Tras un prolongado y sospechoso silencio, elanterior Gobierno del Partido Popular acabó publicando el documento»Estudio sobre régimen de utilización y tarifas», en el que sepresentaba la estrategia financiera de los trasvases del Ebro previstosen el PHN. TRASAGUA, la empresa pública que gestionaría tales trasvasesdispondría de las siguientes fuentes de financiación: 30% de la inversión procedería […]
Tras un prolongado y sospechoso silencio, elanterior Gobierno del Partido Popular acabó publicando el documento»Estudio sobre régimen de utilización y tarifas», en el que sepresentaba la estrategia financiera de los trasvases del Ebro previstosen el PHN. TRASAGUA, la empresa pública que gestionaría tales trasvasesdispondría de las siguientes fuentes de financiación:
30% de la inversión procedería de Fondos Europeos a fondo perdido,
30% serían fondos públicos sin interés y devolución a 50 años,
40% del mercado de capitales al 4% de interés.
Trucos que oscurecen
el fraude a la hacienda pública
A parte de emplear el 30% de fondos públicoseuropeos como subvenciones directas a fondo perdido, el otro 30% defondos públicos acaba convirtiéndose en otra subvención a fondo perdidoencubierta.
No sólo no se asignan intereses, ni se devuelve unEuro hasta pasados cincuenta años, sino que ni siquiera se compensa lainflación, con lo que se erosiona enormemente el pago de la deuda.
El cobro de las tarifas y cánones se empleaníntegramente en amortizar de entrada el crédito externo al 4%; una vezamortizado, TRASAGUA retendría los siguientes pagos, en lugar dedevolverlos al Estado, obteniendo un interés del 3% que acumularía parapagar el crédito al final de los cincuenta años.
El crédito externo se asume que sería a un interésdel 4%, en el cual se incluiría un 2% de inflación, lo que dejaría elinterés neto en el 2%. Como tal crédito sería imposible en los mercadosfinancieros, se supone que el Estado avalaría el préstamo, asumiendouna subvención implícita en forma de riesgo.
Desde esta estrategia, el coste repercutible poramortización sería de 0,044 ¤/m3. Si se devolviera el 30% de capitalpúblico por anualidades desde el principio, compensando cuando menos lainflación con un 2%, para evitar la erosión del valor reintegrado, elcoste de amortización sería de 0,0623 ¤/m3.
Si se asumiera el principio de recuperación íntegrade costes que recomienda la Directiva Marco de Aguas, se deberíaaplicar, cuando menos, ese interés del 4% a todas las inversiones, loque supondría una amortización de 0,11 ¤/m3. Ello supone que elnivel de subvención directa u oculta que pretende aplicar el Gobiernoen lo referente a la amortización de las inversiones previstas acabaríasiendo del 60%.
Costes de gestión,
mantenimiento y administración
El citado documento financiero reconoce, sinexplicar razones, un aumento de los costes energéticos que dobla laprevisión presupuestaria del Documento de Análisis Económicos que en el2000 presentó el mismo Gobierno como anexo al PHN. El montante de loscostes de gestión, mantenimiento, administración, afecciones ycompensaciones se eleva a 215.457.002 ¤/año, lo que supone, supuesto que se trasvasaran cada año los 1050 hm3, un coste medio de 0,205 ¤/m3.
Sumando estos costes a los de amortización antesreseñados, resultaría un coste total medio a repercutir a los usuariosde 0,25 ¤/m3 (es decir 41,5 pts/m3). Tal precio estaría ya por encimade los precios de mercado que operan habitualmente en la Cuenca delSegura y en Almería y sería muy superior a los vigentes en Valencia yCastellón. Pero si corregimos los elementos de fraude señaladosanteriormente (aún manteniendo el esquema básico de financiaciónpropuesto), el coste medio a repercutir sería de 0,27 ¤/m3.
Errores básicos en el cálculo de los costes
y caudales sobre los que debe cargar el pago
Aparte de corregir el fraude que induce esta estrategia financiera, sería necesario rectificar, cuando menos, tres de los fallos del Gobierno al calcular los costes por metro cúbico.
Los 470 hm3 que se prevé trasvasar para caudalesurbanos no son demandas operativas desde el primer año, sinoprogresivas a lo largo de los próximos veinte años; al amortizar sobrecaudales que se espera servir y no sobre el total máximo, sube el costepor metro cúbico.
El PHN prevé que no habría disponibilidad decaudales uno de cada cinco años por sequía; al amortizar sobre loscaudales disponibles de nuevo, el coste unitario se dispara.
Casi la cuarta parte de las inversiones se dedican aestaciones de bombeo y turbinado; para tales inversiones debe asignarseun periodo de amortización no superior a quince años; mientras,respecto a las conducciones presurizadas tal periodo no debe sersuperior a veinticinco años. El Gobierno, sin embargo, amortiza todaslas inversiones a cincuenta años.
Al rectificar estos errores básicos, el coste arepercutir en media al usuario, desde la estrategia financieraprevista, pero adecuadamente aplicada, sería de 0,32 ¤/m3.
Si contabilizamos costes de desalobración de caudales urbanos(se prevé que la salinidad de los caudales trasvasables, que hoy es de1200 µS/cm, superaría los 1500 µS/cm, siendo que la UE plantea los 1000µS/cm como máxima salinidad para aguas prepotables), pérdidas (no inferiores a 10-15% a largas distancias) y un previsible desvío presupuestario de, cuando menos, un 30%, el coste medio a repercutir a los usuarios sería de 0,45 ¤/m3.
Una quiebra financiera anunciada
Estos costes medios a pagar, a pesar de lasubvención del 60% en las inversiones, desbordan los límites a partirde los cuales el propio Gobierno prevé el desmoronamiento de lasdemandas por falta de capacidad de pago. Resulta evidente quelas demandas de Valencia, con un límite de capacidad de pago estimadopor el Gobierno en 0,12 ¤/m3, desaparecerían; al igual que las deCastellón con el límite en 0,24 ¤/m3.
Es de notar por otro lado que capacidad de pago no equivale a disponibilidad a pagar, que suele ser menor en la medida que exista la posibilidad de alternativas más baratas. De hecho la disponibilidad al pago, publicada por los regantes de Castellón, sería a lo sumo de 0,12 ¤/m3 (la mitad de la capacidad de pagoestimada por el Gobierno). En Valencia tal disposición media a pagar nosuperaría los 0,07 ¤/m3. Incluso en Alicante, Murcia y Almería, la disponibilidad a pagarse vería limitada entre 0,20 y 0,25 ¤/m3 por los precios vigentes enlos mercados legales de aguas subterráneas (privadas) que operan. Elloquiere decir pues que las demandas se resentirían gravemente si loscostes a pagar rebasan los 0,25 ¤/m3.
Hasta aquí hemos considerado, como siempre se hahecho desde la Administración, costes medios. Sin embargo pareceevidente que un usuario de Castellón no va a asumir pagar un costemedio para abaratar los costes a repercutir en los usuarios almerienseso murcianos. Si las tarifas se proporcionaran por tramos a los costesque imponen las respectivas demandas en cada zona, los 0,45 ¤/m3 demedia se elevarían a valores entre los 0,50 ¤/m3 y los 0,60 ¤/m3 entreAlicante y Almería. Se trata por tanto de costes muy superiores a losde desalación de aguas marinas (hoy por debajo de 0,45 ¤/m3 en losúltimos grandes contratos internacionales), desbordando con mucho loslímites de capacidad de pago de los usuarios.
Pero sobre todo, estos costes a cubrir por losusuarios son muy superiores a los costes de las opciones alternativasdisponibles, empezando por los precios vigentes en los mercados legalesde aguas subterráneas. Si entre esas opciones consideramos laposibilidad de crear Bancos de Agua que permitan mercadosintervenidos de derechos concesionales de aguas públicas, latransferencia voluntaria de caudales agrarios, destinados hoy a laproducción extensiva de herbáceos (especialmente maíz en el AltoJúcar), permitirían disponer de más de 500 hm3 por menos de 0,10 ¤/m3.
Ante datos tan contundentes, el Gobierno del PP, lejos de clarificar las perspectivas financieras, optó en su documento Estudio sobre régimen de utilización y tarifas «por no precisar las tarifas previsibles, estableciendo oficialmente que nose debatiría ni se acordaría con los usuarios del trasvase lareglamentación tarifaria hasta tanto no estuvieran realizadas lasinversiones e iniciada la fase de explotación de los trasvases«.
Se trataba en suma de eludir la clarificaciónpública de los costes a pagar por los futuros usuarios de lostrasvases, sin otra explicación imaginable que la de evitar costeselectorales en el corto plazo. Pero lo más grave es que, con esteoscurecimiento de la realidad, se enmascaran las perspectivas dequiebra financiera que se derivan de un análisis serio.
En definitiva, esta quiebra financiera anunciada sería el último delos mecanismos implícitos de subvención pública que subyacía en esteproyecto de financiación.
[Pedro Arrojo Agudo,
Dpto. de Análisis Económico
de la Universidad de Zaragoza]