Traducido del inglés para Rebelión por Sara Plaza
El caso del profesor Steven Salaita pone de relieve la injerencia de los donantes en las cuestiones internas de las instituciones educativas públicas.
La primera quincena de junio ha otorgado rotundas victorias al profesor que el año pasado fue despedido de su puesto en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (UIUC). Casi un año atrás Steven Salaita fue despedido por escribir varios tuits que algunos consideraron inaceptables en el discurso académico; el contexto de muchos de esos tuits era el devastador ataque que Israel estaba lanzando contra Gaza. Lo que hace este caso especialmente interesante, y lo que muestran la reciente decisión judicial y el voto crítico emitido por la mayor confederación de profesores universitarios de Estados Unidos, es la intromisión indebida e inadecuada de los donantes ricos en las cuestiones internas de las instituciones educativas públicas.
Antes de entrar en los pormenores de lo que ocurrió la semana pasada, es importante entender el asunto en el contexto de la íntima relación existente entre el neoliberalismo y la educación, relación que quedó bien resumida en una entrevista reciente de Elias Isquith a la científica política Wendy Brown. Brown ofrece una definición de referencia del neoliberalismo que viene muy bien: el neoliberalismo es «la defensa extrema del mercado libre que aparece en los años setenta y ochenta, siendo la revolución Reagan-Thatcher el verdadero indicador de ese giro en el mundo euro-atlántico. Significa el desmantelamiento de la industria pública y la desregulación del capital, sobre todo del capital financiero; la eliminación de los servicios públicos y la idea de bienes públicos; y la elemental subordinación de todo a los mercados y a los mercados desregulados».
El aspecto del neoliberalismo que encontramos en el caso Salaita es el poder de los donantes para ignorar tanto los procedimientos profesionales como los valores del gobierno de la universidad, además de la independencia académica de una institución pública de enseñanza superior. Sin entrar en la cuestión particular y fundamental de la censura a quienes se muestran críticos con las políticas del Estado israelí, lo que sucedió en la Universidad de Illinois, y en un caso aparte en la Universidad de Wisconsin, ha suscitado preocupación y críticas por parte incluso de cuerpos «no-políticos» como los tribunales y las organizaciones académicas oficiales.
La cuestión es: ¿Cuánto tiempo seguirá siendo «pública» la educación pública? ¿Cuánto tiempo resistirán los pilares de la academia -la libertad y la titularidad académicas- la fuerte presión del mercado y de benefactores ricos con agendas y prioridades propias?
Hay algo oscuro en la manera como actuó la UIUC el verano pasado. Después de que un periódico local publicara una historia revelando unos tuits ofensivos, la universidad hizo lo que debía hacer: emitió una declaración pública defendiendo el derecho de libre expresión de Salaita y su libertad de cátedra. Y a continuación los donantes ricos fueron a quejarse ruidosamente a la rectora Phyllis Wise. Poco después la universidad dio un giro de 180 grados y de repente Salaita estaba sin trabajo.
Tras ser despedido Salaita interpuso una demanda no solo contra la Universidad de Illinois, sino también, en un giro inesperado, contra los donantes, de quienes afirmaba que habían ejercido una influencia indebida en el proceso de su despido. Por supuesto, para determinar si realmente había sido así sería necesario aportar pruebas al respecto, y Salaita presentó una demanda bajo la Ley de Libertad de Información solicitando todos los correos electrónicos de la administración universitaria que tuvieran que ver con su caso.
El 12 de junio el tribunal falló a su favor: «El juez dijo que anteriores escándalos en la universidad -incluido el conocido como ‘ clout list ‘ [‘listado de influencias’] que daba admisión preferente a los candidatos con conexiones políticas- eran ejemplos de porqué los ciudadanos tenían derecho a conocer la información que Salaita estaba pidiendo». En otras palabras, la universidad ya había traicionado anteriormente la confianza de los ciudadanos al saltarse el proceso normal de admisión para devolver el favor a sus poderosas conexiones y mantener su lealtad. Discriminación positiva a favor de los ricos e influyentes, es decir, la ley del mercado en lugar del compromiso con el bien público.
Esto tiene relación con un interesante tira y afloja entre el consejero de la universidad Charles Schmadeke y el abogado de Salaita, Anand Swaminathan, de Loevy & Loevy:
En un momento dado Schmadeke sostuvo que no había un «interés público» genuino en el caso Salaita, sino más bien una «curiosidad pública» parecida a la que rodea al reality televisivo de las Kardashian.
Swaminathan respondió que «Steven Salaita no es Kardashian». Y citó no solo el amplio interés nacional e internacional que había suscitado su caso por las cuestiones de la libertad de expresión y la libertad de cátedra, sino el hecho de que numerosos cuerpos académicos nacionales, en particular la Asociación Americana de Profesores de Universidad (AAUP, por sus siglas en inglés), emitieran declaraciones e informes sobre ello.
Independiente de lo que uno piense de las Kardashian, el hecho de que la Universidad afirmara tan alegre y falsamente que de ninguna manera el público podía tener un interés particular en saber si los donantes ricos y políticamente influyentes se habían inmiscuido en las deliberaciones propias del claustro de la UIUC dice mucho de la arrogancia de la Universidad y de su mentalidad neoliberal. Uno puede estar seguro de que la Universidad hará todo lo posible para recurrir esta decisión, pues si esos correos electrónicos llegan a publicarse pueden revelar el alcance y la profundidad de su claudicación ante los ricos e influyentes.
La segunda victoria de Salaita llegó justo un día después, el 13 de junio, cuando la Asociación Americana de Profesores de Universidad, que representa a unos 47.000 profesores de 450 universidades de todo el país, votó contundentemente a favor de censurar a la Universidad de Illinois por su actuación en relación con el caso Salaita. Su comisión de estudio encontró que:
[E]l rechazo de la designación de Salaita por las razones manifestadas por la rectora y la junta de gobierno violaron la libertad de cátedra del profesor Salaita y proyectan una sombra de incertidumbre sobre el grado en que la libertad académica es entendida y respetada en la UIUC. La subcomisión concluyó además que la rectora, al rechazar la designación de Salaita, contravino las normas ampliamente aceptadas de la AAUP relativas al gobierno y la gestión universitaria.
Nuevamente, lo que hay que señalar es la manera como la libertad de académica y el gobierno universitario fueron dejados de lado para dar paso a lo que los neoliberales llamarían un «ambiente fiscal más saludable» en la Universidad de Illinois.
Entre tanto, esa misma semana, otro grupo de organizaciones académicas clave publicó una declaración sobre el vaciamiento de la libertad de cátedra bajo el régimen neoliberal extremo del gobernador de Wisconsin, Scott Walker. La Academia Americana de Religión, la Asociación Americana de Antropología, la Asociación Americana de Literatura Comparada, la Sociedad Americana de Derecho Comparado, la Sociedad Americana de Historia Ambiental, la Asociación Americana de Sociología, la Asociación de Estudios Americanos, la Asociación de Lenguas Modernas, la Asociación Nacional de Comunicación, el Consejo Nacional de Historia Pública, la Asociación Americana de Shakespeare, la Sociedad de Historiadores de Arquitectura, la Asociación de Historia Mundial y otras se unieron a la Asociación Americana de Historia para emitir un comunicado que, entre otras cosas, dice:
Las políticas recomendadas por la Comisión Mixta de Finanzas e incluidas en el presupuesto de 2016 suponen una amenaza directa a la libertad académica al ampliar las circunstancias bajo las cuales puede revocarse la titularidad (más allá de emergencias financieras graves y causa justificada) a la vez que eliminan su protección bajo el estatuto estatal.
En vez de agilizar fiscalmente el sistema de la Universidad de Wisconsin, las recomendaciones de la Comisión Mixta de Finanzas ponen en peligro, quizá de manera irreparable, el prestigioso sistema educativo que ha sido con razón el orgullo de los habitantes de Wisconsin durante más de un siglo y medio.
En su libro «Unmaking the Public University: The Forty-Year Assault on the Middle Class» [«Deshacer la universidad pública: 40 años de ataque a la clase media»], Christopher Newfield sostiene que desde los años ochenta y noventa, coincidiendo con la aparición del neoliberalismo como lo conocemos hoy, «Incluso quienes apoyaban la universidad ‘market–smart’ y favorable a la industria, reconocían que la misión democratizadora de la universidad pública estaba siendo eclipsada por los asuntos financieros». Y esos asuntos financieros proporcionaron y siguen proporcionando una coartada para, por un lado, erosionar el poder del claustro para gobernar y, por el otro, ampliar el poder de los administradores -muchos de los cuales provienen actualmente de los sectores industrial y financiero y no de las filas del profesorado- a la hora de decidir cuestiones fundamentales como la misión de la universidad. Esto incluye debilitar el poder y la voluntad del claustro de adoptar posiciones controvertidas o impopulares, además de devaluar partes del currículum que se considera que no mejoran los resultados finales. Como escribe Newfield «Las universidades públicas se vieron influidas por prácticas empresariales cambiantes, incluida la evaluación del flujo de efectivo de unidades académicas individuales», exactamente lo que ahora vemos en lugares como Wisconsin, Carolina del Norte y otras partes. Y a medida que esto sucede, las universidades se muestras reacias a enemistarse con los donantes ricos.
En la declaración que presentó a la AAUP cuando comenzaron las deliberaciones sobre su decisión, Steven Salaita terminaba diciendo: «De hecho, incluso si uno desaprueba mis opiniones, esa persona no puede apoyar de manera razonable el comportamiento de la dirección de la UIUC. Como todos ustedes saben, la actuación ilícita por parte de la Universidad -y la respuesta que ustedes le den después de deliberar- tendrán un efecto duradero que irá más allá de este catedrático particular». Tiene razón; el proceder de la Universidad de Illinois mereció el voto de censura de la AAUP porque sus acciones se extienden mucho más allá de Salaita. Si no se corrige, ese tipo de comportamiento por parte de las instituciones públicas solo demostrará lo privadas que se están volviendo estas instituciones.
David Palumbo-Liu es profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Stanford. Puede seguírsele en Twitter @palumboliu.