La Ciadi, dependiente del Banco Mundial, da la razón a la estadounidense NextEra Energy. El Estado español ha sufrido dos reveses más en los arbitrajes internacionales.
Energía eólica. EFE
La Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, ha condenado a España a pagar más de 290,6 millones de euros por el recorte a las renovables , con un fallo a favor de la estadounidense NextEra Energy.
El tribunal de arbitraje internacional emitió el pasado día 31 de mayo su fallo sobre el procedimiento que inició NextEra Energy en 2014 tras invertir en dos plantas termosolares en Extremadura con una capacidad de 49,9 megavatios (MW).
El grupo, que estimaba la indemnización en 291 millones de euros, recibirá finalmente 290,6 millones de euros, a los que suman los gastos por intereses (del 0,234% desde el 30 de junio de 2016 hasta el laudo) y los costes legales (unos cinco millones de euros).
En el laudo previo dictado en marzo, el Ciadi concluyó que España «incumplió con su obligación en virtud del Tratado de la Carta de la Energía de 1994 de brindar un trato justo y equitativo al no proteger las expectativas legítimas de la compañía sobre las cuales tomaron sus decisiones de inversión».
España suma 33 demandas de arbitraje de inversiones ante el Ciadi relacionadas con las reformas energéticas de las renovables. La última de ellas fue presentada a finales de febrero por el grupo Canepa Green Energy.
El Ciadi ya ha fallado hasta en tres ocasiones anteriores a favor del demandante. En concreto, en los casos de Masdar, perteneciente a al fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros; Eiser Infraestructure, condenando a España a pagar 128 millones de euros más intereses; y el fondo Antin, con el pago de una indemnización de 112 millones de euros.
No obstante, en los tres casos la ejecución de los laudos no se ha llevado a cabo, ya que se encuentran recurridos por el Gobierno español en procedimiento de anulación, en el caso de Eiser, o en periodo de solicitud de rectificación, en las demandas de Masdar y Antin.
Además, el Estado español ha sufrido dos reveses más en los arbitrajes internacionales . El pasado mes de noviembre la danesa Athena Investments comunicó que había ganado un laudo contra España ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), que le favorecía con una indemnización de 11 millones de euros.
Asimismo, el tribunal sueco también reconoció el pago de 53 millones de euros a la firma NovEnergia por los recortes a las renovables, aunque posteriormente suspendió la ejecución del laudo.
Resoluciones en el aire
La resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la UE era una situación contraria al Derecho de la Unión.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE.
Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.
Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el SCC.
Reclamaciones por más de 8.000 millones de euros
Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros.
Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidades demandadas a España.