Recientemente están apareciendo noticias sobre Correos en la prensa y la televisión, en relación con el recorte de empleo en esta empresa y las huelgas que hay convocadas en plena campaña electoral. Aun así, en la actualidad, existe un desconocimiento generalizado de qué es Correos y qué camino lleva desde hace años. Como ejemplo podemos […]
Recientemente están apareciendo noticias sobre Correos en la prensa y la televisión, en relación con el recorte de empleo en esta empresa y las huelgas que hay convocadas en plena campaña electoral. Aun así, en la actualidad, existe un desconocimiento generalizado de qué es Correos y qué camino lleva desde hace años. Como ejemplo podemos decir que a las y los carteros, nos suelen preguntar cuestiones sobre si somos funcionarios o si el correo ya está privatizado. Por tanto, antes de centrarnos en el actual contexto de huelgas, conviene hacer un breve repaso del proceso de precarización y privatización que lleva sufriendo el servicio público postal, para tener una visión global del conflicto.
Camino de la privatización
Desde hace años el servicio postal publico de los países miembros de la Unión Europea se enfrenta a planes de liberalización y privatización, acompañados de una continua precarización de las condiciones de trabajo. Estas políticas se han concretados en directivas europeas neoliberales, contrarreformas de leyes postales nacionales, deterioro del servicio público, recortes de plantilla y convenios colectivos basados en la precarización de las plantillas En el Estado español este proceso está muy avanzado y, muy a nuestro pesar, ha sido de forma pactada con distintas ejecutivas sindicales.
En este proceso, los gobiernos de turno se han empeñado una y otra vez en separar a Correos de la Administración Pública. Este servicio público dejo de ser Dirección General de Correos y Telégrafos, a través del Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, por el que se aprobó un cambio jurídico de trascendencia. En ese momento se creaba el Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos, con un carácter claramente comercial y alejado de una perspectiva progresista de servicio público. En 1998 se da otra vuelta de tuerca y Correos pasa a denominarse Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, mediante el Real Decreto 176/1998 de 16 de febrero. Le mazazo casi definitivo llego con la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, que convierte a Correos en una Sociedad Anónima completamente separada de la Administración. Desde entonces se aprueba que los trabajadores indefinidos de nueva entrada ya no serian funcionarios, sino laborales regidos por convenios colectivos específicos de Correos. En ese momento se asestó un golpe mortal al derecho a la estabilidad en el empleo y los niveles de precarización comenzaron a avanzar a pasos de gigante. Pese a que el 100 % de las acciones siguen en poder del Estado, ya se han privatizado, total o parcialmente, algunos servicios: Caja Postal, mantenimiento, limpieza, recogida de buzones, líneas de transporte, etc.
Apuesta por la banca pública:
Correos aun no ha sido privatizado, entre otros motivos porque no es un sector estratégico tan llamativo para el capital como otras empresas publicas que fueron privatizadas: Repsol, Telefónica, Argentaria, Iberia, etc. Aunque en aquella oleada privatizadora a veces olvidamos que sí fue vendida una parte considerada de Correos: Caja Postal.
La antigua Caja Postal de Ahorros fue creada hace 100 años. Era considerada una entidad bancaria pública del Estado y estaba asociada a Correos. Frente a la propaganda neoliberal que afirma que todo lo público supone una ruina económica para el erario público, podemos afirmar que el caso de Caja Postal desmonta una vez más esa mentira. Basta con hacer un repaso de sus niveles de beneficios en los años 80. Caja Postal paso de unos beneficios de 2 700 millones de pesetas en 1979 a 3 206 millones en 1980/1. El 75 % de este dinero iba directamente al Tesoro Público. En 1982, los beneficios superaron los 4 000 millones de pesetas/2. En 1983 los beneficios brutos aumentaron un 91 %/3. En 1985 los beneficios llegaron a los 16 270 millones de pesetas/4. Solo en el primer semestre de 1989 obtuvo unos beneficios de 13 988 millones de pesetas, un 9 % más que el año anterior/5.
En 1991 fue separada de Correos en lo que fue el inicio de su privatización total. Fue integrada en el banco público Argentaria, que a su vez fue privatizado entre 1993 y 1998, quedándose en manos del BBV, pasando a llamarse BBVA. Desde 1999 los servicios bancarios y financieros de Correos están en manos del banco alemán Deutsche Bank, creándose la marca BanCorreos, que actúa como agente financiero del citado banco alemán. Por tanto, en estos momentos ya no existe aquella Caja Postal que firmaba convenios con el Instituto Nacional de la Vivienda para financiar viviendas sociales. Tenemos al Deutsche Bank, un banco investigado y en ocasiones juzgado y condenado en varios países por estafas, fraude comercial, operaciones especulativas infames, lavado de dinero, malversación, evasión fiscal, manipulación de balances, etc. Por tanto, es hora de reclamar una banca pública en Correos con vocación de servicio público, que esté al servicio de la ciudadanía, y alejado del pestilente modelo de vender preferentes. Una entidad pública de este tipo podría jugar un papel muy importante en este contexto de falta de crédito y abusos del sector bancario privado. El sector financiero debe dejar de estar en manos privadas, también en Correos. Un operador bancario público en Correos con una plantilla bien dotada podría jugar un papel de cohesión social entre todos los territorios y su población, sobre todo en el ámbito rural. Recordamos que en los últimas décadas se han cerrado multitud de sucursales de Correos «no rentables» en muchos pueblos, donde en la actualidad no existe ninguna entidad bancaria, y en su lugar acude un autocar del banco cada cierto tiempo.
Correos tiene una estructura y un potencial muy valioso para crear una banca pública. Los gobiernos de turno no han apostado por este modelo, y por el contrario han preferido continuar con Deutsche Bank y en trabajar por convertir las oficinas de Correos en tiendas del todo a cien.
Situación de la plantilla funcionara
El personal funcionario de Correos siempre ha estado excluido de alguna forma del resto del funcionariado de la Administración y de cualquier norma jurídica general de la que pudieran beneficiarse. La dirección siempre ha intentado no aplicar algunos aspectos positivos del Estatuto Básico del Empleado Publico de 2007 a las y los funcionarios de Correos. A numerosos años de congelación salarial y pérdida de poder adquisitivo, hay que sumar el recorte del 5 % del salario impuesto por Zapatero en mayo de 2010. Desde entonces, el personal funcionario gana un 5 % menos que el personal laboral, aun realizando idénticas funciones. Además, nos encontramos con la inexistencia de planes concilia, tal y como existen en la Administración. Otro ejemplo llamativo lo encontramos en que la dirección de Recursos Humanos de Correos tiene potestad para dar de alta a cualquier funcionario o funcionaria que se encuentra en situación de licencia por enfermedad. Sin olvidar que el régimen disciplinario de Correos puede ser calificado de inquisitorial.
Esta decidida política empresarial pretende que el mayor número de personal funcionario solicite un traslado a un Ministerio o a otro lugar de la Administración. Es importante señalar que desde hace 15 años no se contrata personal funcionario de nuevo ingreso pero, en cambio, los que están en activo si tienen posibilidad de trasladarse y abandonar Correos sin perder su condición de funcionario. De esta manera el número de personal funcionario en Correos no cesa de descender. Así pues, se destruye empleo estable mientras se multiplican los contratos temporales y precarios. Para ilustrar este fenómeno con datos, podemos señalar que en el año 2002 había 41 253 personas funcionarias en Correos, representando dos tercios de la plantilla total. En junio de 2006, según datos del Ministerio de Fomento, la plantilla de personal funcionario de Correos ascendía a 34.158. Y al 1 de enero de 2014, según datos del boletín estadístico de personal, había 18 533 funcionarios registrados, que a día de hoy es totalmente seguro que son menos.
Situación financiera y empleo
Con la continua y drástica reducción del personal funcionario, se están quitando de en medio uno de los principales obstáculos para un proceso de privatización. En este sentido, es importante señalar que en el año 2012 Correos fue adscrita a la SEPI, que tiene un largo historial de experiencia en privatizaciones. Pero al margen de todo lo expuesto, todas las decisiones políticas gubernamentales van encaminadas a continuar reconvirtiendo Correos en una empresa «saneada» con un modelo laboral precario, que despierte el interés en el sector privado para su venta. Hasta el momento, Correos ha conocido muchos años de beneficios, en 2002 se consiguieron 82,7 millones de euros de beneficios; en 2005, antes de la crisis, se llegó a 239 millones; y en 2013, el último ejercicio conocido, se lograron 48.4 millones de euros netos de beneficios.
Es llamativo que con este nivel de beneficios Correos este destruyendo empleo a niveles inéditos. Con más de cinco millones de personas en el paro y numerosas familias en una situación dramática, tenemos a la mayor empresa pública del Estado recortando puestos de trabajo. Concretamente la plantilla ha disminuido nada menos que un 25 % desde el año 2008, rondando actualmente las 51 000 personas. El recorte de empleo está acompañado de un aumento de contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos. Además, pese a que Correos dispone de una bolsa de empleo propia, apenas se producen llamamientos. Desde arriba nos dicen que tienen que aplicar criterios de «eficiencia» y no despilfarrar dinero público contratando por el bien del contribuyente. Esta hipócrita palabrería se contradice con los sueldos de los directivos; recordemos que el presidente de la SEPI y el de Correos ganan respectivamente 210 000 y 178 000 euros anuales.
Derechos laborales continuamente en retroceso
En Correos, los salarios de buena parte de la plantilla no llegan a 1 000 euros. Las y los carteros no han llegado a ser mileuristas ni siquiera en los años de boom económico. Nunca hemos tenido cláusula de revisión salarial, y durante los años de bonanza perdimos poder adquisitivo. Ahora, año tras año, sufrimos la congelación del salario, sin olvidar la supresión de la paga extra de navidad del año 2012 y la reducción salarial al personal funcionario de mayo de 2010. Por otro lado, las penalizaciones por enfermedad en la nomina son muy importantes. Es importante señalar que la actual dirección de Correos se caracteriza por imponer unos criterios empresariales muy estrictos y agresivos, cada vez mas homologables a los de cualquier multinacional. No duda en optar por la represión sindical para aplacar la disidencia, concretamente contra las y los delegados del sindicato CGT. La actual dirección tampoco tiene reparos en aplicar la reforma laboral, y de hecho ya han despedido a tres compañeros por el simple hecho de estar de baja médica por enfermedad. Además, el actual director de recursos humanos se empeña en pretender asustarnos con eliminar la ultraactividad en Correos, pese a todas las sentencias judiciales que se han pronunciado favorables a la vigencia de la misma.
Negociación Colectiva y movilizaciones
Actualmente, nos encontramos en un contexto de negociación colectiva. La empresa una vez más ha tomado la iniciativa reclamando sacrificios y un retroceso en los derechos laborales. Está claro que no están satisfechos y quieren que nuestras condiciones de trabajo continúen empeorando. La dirección siempre tiene una «excusa» para pedir sacrificios. En el I y II Convenio Colectivo alegaban el difícil «contexto europeo de liberalización» y razones de «modernización, eficiencia y competitividad ineludibles». En la anterior y actual negociación nos repiten que estamos en crisis y que nosotros debemos ser paganos de la misma. Aunque en esta ocasión, hay otro factor a tener en cuenta: El 13 de febrero de 2014 el gobierno constituyó una comisión para el seguimiento de la negociación colectiva en empresas públicas. Este organismo ha dictado a todos los presidentes de empresas publicas unas directrices muy claras para los futuros convenios colectivos: prohibir subidas salariales, incentivar el salario variable, evitar consolidación de pluses vinculados a la antigüedad, prohibir cláusulas de revisión salarial, incentivar la distribución irregular de la jornada, facilitar la movilidad funcional, suprimir categorías profesional, aumentar descuentos en situaciones de enfermedad, etc. Es decir, el gobierno tras cinco años de austeridad, sigue empeñado en más recortes.
Por tanto, estamos ante un momento muy importante para el presente y futuro de los trabajadores y trabajadoras de Correos y del propio servicio público. Esta política de recorte, aumento de las cargas de trabajo y de presión contra las y los trabajadores está provocando rebeliones en muchos lugares. Se han producido huelgas en Murcia, Algeciras, Castellón, Barakaldo, etc., contra los recortes de empleo y secciones de reparto. La lucha más emblemática es la protagonizada por los carteros de Majadahonda, que llevan en huelga indefinida desde el pasado 16 de marzo.
El contexto general es complejo. Existe un ambiente de cabreo en muchos centros de trabajo, pero también de escepticismo y desconfianza fruto de experiencias y luchas anteriores. Esta situación es debida a que en numerosas ocasiones sindicatos como UGT, CCOO, CSIF o Sindicato Libre han firmado convenios con retrocesos sin ni siquiera consultar al colectivo. Aquí reside una de las diferencias de CGT con estos sindicatos. Nuestro sindicato defiende como una cuestión irrenunciable que antes de firmar un acuerdo general, se someta a referéndum entre las y los trabajadores. De hecho, pensamos que si este hubiese sido el método de proceder en los últimos años, el proceso de privatización no estaría tan avanzado. También defendemos que los calendarios de movilizaciones deben ser debatidos entre los trabajadores, y poniendo fin a las convocatorias o desconvocatorias a toque de silbato. Es necesario crear espacios democráticos para la discusión y toma de decisiones sobre los calendarios de movilizaciones, dando un carácter ofensivo a la lucha. Sin ir más lejos, en las mareas hemos encontrado buenos ejemplos de estos métodos de lucha. Ejemplos desgraciadamente ausentes en Correos.
CGT, aun siendo un sindicato minoritario en Correos, no tenemos complejos en explicar la necesidad de una movilización contundente que haga avanzar nuestros derechos. En seis reuniones de negociación colectiva, solo hemos escuchado propuestas regresivas, sin que una sola de nuestras propuestas haya sido aceptada. Por el otro lado, tenemos a unos sindicatos que han convocado distintos paros y huelgas en el mes de mayo durante la campaña electoral. Los mismos sindicatos que desconvocaron in extremis una huelga el pasado 22 y 23 de diciembre, después de prometernos que todo estaba encauzado. Tratar a la clase trabajadora como un grifo, desmovilizando y movilizando según el criterio de una ejecutiva sindical, nos deja claro que continúan sin tener una estrategia sindical clara. Los sindicatos UGT, CCOO, Sindicato Libre y CSIF, continúan convocando movilizaciones a toque de silbato, sin consultar si quiera a CGT que (por ejemplo en Madrid) es la segunda fuerza sindical. Aun así, desde la sección sindical de Madrid de CGT ya hemos manifestado que sobran los motivos para hacer huelgas y expresar nuestro descontento, a pesar de la absoluta desconfianza que a todos los producen las direcciones sindicales que han regalado 4 años de paz social a una empresa que siempre ha estado a la ofensiva contra los trabajadores, y que no están apoyando huelgas emblemáticas como las de Majadahonda. De hecho, mientras que organizaciones ajenas a Correos como Podemos o IU están colaborando económicamente con la caja de resistencia de estos compañeros, el Sindicato Libre, CSIF y las secciones sindicales de UGT y CCOO han aportado entre todos la cantidad de 0 euros.
Pero, aun con todas estas contradicciones, entendemos que un fracaso en las huelgas convocadas por estos sindicatos, solo daría más fuerza a la empresa y el gobierno. Por este motivo, no queremos que ninguna huelga salga mal y continuamos apostando por un plan de movilizaciones democrático, discutido por los trabajadores en asambleas provinciales.
Notas:
1/ http://elpais.com/diario/1981/
2/ http://elpais.com/diario/1982/
3/ http://elpais.com/diario/1984/
4/ http://elpais.com/diario/1986/
5/ http://elpais.com/diario/1989/
Raúl Navas es Secretario General de la sección sindical de CGT en Correos de Madrid
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