Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
La nueva política tiene consecuencias devastadoras, no solo para la vida familiar en los territorios ocupados, sino también para la economía palestina.
Unos palestinos cruzan el puesto de control de Qalandiya, a las afueras de la ciudad cisjordana de Ramallah, para dirijirse al complejo de la mezquita Al-Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén, el 17 de junio de 2016 (foto de Flash90).
Durante el último año y medio, Israel ha seguido una política que apunta a mantener a los ciudadanos extranjeros fuera de Cisjordania. Esta política que afecta a todos: parejas de residentes palestinos de Cisjordania, padres de niños residentes en Cisjordania y personas que han trabajado en los territorios ocupados durante muchos años, está siendo implementada por la Administración Civil en el asentamiento de Beit El, que niega la extensión de la visa a los titulares de la misma.
La Administración Civil encuentra numerosas razones para justificar la denegación. Trabajar en los territorios sin un permiso es uno. En violación de los Acuerdos de Oslo, la Administración Civil se niega a aprobar permisos de trabajo a las personas casadas con un residente de Cisjordania y han vivido en los territorios ocupados durante varias décadas. La administración probablemente espera que estas personas no puedan mantener a sus familias.
En principio las visas B-1 autorizan a las personas a vivir y trabajar en Cisjordania. Pero la Administración Civil no las entrega, en cambio solo emite visas B-2, un pase de visitante. A los extranjeros que están casados con residentes de Cisjordania también se les otorga el estatus de turista, incluso si han vivido en los territorios ocupados durante décadas. A día de hoy, la Administración Civil es consciente de que muchos ciudadanos extranjeros trabajan en Cisjordania de todos modos, pero como no tiene la capacidad de emitir visas B-1, no se han aplicado sanciones. Por el contrario, con su política actual la administración está obligando a los ciudadanos extranjeros a renunciar a sus trabajos si quieren que se aprueben sus solicitudes de extensión de visa.
Salir por el aeropuerto Ben Gurion es otra justificación utilizada para rechazar extensiones de visa para esos ciudadanos extranjeros. Israel restringe su movimiento a Cisjordania solamente, y aquellos que se atreven a volar a través del aeropuerto en Tel Aviv son castigados por ello. Aquí, también los procedimientos violan los tratados de los que Israel es signatario, e incluso de los protocolos de la misma Administración Civil.
El rechazo es debilitante en su misma definición: de un solo golpe dos palabras -«solicitud denegada»- se estampan en una pequeña nota que se adjunta al pasaporte de un solicitante. En cuestión de segundos, estas personas se convierten en residentes ilegales del mismo lugar donde habían vivido y trabajado durante muchos años y de repente se enfrentan a la deportación.
Si permanecen en Cisjordania poco después de cambiar su estado, aunque sea por unos pocos días, su designación como «residentes ilegales» evitará que regresen en el futuro. Aquellos que insisten en su derecho a regresar y vivir en Cisjordania tendrán que prepararse para una larga batalla legal, y en ocasiones llenarán las arcas de los militares con pagos tan grandes como 30.000 y 80.000 NIS, solo para que puedan calificar nuevamente el permiso de visitante de tres meses. Para aclarar: esto con frecuencia involucra a personas que están en una relación y tienen hijos que son residentes de Cisjordania.
Unos palestinos cruzan el puesto de control de Qalandiya, en las afueras de la ciudad cisjordana de Ramallah, mientras se dirigen al complejo de la mezquita Al-Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén el 9 de junio de 2017 (foto de Flash90).
Durante muchos años, las parejas extranjeras de los residentes de Cisjordania recibieron visas de larga duración que se renovaron anualmente. Esta era una especie de alternativa a la negativa de Israel de aprobar solicitudes de reunificación familiar o proporcionar a estas parejas una tarjeta de identidad palestina. Hoy la situación es tal que, por un lado, Israel no está otorgando visas a los titulares de pasaportes extranjeros que piden vivir en Cisjordania, y por otro lado, la Administración Civil solo aprueba solicitudes de reunificación familiar para casos humanitarios excepcionales. Familias enteras se encuentran en una situación imposible, donde Israel les deja solo una opción: irse.
Aparte de las obvias aspiraciones demográficas de Israel (la indignación por las predicciones de una posible mayoría palestina desde el río Jordán hasta el mar es reveladora) y aparte de los beneficios que Israel cosecha al limitar la entrada de ciudadanos extranjeros a Cisjordania, después de todo, son testimonios de primera mano de las políticas de Israel allí; es probable que haya otro propósito para rechazar las extensiones.
Evitar que ciudadanos extranjeros, -algunos de los cuales no son «extranjeros» en absoluto, pero son descendientes de residentes de Cisjordania a quienes se les prohibió regresar- amplíen su estadía o se impida totalmente su entrada, sabotea el proceso de desarrollo natural de Palestina. Es parte de un esfuerzo por aislarla del resto del mundo.
Un ejemplo es la negativa a otorgar extensiones de visa a profesores extranjeros que trabajan en universidades de Cisjordania y la negativa a permitir que los estudiantes internacionales estudien allí, una política que socava severamente la educación superior en Palestina. En ese contexto, cabe señalar que la negativa a emitir visados de trabajo en los territorios ocupados desalienta a los inversores extranjeros a visitar Cisjordania, lo que es un doble golpe para la economía palestina.
Aproximadamente decenas de miles de ciudadanos extranjeros y sus familiares que son residentes de Cisjordania se ven perjudicados por esta política. Sin embargo, el tema rara vez recibe cobertura de noticias, tanto en Israel como en Occidente. Aunque el control de Israel del registro de población palestina y de los cruces fronterizos es uno de los factores que más influye en la vida de los palestinos, parece que estos problemas no son lo suficientemente impactantes en comparación con otros mecanismos de la ocupación, como la demolición de viviendas, la expansión de asentamientos y el arresto de menores en el medio de la noche.
Lo que es especialmente frustrante es el hecho de que los países cuyos ciudadanos se ven afectados por esta política lo ignoran por completo.
El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (CAGTO) ofreció la siguiente respuesta:
Primero, enfatizamos que no hay cambios en el procedimiento para la entrada de ciudadanos extranjeros a Judea y Samaria, y cada caso individual se examina por sus propios méritos. Los extranjeros que estén interesados en extender su estadía en Judea y Samaria deben presentar una solicitud en la que presenten documentos que confirmen su estado y el propósito de su visita. El caso será luego examinado por CAGTO. Las solicitudes pueden enviarse a las oficinas de la Autoridad Palestina en Judea y Samaria. Hacemos hincapié en que CAGTO está cooperando ampliamente con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para mejorar el procedimiento existente.
Yotam Ben Hillel es un abogado de derechos humanos. Este artículo se publicó por primera vez en hebreo en Local Call. Léalo aquí.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.