Este texto amplía y precisa la intervención del autor en el acto público «De la crisis económica a la Huelga General», convocado por Izquierda Unida de Extremadura y celebrado el jueves 16 de septiembre de 2010 en el Centro Educativo Municipal de Don Benito (Badajoz)
Buenas tardes, conciudadanos y conciudadanas.
Permitidme comenzar expresando mi agradecimiento a Izquierda Unida de Extremadura por la convocatoria de este acto, a mis compañeros en esta mesa de intervenciones introductorias, y a todos vosotros y vosotras por vuestra asistencia y participación. También, a los trabajadores y trabajadoras de este Centro Educativo Municipal de Don Benito que nos acoge hoy.
En los últimos meses venimos asistiendo, en España como en Europa y el resto del mundo, a acontecimientos penosos para nuestra dignidad como ciudadanos y nefastos para la soberanía popular que entre todos sustentamos y deberíamos protagonizar y proteger.
Por eso, la Huelga General de la que participaremos el próximo día 29 no será sólo una huelga en defensa de derechos económicos, sociales y laborales. Será también una huelga en defensa de nuestra democracia.
Hemos visto a la gran banca saquear cantidades estratosféricas de los presupuestos públicos (700.000 millones de dólares en EEUU, 90.000 millones de euros en España) en dudosísimas operaciones de rescate, graciosamente concedidas por los Estados sin condiciones al receptor ni efecto positivo alguno sobre el bien general, y que han sido descritas en alguna ocasión y con toda justicia como un «golpe de Estado financiero».
Hemos visto al Fondo Monetario Internacional, a los grandes fondos especulativos y a las agencias de calificación de riesgos jugar sucio y duro, de forma visiblemente planificada y concertada, contra la deuda pública de distintos países de la zona euro, como España, Grecia o Portugal, hasta poner de rodillas a sus gobiernos e imponerles brutales recortes en su Estado de Bienestar (ataques en buena medida financiados, por cierto, ¡con el dinero de los rescates bancarios concedidos por los Estados!)
Hemos visto la absoluta impunidad de los paraísos fiscales, donde se atesoran cantidades exorbitantes de dinero negro provenientes del tráfico de drogas, armas o personas y donde se comete un fraude fiscal masivo a escala planetaria, del que participan una escandalosa mayoría de las grandes empresas y bancos europeos y españoles. Evocando a Pier Paolo Pasolini, también nosotros podríamos decir aquello de «yo sé los nombres«: Iberdrola, Gas Natural, ACS, Ferrovial, BBVA, Banco Popular, BSCH, Banesto, Repsol YPF, PRISA, Inditex, Telefónica… (e inexplicablemente, también entidades públicas como el Banco Europeo de Inversiones, o el mismo Estado español, a través de su Fondo de Adquisición de Activos).
Debemos someter estos hechos, y el estado de cosas que los hace posibles, a un doble análisis, económico en primera instancia, pero también, inexcusablemente, político.
En términos puramente económicos, el neoliberalismo promueve una masiva transferencia de recursos desde las rentas del trabajo hacia las del capital, y por extensión, de unas clases sociales a otras. En 1970 el salario del director de alguna de las mayores empresas de EEUU equivalía de media a 30 veces el salario medio, en 1980 a más de 40 veces, y en 2008 a casi 500 veces. En 1980, el 1% más rico de la población de Estados Unidos era dueño del 9% de la riqueza nacional; hoy ese porcentaje se ha elevado hasta casi el 25%. En cifras del Banco de España, la renta media del 20% de los hogares españoles más humildes bajó de 8.500 euros en 2002 a 6.500 euros en 2005, (es decir, un -23,6%) mientras que para el 10% más pudiente la renta media se elevó de 102.300 a 118.100 euros (un +15%). Las rentas del trabajo han descendido, en los países de la zona euro, del 70% de la renta nacional en 1992 al 62% en 2005, mientras que el beneficio empresarial se incrementaba un 36% en la eurozona y… ¡un 73% en España! Los 16 consejeros ejecutivos de Santander, BBVA, Popular y Banesto disponen de más de 400 millones de euros en sus fondos de pensiones, mientras casi un 20% de la población vive al borde o por debajo del umbral de la pobreza y más de 600.000 personas viven de la caridad en España, según los informes de Cáritas Diocesana. Miremos hacia donde miremos, encontraremos cifras similares. A la luz del confiable Índice Gini de desigualdad social, ni una sola de las economías centrales del capitalismo escapa de esta tendencia: treinta años de neoliberalismo han sido, esencialmente, treinta años de radical empobrecimiento para la base trabajadora de la pirámide social y 30 años de fabulosa bonanza para su cúspide corporativa. Un desequilibrio tan extremo que ya no hablamos sólo de distribución de la renta, sino de nuda distribución de la vida: la expectativa de vida de un alto ejecutivo supera en 15 años a la de un desempleado de larga duración en EEUU, y en 10 años en España.
Pero el neoliberalismo no es sólo una doctrina económica. También es una doctrina política, y una radicalmente antagónica de la democracia. El correlato necesario de una desigualdad económica tan abismal no puede ser sino una también abismal desigualdad política, de todo punto incompatible con cualquier forma, por atenuada que esta sea, de democracia política. Como en alguna ocasión afirmó Margaret Thatcher, «la economía es el método, pero el objetivo es cambiar el alma«. Por eso, el neoliberalismo ha impulsado, desde su emergencia a comienzos de la década de 1970, una masiva transferencia de soberanía desde el Estado y sus instituciones políticas hacia los actores económicos privados. Promoviendo la desregulación de las actividades económicas, el desarme fiscal del Estado, la privatización de los bienes públicos y comunales o la constitución de enormes corporaciones transnacionales y cárteles oligopólicos, el neoliberalismo ha conseguido desplazar el centro de gravedad de los procesos de toma de decisiones desde los parlamentos hacia los mercados, restando casi cualquier valor a nuestros votos y convirtiendo a los gobiernos en poco más que torvos capataces de las decisiones tomadas para su propio beneficio por una clase corporativa absolutamente descomprometida con la democracia y el bienestar colectivo.
Ya a mediados de los años 80, Michael Useem, en su estudio El círculo interno, hablaba de una «expansión sin precedentes de la actividad política de las empresas«, y de una «movilización política de los negocios«… Una década más tarde, el periodista y director de Le Monde Diplomatique Ignacio Ramonet acuñaba el concepto de «dictadura de los mercados«: una dictadura del gran dinero y de la clase que lo posee y maneja. Una dictadura que con esta crisis no sólo no parece estar tambaleándose, sino que, muy al contrario, consolida sus posiciones y refuerza su poderío, allá donde las sociedades y los gobiernos se dejan amedrentar por sus amenazas. Este ha sido el caso de nuestro país, que se ha venido comportando con la mansedumbre de un Estado-vasallo ante las injerencias despóticas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, agencias de calificación como Standard & Poor’s o medios de comunicación como el Financial Times.
En consecuencia de todo lo anterior, la Huelga General del 29 de septiembre no será, o no debería ser, sólo una huelga contra una serie de medidas tan injustas e ineficaces como el abaratamiento del despido, el retraso en la edad de jubilación o el recorte presupuestario en servicios públicos de cobertura universal garantizada. Se trata, o debería tratarse, de una Huelga General en defensa de nuestros derechos de ciudadanía, de nuestra democracia política y de nuestra soberanía popular. Una Huelga General contra la dictadura de los mercados.
Las clases trabajadoras y la democracia política de este país tienen hoy ante sí el decisivo reto de ganar la Huelga General del 29 de septiembre. Pero tanto esta convocatoria de huelga promovida por los compañeros y compañeras de UGT y CCOO, como el paquete de medidas antisociales del gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero que la han provocado, forman parte de un escenario más amplio y complejo, al que la izquierda social, sindical y política debe dar una respuesta de largo alcance más allá de este urgente movimiento defensivo que constituye la Huelga General. Coreaban hace unos días en Cáceres los compañeros y compañeras de UGT y CCOO el lema «Zapatero dimisión». Aún siendo un lema justo, es también un lema insuficiente, que les invito a completar así, respetando la rima consonante propia de estas ocasiones reivindicativas: «Zapatero dimisión, Botín expropiación».
Porque, si bien hay capataces más brutales e ineptos que otros, de casi nada nos servirá cambiar a quien sostiene el látigo mientras se mantenga incólume quien detenta la propiedad y se cobra los frutos de la finca. Ningún gobierno que podamos votar será bueno mientras tenga que convivir con la monstruosa concentración de poder que hoy manejan las contadas y selectas manos de la gran clase corporativa, la patronal empresarial y bancaria, los grupos privados de comunicación… Tampoco mientras se mantengan engrasadas las «puertas giratorias» que convierten a altos directivos en ministros y viceversa, consolidando los vínculos envenenados entre intereses privados y representación democrática, que tienen como consecuencia no sólo la extensión epidémica de la corrupción legalmente tipificada y punible, sino también la generalizada «corrupción por pasiva» de instituciones de control político del mercado tan absoluta, palpable y culposamente ineficaces como la Securities and Exchange Commision (SEC) estadounidense o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.
Así que esta Huelga General no debería ser sólo una acción defensiva de derechos adquiridos, sino una acción ofensiva contra un estado de cosas en el cual no cabe sino, más deprisa o más despacio, de un modo u otro, perder derechos. No debería ser sólo una Huelga General contra las decisiones de este o cualquier otro gobierno títere de la dictadura de los mercados, sino contra los mercados mismos, y más concretamente, contra la que es hoy su principal arma contra la clase trabajadora española, europea y mundial: el sistema financiero. Según cifras del Banco Internacional de Pagos de Basilea, lo más parecido a una entidad reguladora que existe hoy en el far west financiero global, los derivados, estructurados, seguros contra impago y demás artificios del gran juego especulativo globalizado suman la increíble cifra del 1076% del PIB planetario, lo que equivale a decir que por cada euro de la economía productiva real, la clase corporativa dispone de diez euros de capital ficticio para distorsionar a su antojo la realidad económica por medio de la especulación, y para sojuzgar políticamente a sociedades y gobiernos mediante el artificio de la deuda. El sistema financiero es, parafraseando a Mao Zedong, el cuartel general que habremos de bombardear si queremos posicionarnos activamente del lado de la democracia en su confrontación con la dictadura de los mercados (el simil del bombardeo puede resultar algo violento, pero, ¿no fue el director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, quien habló de «dinamitar los paraísos fiscales»? Para una vez que el FMI dice algo útil, no se lo vamos a despreciar).
Es preciso pasar a la ofensiva, y pasar a la ofensiva equivale a atacar, frontalmente y sin mediaciones, al mercado financiero, a la especulación y al fraude. Existen herramientas para ello, y esta Huelga General debe servirnos también para ponerlas en el primer plano del debate público. Según un informe coordinado por Joseph Stiglitz para la Fundación Ideas, la aplicación de una tasa de entre el 0,01 y el 0,05% a las transacciones financieras y subir del 19 al 25% la tributación de sus beneficios en España dejaría 7.400 millones de euros en las arcas públicas. Según el sindicato Gestha de inspectores de Hacienda, un trabajo riguroso que redujera del 23% el 13% el fraude fiscal en España aportaría casi 25.000 millones a las arcas públicas (en este punto hay que recordar que varios cientos de inspectores han sido retirados en los últimos años de la vigilancia de las grandes fortunas españolas, ¿por qué?). La cantidad que añadiríamos a este monto con la supresión de las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), las menos conocidas SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) y otras artimañas de distracción fiscal para los más ricos es hoy desconocida. No se trata sólo de dotar al Estado de medios para sufragar el coste generado por nuestros derechos adquiridos, como la sanidad, la educación o la cobertura al desempleo, y de reducir la brutal brecha de desigualdad económica que hoy separa a las clases trabajadoras de las élites corporativas, sino de devolver a las manos de la mayoría trabajadora la soberanía popular que el gran dinero nos ha arrebatado.
Quisiera concluir con unas palabras del sociólogo brasileño Boaventura de Sousa Santos, sin duda más precisas y expresivas que las mías: «En esta crisis, la lucha de clases regresa bajo una nueva forma: esta vez es el capital financiero quien declara la guerra al trabajo. Y, o se crean las condiciones para que el capital productivo se desvincule relativamente del capital financiero, o el futuro es el fascismo«. Es contra ese futuro sombrío, contra ese fascismo de cuello blanco de la dictadura de los mercados, y en defensa de la soberanía popular, la democracia y sus instituciones, que llamamos a la movilización en la jornada de Huelga General del 29 de septiembre de 2010.
Muchas gracias por vuestra atención.
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