinco personas tras el ataque a un hospital en el distrito de Razeh).
La hemeroteca ofrece ejemplos desgarradores. El pasado 30 de octubre los cazas de la coalición bombardearon un «complejo de seguridad» en la ciudad de Hodeidah, que se saldó según la Agencia Reuters con 60 muertos, incluidos reclusos. Veinte días antes el punto de mira de los aviones se dirigió al funeral de la madre de uno de los dirigentes hutíes, al que asistían cerca de mil personas en la zona residencial de Al Yamsín, al sur de la capital. La acometida de Arabia Saudí y sus aliados terminó con 140 muertos y más de 500 heridos. A finales de noviembre de 2016, las bombas estragaron viviendas particulares y un torre de comunicaciones en la provincia de Al Hudaida, al oeste de Yemen. El balance, al menos 16 civiles muertos, informó la Agencia Efe. El 17 de marzo de 2016 un despacho de la mencionada agencia informaba de un episodio singularmente cruento en la provincia de Hajja. En esta ocasión, el material explosivo arrojado por la coalición árabe sobre un mercado causó un mínimo de 119 muertos (22 niños) y 47 heridos. Un informe posterior de la ONG Human Right Watch concluyó que en el ataque se utilizó armamento suministrado por Estados Unidos.
Precisamente el negocio de la compraventa de armas ha centrado las críticas de las organizaciones de derechos humanos. Según un informe presentado en mayo de 2017 por el Gobierno («Estadísticas españolas de exportación de material de Defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso»), el Estado español vendió en 2016 armas a Arabia Saudí por valor de 116 millones de euros (más de 40 millones corresponden al capítulo de bombas, torpedos, cohetes y misiles). Amnistía Internacional ha denunciado que España fue en 2015 el tercer exportador mundial de armamento a Arabia Saudí (más de 545 millones de euros); entre 2014 y el primer semestre de 2016, agrega esta organización, las exportaciones a la potencia árabe por parte del reino de España superaron los 900 millones de euros. Amnistía Internacional ha informado que durante los dos primeros años de conflicto, Estados Unidos y Reino Unido han transferido juntos, armamento por valor de más de 5.000 millones de dólares a la potencia que lidera los ataques en Yemen.
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