Activistas de ciudades como Barcelona, Valencia, Oviedo o Sevilla han denunciado el «macrovuelo» de deportación forzosa de inmigrantes a Guinea Conakry ordenado por el Gobierno de España, que tendrá lugar el lunes 24 de julio. Las protestas, promovidas por la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones, han […]
Activistas de ciudades como Barcelona, Valencia, Oviedo o Sevilla han denunciado el «macrovuelo» de deportación forzosa de inmigrantes a Guinea Conakry ordenado por el Gobierno de España, que tendrá lugar el lunes 24 de julio. Las protestas, promovidas por la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones, han señalado entre otros responsables a la firma Viajes Barceló, una de las empresas que gestiona estos vuelos calificados como «de la vergüenza»; y que además, sostienen los activistas, «se lucra con la industria de la deportación». El desplazamiento forzado afecta a más de un centenar de personas de nacionalidad guineana. Además de exhibir carteles y el reparto de pasquines informativos, los activistas portaban un millar de bridas, con las que denunciaron la violencia ejercida en las expulsiones. El vuelo tiene prevista la salida desde Madrid y hacer escala en Barcelona antes de arribar a Guinea Conacry.
El pasado 21 de julio una treintena de personas se concentraron en Valencia ante una de las sedes de Viajes Barceló. En una nota informativa, la Campaña por el Cierre de los CIE aseguró haber contactado durante el último mes con las víctimas, puesto que muchas de ellas han permanecido privadas de libertad en centros de internamiento para extranjeros; «después de haber sido ‘interceptadas’ en el mar, han pasado hasta por tres CIE», añade el comunicado. Dentro de la acción de apoyo, la Campaña ha remitido una carta a la Embajada de Guinea Conacry en Madrid y el Consulado Honorario de este país en Valencia, en la que se les recuerda su «papel esencial» dentro del «entramado de actores» que hacen posible las expulsiones forzosas. Los activistas incluyen en esta trama a las subdelegaciones de Gobierno, jueces, policías y corporaciones del sector aéreo.
Entre las acciones de resistencia, destaca la protagonizada por 65 internos de nacionalidad guineana que participaron en una huelga de hambre, entre el 10 y el 12 de julio, en el CIE de Zona Franca (Barcelona). El grupo fue trasladado a la ciudad catalana desde la costa de Motril (Granada), donde llegaron hace más de un mes en patera. Integrarían el vuelo colectivo de deportación junto a una treintena de personas, también guineanas, que se hallan en Valencia. «Estas deportaciones mediante vuelos especiales son una práctica habitual en la política migratoria del Gobierno», denunciaron fuentes de la Campaña. Advirtieron, asimismo, que lo que ocurre dentro del avión no está al alcance de los turistas, sino únicamente de los agentes policiales que escoltan a los expulsados y de la tripulación aérea.
En las concentraciones ante las oficinas de Viajes Barceló, los activistas recordaron las denuncias de casos de tortura e incluso muerte en las deportaciones. El libro «Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa» (Cambalache, 2014) menciona el caso del inmigrante nigeriano Osamuyi Aikpitanyi, fallecido en el avión comercial que lo trasladaba en junio de 2007 y en el que fue amordazado por dos policías. Según el análisis de los peritos, también pudieron contribuir a la muerte factores como el estrés, el pánico y el déficit de oxígeno debido a la altura. En 2012 fue objeto de agresiones otro nigeriano, Austin Johnson, quien después de más de diez años viviendo en España, resultó víctima de una expulsión forzosa. Al llegar al país de origen, Johnson permaneció ingresado en un hospital. Los movimientos sociales denunciaron que en el avión comercial sufrió agresiones por parte de los escoltas policiales (el parte médico citaba «múltiples hematomas en la cara, marcas en las muñecas y contusiones múltiples en el pecho»).
El libro recoge algunos de los hitos en la historia española de las deportaciones. Por ejemplo, cuando en el verano de 1996 el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, ordenó que un centenar de inmigrantes que se hallaban en Melilla fueran expulsados a Mali, Camerún, Senegal y Guinea Bissau en cinco aviones militares. Cuando se descubrió que los migrantes fueron drogados con haloperidol, maniatados con bridas de plástico y se les vendaron los ojos, estalló la polémica, a la que el presidente del Gobierno, José María Aznar, respondió: «Teníamos un problema y lo hemos solucionado». El ensayo «Paremos los vuelos» recoge también la deportación masiva de inmigrantes desde las Islas Canarias hasta Senegal, en otoño de 2006.
A día de hoy, las ONG continúan denunciando que la violencia de los agentes no es azarosa: «Encuentra cobertura en una normativa que ampara la utilización de la fuerza física y la sedación forzosa para garantizar la expulsión en casos de resistencia». Y ponen como ejemplo la siguiente advertencia, que figura en el Protocolo de deportaciones: «En ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrán comprometer las funciones vitales del repatriado».
Otro pilar de la denuncia tiene como objetivo a las compañías aéreas. El pasado mes de noviembre el BOE publicó la formalización del contrato entre el Ministerio del Interior y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Viajes Barceló (a través de las firmas Everlop Airlines y Orbest) y Air Nostrum (asociada a Iberia) para ejecutar los vuelos de expulsión de inmigrantes. El monto del contrato suma 11,8 millones de euros. De este modo Viajes Barceló y Air Nostrum sustituyen a las adjudicatarias anteriores, Air Europa y Swiftair. ¿Cuál es el balance del negocio? Según una respuesta parlamentaria del gobierno a la que accedió Europa Press, entre enero de 2010 y octubre de 2014 el Ministerio del Interior fletó, en solitario o en colaboración con la agencia Frontex, 257 «vuelos de la vergüenza», en los que se repatrió a 9.410 inmigrantes (en la estadística no figuran los vuelos a Ceuta y Melilla para seguir con la expulsión a Marruecos)
Uno de los episodios más llamativos de las últimas fechas ocurrió el 16 de julio. Un avión de la compañía Vueling no pudo partir en primera instancia del aeropuerto de Barcelona con un ciudadano senegalés a bordo, «sin papeles», esposado y a cargo de dos policías. Un grupo de pasajeros («amotinados», según informó la Agencia Efe) lo impidió. La guardia civil se personó en el avión unas horas después y obligó al desembarque de los viajeros, de manera que la aeronave pudo finalmente despegar y se produjo la expulsión. Además, la información de la Agencia Efe ofrece detalles de interés, como la reacción de una parte de los usuarios: «El hombre senegalés empezó a gritar cuando el pasaje estaba entrando en el avión, lo que ha llevado a algunos viajeros a solidarizarse con él y a negarse a ocupar sus asientos hasta que se anulara la expulsión». El incidente terminó con la identificación de las seis personas que salieron en defensa del deportado, a quienes se les impidió realizar el viaje.
El Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura-2016, presentado por el Defensor del Pueblo en abril de 2017, ofrece datos de lo que llama «operativos de expulsión de extranjeros». En el primer semestre de 2016 se produjeron siete vuelos de deportación organizados por Interior, en los que resultaron expulsados 217 inmigrantes, de Rumanía, Mali, Senegal, Nigeria y Guinea Conakri. Los aviones hicieron escala o despegaron de Madrid principalmente, aunque también de Málaga y Tenerife. Además, durante 2016 el Ministerio del Interior colaboró con Frontex en 14 vuelos que salieron de Madrid y expulsaron a 304 personas. Los deportados procedían de Albania, Serbia, Colombia, República Dominicana, Armenia, Georgia y Nigeria. Destaca la expulsión de 91 ciudadanos rumanos en tres vuelos y 121 colombianos en otros tres «vuelos de la vergüenza». La proporción de las deportaciones a Marruecos, vía Ceuta y Melilla, merecen otro apartado: 1.237 expulsados en 72 vuelos durante 2016. En total, 93 vuelos y 1.758 víctimas de los «operativos».
Las recomendaciones del Defensor del Pueblo arrojan luz sobre las garantías y controles que se dan en los procesos de expulsión. Así, la Defensoría del Pueblo pidió a la Dirección General de la Policía la realización de un reconocimiento médico, con carácter previo, a todos los ciudadanos extranjeros a quienes se fuera a expulsar. El chequeo tendría que producirse en el CIE, el centro penitenciario o por parte del médico presente en el vuelo. Al cierre del informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (marzo de 2017), Interior estaba estudiando la «viabilidad» de la medida. Sin embargo, de los vuelos inspeccionados por el Defensor del Pueblo se desprende que el informe médico no se realiza en todos los casos. La segunda recomendación hace referencia a los «medios de contención» empleados por la policía en los vuelos. La defensoría ha pedido un libro en el que se registren estos «medios», pero en marzo de 2017 no había recibido respuesta. La tercera petición atañe a un «mecanismo de reclamación» del que puedan disponer los deportados, que incluyera información sobre la posibilidad de reclamar en las Embajadas de España de sus países. Interior no había respondido en marzo a este requerimiento.
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