El informe interno en el que se incluye el protocolo oficial fue recibido en el portal de filtraciones seguras filtrala.org.
Se busca candidato que esté dispuesto a trabajar por un salario inferior al de su último empleo o al de su prestación contributiva, a poder ser por el Salario Mínimo Interprofesional, que no tenga traba alguna para la movilidad geográfica, que se preste a colocaciones de empresas privadas de trabajo temporal, a trabajar noches, fines de semana y festivos sin importar la temporalidad del contrato ni la categoría profesional. Razón: Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Parece un ejemplo exagerado, o al menos digno de un proceso de selección de una empresa privada, pero desde el pasado 23 de junio de 2015 los orientadores de las oficinas públicas de empleo madrileñas realizan un test denominado ‘informe técnico-diagnóstico de empleabilidad‘ a todas las personas demandantes de trabajo en el que determinan una puntuación para priorizar unos candidatos por encima de otros. El baremo, según información a la que ha tenido acceso La Marea en colaboración con Diagonal y eldiario.es a través del buzón filtrala.org, premia la flexibilidad que muestren los usuarios del servicio a la hora de aceptar empleos con peores condiciones.
El cuestionario, de 22 preguntas, interroga a los candidatos acerca de sus expectativas laborales y su actitud, en un bloque, y sobre sus aptitudes -estudios, perfil laboral- en otro apartado independiente. De este modo, el test premia con dos puntos a aquellas personas que estén dispuestas a cobrar hasta dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (entre 655,20 a 1.310,40 euros brutos al mes), sin tener en cuenta en ningún momento la categoría profesional del demandante. Además, concede dos puntos positivos a aquellos que estén de acuerdo en aceptar un trabajo con un salario inferior a la prestación por desempleo que estuviera recibiendo, mientras castiga con un punto negativo a los que pretendan tener un sueldo mayor a la cuantía de su paro.
En cuanto a movilidad, el cuestionario da cuatro puntos positivos a los que estén dispuestos a moverse, incluso a otro país de la Unión Europea, mientras castiga con tres puntos negativos a los que busquen trabajo sólo en su localidad. También da un espaldarazo de dos puntos a aquellos que no tengan reparos en trabajar con una categoría profesional inferior a la suya, mientras que resta un punto a los que no pasen por ello. La disponibilidad para trabajar con cualquier jornada y con cualquier contrato también se premia holgadamente, además de contar antes con aquellos que acepten colocaciones a través de empresas privadas de trabajo temporal.
Las preguntas que los funcionarios deben realizar están incluidas en los anexos de un documento interno, al que ha tenido acceso La Marea, titulado «Instrucciones técnicas de orientación para el empleo», firmado por la entonces directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid, Lourdes Martínez Marcos, y dirigido a todos los directores de oficinas de Empleo de la comunidad además de a la entonces subdirectora general de Orientación e Intermediación Laboral, Sonia Menéndez Urrutia, y al Área de Primera Atención al Demandante y Oficinas de Empleo.
«Chapuza» a espaldas de los orientadores
A partir de la suma final, que potencia claramente la esfera de ‘actitud’ por encima de la cualificación, el sistema coloca a los demandantes de empleo en cuatro grupos diferenciados: activados de alta empleabilidad -que son derivados a actividades de inserción: búsqueda de empleo, taller de entrevista y curriculum-, activados con perfil menos demandado en el mercado -cursos formativos e información sobre agencias privadas de colocación-, no activados de alta empleabilidad -información sobre posibilidades de inserción en agencias privadas de colocación y sobre movilidad laboral- y no activados de perfil menos demandado por el mercado -se les da información de recursos públicos y privados, o de retorno al sistema educativo.
Desde el sindicato UGT, Juan Carlos Quintana confirma al consorcio de medios de filtrala.org que el protocolo descrito se aplica en la Comunidad de Madrid desde hace un año: «Es una manera de meter presión al desempleado, que se ve obligado a bajar sus expectativas en cuanto a trabajo y salario», señala el sindicalista. «Se hace un corte a la gente que aún no ha trabajado, se puntúa más a los que están dispuestos a trabajar por menos de dos veces el salario mínimo interprofesional, a los que estén dispuestos a cobrar menos que antes. Es una chapuza enorme que se ha hecho al margen de los que se dedican a orientar». Desde este sindicato afirman que no tienen constancia de que se usen protocolos parecidos en las oficinas de empleo de otras comunidades autónomas. Además, Quintana denuncia que «hay un consenso general entre todos los orientadores indicando que el protocolo no sirve para nada, que es de una subjetividad increíble y que da una puntuación que no tiene nada que ver con la realidad».
En el sindicato CC OO, María Cruz Elvira, secretaria de Políticas de Empleo, afirma que «preocupa que un servicio público de empleo, en vez de poner en marcha mecanismos para dar formación y que la gente pueda acceder a un trabajo, les pregunte a los demandantes de empleo si están dispuestos a acceder a un trabajo con peores condiciones». Elvira anuncia que CC OO va a reunirse con las instituciones madrileñas en las primeras semanas de julio para revisar el funcionamiento del Servicio Público de Empleo en la Comunidad de Madrid. «Entre las cuestiones a valorar están la dotación de personal, los instrumentos con los que trabajan los orientadores de empleo», explica.
El paro de junio, el mejor dato desde 2009
Aún con todo y potenciado por el fuerte componente estacional, el paro bajó el pasado mes en 124.349 personas, el segundo mejor junio de la serie histórica -un mes favorable para el descenso del desempleo- y el menor nivel desde septiembre de 2009. El dato total de desempleados asciende a 3.767.054, según el Ministerio de Empleo. Con respecto al mes anterior, mayo, el paro ha bajado un 3,2%.
La afiliación a la Seguridad Social también ha mejorado: 98.432 personas más, que dejan la cifra total en 17.760.271. No obstante, la mayoría de los contratos son temporales. De los casi dos millones realizados, sólo el 7,7% fueron indefinidos. De ellos, 86.479 fueron a tiempo completo, un 17,3% más que en junio de 2015, y 61.916 fueron a tiempo parcial (un 16,5% más). En los temporales también aumentan las jornadas parciales.