Balacera y muerte, el precio de defender el ambiente, en México (foto: ANSA) CIUDAD DE MEXICO.- Más de 200 activistas y defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2017, en su mayoría indígenas y de América Latina, con Brasil, Colombia y México a la cabeza. La información sobre la violencia extrema fue brindada por el […]
Balacera y muerte, el precio de defender el ambiente, en México (foto: ANSA)
CIUDAD DE MEXICO.- Más de 200 activistas y defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2017, en su mayoría indígenas y de América Latina, con Brasil, Colombia y México a la cabeza.
La información sobre la violencia extrema fue brindada por el reporte elaborado por la organización no gubernamental Global Witness (GW), con sede en Londres.
En general los 207 crímenes por temas ambientales de 22 países están ligados a la explotación agrícola y en esta región afectó a líderes de pueblos originarios y ambientalistas que reclamaban por el cuidado de la tierra.
Brasil lidera el ranking de asesinatos (57), seguido de Filipinas (48), Colombia (24) y México (15).
El relevamiento titulado «A qué precio?» de la ONG refleja que la agroindustria superó a la minería en cuanto al negocio asociado a este tipo de ataques.
América Latina se colocó como la región con mayor número de asesinatos por motivos ambientales con casi el 60%, de acuerdo con este balance.
La dramática cifra representa cuatro veces si se compara con la registrada en 2016, cuando sólo hubo apenas tres homicidios de personas que luchan por conservar su entorno, precisó la entidad, que se ocupa de denunciar la corrupción y el abuso contra el ambiente.
El documento, presentado hoy en México, señala que «el aumento en los homicidios de personas defensoras mexicanas ha coincidido con un incremento masivo de asesinatos derivados del crimen organizado».
El texto destacó el caso de Hernán Bedoya, de Colombia, que recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y de banano que se estaban expandiendo sobre el territorio de su comunidad, destruyendo los bosques.
En tanto que en Brasil, la comunidad indígena de Gamela fue agredida por agricultores que hirieron de gravedad a 22 personas, entre ellos niños, cuando trataban de proteger sus tierras de la tala.
En suelo mexicano, precisamente el lunes un reporte oficial señaló que en el primer semestre de 2018 los asesinatos registraron un nuevo máximo histórico, en el marco de la espiral de sangre y muerte que estremece al país desde hace 11 años, luego que el gobierno lanzó la cruzada contra el crimen, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Global Witness hace notar que en 2017 hubo casi 19.000 homicidios perpetrado por bandas de delincuentes, la cifra más alta en dos décadas.
Además, 13 de los activistas asesinados el año anterior eran indígenas que defienden sus territorios ancestrales.
Entre estas muertes, una de las más notorias fue la de Isidro Baldenegro, indígena de la etnia rarámuri, asesinado en enero de 2017, que defendía los bosques de la Sierra Tarahumara de empresas dedicadas a cortar árboles en forma clandestina, en el estado norteño de Chihuahua, frontera con Estados Unidos.
Según la ONG creada en 1993, Isidro fue víctima del fuerte aumento de la violencia contra personas defensoras del medio ambiente y la tierra» y formaba parte de comunidades que luchan a capa y espada por evitar que se exploten sus recursos naturales, a lo que se oponen empresas y ahora también grupos del crimen organizado.
Las bandas inclusive trabajan al lado de las empresas madereras clandestinas, a las que les proveen de hombres armados para poder realizar sus actividades ilegales.
Otra de las raíces de la embestida contra los defensores de los bosques y de los recursos naturales tiene su raíz en la «imposición de proyectos en las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado», denunció GW.
La ONG señaló que las «semillas del conflicto» germinan cuando la explotación forestal, minera u otros proyectos son adoptados antes de que «se haya consultado a la comunidad local».
También se declara alarmado por la impunidad en éste y los demás crímenes, pues «rara vez son castigados» los responsables de los asesinatos de los activistas contra el ambiente y aunque existe un mecanismo específico para protegerlos, no funciona «de manera efectiva».
En sus recomendaciones, el informe aconsejó garantizar a las comunidades su acuerdo «libre e informado» sobre el uso de sus tierras y recursos y el combate a la impunidad.
De igual modo planteó «priorizar la implementación de políticas integrales para la protección de las personas defensoras» o de lo contrario advierte que los asesinatos continuarán presentándose».
Las masacres contra los ambientalistas busca enviar el mensaje de que «no sólo se atacará a los líderes de la comunidad, sino que nadie está a salvo», puesto que frecuentemente poblaciones enteras «están involucradas en las luchas para proteger sus tierras del despojo», advirtió la organización.
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