Los líderes ecologistas Isidro Baldenegro (México), Laura Vásquez (Guatemala) y Emilsen Manyoma (Colombia) fueron asesinados los días 15, 16 y 17 de enero. Son algunas de las últimas víctimas de los conflictos que causa la defensa del medio ambiente en muchos países. Un total de 185 personas pertenecientes a 16 países fueron asesinados el año […]
Los líderes ecologistas Isidro Baldenegro (México), Laura Vásquez (Guatemala) y Emilsen Manyoma (Colombia) fueron asesinados los días 15, 16 y 17 de enero. Son algunas de las últimas víctimas de los conflictos que causa la defensa del medio ambiente en muchos países. Un total de 185 personas pertenecientes a 16 países fueron asesinados el año 2015 por esta causa, según Global Witness. Son 69 más que el año anterior. Brasil (50 asesinatos), Filipinas (33), Colombia (26), Perú y Nicaragua (12) son los países más afectados. El trabajo denuncia que muchos pequeños agricultores, indígenas y activistas ambientales son perseguidos debido a la presión y los intereses de las empresas madereras, mineras, energéticas y agroindustriales sobre sus tierras.
Cada vez es más común que las comunidades locales que se oponen a los proyectos de sobreexplotación «se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo», señala Billy Kyte, portavoz de Global Witness, que pide que los gobiernos intervengan para detener esta espiral de violencia. Muchos asesinatos ocurrieron en aldeas remotas o en el corazón de las selvas, con lo que el número real de víctimas mortales puede ser mayor.
En el 2015 se observó un nivel de violencia sin precedentes en Brasil, donde las haciendas ganaderas, las plantaciones agrícolas y las bandas de madereros ilegales invaden las comunidades locales. La connivencia o falta de implicación de gobiernos o autoridades hace que muchos de estos asesinatos no lleguen a investigarse, dice Global Witness. Las escasas condenas que se han producido suelen caer sobre el pistolero que ejecuta los asesinatos por encargo, pero no sobre los que encargaron la represión de los activistas. «La responsabilidad de estas muertes recae principalmente en los gobiernos, que se convierten en cómplices al preservar los intereses del capital local y de empresas trasnacionales, y las grandes corporaciones, que quieren adueñarse de los territorios y de los bienes comunes», indica Serlinda Vigara, de Ecologistas en Acción.
A la impunidad se unen a veces las campañas de estigmatización, pues gobiernos y poderosos intereses intentan poner a la opinión contra estas personas presentándolas como contrarias al desarrollo. Los conflictos reflejan la sobreexplotación y el agotamiento de los recursos. Para conseguir menos de un gramo de oro, hay que mover una tonelada de tierras y eso ya pone en marcha maquinarias y tecnologías de explotación a veces devastadoras, dice el economista Joan Martínez Alier. Se hurga cada vez más en el planeta, pero no sólo para sacar petróleo.
GLORIA CAPITÁN. El carbón desata la discordia en Filipinas
Lideró el Movimiento Bataan Libre de Carbón (Filipinas)
Gloria Capitán, de 57 años, dirigió el Movimiento Bataan Libre de Carbón, una organización que se opone pacíficamente a la expansión de las centrales de carbón y las instalaciones de almacenamiento a cielo abierto de este mineral en la localidad de Mariveles (a 16 kilómetros de Manila, en Filipinas), que están teniendo consecuencias perjudiciales para la salud de la población local.
Murió asesinada 1 de julio de 2016. «Si el asesinato de Gloria persigue silenciar a otros activistas contra el carbón como ella, entonces están equivocados», dijo Valentino De Guzmán, un activista del Movimiento Filipino por la Justicia Climática. Gloria Capitán lideró numerosas acciones de protesta (quejas, recogida de firmas, denuncias, acciones públicas) contra la contaminación que causa el carbón. Mariveles acoge dos instalaciones de almacenamiento y una planta térmica, pero en esta zona está prevista además la construcción de tres nuevas térmicas.
Su organización denuncia que el almacenamiento del carbón y el polvo provocado en su transporte es el principal responsable de la contaminación que sufre la población y que causa alergias en la piel y graves infecciones respiratorias. Todo esto ocurre en un cinturón costero donde se ha perdido la mayoría de los bosques de manglares y se han producido numerosos derrames de petróleo (puerto de Limay). Los compañeros de Capitán temen que la policía no se tome en serio la investigación del asesinato.
«La mayoría de los proyectos de carbón en el país son propiedad de grandes empresas, personas influyentes que tienen conexiones en el gobierno», dice Reuben Muni, de Greenpeace. «No tenía enemigos personales, está claro cuál fue la razón de su muerte», dijo Gerry Arances, coordinador del Movimiento Filipino por la Justicia Climática.
El Atlas Global de Justicia Ambiental creado por un equipo de expertos del ICTA-UAB (Joan Martínez Alier, Daniela del Bene, Federico Demaria…) ha documentado este conflicto entre los más representativos de Asia. El 9 de abril de 2016, nueve personas fueron abatidas y otros cientos resultaron heridos mientras protestaban en Bangladesh contra la construcción de una planta de carbón de 1.320 MW.
ISIDRO BALDENEGRO. El indígena que quería salvar Sierra Madre
Campesino tarahumara, combatió las talas en Chihuahua (México)
Sabía que iban a por él; intentó sortear a sus perseguidores, pero no lo consiguió. El líder indígena mexicano Isidro Baldenegro fue asesinado a tiros el 15 de enero al ser atacado en casa de su tío por un hombre de 25 años. Baldenegro, líder de los tarahumaras, etnia del estado norteño de Chihuahua, es la segunda persona condecorada con el prestigioso premio ambiental Goldman en ser asesinada en dos años.
Baldenegro había huido de la comunidad de Coloradas de la Virgen después de recibir amenazas. A sus 51 años, encabezaba una campaña contra la tala ilegal en las montañas de la Sierra Madre, hogar de algunos de los últimos bosques vírgenes del norte de México. «Estoy conmocionado por el asesinato a sangre fría de Isidro, quien tan sólo deseaba para su comunidad la preservación de los bosques tradicionales en la Sierra Tarahumara», indicó Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas. La Oficina del Acnur señaló que otros tres activistas contra la tala ilegal en Coloradas de la Virgen fueron asesinados el año pasado.
El padre de Isidro Baldenegro, Julio, también activista contra la tala, fue asesinado en 1986, en un crimen que sigue sin ser esclarecido. Isidro tenía 20 años cuando mataron a su padre, y casi de inmediato tomó el puesto que él dejó.
«Este asesinato nos alerta sobre la situación de extrema vulnerabilidad que viven los defensores de derechos humanos que en la Sierra Tarahumara buscan preservar la tierra y el territorio en zonas remotas con alta presencia de crimen organizado», afirmó Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Baldenegro fue encarcelado en el 2003 por presunta posesión ilegal de armas y marihuana, pero los cargos fueron retirados un año después tras demostrarse que la policía había cometido abusos en su detención. Entonces, Baldenegro acusó a influyentes taladores y rancheros locales de persuadir a la policía de fabricar cargos en su contra. En una entrevista desde prisión en el 2003, advirtió que si alguno de ellos moría por alguna razón, siempre habría otros que continuarían con la lucha. Los fiscales del estado de Chihuahua afirman que han identificado al asesino y se encuentran en su búsqueda.
BERTA CÁCERES. «Mi madre se enfrentaba a todas las injusticias»
La comunidad lenca y las grandes presas (Honduras)
«Mi mami era una luchadora social: anticapitalista, antipatriarcal y antirracista», rememora a este diario Laura Zuñiga, una de las hijas de Berta Cáceres, la líder indígena, galardonada en el 2015 con el premio ambiental Goldman por su defensa de los movimientos campesinos, y que fue asesinada por un sicario el pasado mes de marzo en su casa de La Esperanza (Honduras). Laura Zuñiga explica que le gusta recordar a sus madre no solo por su vinculación con la causa ambientalista, sino como alguien que se alzaba ante «cualquier injusticia». «Era lo más lindo de ella», remarca Zuñiga. «Tenía mucha fuerza y era muy valiente. Amorosa desde la fuerza. Y siempre la recordamos así», concluye.
La familia de Cáceres relaciona el homicidio con su participación en movimientos sociales, y en concreto con su implicación con las protestas en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica en el Gualcarque, un río sagrado para el pueblo lenca, al que pertenecía Cáceres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) es la organización que apoya estas protestas. Estuvo liderada por Berta Cáceres y ha venido defendiendo su territorio frente las amenazas de los proyectos hidroeléctricos, que, según Copinh, ocasionan desplazamientos de personas e impiden a la comunidad desarrollar sus actividades agrícolas.
La compañía adjudicataria de las obras en el río Gualcarque, la hondureña Desa ha mantenido desde hace años una fuerte presión sobre Copinh. Cáceres recibió 33 amenazas de muerte antes de ser asesinada. Además, otros dos miembros de su organización han muerto en el 2016 mientras que el actual líder, Tomás Gómez, también está siendo amenazado tras haber sobrevivido a un tiroteo. Al valorar la detención de seis personas por el asesinato, su hija teme que se trate tan sólo de los «asesinos materiales» y que «autores intelectuales», los que ordenaron matarla continúen impunes.
«No sólo hay que perseguir a quien dispara, sino a quien lo ordena o lo planea porque estas personas siguen libres y pueden tener en mente a otras víctimas. Hacer justicia es que las cosas no se repitan», insiste Zuñiga.
LAURA VÁSQUEZ. Una joven abuela que fue víctima de la difamación
Encabezó al oposición a la mina de oro (Guatemala)
El pasado lunes, 16 de enero, fallecía la ecologista guatemalteca Laura Leonor Vásquez Pineda, víctima de un disparo en la cabeza en el departamento de Jalapa. Individuos no identificados irrumpieron en su casa y la asesinaron. Laura Leonor Vásquez, de 47 años, tenía a su cargo dos nietos menores y regentaba un pequeño comercio de su propiedad.
Vásquez era una de las dirigentes del Comité Local en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores, que se oponía a la mina de El Escobal (en el municipio San Rafael), un yacimiento de oro y plata de la minera canadiense Tahoe Resources. La autorización minera (concedida el 1 3 de abril del 2013) ocasionó una fuerte conflictividad social, pues se dio sin que fueran escuchadas las alegaciones de la población, mayoritariamente contraria al proyecto.
Una de las principales preocupaciones de sus detractores era la posible contaminación de la Laguna de Ayarza, un gran lago volcánico, situado a 2,5 kilómetros del proyecto Escobal y en una cuota inferior. Tan sólo hay unos 200 metros de distancia entre los mantos acuíferos de San Rafael Las Flores y un muro de la laguna.
El riesgo de filtración al subsuelo de productos ácidos derivados de la actividad minera o el peligro de que se produjera un derrame de cianuro o una brecha en el dique de cola -eventos desafortunadamente bastante comunes en estas instalaciones- son algunos de los peligros invocados por estas comunidades campesinos, dependiente de las reservas de agua subterránea y de la Laguna de Ayarza.
El 2 de mayo del 2013 un decreto del Gobierno decretó el estado de sitio en varios municipios de la zona (departamentos de Jalapa y Santa Rosa). Fue la reacción a las protestas que se habían desarrollado tras ser heridos de bala seis manifestantes a manos de la seguridad privada de la Mina San Rafael.
En el contexto del estado de sitio, se detuvo a Laura Leonor Vásquez, así como a otros cuatro defensores de derechos humanos. Estuvo detenida alrededor de siete meses, sin que le demostrara ninguno de los delitos que se imputaba. Tras dejar la cárcel fue objeto de un campaña de difamación atroz, recuerdan sus allegados.
LUIZ ALBERTO ARAÚJO. El hombre que combatía la deforestación pese al miedo
Funcionario de Altamira (Pará Brasil)
Todo ocurrió poco después de la puesta de sol en Altamira, pequeña localidad situada en la curva del río Singu, en el corazón de la selva tropical del Amazonas. Luiz Alberto Araújo, secretario de medio ambiente del Ayuntamiento (54 años), llegaba a casa con su familia. Antes de que saliera del coche, dos hombres que iban en una motocicleta se detuvieron y le dispararon siete balas. Araújo se desplomó sobre su esposa, que estaba sentada al lado. El suceso, registrado el 13 de octubre de año pasado, fue el típico asesinato que se suele repetir en el estado sin ley de Pará, en la Amazonia oriental.
Más de 150 activistas medioambientales han sido asesinados desde el año 2012 en Brasil, un país en donde se registran la mitad de este tipo de asesinatos Muchas de las víctimas contabilizadas hasta ahora, incluidos Chico Mendes, Dorothy Stang o Zé Claudio Ribeiro da Silva eran militantes ecologistas. Pero Araújo era un funcionario. Por eso, su muerte es un salto cualitativo. Alguien busca consolidar la impunidad. Araújo era encargado de controlar la deforestación y los impactos de la gran presa hidroeléctrica de Belo Monte, construida cerca de Altamira.
Araújo solía denunciar las irregularidades a la fiscalía del estado las irregularidades que detectaba. Se había acostumbrado a recibir amenazas de muerte. «Sin lugar a dudas tenía miedo. Él nunca dijo nada, pero todo el mundo que trabaja para defender el medio ambiente en los pueblos de la Amazonia tiene un poco de miedo», declaró Marcelo Salazar, del Instituto Socioambiental en Altamira, que trabajó con él
El departamento de Araújo había concedido una licencia para abrir una mina de oro (Esperança IV) en Altamira. Sin embargo, tras su denuncia, los inspectores la cerraron e impusieron una multa (14 millones de euros) al incumplirse las restricciones impuestas para deforestar la zona de la mina. Además, vertidos de mercurio y otros contaminantes envenenaron el río Curuá y llegaron a cadena alimentaria de la tribu indígena kayapó. Araújo también denunció a los dueños de la central hidroeléctrica de Belo Monte (Norte Energía) por la muerte masiva de peces detectada al llenarse el embalse. La empresa fue multada con 10 millones de euros por la muerte de 16,2 toneladas de peces. Su tarea profesional le granjeó demasiado enemigos…